Además de tener la carga simbólica derivada de la culminación de la Reconquista, así como suponer un gran paso antes de la consecución de la unidad nacional de España, la Toma de Granada por los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492 dio a Castilla la posesión y el gobierno de la Alhambra, palacio-fortaleza sin igual en el mundo, cuya belleza todos conocían de oídas pero que pocos, muy pocos, habían podido admirar con sus propios ojos; era un misterio que iba a desvelarse, y de qué manera.

En la Alhambra se instaló la Capitanía General del Reino de Granada, cuyo gobierno fue entregado al conde de Tendilla, don Iñigo López de Mendoza. En consecuencia el recinto siguió teniendo función militar, y por ello sus estancias fortificadas se convirtieron en residencia permanente de soldados y sus familias. El resto de edificios y terrenos contiguos al palacio fue poblado progresivamente por gente de baja posición social –artesanos y labradores sobre todo-, y el conjunto se convirtió en una auténtica ciudad dependiente territorialmente del cabildo de Granada pero con una jurisdicción propia que incluía, por ejemplo, a las actuales Puerta de Elvira y alrededores, Plaza de Bib-Rambla y calles Alcaicería, Oficios, Zacatín, Paños y López Rubio, entre otras.

Esta situación se mantuvo hasta que a partir del año 1870 aproximadamente el Estado, a través de los ministerios correspondientes, como Fomento y Bellas Artes, inició los expedientes de expropiación de casas y cuevas situadas en el término y dominio del monumento, a la vez que el gobierno de España dejaba de dar a la Alhambra uso militar.

Todavía en los primeros años de la década de 1960 vivía en la Alhambra, concretamente en la Torre de los Picos, el encargado de vender las entradas a los turistas, de nombre Manuel Garrido, según recuerda la madre del autor de estas líneas, que por amistad con su familia durmió alguna noche en dicha torre y pudo ver detrás del público un espectáculo flamenco en el patio del Palacio de Carlos V.

La reconversión de palacio-fortaleza a ciudad y cuartel que sufrió la Alhambra obligó a realizar transformaciones, como la construcción de la Torre del Cubo –la de fachada semicircular- y el muro que da entrada a la Alcazaba, un aljibe, la ex parroquia de Santa María o el convento de San Francisco, hoy Parador Nacional de Turismo.

A dichas edificaciones se le sumaron en diferentes épocas otras reformas y construcciones que respondían bien a meros caprichos, bien a necesidades determinadas. Entrarían aquí, por ejemplo:

— Palacio de Carlos V, sin cubiertas ni tabiques hasta el siglo XX. Proyectado en 1526.

— Habitaciones del Emperador. Mandadas construir en 1528.

— Pilar de Carlos V. Siglos XVI-XVII.

— Puerta de las Granadas (hacia 1536) y, unos metros más arriba, una cruz de piedra puesta en 1641.

— Patios de la Reja y de Lindaraja. Transformados en el siglo XVII.

— Capilla de la Puerta de la Justicia. Siglo XVI. Retablo puesto en 1588.

— Reforma del aljibe situado bajo la Torre de la Vela (cuya entrada original fue sustituida por otra nueva).

— Otras intervenciones para añadir un segundo piso a algunas estancias, cerrar mediante galerías con soportales ciertos espacios antes abiertos, abrir nuevos miradores, colocar nuevas balaustradas, rejas, balconadas, puertas y ventanas, subir o bajar la altura de diferentes suelos, crear nuevos jardines, redecorar con nuevas pinturas o repintados, etc. Además muchas de esas intervenciones conllevaron el traslado de materiales de construcción originales para su reutilización, como vigas y columnas.

Hasta que en la segunda mitad del siglo XIX se empezase a plantear su restauración y posterior puesta en valor para su difusión general, la Alhambra sufrió un importante abandono que conocemos a través de fuentes documentales y fotografías. En este sentido son muchos los documentos, sobre todo a partir del siglo XVIII, que hablan del estado “ruinoso” y “deplorable” de muchas estancias, que amenazaban hundimiento inminente. Por su parte las murallas y torres habían padecido ya el derrumbe de parte de sus muros y necesitaban numerosas reparaciones prácticamente todos los años. Así, en las numerosas diligencias efectuadas con el fin de reparar o restaurar determinadas zonas de la Alhambra, hay muchas referencias a tejados hundidos total o parcialmente, techos de madera podridos y encorvados, muros abiertos, etc. Como veremos más adelante, muchas de las obras realizadas eran costeadas con los beneficios reportados por las corridas de toros que al efecto se realizaban.

Las fotografías del siglo XIX y principios del XX conservadas corroboran totalmente lo que dicen los documentos: aparecen las galerías de los Palacios Nazaríes y otras estancias apuntaladas e incluso cegadas con muros en los que se habían embutido las columnas, tejados a punto de caerse –por ejemplo, la galería del Patio de Machuca-, y torres derruidas parcialmente.

La falta de cuidado, interés y recursos, el consecuente abandono, la libertad con la que los gobernadores disponían del monumento y algunos accidentes puntuales, como la explosión del Polvorín en 1590 o el incendio de la Sala de la Barca en 1890, han provocado la pérdida de multitud de yeserías, techos de madera, puertas, ventanas, pinturas, materiales constructivos, objetos decorativos, etc.

La decencia que en el siglo XVIII algunas autoridades pedían para la Alhambra no se ha conseguido hasta el siglo XX, al que ha llegado en pie casi milagrosamente después de siglos de transformaciones y abandonos.

1770, Puerto de Santa María (http://www.laplazareal.net/index.php?page=409)

2. El siglo XVI. Las primeras noticias

Desconocemos cuándo empezaron a celebrarse en la Alhambra diversiones taurinas, pero no es arriesgado pensar que muy probablemente fuese poco después de conquistarse la ciudad de Granada, y quién sabe si para celebrar tan célebre e importante acontecimiento. Si se hicieron en Roma, ¿por qué no en la Alhambra, sede del poder del derrotado Estado nazarí? Sin embargo los papeles que han sobrevivido del que debió ser inmenso archivo de la Capitanía General del Reino de Granada no aportan ningún dato hasta muy avanzado el siglo XVI.

En el catálogo del Archivo Histórico de la Alhambra, realizado por María Angustias Moreno Olmedo, sólo hay dos documentos fechados en el siglo XVI tocantes a tema taurino.

El primero, referencia más antigua a la celebración de fiestas con toros en el monumento, es del año 1563 y está relacionada con una causa judicial incoada contra uno o varios carpinteros “por hacer en falso un andamio para la fiesta de toros, de la que habían resultado lastimadas varias personas”[1]. Estos datos no son muy explicativos, pero hemos de conformarnos, habida cuenta de que el documento original desapareció antes de realizar la actual catalogación, para la cual se utilizó una regesta anterior que debió estar colocada junto al original.

El otro documento al que nos referimos menciona una queja que el 12 de julio de 1804 realizó el contador veedor don José Antonio Núñez de Prado, que a fines del año 1802 había sido expulsado por don Lorenzo Velasco -uno de los oficiales de la fortaleza- del lugar que tenía reservado para él y su familia “en la plaza de toros de la Alhambra” junto al de la gobernadora. Expuso dicho contador veedor que “desde 1591 y mucho tiempo antes” y hasta fines de 1802 su familia y él ejercían sus oficios sin impedimentos y gozando sus privilegios, entre ellos tener asiento con sus madres y mujeres en las capillas mayores del convento de San Francisco y la iglesia de Santa María, así como en las funciones públicas celebradas en el “patio redondo”, como “titiriteros, toros, comedias y otras diversiones públicas”. En dicho patio tenían primero un balcón, y cuando el año 1800 se construyó una nueva plaza, se les destinó un palco exclusivo[2].

3. El siglo XVIII… y unos años más

Del siglo XVI nos pasamos al XVIII ante la ausencia total en catálogo de documentos del siglo XVII relativos al tema que aquí estudiamos.

Realizo ahora una pequeña exposición de los aspectos más importantes de las celebraciones taurinas en la Alhambra y su jurisdicción, prescindiendo de datos irrelevantes, listados de nombres y números, recuentos, estadísticas y porcentajes. Prefiero ejemplificar cada una de las explicaciones, así mismo breves, entresacando las noticias que me han parecido más interesantes para el conocimiento del tema.

La ambigüedad o la falta de exactitud que pueda encontrar el lector en algunas partes del texto no son caprichosas, sino consecuencia de la ausencia de datos concretos en muchos documentos.

Joaquín Rodríguez “Costillares” pintado por Juan de la Cruz, siglo XVIII

(http://www.elartetaurino.com/traje%20de%20torero.html)

Corridas fuera del alcázar

Hemos dicho más arriba que la jurisdicción de la Alhambra alcanzaba a varias zonas del casco urbano de la ciudad de Granada; es bueno recordarlo porque allí también había espectáculos toreros, para los que quizá llegase a haber algunas gradas permanentes, si bien no sabemos desde qué fecha. Lo que sí sabemos es que el año 1803 la Gobernación de la Alhambra ordenó realizar unas obras en la “tribunica” de Puerta Elvira[3].

No muy lejos de allí estaba y está la Plaza de Bib-Rambla, también común escenario de corridas y juegos de tauromaquia. Y junto a ella la Alcaicería, importante zona comercial que aglutinaba a multitud de vendedores de paños, cuyas tiendas estaban las más de las veces en muy mal estado y padecían una importante falta de vigilancia por parte de la autoridad competente –la Alcaidía de la Alhambra-. Ante la gran cantidad de robos, muchos tenderos se vieron obligados a poner perros en sus tiendas y dejar algunos más sueltos por el recinto, que quedaba cerrado por las noches y en los días festivos.

Algunos de esos días eran aquellos en que la Plaza de Bib-Rambla se convertía en ruedo, dada la mala intención de algunas personas –sobre todo forasteros- que se dedicaban a robar paños en lugar de ver los toros.

Pero no todos los vendedores de la Alcaicería estaban de acuerdo con cerrar sus establecimientos cuando había toros en Bib-Rambla. Quienes así pensaban en octubre del año 1733 se quejaron por escrito al alcaide de la Alhambra, a quien pedían que en dichas ocasiones ordenase mantener las puertas de la Alcaicería abiertas, argumentando que la gran afluencia de forasteros siempre les ayudaba a vender algo más. Respondió el alcaide que la costumbre de cerrar la Alcaicería los días que había toros en Bib-Rambla, la Carrera y la casa llamada “del Rastro” se debía a los muchos robos que practicaban en los comercios precisamente los forasteros. Tampoco se estuvieron callados aquellos comerciantes que apoyaban al alcaide, al cual pidieron que no diese validez a la queja de sus compañeros de gremio porque no habían dado sus nombres ni firmado, cosa que sí habían hecho ellos. No sabemos cómo se resolvió el asunto[4].

La plaza de toros de la Alhambra y su aprovechamiento

Respecto a las funciones realizadas dentro de la Alhambra, su Gobernación arrendaba anualmente en pública subasta la plaza de toros, construida entera de madera, a un particular o particulares asociados, o bien sobre la marcha contrataba las corridas que considerase oportunas y vendía los productos de ciertas funciones a personas o instituciones que lo pidiesen. Los beneficios obtenidos eran invertidos generalmente en obras de reparación de tejados, murallas y torres.

Los empresarios podían organizar cualquier espectáculo en la plaza de toros, además de los juegos de tauromaquia, como comedias, danzas y bailes, títeres y otras diversiones, hecho que ha dejado documentos referidos a vestidos, cordones, colgaduras, cintas, espadas, tablados, carteles pintados, etc.[5]

Como ejemplo de contrato para una temporada completa traemos aquí el firmado por don Francisco de Siles y don Luis de Morales para el ejercicio 1803-1804, por el precio de 65000 reales[6]. Sus cláusulas son las siguientes:

— Comienza el contrato el día de Pascua de Resurrección de 1803 y acaba el Miércoles de Ceniza de 1804.

— Los empresarios son dueños de hacer las funciones de muerte o novilladas en días de fiesta o trabajo, por la tarde o por la mañana.

-Si se suspende una función por muerte de un miembro de la Familia Real, peste, incendio, ruina, etc., sólo se hará cargo económico a los empresarios por el tiempo que hayan aprovechado.

— Podrán hacer en la plaza rifas, juegos e “inventivas” para atraer público, pero acabará el contrato en caso de ir contra la libertad de la gente.

— Los empresarios pagarán el ganado de lidia y los vaqueros, y recibirán los toros el Viernes de Dolores, pagando 1000 reales por cabeza, adelantando 10000 en la firma del contrato. El precio de los cabestros será fijado por peritos. Rendirán cuentas el Miércoles de Ceniza y darán de hipoteca fincas de más de 30000 reales y sin ningún cargo ni gravamen.

— La dehesa de la “Casa de las Gallinas” será abrevadero y apartadero del ganado, y el guarda de éste y el de la plaza de toros se pagarán a cuenta del Real Patrimonio.

— La plaza estará siempre en condiciones de uso, para comodidad del público.

— Las sillas de la plaza y demás objetos se entregarán a los empresarios con un inventario para evitar pérdidas. Se guardarán en una estancia de la Alhambra que podrán usar con toda libertad.

— Los empresarios harán los carteles y deberán presentarlos al gobernador para que autorice su impresión. Luego se darán copias a los oficiales reales para que sepan cuándo hay función. Dichos oficiales podrán entrar sin pagar a las funciones, junto a los tres espectadores que salen premiados con función gratis en cada corrida.

— Los empresarios disponen a su voluntad de todos los balcones excepto el de mando y el del gobernador y el asesor.

— Todos los gastos de las funciones de tropa, música, rifa, encierros, toreros, caballos, aseo y riego de la plaza corren por cuenta de los empresarios.

— El contrato se abonará en ocho pagas, la primera el 24 de abril, y el resto los días 24.

— Las funciones se harán en nombre del rey.

— No se hará función de toros cuando la haya en la Real Maestranza de Granada.

Fuera del contrato quedaban la carne y el despojo de los toros muertos, que se arrendaban aparte. Al igual que para arrendar la plaza, los contratos eran prácticamente iguales todos los años, por lo que hemos escogido como ejemplo el primero que hemos visto, correspondiente al año 1800. Especificaba que los toros serían pesados una vez desollados, y el pago se haría “a dinero contante y no en vales en el acto mismo de hacer los pesos”. Y prosigue diciendo que “los despojos los ha de satisfacer a precio de treinta y cuatro reales cada uno, y se entienden la cabeza, asadura, tripas, panza, lengua y manos, y se le han de abonar por el desuello de los toros 24 reales cada uno”. Los inconvenientes que pudiesen ocurrir de cortarlos, conducirlos y demás correrían por cuenta de los tomadores del contrato, “y a los oficiales que los desuellen sólo se les ha de consentir que saquen los rabos, soletas, falda y riñones, todo con arreglo y sin el menor desorden”. Y además “las astas no se entienden vendidas en este ajuste”[7].

Goya, grabado. Serie Tauromaquia (1814-1816)

Venta de beneficios de las funciones taurinas. Los particulares

Cuando la plaza de toros de la Alhambra no era arrendada para una temporada completa, la Alcaidía vendía los beneficios de las corridas que se celebrasen en fechas próximas. Para eso quien quisiese aprovecharse debía presentar un escrito solicitando que se le vendiesen los beneficios de cuantas corridas estimase oportunas, incluso proponiendo las fechas adecuadas, si es que no estaban fijadas con anterioridad.

Muchas veces los solicitantes eran particulares, que buscaban el lucro personal o ayudar a alguna causa.

Como ejemplos de búsqueda del lucro personal podemos mencionar estos dos casos:

— Venta al francés Juan Balp, director de la compañía ecuestre residente en Granada, de los beneficios de las funciones ofrecidas por dicha compañía a partir del 1 de junio de 1804. El contrato es del 29 de mayo de ese año[8].

— Venta hacia noviembre de 1803 de los beneficios de varias corridas a don Nicolás Laín de Guzmán. Perdió dinero en dos corridas debido a que en una de ellas no llegaron los matadores y hubo que echar mano de una media espada de Granada, que no atrajo público, y a que el día de la otra corrida estuvo nublado y la gente había acudido a la feria que se hacía en los Basilios. Pidió y obtuvo licencia para volver a organizar otra corrida con el fin de reducir pérdidas[9].

Respecto a la organización particular de funciones para fines varios, una muestra es la petición que hacia julio de 1740 realizaron dos hermanas, solteras, vecinas de la Alhambra y mayordomas de la hermandad de María Santísima. de la Hiniesta, en la que pedían licencia para correr un toro y emplear los beneficios en la confección de un vestido y un manto para la imagen de la Virgen, y ayudar a la celebración de su fiesta. Según decían esto era habitual desde hacía años. Quizá por eso se les concedió su deseo[10].

Para atraer público era habitual que en el transcurso de la corrida se sorteasen entradas gratuitas con asiento para la siguiente función, algún dinero en metálico, o incluso toros, uno por agraciado. Siempre eran varios los espectadores premiados.

Un ejemplo curioso de estos sorteos lo tenemos en el realizado en la función del día 22 de febrero de 1803, celebrada tras concederse a un vecino de Granada la siguiente petición:

“Señor Alcaide Gobernador: Juan Antonio Molina tiene 15 cerdos de varias edades, pesos y señales, y quiere celebrar en la plaza de toros de la Alhambra una corrida de novillos para sortearlos. Se ofrece a pagar 2500 reales. La corrida quiere celebrarla en carnaval y si no el día de san José. Él pagará los gastos de conducción del ganado, cabestraje, toril, plaza, administración; 2 reales la entrada, pudiendo los agraciados, sacados uno a uno, elegir su cerdo. Debe el gobernador autorizar que los cerdos anden libres por la jurisdicción de la Alhambra para que la gente los vea hasta el día del sorteo”.

Concedida la licencia al día siguiente, se celebra la función el día antes indicado, pero surge un problema: los quince cerdos sorteados no habían tocado a nadie, y la sospecha de fraude se cernía sobre el organizador. Dijo al día siguiente el gobernador que, cumpliendo con lo estipulado, la autoridad de la plaza había solicitado que se hiciese el sorteo mientras se corría el tercer toro, pero el organizador se negó, porque todavía no le habían llevado el arca que contenía los resguardos de las papeletas vendidas, que lo habían sido en Plaza Nueva, la Puerta de las Granadas y Peña Partida, además de en la misma plaza. Según declaración de Ramón Castrillo, subteniente de la Compañía Provincial de Inválidos, la negativa de Molina le enfrentó con el alférez comandante de la guarnición de la plaza, y llegó a decir que él mandaba en la plaza y abriría las puertas y quitaría los centinelas si quisiese. El soldado Cristóbal Romero dijo que fue necesario empezar a correr otro toro para aliviar la desesperación del público.

Se acusó al organizador de introducir en la plaza “por sí o por medio de algún confidente partida de suerte a su favor”, es decir, había mezclado las papeletas sobrantes con los resguardos de las vendidas, para extraer las sobrantes y no dar ningún cerdo. Éstas, extraídas por “un niño de corta edad puesto al intento”, correspondían a los números 962, 3365, 9730, 15211, 4377, 5799, 11252, 13948, 5796, 13042, 6086, 4798, 9556, 2892 y 3623.

Llevada el arca de los boletines ante el alcaide para su reconocimiento, se toma declaración al acusado, quien además de remitirse al contrato reconoce la tardanza del sorteo (que debía hacerse al finalizar el segundo toro), aunque niega que le pidiesen hacer el sorteo corriendo el tercer toro, e insiste en que las puertas de la plaza no se podían cerrar a pesar de finalizar el plazo de admisión de suertes a las tres y media de la tarde. Justifica la tardanza del sorteo por la espera de los boletines vendidos en Granada, y admite que su comisionado don Antonio Zorrilla había introducido en el saco de la rifa las papeletas sin vender, pero porque no pensaba que podía darse la “casualidad” de que no saliese ninguna con premio. También reconoce que varios ciegos habían vendido papeletas por la calle, pero afirma haber recibido las cuentas de esas ventas en su casa de Plaza Nueva a las tres de la tarde y por medio de su mujer. Respecto al cobro de entradas a quienes veían la corrida desde las galerías porque no tenían silla, dice no saber nada debido a que no había recibido la cuenta de uno de los cobradores -que habían sido Francisco de Prados y “fulano” López-. A esta declaración le responden que miente, ya que habían surgido problemas con un criado del marqués de Villa Alegre y un francés que se negó a pagar si no le daban asiento y al que le habían quitado por ello su capa.

Una vez reconocidos los boletines guardados en el arca, se hace un inventario de éstos:

— Quince paquetes de cien boletines cada uno.

— Ciento sesenta boletines sólo con el número de la entrada, desde el 9000 hasta el 14000.

— Otras papeletas rotas y enmendadas.

— Veinticuatro paquetes de cien boletines con numeración.

— Veinte manos de ochenta boletines.

— Dos licencias para matar cerdos, con fecha de 24 de febrero de 1803 firmadas por don José Álvarez de Toledo.

Finalizan las diligencias tras esta inspección y se condena al acusado al pago de una multa de 200 ducados para el reparo de los paseos de las alamedas y las costas del proceso, y que fueron prontamente pagados el día 24 de febrero[11].

Las hermandades y la tauromaquia con fines piadosos

Además de particulares, también obtenían la venta de corridas de toros las hermandades religiosas, que en muchas ocasiones recurrían a la Fiesta Nacional para remedio de sus males o consecución de sus pretensiones, materiales o no, quizá porque sus ingresos no fuesen muy abultados; el caso es que las peticiones por parte de las hermandades para hacer toros eran muy comunes, y es muy posible que todos los años se hiciesen. Solían invertir el dinero en el culto a sus imágenes, limpieza, decencia y adorno de iglesias y capillas, y alguna que otra vez para hacer enseres varios. De entre las muchas noticias que hemos podido leer entresacamos las siguientes:

En 21 de julio de 1749 solicita la hermandad de Jesús de la Humildad, residente en la parroquial de Santa María de la Alhambra, poder correr varios toros con cuerda en días diferentes, para emplear el dinero obtenido en el culto y decoro de sus imágenes y fiesta. Apoya su solicitud en que desde muchos años atrás se le daba dicha licencia para socorrer sus necesidades. Tras tomar juramento a dos vecinos de la fortaleza, que dicen haber visto corridas celebradas por dicha hermandad desde mucho tiempo atrás, se obedece la Carta Orden enviada desde Málaga el 19 de julio, por la que se concede la celebración por la solicitante de tres funciones de toros con cuerda en los días 25, 26 y 27 de julio de 1749[12].

El 25 de abril de 1785 el alguacil de la Alhambra hace saber al juez conservador, don Pedro de Fonseca y Montilla, la intención de la hermandad de Ánimas de la parroquial de Santa Escolástica (convento de Santo Domingo, en el barrio del Realejo) de correr en la Alhambra un toro o novillo con cuerda en la Pascua de Espíritu Santo, para obtener dinero mediante el cobro de una limosna consistente en lo que cada espectador pudiese y quisiese dar por ver la función. El juez conservador deniega la petición y prohíbe la entrada del toro en toda la jurisdicción de la Alhambra con el argumento de ser motivo de alborotos y “ofensas a las majestades divina y humana”. No sabemos si al final se celebró la función[13].

El 16 de agosto de 1803 vende la Gobernación de la Alhambra una corrida de toros o novillos a la hermandad de Ánimas de la iglesia de Santa Ana (Plaza Nueva) para el día 21. Posteriormente volverían a venderle nuevas funciones para los días 4 y 8 de septiembre (día de la Natividad), 25 de septiembre y para el mes de julio de 1804[14].

Algunos aspectos de los espectáculos toreros

En los días previos a la celebración de los festejos los toros eran conducidos por los vaqueros a unos terrenos que la jurisdicción de la Alhambra tenía junto a la fortaleza. Allí pacían y comían los animales hasta que eran llevados a la Plaza de los Aljibes para meterlos en el toril. Uno de esos terrenos era la dehesa de la “Casa de las Gallinas”, mencionada más arriba. También se preparaban los caballos, revisando sus herrajes y demás menesteres.

Antes de cada corrida solía hacerse una inspección de la plaza de toros, por si fuese necesario reparar algo -muchas veces las barreras y el toril-, y se regaba y preparaba el ruedo, alisando la arena y, en caso necesario, echando más.

El público entraba libremente a la plaza, y una vez ocupados los asientos, los cobradores visitaban a los asistentes para cobrarles la entrada. Quienes podían, como veremos después, aprovechaban los edificios contiguos y las murallas para ver los toros de balde, o incluso intentaban colarse por otras “entradas”. Para evitar tales picardías estaban los soldados de guardia, que paseaban por los adarves y caminos escondidos. También había una guarnición presenciando las funciones por si había altercados, que los hubo de vez en cuando, y un alguacil, que entraba en acción para practicar alguna detención.

En las funciones solía haber música (a veces más de diez músicos y al menos dos clarines a comienzos del siglo XIX, en tiempo de la compañía de músicos de Melchor Gaona[15]), y muchas veces se lanzaban cohetes y fuegos artificiales. También era normal intercalar en medio del espectáculo algún baile o representación variada[16].

Son muchas las noticias que conocemos acerca de lo que acabamos de decir: guardias, cobradores, músicos, vaqueros, etc., y otros datos relacionados con la iluminación y vigilancia nocturna de la plaza, la existencia de zanjas para los caballos; sin embargo resulta un tanto llamativo que junto a las menciones de toreros, banderilleros, picadores, espadas y demás artistas, casi nunca hallemos los nombres de quienes desempeñaban esos oficios. De hecho, sólo hemos encontrado una de esas anotaciones: en una corrida del año 1802 participaron las compañías de Bartolomé Gálvez, Juan Lirela, Francisco García y Miguel de Rojas, lidiadores, banderilleros y picadores de vara larga, vecinos de Granada[17].

De la calidad de los toros lidiados y del éxito de las corridas apenas hay referencias. Una de ellas muestra el descontento del público y de la organización del festejo, que manifestaron su protesta:

El 27 de mayo de 1800 Alfonso Pérez Cid, vecino de la jiennense villa de Cazorla, había contratado llevar a Granada 40 toros, de los cuales nada menos que 36 iban a ser lidiados en un único día, el 6 de julio. El retraso en la llegada de las reses, con los toreros de camino a Granada, obligó a la organización a comprar 5 toros a don Juan de Prado, vecino de Antequera, quien aprovechó la urgencia de los compradores para imponerles un precio abusivo (1350 reales, cuando su valor no superaba los 1000). De Cazorla llegaron unos primeros toros muy buenos, pero los organizadores se quejaron de que “con los que quedaron nos dieron chasco, pues eran absolutamente mansos, lo que causó el mayor descrédito de la plaza, en términos que fue necesario ocultar el dueño del ganado por haberse perdido las entradas de la sexta función”. Por si fuera poco, a alguien se le ocurrió colocar en la vía pública falsos anuncios de una corrida para el día 15 de agosto, de modo que “…para evitar un chasco a este respetable público, se le avisa, de orden del señor gobernador de la Alhambra, carece de todo fundamento la voz divulgada y carteles que se han fijado anunciando que el día 15 del corriente hay toro de cuerda en aquella fortaleza, y que el autor de ella y de estos papeles debe haberse propuesto el desacreditar la empresa y retraer la concurrencia a las funciones que se anunciarán en la forma acostumbrada”[18].

Los gastos de las corridas eran cubiertos en función de las cláusulas de cada contrato, aunque solían ser los tomadores quienes se hiciesen cargo de pagar a los vaqueros, cobradores, músicos, guardianes, alguacil, coheteros, además, evidentemente, de toreros, titiriteros, bailarines y demás artistas contratados. El alimento de los animales era sufragado a cuenta del Real Patrimonio, al que pertenecían los terrenos de descanso del ganado de lidia. Los gastos anotados como “extraordinarios” no se explican, pero por su denominación debemos pensar en hechos puntuales, como la compra de sogas para embolar toros[19], banderillas, hachones para iluminar la plaza, intervenciones poco importantes del carpintero, etc.

Cabe destacar, para finalizar este apartado, una petición del año 1804 a la Gobernación de la Alhambra para el pago de una deuda:

“Pegalajar, 18 de julio de 1804.

Señor gobernador y de mi mayor estimación: me alegraré de que Vuestra Señoría esté bueno, en compañía de la señora y familia; yo estoy en una cama malo, y me veo en la premisa de que Vuestra Señoría haga por que se me satisfaga el resto de los novillos que me se deben (sic), pues los segadores han acabado y el trigo que he cogido es muy poco y malo, y por el amor de Dios hágalo Vuestra Señoría, pues de tener que vender trigo es la pérdida de mi casa, que me quedo sin grano para volver a sembrar, y a lo menos cuando no sea el todo de los 6 novillos restantes, que sea algún dinero hasta que yo vaya y ajustemos las cuentas. De Vuestra Señoría su afectísimo servidor que su mano besa. Antonio Ruiz.”[20]

Vista de la plaza y corrida de toros en Madrid. Antonio Carnicero. 1791

Las corridas no eran gratuitas

Pillos ha habido siempre, y en la Alhambra los había que pretendían escaquearse y pasar de balde o pagar menos para ver los toros. Rescatamos sobre esto una curiosa referencia dieciochesca:

Un expediente del año 1787 nos dice que los domingos se corrían novillos con cuerda en la Plaza de los Aljibes, con la intención de recoger algún dinero para socorrer a las exhaustas arcas de la Alcaidía de la Alhambra. Para cobrar las entradas se colocaban unos guardias en las puertas del cuerpo de guardia y del Carril, pero algunos individuos, sobre todo niños y jovenzuelos, se colaban por las murallas inmediatas a la Puerta del Carril. El día 5 de agosto los soldados de guardia habían pillado en pleno intento a ocho energúmenos, que de inmediato fueron llevados a la cárcel para declarar.

A uno de los detenidos le incautaron ocho duros en duros, dieciséis reales en “pesetas” y quince cuartos de vellón -cobre-, además de un cuchillo catalán de mesa con puño de palo y punta, escondido entre el ceñidor.

A otro detenido le cogieron dieciséis cuartos y medio y una navaja “de las largas con punta y puño negro de cuerno con una virola de latón dorado” y cuatro cuartos.

Otro llevaba una porra y una navaja de hechura de hocino -corvo y acerado, para cortar leña-.

Uno era albañil y tenía trece años; otro era tejedor de cintas, otro cabrero, que dijo no recordar el apellido de su madre, otro herrero y otro tintorero, y todos dijeron que se habían colado por un agujero que un soldado extranjero “picado de viruelas” había practicado junto a la Puerta del Hierro. El soldado no hizo el agujero por capricho, sino para cobrar también su entrada al que se colase, pero más barata que en taquilla, obviamente, y parece que no le faltaban clientes.

El dinero confiscado a los detenidos se repartió entre los soldados que hicieron la detención, Juan Lamber y Bartolomé Pedris, la hermandad de la Virgen que se veneraba en la puerta de la guardia, el carcelero, Juan de Molina (por asistir a la prisión), el alguacil (Agustín de Aguirre) y la reparación de las tapias y el agujero.

Las armas se presentaron al maestro armero Miguel de Olivares para que las reconociese y dijese si eran de uso prohibido. Declaró que el cuchillo figuraba en las Reales Pragmáticas y las navajas no; de la porra no podía hablar por no ser de su oficio.

Fueron visitadas las casas de los detenidos para reclamar fianzas a sus familias, pero ante la enorme pobreza de todas se desistió del intento y se solicitó al fiscal de la Alhambra que prosiguiese el proceso como considerase oportuno, aunque ignoramos esa parte[21].

Año 1800. La Alhambra estrena plaza de toros

En cuanto a la plaza, la existencia desde el principio de una construcción específicamente destinada a correr toros es una incógnita. La escasez de referencias antes del siglo XVIII -ya se ha dicho que sólo conocemos dos- y el uso de los términos “patio redondo” o “plaza anfiteatro” nos hacen dudar acerca de si la Plaza de los Aljibes era en los primeros tiempos acondicionada provisionalmente para las corridas y más tarde se hicieron el ruedo y sus gradas, o cualquier otra posibilidad. Suponemos que ya había una plaza de toros hecha al menos desde finales del siglo XVIII, cuyo desmantelamiento el año 1800 marca el inicio de la presencia de importante cantidad de documentación referente a obras y reparos en el ruedo de la Alhambra.

El deterioro de la antigua plaza y la próxima celebración de funciones taurinas llevaron a la Gobernación de la Alhambra a decidir la construcción de un nuevo ruedo[22], que comenzó a levantarse en mayo de 1800 y se finalizó varios meses después, aunque su estreno se hizo muy pronto, el día 8 de julio. Las obras fueron dirigidas por el profesor de arquitectura Antonio Manuel Molina, quien puntualmente iba tomando nota de los gastos, de los cuales entresacamos, por ser los más destacados, los siguientes:

— 3500 reales por ciertos tramos de empilastrado, sostenientes, quita cimbras, estribos, tendidos, encopete con todo el juego de tacos, zapatas para el segundo cuerpo con sus correspondientes graderíos, y otras faenas (?).

— 1700 rs por hacer la barrera del saltador de toreros que guarece toda la circunferencia, con apertura de hoyos, fijado de pilarcillos, apisonado de éstos, y demás hasta acabarlo.

— 887 rs por un cuadrante de suelo de cuadrado para el piso del segundo cuerpo, que se halla fijado entablado y concluido con su correspondiente enjabalconado a la parte de Poniente.

— 100 rs a Antonio de Checa por dos juegos de escaleras para subir a las gradas de los tendidos.

— 80 rs a Juan de Huertas por el aumento de dos gradas más que hizo en dicho cuadrante.

— 50 rs a Antonio Escalona, Juan Fren y José Matamoros por otra grada en dicho sitio y ochava del Mediodía.

— 263 rs a Sebastián de Viedma por siete arcas medianas, una puerta clavadiza y un escaño.

— 213 rs a Sebastián de Viedma por un carro de madera.

— 220 rs a Francisco García por siete hojas de puerta para jaulas en los toriles.

— 190 rs a José Alguacil por cinco hojas de puerta para el corral y salida del toril.

— 80 rs a José Callejas por los canes, tarimilla y balcón principal de mando.

— 24 rs a Antonio Aceituno por tornar las verjas del balcón.

— 251 rs a José Medina por hacer ciertos tramos de corredorcillo.

— 8 rs por dos quicialeras de hierro para la compuerta del potro.

— 24 rs a José de Toro, maestro tornero, por dos cilindros y dos carretes.

Aparecen además otros libramientos de dinero para la compra de clavos[23] (muchos de ellos hechos con el hierro de las picas de la Sala de Armas, fundidas al efecto[24]), preparación del suelo con cargas de arena, armado de vayas, sogas, esteras de esparto para los asientos[25], y otros gastos de menor entidad.

El día 7 de julio se concluyó el tramo de la parte Norte, se sentaron los corredorcillos y se repasaron los sostenientes, puntales y toriles. A partir de la inauguración muchas reparaciones se tuvieron que hacer por las noches, seguramente debido a la duración de las corridas y a que solían hacerse en días seguidos[26].

Parece que la nueva plaza de toros de la Alhambra no tenía muy buena fábrica, pues poco después de empezar a usarse ya hay anotaciones de ciertas reparaciones. A ello hemos de sumar las intervenciones realizadas para mejora y embellecimiento. Así, en 1802 se renovó la arena de la plaza (entre octubre y noviembre)[27] y se compraron 24 sillas para el público, realizadas por el maestro sillero Nicolás de Sola, a seis reales y medio cada una, y Luis Manjón encoló las de la galería. También se hizo una silla de brazos forrada para el balcón de mando; la hizo y pintó Miguel Valenciano, para cuyo efecto Antonio Picayo vendió el forro de badana acordobanada, tachuelas de metal y hierro, galón, cinta y lienzo[28].

Las reparaciones hicieron poco efecto y por ello el 15 de septiembre de 1804 se realizó una tasación para realizar una reparación de urgencia[29].

Los toros y la conservación de la fortaleza. El dilema de la prohibición

Independientemente de que el público dispusiese de gradas, era práctica generalizada que en las funciones de toros la gente subiese a los tejados de las casas que rodeaban la Plaza de los Aljibes, con el consiguiente disgusto de la Junta de Obras y Bosques -residente en Madrid-, que en más de una ocasión pidió la prohibición de tal práctica, con el fin de evitar daños materiales y ahorrarse reparaciones innecesarias, aunque nunca se consiguió acabar con la costumbre popular.

El 11 de febrero del año 1744 se ordena la citada prohibición, debido al mal estado de los tejados y las numerosas goteras. También se prohíbe la cría de palomas, ya que los pichones atraían a las garduñas, que anidaban en los tejados[30].

El 23 de mayo de ese mismo año solicita la hermandad de Ntra. Sra. de la Hiniesta, sita en el convento de San Francisco, licencia para correr un toro con cuerda en la Plaza de los Aljibes. Se le concede la petición a cambio de que sus mayordomos se hagan cargo de los posibles daños causados por el público en la Casa del Emperador, el lienzo de muralla que va a la Alcazaba, la Torre del Homenaje y las casas contiguas a la plaza. El maestro mayor de obras, Francisco Pérez Orozco, ayudado por el sargento José Marín, el cabo Manuel Pérez Orozco y el soldado Bartolomé del Rincón, inspecciona los espacios por si hay peligro en caso de subir el público. Hecho el reconocimiento, se avisa a los dueños de las casas contiguas a la plaza, doña Margarita Valdivia, Juan de Gójar, Alfonso Sánchez, don José Caicedo y don Francisco Gabí, para que no permitan subir a nadie a sus tejados. Respecto a la Casa del Emperador, sí se permite su uso ya que la solería es de ladrillo y los únicos tejados existentes, “hechos pedazos y las maderas podridas”, miran a la parte trasera del edificio. Pasada la corrida dice el maestro mayor de obras que no ha subido nadie a los tejados y no hay daños[31].

El deplorable estado de conservación que sufría la Alhambra y el abandono de muchas de sus estancias, que se encontraban en ruina, obligó a la prohibición total o parcial de las corridas de toros para evitar daños mayores.

Por ejemplo, en julio de 1749 la Junta de Obras y Bosques no permitió a la hermandad de Jesús de la Humildad celebrar tres corridas de maroma debido al peligro derivado del cercano almacenamiento de municiones de guerra; dicha Junta se quejó el 27 de septiembre a la Gobernación de la Alhambra por haber permitido que don Pedro de Ribera, uno de los mayordomos de dicha hermandad -muy posiblemente en nombre de ésta- pudiese organizar dos corridas los días 2 y 3 de agosto, a pesar de que el público fumaba “tabaco de chupar” y había pólvora cerca. Antes de esta queja, el 12 de agosto, se había requerido a don Pedro de Ribera para que pagase los daños causados por el público que presenció los toros desde los tejados[32].

Veto total a los toros en la Alhambra fue el aconsejado en un memorial del año 1767, en cuyo último apartado se recomienda “no hacer toros en el alcázar, pues es acabar de arruinarlo y destrozarlo”[33].

Sin embargo la prohibición de las corridas podía ser mala solución, pues la falta de dinero impedía acometer obras y aumentaba el abandono de las edificaciones. Por eso en muchas ocasiones no hubo más remedio que autorizar corridas para emplear la recaudación en obras de reparación de murallas, torres, palacios y estancias varias. Para eso se pedían de vez en cuando permisos puntuales; así, el 8 de abril de 1795 se solicita poder celebrar los días feriados corridas de toros de un novillo embolado en cuerda “para reparar el alcázar”[34]. Finalmente el Gobierno de España autorizó la celebración de seis u ocho corridas anuales (Aranjuez, 18 de abril de 1800)[35].

También se empleaban los beneficios que reportaban las corridas para costear las necesidades y los caprichos de los gobernadores, que eran incluidos en las obras de conservación. Un ejemplo de ello es la obra realizada en 1802 en la Casa Real para la vivienda del gobernador, y cuya obra de carpintería, bastante destacable, fue realizada por Juan Marín y Velasco y consistía en lo siguiente[36]:

— Cuatro ventanas para el mirador. 934 reales.

— Una ventana sin hojas. 110 reales.

— Cinco pares de puertas de vidrios para las ventanas. 394 reales.

— Tres mamperlanes de tres varas. 65 reales.

— Dos puertas del mirador. 195 reales.

— Una mampara para la puerta de la sala principal. 287 reales.

— Cinco pares de puertas de vidrio de tres varas para balcones y salas de estrado. 684 reales.

— Siete pares de puertas de vidrio para ventanas pequeñas. 453 reales.

— Una portada para la chimenea francesa. 230 reales.

En 1803 se arreglaron los adarves y se pintó su puerta, seguramente con el beneficio de las corridas de toros[37].

Picaso, 1934

Consideraciones finales

El presente artículo es un breve estudio de los festejos taurinos celebrados en la plaza de toros de la Alhambra desde la conquista de Granada y hasta bien avanzado el siglo XIX, época en la que el conjunto monumental empezó a dejar de ser habitado para ser restaurado y puesto en valor.

La documentación conservada en el Archivo Histórico de la Alhambra muestra cómo las fiestas de toros fueron muy habituales en el monumento y en diversas partes de la ciudad que pertenecían a su jurisdicción desde la conquista de la ciudad hasta bien entrado el siglo XIX, aunque no se han conservado –o al menos no constan en catálogo- documentos referidos a temática taurina anteriores al siglo XVIII ni posteriores al año 1806[38]. Los que han llegado a nuestros días evidencian la importancia económica que dichos festejos tenían para las siempre vacías arcas de la hacienda pública, que nunca se atrevió a prohibirlos a pesar del daño que provocaban en las estancias cercanas al ruedo: el público subido a los tejados, la entrada y salida del ganado, la cercanía del polvorín al coso, donde el público fumaba y algunas compañías de artistas lanzaban fuegos artificiales, etc.

Las fiestas con toros, muchas veces unidas a actuaciones de titiriteros, bailarines y músicos, se celebraban en varias ocasiones cada año, organizadas por negociantes particulares, corporaciones religiosas o empresarios que habían adquirido los derechos de una temporada completa, bajo condiciones perfectamente establecidas en un contrato.

NOTAS

[1] Archivo Histórico de la Alhambra (A.H.A). Leg. L-Falta, A-64-50.

[2] AHA, Leg. L-209-1 (leg. 226).

[3] AHA, Leg. L-296-1 (leg. 303).

[4] AHA, Leg. L-115-6 (leg. 131).

[5] Sirvan como ejemplos las cuentas de la impresión de carteles y papeletas de toros embolados y de muerte desde agosto de 1801 hasta junio de 1802, y de los gastos en vestidos, cordón, cinta, colgadura, carteles pintados, espadas, etc., de fecha 13 de septiembre de 1803, en AHA, Leg. L-296-1 (leg. 303).

[6] AHA, Leg. L-171-32.

[7] Ibídem.

[8] AHA, Leg. L-296-1 (leg. 303).

[9] Ibídem.

[10] AHA, Leg. L-162-1 (leg. 180).

[11] AHA, Leg. L-171-17 (leg. 189).

[12] AHA, Leg. L-165-32 (leg. 183).

[13] AHA, Leg. L-171-17 (leg. 189).

[14] AHA, Leg. L-296-1 (leg. 303).

[15] Melchor Gaona aparece mencionado el año 1802 como músico y maestro cohetero, en partidas de gasto separadas. El 28 de diciembre recibió junto al maestro cohetero Damián García 8070 maravedíes por quemar 18 castillos de fuego. Ibídem.

[16] El 22 de diciembre de 1802 se pagaron a la compañía de Diego Maldonado 460 reales por salir a bailar y “hacer otras habilidades” en la función del 24 de octubre. Ibídem.

[17] Ibídem.

[18] AHA, Leg. L-171-32.

[19] En julio de 1802 el encargado de embolar y desembolar a los toros era un tal Mateo Nísporo. Ibídem.

[20] AHA, Leg. L-296-1 (76).

[21] AHA, Leg. L-176-7 (leg. 196).

[22] AHA, Leg. L-171-32. Se había dado permiso para celebrar seis u ocho corridas, pero antes era necesario levantar una nueva plaza de toros. Se contrató con Juan Fernández y Rafael Castillo la corta en el Soto de Roma y su traída hasta la Alhambra de la madera necesaria.

[23] AHA, Leg. L-162-10. Como ejemplo, sirva la venta que en junio y julio de 1800 hicieron Francisco Heredia, Antonio Sevilla y Bernardo Pérez Aguirre de 71 arrobas y 4 libras de hierro viejo para hacer clavos para la plaza de toros de la Alhambra. Este último, que era maestro cerrajero, hizo con dos aprendices 64 arrobas de clavos entre el 15 de mayo y el 7 de junio. También fabricó goznes, cerraduras, llaves, armellas, almocafres, un legón, etc.

[24] AHA, Leg. L-177-2 (leg. 198). Documento de 12 de mayo de 1800.

[25] Como ejemplo, la orden dada al sustituto del tesorero pagador de Obras, Bosques y Hacienda de la Alhambra en 20 de diciembre de 1802 para pagar a Francisco Sánchez, maestro espartero, por las esteras que hizo para los palcos y las galerías de la plaza de toros. 1651. AHA, Leg. L-296-1 (15).

[26] AHA, Leg. L-162-4 (leg. 180).

[27] AHA, Leg. L-296-1 (leg. 303). Francisco Medina y Antonio Manzano, cascajeros, llevaron a la plaza de toros de la Alhambra un total de 564 cargas de arena entre el 10 de octubre y el 14 de noviembre de 1802, al precio de 5 cuartos la carga.

[28] Ibídem.

[29] AHA, Leg. L-171-32. La tasación, que alcanzó los 4600 reales, fue hecha por el maestro mayor de carpintería de la Alhambra, Luis del Águila.

[30] AHA, Leg. L-162-1 (leg. 180).

[31] AHA, Leg. L-293-10 (leg. 300).

[32] AHA, Leg. L-162-1 (leg. 180). La Hermandad quería emplear el beneficio en dorar el retablo de la imagen y comprar alhajas para el culto.

[33] AHA, Leg. L-53-32 (leg. 61). En este memorial, fechado a 10 de febrero de 1767, se recomienda que no pasten ganados en el bosque de la Alhambra fuera del tiempo, porque lo destruyen. Se expresa el pesar por la mala actitud de los soldados que residen en el monumento, porque talan árboles sin permiso y destrozan las viviendas. Se señala “la falta de buena armonía que en este alcaide se encuentra”.

[34] AHA, Leg. L-181-18 (leg. 203).

[35] AHA, Legs. L-162-2 y L-162-8.

[36] AHA, Leg. L-296-1 (leg. 303).

[37] Ibídem.

[38] AHA. Leg. L-176-23.

5. Fuentes y bibliografía

Fuentes

-Todos los documentos consultados pertenecen a la Sección Histórica del Archivo de la Alhambra. Han sido consultadas las piezas correspondientes a las siguientes signaturas: L-falta, L-209-1 (legajo 226), L-115-6 (legajo 131), L-296-1 (legajo 303), L-162 (legajo 180), L-293-10 (legajo 300), L-165-32 (legajo 183), L-53-32 (legajo 61), L-171-17 (legajo 189), L-171-32, L-176-7, L-181-18 (legajo 203), L-315-1-6, L-176-7 (legajo 196), L-177-2 (legajo 198).

Bibliografía

MORENO OLMEDO, María Angustias, “Catálogo del Archivo Histórico de la Alhambra”, Granada, Patronato de la Alhambra y el Generalife, 1994. Esta publicación es el único instrumento de descripción de los fondos documentales de este archivo. A pesar de sus defectos es imprescindible su uso para cualquier consulta.

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE (textos de Jesús Bermúdez López y Pedro Galera Andreu), “La Alhambra y el Generalife. Guía oficial de visita al conjunto monumental”, Granada, 1998.

En relación directa con la temática de este trabajo esta obra no aporta nada, pero es muy útil para conocer las transformaciones más importantes que desde el siglo XV han sufrido la Alhambra y su entorno, en muchas de las cuales tuvieron mucho que ver las corridas de toros.

VÍLCHEZ VÍLCHEZ, Carlos, “La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás (Obras de restauración y conservación. 1923-1936)”, Granada, Comares, 1988.

“Imágenes en el tiempo: un siglo de fotografía en la Alhambra. 1840-1940. Sala de exposiciones del Palacio de Carlos V, conjunto monumental de la Alhambra. 15 de enero al 15 de junio de 2003”, Granada, 2002.

Las fotografías de esta obra ilustran perfectamente el deterioro que sufría el conjunto monumental en el siglo XIX, y dan una idea de lo que pudo cambiar en épocas anteriores.

Curriculum y otro trabajo del autor en este sitio

POBREZA Y BANDIDAJE EN EL ALTIPLANO GRANADINO EN TIEMPOS DE CARLOS II. LA PESQUISA DE ALONSO DE HERRERA

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POBREZA Y BANDIDAJE EN EL ALTIPLANO GRANADINO EN TIEMPOS DE CARLOS II. LA PESQUISA DE ALONSO DE HERRERA

maytediez - 27 de marzo de 2014 - 23:51 - Historia Moderna/ Europa y América

Jesús Daniel Laguna Reche

Universidad de Granada

En el año 1679 los pueblos del norte de Granada sufrieron las agresiones de una partida de bandidos que obligó a trasladar desde Murcia un cuerpo de ejército para combatirlos.

Veintiún años después, la Real Hacienda ordenó auditar las cuentas de lo que se gastó en dichos soldados, para valorar si se cumplió lo dispuesto por las órdenes reales

Quizá fue un fenómeno meramente delictivo, pero pudo estar causado por la enorme pobreza de la mayor parte de la población, afectada por las malas cosechas y las epidemias de peste.

Palabras clave: Huéscar; siglo XVII; bandidaje; pobreza; soldados; auditoría de cuentas; pesquisa.

Publicado en: Boletín del Centro de Estudios "Pedro Suárez" (Guadix, Granada), nº 25, año 2012.

[Imagen de portada: Museo del Bandolero ]

1. El bandidaje en el siglo XVII. Marco histórico

2. Antecedentes y factores. Búsqueda de una explicación

3. La pesquisa de Alonso de Herrera

4. La gestión económica de la pesquisa

Apéndice documental

Notas

El autor

1. El bandidaje en el siglo XVII. Marco histórico

Es de sobra conocido para los historiadores que el siglo XVII fue para España pródigo en desgracias. Múltiples condicionantes de índole política, económica e ideológica se aunaron para proporcionar a los míseros españoles una larga época de padecimientos y estrecheces vitales. En el ámbito político, la entrada de España en la guerra de los Treinta Años en apoyo del Sacro Imperio de los Habsburgo y contra Francia reactivó las reclutas de soldados y supuso un inmenso gasto para el Estado, que suscribía empréstitos a muy alto interés y ahogaba económicamente a los súbditos del rey mediante subidas de impuestos e imposiciones tributarias extraordinarias. En el plano económico, dicha presión fiscal no hacía más que reducir la capacidad adquisitiva del pueblo, que retrajo el gasto corriente y volvió parcialmente al trueque, ante la retirada intencionada de la plata amonedada por parte de los particulares y la masiva circulación de moneda de vellón resellada y devaluada constantemente, produciendo la desarticulación de las redes de intercambio interiores y no digamos exteriores, la caída de la actividad artesanal, y el abandono por falta de rentabilidad o por deudas de muchas tierras de cultivo por parte de multitud de labradores que emigraban a las ciudades sin nada entre las manos, para buscarse la vida de cualquier manera. La naturaleza contribuyó mucho a esta situación con variadas desgracias, que a veces iban juntas; así, a lo largo del siglo XVII se registraron diferentes ciclos climatológicos nefastos, de malas cosechas causadas por la sequía o las lluvias excesivas, más múltiples plagas de langosta, asociadas a la sequía, y algunas epidemias de peste -verdadero terror para el pueblo-, que diezmaban considerablemente el número de efectivos disponibles para el trabajo y la procreación. En el aspecto ideológico, la mentalidad de las clases altas, basada en el código del honor, que rechazaba el trabajo manual y exaltaba la vida dedicada a recaudar las rentas del campo y gastarlas en mantener las apariencias, con gastos muchas veces desorbitados para las economías señoriales, fue por lo improductiva y enemiga del progreso enormemente perjudicial. El deseo de parecerse a los nobles caló en los estratos sociales burgueses, los más preparados económica e intelectualmente para contribuir al progreso del país, y por eso dedicaron más esfuerzos a comprar limpiezas de sangre y colarse entre los hidalgos a cualquier precio, que a llevar a cabo empresas que proporcionasen riqueza a ellos y a la nación.

Tal situación de general pobreza material y cultural fue perfecto caldo de cultivo para la aparición de las temibles partidas de bandidos. Campesinos y artesanos arruinados, mozos de familias rotas o diezmadas por la desgracia y la miseria, soldados desmovilizados o mutilados incapaces de reincorporarse a la vida civil, más los marginados de la sociedad, los delincuentes vocacionales o circunstanciales, los pícaros y demás personas de vil condición, formaban grupos de hombres errantes que vivían echados al monte dedicados al saqueo de cortijos y pueblos pequeños y demás infames actividades propias de los malandrines.

Si bien el fenómeno del bandolerismo del siglo XVII fue especialmente sonado en Cataluña, también está documentado en Andalucía y La Mancha, y un ejemplo es el que vamos a comentar a continuación, a pesar de los escasos datos que tenemos: el ataque a los vecinos de Huéscar y los pueblos de alrededor por parte de un grupo de bandidos en el año 1679.

Grabado. Toletum, Hispanici Orbis Vrbs... 1687. Archivo Histórico Municipal de Huéscar (AHMH)

Imagen del autor. Vista del sector este de Huéscar, hacia levante, desde el campanario de la iglesia de Santa María la Mayor. Destacan a la derecha la iglesia de Santiago, siglo XVI, y, al fondo, la línea recta que marca en la roca de la sierra de La Encantada uno de los tramos del inacabado canal de Carlos III, construido en las décadas de 1760 y 1770.

2. Antecedentes y factores. Búsqueda de una explicación

La documentación que hemos podido consultar acerca del caso que nos ocupa no da abundante información sobre los hechos. Aunque fue en 1679 cuando se consiguió expeler al grupo de bandidos que asaltaba las tierras de Huéscar, parece bastante claro que desde años atrás era un fenómeno habitual, si bien no podemos determinar ni el alcance que tuvo ni si existe relación directa con los hechos que vamos a relatar.

Algunas noticias anteriores al año 1679 relacionan el bandidaje con la labor de gobierno ejercida por el doctor don Juan Baltasar Ramos, gobernador de Huéscar desde marzo de 1676.[1] Estuvo rodeado de polémica desde su llegada para tomar posesión del cargo, aunque los problemas por el desempeño de cargos municipales venían de tiempo atrás y ya habían dado ocasión a disturbios callejeros.[2] Cuando quiso reunir la fianza que se le exigía para someterse al juicio de residencia, nadie quería dársela, y algunas personas que él calificaba de enemigos suyos se dedicaban según sus palabras al bandidaje.[3] Además, contra Ramos seguían pleito la viuda y las hijas de Fernando Ramón Rapa por haberlo ejecutado en la horca a pesar de estar la sentencia apelada y el reo libre bajo fianza;[4] y también había condenado a muerte a varios vándalos y se negaba a dejar libres a otros tres.[5]

Pero al margen de estos asuntos, en los que no sabemos distinguir entre buenos y malos por falta de datos, la actividad del gobernador Ramos fue cuestionada en otros campos. Así, cuando en 1677 fue sustituido en el cargo por el licenciado don Pedro de Olivares y Raya, vecino y regidor de Huéscar, reclamó contra su destitución y consiguió de la Chancillería de Granada una provisión a su favor, faltando para ello a la verdad a juicio del cabildo oscense. Por si fuera poco, el oscense Juan de Buendía lo había denunciado por cobrar dinero a los concejos del valle del Almanzora en virtud de una supuesta comisión, lo que le había acarreado pasar un tiempo en prisión y una condena a devolver lo cobrado más seis años de inhabilitación.[6] Al final, a pesar de estar condenado “por estafas y baraterías”, fue restituido en el cargo bajo fianza.[7]

Aunque sea factible creer que algunas personas se habían echado al monte por sus diferencias con el señor Ramos, tenemos que considerar la subjetividad del término “bandido”, que puede ser utilizado para variadas situaciones en función de quién lo pronuncie. Habría que saber, en este sentido, qué hacían los enemigos del gobernador para que él los tratase de bandidos, y qué motivos habían tenido para oponerse a él.

Sería desacertado además pensar que todos los bandidos que rondaban el altiplano granadino lo eran por las maneras del polémico señor Ramos a la hora de ejercer el gobierno municipal. El bandolerismo de la época de los Austrias no fue algo reducido a unos pocos lugares de España, sino un fenómeno que, al margen de haber generado más estudios en unas regiones que en otras, fue generalizado y sufrido a lo largo y ancho del país. Bien pudiera ser el caso aquí referido el de tantas confederaciones de marginados y sinvergüenzas que prefirieron huir permanentemente de la Justicia con la barriga llena a morir honradamente pidiendo a las puertas de una iglesia, y siempre poniendo en riesgo sus vidas, porque por entonces en España todavía se hacía justicia a los criminales y ladrones.

En otros casos, algunos hechos violentos aislados que los documentos cuentan no podemos atribuirlos a los bandidos, puesto que si no hay mención expresa a estos, un crimen, un estupro, el asalto a un granero u otro delito cualquiera cometido hace siglos es bastante difícil o imposible de investigar. Es, por ejemplo, el caso de lo ocurrido la noche entre el 25 y el 26 de octubre de 1677, cuando dos forasteros dieron dos carabinazos a Gabriel Hurtado, vecino de Huéscar. Dado que no se supo la autoría de los disparos, y siendo habituales los altercados con los vendimiadores que llegaban de fuera para la campaña, en la sesión capitular del día 26 se decidió que, ante la imposibilidad de expulsar a los vendimiadores forasteros debido a que la uva se estaba pudriendo, estos quedasen recogidos en las posadas cuando no trabajasen, y se vigilasen las puertas del pueblo.[8]

En cuanto a la carestía, acicate para la vida dedicada al saqueo, son muchas las páginas que en los libros capitulares se escribieron en los años finales de la década de 1670, como reflejo de la preocupación de los regidores ante las penalidades que una y otra vez se abatían sobre los vecinos. La falta de pan y la subida de su precio, las plagas de langosta, la mala climatología y las epidemias de peste están muy presentes.

Sin querer rastrear en años muy anteriores a 1679, ya en 1677 son abundantes las referencias a la escasez de cereal y la consecuente subida de su precio, coyuntura que aprovechan los grandes propietarios para almacenar su grano y venderlo en pequeñas cantidades a precios abusivos. La cosecha de 1678 es muy mala en toda Andalucía y Murcia,[9] y a finales del mismo año el Ayuntamiento acuerda solicitar que no se alojen milicias por la “suma necesidad con que se hallan por la carestía y falta de pan y por guardarse como se guarda del achaque contagioso de peste”.[10] El problema del abasto y los precios del pan persiste durante 1679, también año de mala cosecha. La llegada a Huéscar de dos tropas de soldados para repeler a los bandidos que infestaban los campos aumenta los quebraderos de cabeza de gobernantes y gobernados, dado el alto coste del alojamiento y la manutención de soldados y caballos. No es por ello casualidad que sean bastantes los acuerdos municipales que a lo largo del tiempo que duró la pesquisa se tomaron en relación al abasto y los precios del pan, las rogativas públicas por la sequía y la quema de langosta. Veamos, a continuación, algunos de ellos.

En la sesión del 23 de mayo de 1678 el cabildo municipal acuerda pedir la celebración de un novenario a las Santas para implorar lluvias, debido a que la sequía amenaza la cosecha, que puede ser de las mejores que se recuerdan. Terminado el novenario el 4 de junio, se acuerda que tras la procesión general que se hará al día siguiente, queden las Santas depositadas en el convento de la Madre de Dios. El Santo Cristo que está en la iglesia de Santiago quedará expuesto en la iglesia mayor de Santa María para que en los tres días siguientes, que son los que restan hasta el miércoles víspera del Corpus, continúen las oraciones a las Santas y se digan a dicho Cristo nueve misas, tras las cuales será trasladado a su ubicación habitual en la iglesia de Santiago.[11] Parece que el novenario hizo poco efecto, de manera que el 30 de agosto, con la cosecha recogida, la cortedad de la misma obliga al Ayuntamiento a pedir a las monjas del convento de la Madre de Dios dinero prestado a un interés del 5% para pagar el trigo que se está comprando para el Pósito, a causa de que éste no dispone de grano para repartir a los labradores. En la misma sesión se autoriza a la cofradía de Nuestra Señora del Rosario la celebración de regocijos públicos para su festividad, entre ellos un juego de toros, para que “[Nuestra Señora] mejore los tiempos y remedie las aflicciones y necesidades que de presente se padecen”.[12]

El 26 de abril de 1679 el cabildo prohíbe la saca de pan fuera de la ciudad para evitar el desabastecimiento de los vecinos. [13]

En la sesión del 16 de junio de 1679 se vuelve a hacer eco el cabildo de la mala cosecha que se avecina a causa “de los inmoderados hielos”, la necesidad de agua y la plaga de langosta. Por ello se acuerda que el Cristo de la iglesia de Santiago sea llevado en procesión a Santa María y se le diga un novenario con la presencia habitual de las hermandades con su cera.[14]

El problema de la peste está presente en esos mismos años y por ello es tema de gobierno en los cabildos, que han dejado bastantes referencias en las actas. Por las fechas que aquí tratamos, en junio de 1678 se comunica que la epidemia ha llegado a Orihuela y, mucho más cerca, Mula, y que la ciudad de Granada se está cercando. Por ello, se da orden para: reparar la muralla de la ciudad; dejar abiertas sólo las puertas de la cuesta de los mesones y San Sebastián; que se ronde por la noche; cerrar los postigos que algunos particulares tienen con salida al campo, extramuros; e impedir la entrada de ropa traída de fuera.[15] Pasado el verano, ha llegado a Baza. Se vuelve a ordenar la reparación de la muralla, se insiste en la prohibición de entrar ropa procedente de Levante, y se suspende la celebración de la feria que cada año se celebra el 21 de noviembre.[16] Ya en 1679, el 10 de mayo se vuelve a insistir en reconocer el estado de conservación de la muralla y cerrar los postigos particulares.[17] El miedo es tal que incluso estando ya iniciada la pesquisa contra los bandidos, el cabildo pide al pesquisidor Alonso de Herrera que elija para alojarse entre el sitio “de las Santas Mártires” y el de “Nuestra Señora de la Victoria”, para que esté lejos del pueblo, porque ha venido desde Granada, donde hay peste, y se prohíbe a los vecinos comerciar con él y su familia para evitar contagio.[18]

La langosta fue localizada en junio de 1679 en el campo de Bugéjar cuando aún no se había extendido pero amenazaba con hacerlo. El cabildo acordó en la sesión del día 14 pedir al licenciado Juan de Robles, presbítero vecino de Huéscar, salir al campo a conjurarla, trabajo para el que parece que tenía gran habilidad, y que acudiesen cien hombres de Huéscar y otros cien de Puebla de Don Fadrique para quemar la langosta:

En este cabildo se discurrió sobre que por nuestros pecados se han reconocido en el campo de Bugéjar considerables manchas de langosta que comenzando a volar pueden hacer notable daño en las mieses que de presente hay en el término de esta villa, y por lo mucho que importa consumirla para que cese el daño que amenaza se acuerda que se ruegue al licenciado Juan de Robles, presbítero, vecino de esta villa, en quien se ha conocido particular gracia para conjurarla, salga a hacerlo con la mayor devoción que pueda.. .[19]

(Las transcripciones de este artículo son literales, actualizadas en la grafía y ortografía)

Labrador de la sierra de Sagra, Granada, 1825. AHMH.

3. La pesquisa de Alonso de Herrera

En los primeros meses de 1679 el gobernador de Huéscar había pedido ayuda al corregidor de Murcia para que enviase una compañía de soldados que estaba alojada en aquella ciudad, con el fin de acabar con una partida de bandidos que en Huéscar y sus contornos se dedicaba al robo y cometía actos violentos, e incluso había provocado la muerte de varias personas. Ante la imposibilidad de hacerlo sin orden expresa del Consejo de Guerra, y viendo el daño causado por los salteadores, había encomendado a Francisco Ruiz desplazarse a Huéscar con cuarenta hombres de armas para prenderlos. Llegó a Huéscar el 11 de marzo, atacó y expulsó a los bandidos, y detuvo a uno de ellos, José de Ayala, que estaba preso en Huéscar.[20]

Pero los bandidos volvieron de inmediato, de manera que se decide intervenir militarmente. El elegido para dirigir la misión es el licenciado don Alonso de Herrera y del Águila, oidor y alcalde de hijosdalgo en la Chancillería de Granada. El 12 de abril se presenta en Huéscar y da sus primeras órdenes al gobernador. Le pide que prevenga 24 hombres “con todo género de armas” dispuestos a actuar en cuanto se les ordene, así como 4 arrobas de balas y otras 4 de pólvora, que serán repartidas en casa del gobernador. Se encarga a don José de Barreda Calderón y don José Vázquez Quevedo que entre ese día y el siguiente reúnan la munición y la dividan en tres partes, que quedarán depositadas en las casas del gobernador, del genovés don Juan Bautista Rato y de don José de Barreda, tomando el dinero que sea necesario del efecto de milicias. También manda el pesquisidor que se nombre a dos regidores para que con 24 hombres ronden la ciudad y acudan a su residencia a recibir las órdenes pertinentes. Además, se acuerda proteger la ciudad como se hace cuando hay peste:

En Huéscar este dicho día, luego incontinenti los señores ciudad arriba referidos acordaron se cerque esta ciudad de la misma forma que lo estaba cuando se guardaba por la peste, y sólo se gobierne por las puertas de la calle de Baza, San Cristóbal, Cuesta de los Mesones y Victoria, y que éstas se cierren de noche por los señores don Juan Bautista Rato la de la carrera de Baza, y la de los Mesones por el señor don José Barreda, y la de la Victoria por el señor José Vázquez, y la de San Cristóbal por el señor don José Muñoz. Y para que la dicha cerca se haga con la puntualidad que se requiere y conviene para el fin a que mira, que es a que esta ciudad se asegure de una invasión de los bandidos, por las que se han experimentado han hecho, se nombran por comisarios a los señores don Pedro Toral y Gabriel López Mendoza, y el gasto que en hacer dicha cerca se hiciere se saque así mismo prestado del efecto de milicias, y lo firmaron.

    Pedro Olivares (rúbrica)
    Don José Barreda Calderón (rúbrica)
    José Vázquez (rúbrica)
     Ante mí, Francisco Jorquera (rúbrica)[21]

El 21 de abril Alonso de Herrera comunica al cabildo que ha enviado emisarios a Murcia para traer dos compañías de soldados de a caballo, para que la ciudad prepare su alojamiento, teniendo en cuenta que los vecinos “sólo” deben dar alojamiento, cuartel, luz, aceite, vinagre, mesa, manteles y cama, y lo demás para ellos y sus caballos deberá pagarlo cada uno de su sueldo, que se les pagará de lo que se debe al rey en rentas. El Ayuntamiento avisará a los vecinos a quienes se asigne aposento para que se preparen, y los caballos se alojarán en los mesones.[22]

Sin embargo, poco después, antes de que lleguen los soldados, el cabildo decide que se alojen en los mesones a cambio de una paga diaria de seis reales cada soldado, para evitar a los vecinos los problemas que siempre provocaba aposentar militares en casas particulares (robos, abusos, estupros, etc.). Los comisarios encargados de recoger el dinero necesario para costear el aposentamiento y correr con los gastos serían los citados don José Vázquez Quevedo y don José de Barreda Calderón.[23]

Recibo de dos sacas de mil reales cada una del Pósito a favor de don José Vázquez Quevedo, para la paga de los soldados. Huéscar, 26 y 30 de julio de 1679. A.H.M.H. 9-XVII-78.

Recibí del señor Gregorio Portillo, depositario del caudal del Pósito de esta ciudad, mil reales, los cuales se toman prestados para pagar los soldados de a caballo que en esta ciudad asisten de orden del señor don Alonso de Herrera, juez pesquisidor para bandidos, y los recibo en virtud de comisión de esta ciudad y como diputado para ello, y firmé en Huéscar en 26 de julio de 1679 años.

Vale 1000 reales. José Vázquez (rúbrica).

Más recibí otros mil reales para dicho efecto, y lo firmé en Huéscar en 30 de julio de 1679 años.

Vale 1000 reales. José Vázquez (rúbrica).

Las dos tropas, con un total de 60 soldados, entraron en Huéscar el 23 de abril de 1679. Al mando estaba el cabo Pedro Grageras, ayudante del comisario general, acompañado del alférez Miguel de Senosiáin, de la compañía de don Carlos de Gante, y los furrieles Francisco Marida y Andrés Vidal, de la compañía de don Tomás de los Cobos y Luna, capitán de caballos y corazas.

De la labor y las peripecias de estos soldados en su lucha contra el bandidaje no sabemos prácticamente nada porque no conocemos los autos del proceso incoado, si es que lo hubo, ni narración alguna de los hechos, tan sólo que permanecieron en Huéscar 109 días y medio, hasta el 16 de agosto de 1679 en que partieron de regreso a Murcia, y que pagar los 42814,5 reales de su alojamiento y el de sus caballos fue enormemente costoso para la ciudad, que hizo un esfuerzo considerable para evitar a los pobres vecinos más sufrimiento del que ya padecían.

Notificación a don José Vázquez Quevedo acerca de cómo debe pagar a Cristóbal Suárez, recaudador de las centenas del partido de Baza, el dinero correspondiente a Huéscar. Baza, 2 de abril de 1680.A.H.M.H.10-XVII-5

.… este dinero ha de entrar en poder de Cristóbal Suárez, y para que lo reciba ha de preceder el ver al señor don Alonso presentando petición para que Cristóbal Suárez lo reciba, porque de otra forma es como si no se hiciera la paga. Y para esto es menester venga persona con poder de esa ciudad y mencionando en él cómo lo así cobrado ahora de los contribuyentes en dicha moneda salta, y esto ha de ser cuanto antes porque a 17 de este se cumplen los 60 días que su majestad tiene concedidos.
Yo estoy siempre para servir a vuestra merced, a quien Nuestro Señor guarde muchos años. Baza, abril 2 de 1680. Besa las manos de vuestra merced S.M.S.B.

Manuel García Villa [roto] (rúbrica).
Señor don José Vázquez Quevedo.

Entre la escasa documentación que el Archivo Histórico Municipal de Huéscar conserva acerca de esta pesquisa, apenas se menciona al encargado de llevarla a cabo, don Alonso de Herrera y del Águila. No han quedado cuadernos de cuentas, suministros o partes de sus actuaciones y del desarrollo de los acontecimientos. No han quedado referencias a cómo combatió el bandidaje, tan sólo unas modestas notas relativas a su paso por esta zona del reino de Granada.

Registro de una libranza para el pago de la pesquisa de Alonso de Herrera contra bandidos. AHMH. Libro de Propios del año 1679.

Gasto del señor don Alonso de Herrera.

Item da en data trescientos y setenta y cuatro reales, que valen doce mil seiscientos y noventa y seis maravedíes, que por libranza consta se gastaron en la venida del señor don Alonso de Herrera a esta ciudad con la pesquisa. 12.696.

Debemos imaginarnos que los vecinos se echarían las manos a la cabeza cuando se enterasen de que venían nada menos que 60 soldados, dado que, como es conocido, las prebendas y las ventajas de la vida militar hacían que muchas veces fuesen peores los militares que los huidos de la Justicia. Respecto de los “agraciados” con alojar en su casa a algunos de ellos, el enfado debió ser aún mayor, porque la cosa era lo más parecido a meter el mal en el techo propio: esposas, hermanas o hijas amancilladas, glotonería desmesurada, inclinación notable al vino, altercados nocturnos y otras sorpresas podía deparar el alojamiento de este tipo de gente en las casas de los pobres vecinos.

4. La gestión económica de la pesquisa

La Administración de la España de los Austrias era muy lenta pero también muy pertinaz, y aunque con retraso, con la falta de recursos que sufría su desbocada Hacienda no escatimaba en atacar allí donde pudiera sacar algún dinero. Y eso tuvo que sufrirlo don José Vázquez Quevedo muchos años después de marcharse a Murcia los soldados del cabo Grageras.

La idea de aposentar a los soldados en los mesones a cambio de una paga diaria era una buena idea, pero iba contra las órdenes que disponían el pago por parte de los vecinos de alojamiento, cuartel, luz, aceite, vinagre, mesa, manteles y cama. Los comisarios encargados del asunto habían costeado todos los gastos de soldadas, leña, paja y cebada mezclando dinero de préstamos con el sacado de las rentas reales y otras partidas, cosa que no gustó a los contadores que revisaron las cuentas para darles el visto bueno.[24]

De este modo, el año 1700 el Tribunal Mayor de Cuentas ordena que los comisarios a quienes se asignó la ardua tarea del aposentamiento de los soldados presenten la cuenta del dinero que recibieron y gastaron en ese tiempo. Don José de Barreda Calderón ya no vivía para entonces, y parece que poco sabían del tema su hija y heredera, doña Salvadora Barreda, monja en el convento oscense de la Madre de Dios, y el depositario de sus bienes, don Domingo Díaz de Corvera. Se les comunicó oportunamente la Real Provisión para dar cuenta, pero no sabemos que la presentasen. Sí la presentó por ambos comisarios don José Vázquez Quevedo, que aún vivía y conservaba el libro de cuentas de lo que él y su fallecido compañero habían gestionado veintiún años atrás.[25]

Recibida la orden de dar cuenta, Vázquez redacta con fecha 28 de agosto de 1700 un primer ajuste de cuentas, acompañado por un escrito del escribano del cabildo, Bernabé de Atienza y Godoy, en el que defiende a Vázquez afirmando que “(...) de todas las cosas que la ciudad le encargó ha dado y dio buena cuenta, con mucha rectitud y legalidad, mirando por el bien público y alivio de los vecinos (...)”. Sin embargo, con fecha 18 de septiembre es rechazada por no estar dada con la pena del tres tanto. Se le dan 30 días de plazo para presentarlas en forma, pero el afectado pide 50 días más porque no ha tenido tiempo de reunir los documentos necesarios, además de que Madrid dista de Huéscar más de setenta leguas y necesita tiempo para desplazarse a la corte. Se le conceden 30 días como último término. Posteriormente serían presentados tres ajustes generales de cuentas diferentes, con fechas 5 y 8 de octubre y 12 de septiembre de 1700, más las partidas de dinero entregadas a los furrieles, con fecha 2 de diciembre de 1701, junto con todos los recibos originales de entrega de cebada para los caballos.

Finalmente, el 26 de abril de 1702 los contadores resolvieron positivamente el expediente, al comprobar que las cuentas presentadas cuadraban exactamente gastos e ingresos; a pesar de que en su día había sido claramente ordenado el alojamiento de los soldados en las viviendas de los vecinos y el coste por los mismos de luz, aceite, vinagre, mesa, manteles y cama, la demostrada honradez de los comisarios a la hora de gestionar el dinero recibido y anotar las diferentes partidas de ingresos y gastos sirvió para que la Real Hacienda no reclamase el pago de dinero alguno.

A continuación se expresan:

Los diferentes ajustes de cuentas que constan en el expediente incoado en la Contaduría Mayor de Cuentas entre los años 1700 y 1702.

I. Cuentas que presenta don José Vázquez Quevedo de lo que entró en su poder y de don José de Barreda Calderón para la lucha contra los bandidos el año de 1679, y de las pagas que se hicieron a los soldados. Huéscar, 28 de agosto de 1700.

Cargo (ingresos):

-13906 reales (r) de Domingo Navarro, fiel nombrado para percibir los cuatro unos por ciento el año 1679.

-1274 r de Salvador Lucas, fiel de centenas el año 1678.

-Total: 15180 r.

Data (gastos):

-16507,5 r por 465 fanegas (f) de cebada para sesenta caballos, con gasto de paja y leña, a razón de 35,5 r cada una, más los portes de las fanegas traídas desde Baza.

-El descargo es de -1327 r, que se pidieron prestados.

-10366 r deben ser considerados descargo de Cristóbal Suárez, depositario de centenas de Baza, porque se le entregaron allí para el gasto de los caballos y no tener que llevar el dinero a Huéscar y luego a Baza.

-26307 r de las pagas a los soldados se tomaron prestados 11650 r a don Juan Bautista Rato, y los demás se repartieron a Puebla de Don Fadrique, Orce, Galera y Cúllar. Sesenta soldados a 6 r durante 109,5 días, a 391 r, con el ayudante a 25 r y los dos alféreces y furriel a 12 r.

-Total: 42814,5 r.

II. Cuentas que presenta don José Vázquez Quevedo de lo que entró en su poder y de don José de Barreda Calderón para la lucha contra los bandidos el año de 1679, y de las pagas que se hicieron a los soldados. Huéscar, 5 de octubre de 1700.

Cargo:

-13906 r de Domingo Navarro, fiel para percibir los cuatro unos por ciento el año 1679.

-1274 r de Salvador Lucas, fiel de centenas el año 1678.

-Total: 15180 r.

Data:

-8337,5 r de 333,5 f de cebada, a 25 r cada una.

-1930,5 r de 71 f de cebada, a 27 r.

-1860 r de 60 f compradas en Baza, a 26 r y 5 r de porte.

-686,5 r de leña gastada así: 131 r de 4 carretadas a dos ducados; 6 cargas a 4,5 r; 4 cargas a 4 r; 555,5 r de 101 días a 5,5 r desde el 8 de mayo al 16 de agosto.

-3442,5 r de paja: 662 r de 12 carretadas a 55 r, hasta el 5 de mayo. Desde el 6 de mayo 2781 r a 27 r el día, a 103 días concertados con los furrieles.

Total: 16257 r.

Hay un alcance de 1077 r que la ciudad pagó pidiéndolos prestados.

-Los 15180 r de las centenas se entregaron en Baza a Cristóbal Suárez como depositario, por lo que es gasto de su cuenta 10366 r contenidos en la Real Provisión (no tenemos el texto de la misma).

-Los 26557 r de las pagas de soldados fueron prestados, 11907 r de don Juan Bautista Rato, y 14650 r que dieron Puebla de Don Fadrique, Orce, Galera y Cúllar.

III. Cuenta que da don José Vázquez Quevedo de diferentes partidas del dinero gastado en los soldados que lucharon contra los bandidos en 1679. Huéscar, 8 de octubre de 1700.

-Se tomaron de Domingo Navarro, fiel de los cuatro unos por ciento, 5508 r de 220 fs y 4 celemines de cebada, a 25 r.

-Se trajeron de Baza 60 f de cebada, a 27 r y 4 r de porte. (1860 r).

-De las cuentas de Alejandro Vázquez, patrón del patronato que fundó el licenciado Melchor Sánchez de Mora para casar doncellas de su linaje, consta se pagó a Cristóbal Fernández 360 r en 12 f de cebada a 30 r.

-De las cuentas de Salvador Lucas, mayordomo de propios el año 1679, se hizo cargo en ellas de 18 f de cebada procedentes de las suertes de la ciudad, entregadas a Francisco Jorquera, escribano de cabildo, por cuenta de su salario y propinas, a 25 r.

-Por la cuenta de Alejandro Vázquez, se vendieron a Juan de Alcolea, mesonero, 14 f de cebada a 25 r.

-En cabildo de 26 de abril de 1679 se puso precio de 68 r y 28 maravedís a cada fanega de trigo del Pósito que se deshiciese en pan cocido.

-Se pagaron doce carretadas de paja a 55 r, total 660 r, desde el 23 de abril al 5 de mayo. Y desde el 6 de mayo se dio a los soldados 27 r al día, total 2781 r, y total 3441 r.

-Hasta el 8 de mayo se compraron 4 carretadas de leña de carrasca a 22 r, más 6 cargas a 4,5 r y 4 cargas a 4 r, total 131 r.

-Desde el 8 de mayo hasta el 16 de agosto se dio a los soldados 5,5 r por día de leña, total 101 días, 555,5 r. Total de leña 686,5 r, total paja y leña 4129 r.

IV. Cuenta que Bernabé de Atienza y Godoy, escribano del cabildo de Huéscar, da del dinero que entró en manos de don José Vázquez Quevedo y don José de Barreda Calderón para el alojamiento de los soldados que lucharon contra los bandidos en 1679, y del gasto que se hizo de ellos. Huéscar, 12 de septiembre de 1701.

Se sacaron estas cantidades:

-13906 r de Domingo Navarro, fiel de los cuatro unos por ciento el año 1679.

-1274 r de Salvador Lucas, fiel de centenas el año 1678.

-1077,5 r del efecto de milicias. (Dinero no contabilizado por Vázquez por no proceder de ninguna renta real).

Todo se distribuyó en comprar:

-465 f de cebada, 333,5 a 25 r, 71,5 f a 27 r, y 60 f traídas de Baza a 31 r (5 de porte), total 12128 r.

-4129 r, de ellos 3441 de 12 carretadas de paja a 55 r para trece días (23-4; 5-V), total 660 r.

-2781 r de paja de 103 días (6 de mayo a 16 de agosto), a 27 r día. Total en paja 3441 r.

-688,5 r de leña. Hasta el 8 de mayo 4 carretadas y diez cargas, a 22 r la carretada y 4,5 la carga, total 133 r. Desde el 8 de mayo al 16 de agosto, 5,5 r de leña al día, total 555,5 r. Total paja y leña 4129, más 12128 de cebada, que hacen 16257,5 r, por lo que no hay alcance.

-Los sesenta soldados importaron a 6 r 391 r al día, por 109,5 días 42814,5 r. De este dinero, 16257,5 se gastaron en cebada, paja y leña, y los demás 26557 se pagaron en dinero a los furrieles, 14650 dados por los concejos de Puebla de Don Fadrique, Orce, Galera y Cúllar, y 11899 prestados por Juan Bautista Rato, genovés, devueltos de los Propios.

V. Recibos dados en las diferentes entregas de cebada a los furrieles en 1679.

-Alférez Miguel de Senosiáin: 71 f el 10 de mayo.

-Furriel Francisco Marida: 228,5 f entre el 25 de abril y el 27 de junio. Recibo de fecha 1 de julio de 1679.

-Furriel Andrés Vidal: 16,5 f el 6 de julio; 15 f, el 14 de julio; 17,5 f, el 18 de julio; 12,5 f, el 22 de julio; 13 f, el 26 de julio; 26,5 f el 30 de julio; 8,5 f, el 1 de agosto; 17 f, el 6 de agosto; 11,5 f, el 7 de agosto; 2 f, el 10 de agosto; 12 f, el 12 de agosto, y 8,5 f, el 15 de agosto.

-Francisco Moyano (desconocemos quién era): 4,5 f, el 30 de julio.

VI. Cantidades de dinero que los comisarios don José Vázquez Quevedo y don José de Barreda Calderón entregaron a los furrieles el año 1679, con las fechas correspondientes. Huéscar, 2 de diciembre de 1701.

-A Francisco Marida: 30 de abril, 1416 r. 1 de mayo, 1392 r. 4 de mayo, 1716 r. 8 de mayo, 1516 r. 10 de mayo, 510 r. 12 de mayo, 836 r. 16 de mayo, 836 r. 20 de mayo, 836 r. 24 de mayo, 966 r. 28 de mayo, 966 r. 1 de junio, 866 r. 4 de junio, 1601,5 r. 17 de junio, 672 r. 19 de junio, 911 r. 22 de junio, 649,5 r. 28 de junio, 1299 r. 2 de julio, 766 r.

-A don Andrés Vidal: 6 de julio, 866 r. 6 de julio, 425 r. 10 de julio, 966 r. 14 de julio, 966 r. 19 de julio, 240 r. 23 de julio, 1788 r. 23 de julio, 54 r. 26 de julio, 390 r. 30 de julio, 280 r. 2 de agosto, 108 r. 2 de agosto, 129 r. 6 de agosto, 230 r. 6 de agosto, 264 r. 7 de agosto, 534 r. 10 de agosto, 510 r. 13 de agosto, 154 r. 13 de agosto, 180 r. 15 de agosto, 682 r. 15 de agosto, 36 r.

Total 26557 r dados sin recibo por no estar sacados de bolsas reales.

Apéndice documental

Documento 1. El cabildo municipal de Huéscar acuerda pedir dinero prestado a la Iglesia y al convento de la Madre de Dios, con el que pagar el grano que se está comprando para el abasto del Pósito, y autoriza la celebración de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario.

Archivo Histórico Municipal de Huéscar. Libro de actas capitulares, años 1673-1678, folios 269 r-271 r. Sesión del 30 de agosto de 1678.

En la ciudad de Huéscar en treinta días del mes de agosto de mil y seiscientos y setenta y ocho años, estando juntos por ciudad y en nombre de ella como lo acostumbran el señor licenciado don Pedro Olivares, gobernador y justicia mayor, y los señores don Alfonso Muñoz, don Pedro Toral, don Juan Bautista Rato, don Diego Ruiz, José Vázquez, Gabriel López, don José Muñoz, don Bartolomé Muñoz, Baltasar Ruiz, regidores, y don Juan de Buendía, procurador síndico, acordaron lo siguiente:

En este cabildo el señor gobernador significó a la ciudad que el corto caudal con que el Pósito se halla de presente no basta para satisfacer y pagar a los vecinos y labradores las cantidades de trigo que por la ciudad se les ha repartido, y que por su mucha pobreza y corta cosecha sienten esperar la cobranza por los tercios del año como la ciudad tiene acordado que se pague, y que sobre ello se le han dado y representado diferentes quejas, y en casi todos los labradores y vecinos, por los informes que le han hecho de su corto posible y ningunos medios para este suplemento, ha reconocido ser muy justificadas, y que algunos con la deferencia de la paga huyen de cumplir y pagar su repartimiento, y que no lo hicieran si su dinero lo hallaran pronto para buscar en otra parte el pan que se les reparte o comprar centeno o cebada con que suplir lo que se les precisa pagar, todo lo cual es de grande inconveniente y embarazo para lograr la ciudad la provisión que está haciendo y espera hacer, y así le suplica que para facilitarla y que se haga con gusto y sin queja de los vecinos, repare todo lo referido y sobre ello discurra los medios que puedan aliviar tanto inconveniente, pasando por esta vez [sin ser sano][26] fuere a buscar dinero prestado con intereses o de la forma que se pudiere hallar, que tiene por cierto que con el dinero en la mano se conseguirá sin queja ni daño de los vecinos la provisión que tanto importa hacer en el tiempo presente por la mala consecuencia que se puede seguir de no hacerla muy luego, por las noticias que hay del demasiado valor que el pan va tomando en todos estos contornos, y entendida esta proposición por la ciudad y habiendo discurrido sobre ella y su justificación lo conveniente, proveyendo de remedio para el mejor logro de la provisión se acuerda que el señor gobernador y el señor don Juan Bautista Rato, a quienes para ello se les da comisión, soliciten con la Iglesia y el convento de monjas de Madre de Dios, que se tiene noticia tienen dinero pronto que dar a censo, y con las demás personas que tuvieren noticia lo tienen, lo presten o den con el interés de cinco por ciento al Pósito para la cómpreda de trigo que se está haciendo, por tiempo de un año, haciendo para seguridad de las personas que así lo dieren y prestaren los seguros necesarios, y todos los aprobará esta ciudad, y de las obligaciones que en esta razón hicieren por ciudad y por particulares se obligan a sacarlos a paz y a salvo de tal manera que las obligaciones que hicieren se entienda ser la misma así por ciudad como por particulares, y a la paga de todo se obligan en forma y a esta ciudad sus Propios y rentas y al caudal del dicho Pósito, renunciando cualquiera excusión que por derecho se conceda, por ser su ánimo y voluntad de obligarse y quedar obligados de mancomún desde ahora para cuando llegue el caso de tomar el dicho dinero prestado o con intereses, y en la conformidad referida los dichos gobernador y señor don Juan Bautista Rato aceptaron la dicha comisión y en ella ofrecieron servir a la ciudad.

En este cabildo el señor gobernador significó a la ciudad que por parte de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario se ha dado recado para la ciudad en que le hace saber cómo para celebrar la fiesta de Nuestra Señora tiene acordado hacer algunas fiestas de regocijos y entre ellos un juego de toros que sin licencia de la ciudad no pasará a ejecutar su resolución, y así le suplica la dé para que a Nuestra Señora se haga este servicio y por su intercesión nos alcance de su precioso hijo, mejore los tiempos y remedie las aflicciones y necesidades que de presente se padecen, que si la ciudad toma resolución para que a dicha cofradía se dé respuesta al recado que ha hecho, y entendida la ciudad de lo referido acuerda se estime a la cofradía el celo y servicio de Nuestra Señora, que para que se continúe se da licencia para dichos regocijos, y así mismo se acuerda para que la ciudad asista con la solemnidad que acostumbra que el mayordomo prevenga la clavazón necesaria para dicho regocijo y se encarga al señor don Pedro Toral reconozca el balcón donde la ciudad acostumbra ver estas fiestas y haga hacer el reparo de que necesitare y de todo lo que se gastare se despache libranza.

Documento 2. Acuerdo del cabildo municipal de Huéscar para celebrar un novenario en honor de las Santas Alodía y Nunilón en el que implorar las lluvias.

Archivo Histórico Municipal de Huéscar. Libro de actas capitulares, años 1673-1679, folios 255 v-256 r. Sesión del 23 de mayo de 1678.

En este cabildo el señor gobernador dijo así mismo que por los grandes soles que ha hecho y hace se halla la tierra con conocida necesidad de agua, de que se hallan los vecinos con gran sentimiento por tener a la vista los mayores panes que en esta tierra por este tiempo se han conocido, y atendiendo a la necesidad pública y a lo mucho que importará que con las oraciones públicas Su Divina Majestad se digne de enviar el rocío de que tanto se necesita, suplica a la ciudad que sobre esta materia discurra con la piedad que acostumbra y pide la necesidad que se padece, resolviéndose para conseguir el remedio de ella, se ha de pedir a la iglesia se haga novenario de misas a Nuestra Señora o si convendrá hacerlo y que se traigan para ello las Santas Mártires, patronas de esta ciudad, y habiéndose discurrido esta proposición se votó y por la mayor parte de los caballeros capitulares se ha acordado se pida a la Iglesia se haga un novenario a las Santas y que para ello se traigan a esta ciudad con la solemnidad que siempre se ha acostumbrado y con más si más se puede adelantar para que Ella mediante sean intercesoras con Su Divina Majestad para que remedie la necesidad que se padece, y para que desde luego todo lo referido tenga cumplido efecto se acuerda que los caballeros diputados del mes den recado de parte de la ciudad al señor visitador y vicario de esta ciudad para que junte la Iglesia, y junta de parte de la ciudad le den el mismo en la forma que siempre se ha hecho, y que para traer las Santas los caballeros a quien por turno tocan se prevengan, y para el [...][27]

Documento 3. Acuerdo del cabildo municipal de Huéscar para continuar las oraciones a las Santas Alodía y Nunilón en el convento de la Madre de Dios, y hacer rogativas al Santo Cristo de Santiago en la iglesia mayor.

Archivo Histórico Municipal de Huéscar. Libro de actas capitulares, años 1673-1679, folios 257 r-259 r. Sesión de 4 de junio de 1678.

En la ciudad de Huéscar en cuatro días del mes de junio de mil y seiscientos y setenta y ocho años, estando juntos por ciudad y en nombre de ella como lo acostumbran el señor licenciado don Pedro Olivares, gobernador y justicia mayor, y los señores don Alfonso Muñoz, don Pedro Toral, don Bartolomé Muñoz, don José Barreda, Miguel Jiménez, don Sebastián Muñoz, don Diego Ruiz y José Vázquez, regidores, acordaron lo siguiente: en este cabildo se ha conferido sobre que habiéndose a petición de esta ciudad traído las Santas Mártires, sus patronas, y hécholes su novenario de misas como siempre se ha acostumbrado por la necesidad del agua, el cual hoy se ha fenecido y acabado, y para que las Santas gloriosas se vuelvan a su casa y ermita con la decencia y veneración que se debe, después de la procesión general que mañana se ha de hacer, se acuerda queden depositadas en la iglesia del convento de Madre de Dios de esta ciudad, y por cuanto nuestros muchos pecados Su Divina Majestad, sin embargo de la intercesión de las Santas gloriosas, no se ha dignado de socorrer y remediar la necesidad que se padece, confiando como fieles y verdaderos cristianos en su misericordia y bondad infinita, conviene instar en la petición que se ha comenzado a hacer, para que su ira se aplaque, valernos de la intercesión de su Hijo Santísimo, se acuerda que por tiempo y espacio de tres días, que son los que quedan hasta el miércoles, víspera del Corpus, se pida a la Iglesia continúe sus oraciones y depositadas que sean las dichas Santas gloriosas en el dicho convento, en la misma procesión se traiga al Santo Cristo que está en la parroquia del Señor Santiago, y que en dichos tres días se le digan nueve misas, tres por la Iglesia y tres por cada uno de los conventos de esta ciudad, y que para ello los caballeros diputados a quien toca den recado al señor vicario y visitador para que junte a la Iglesia, y a la Iglesia para que venga en la súplica que la ciudad hace por consuelo del pueblo y remedio de la necesidad pública, y así resuelto se acuerda así mismo que traído que sea a la iglesia el Santo Cristo se continúe en poner las lámparas y cera según y en la forma que se ha puesto y hecho en el novenario hecho a las gloriosas Santas, y que todos los caballeros regidores asistan a las dichas misas y dos de los dichos caballeros regidores a recibir las comunidades al tiempo y hora que vengan a dicha hora decir sus misas, y que por los tres días desde la hora que se trajere el Santo Cristo se pida así mismo a la Iglesia que por horas desde el señor vicario hasta los beneficiados se vele al Santo Cristo y que para ello con cada uno de dichos señores asistirá el señor gobernador y caballeros regidores, y que al fin de dichos tres días se vuelva a su casa y capilla el Santo Cristo en procesión general para la cual y para la que se ha de hacer mañana se convoque el pueblo y los porteros lo hagan saber a los veedores de los oficios para que se saquen los pendones. (...)

Documento 4. Acuerdo del cabildo municipal de Huéscar para conjurar y quemar la langosta en el campo de Bugéjar.

Archivo Histórico Municipal de Huéscar. Libro de actas capitulares, años 1679-1687, folio 14 v. Sesión del 14 de junio de 1679.

En la ciudad de Huéscar en catorce días del mes de junio de mil y seiscientos y setenta y nueve años, estando juntos por ciudad y en nombre de ella el señor licenciado don Pedro Olivares, gobernador y justicia mayor, y los señores don Blas de Baena, don Pedro Toral, José Vázquez, don José Muñoz, don Miguel de Molina y José de Toral, regidores, estando así juntos acordaron lo siguiente:

En este cabildo se discurrió sobre que por nuestros pecados se han reconocido en el campo de Bugéjar considerables manchas de langosta, que comenzando a volar pueden hacer notable daño en las mieses que de presente hay en el término de esta ciudad, y por lo mucho que importa consumirla para que se [...][28] el daño que amenaza, se acuerda que se ruegue al licenciado Juan de Robles, presbítero vecino de esta ciudad, en quien se ha conocido particular gracia para conjurarla, salga a hacerlo con la mayor devoción que pueda, y para que le asista en esta función se nombra por comisario al señor don Pedro Toral, y para que a este mismo tiempo se ayude a la consunción por todos los medios posibles, se acuerda así mismo que salgan los señores don Miguel de Molina, Baltasar Ruiz, José de Toral y que lleven consigo cuatro carros y hasta cien hombres para que se queme toda la que se pudiere quemar, y siendo necesario para que con efecto más bien se consuma, convocar a los vecinos del lugar de la Puebla, de esta jurisdicción, desde ahora para cuando lo referido se reconozca se haga despacho para que dos regidores del dicho lugar bajen con otros cien hombres a ayudar a esta operación, respecto de seguirse a todos conocida utilidad en su mejor logro, y para que a los vecinos que en lo referido se han de ocupar tengan algún socorro, se acuerda se saque de Propios para ahora y hasta tanto que se reparte lo necesario a disposición de dichos caballeros, con cuyo papel el mayordomo de Propios lo pague, y firmaron conforme al estilo.

Documento 5. Acuerdo del cabildo municipal de Huéscar para hacer rogativas pidiendo el cese de la plaga de langosta y la llegada de las lluvias.

Archivo Histórico Municipal de Huéscar. Libro de actas capitulares, años 1679-1687, folios 19 v-20 r. Sesión del 16 de junio de 1679.

En la ciudad de Huéscar en diez y seis días del mes de junio de mil y seiscientos y setenta y nueve años, estando juntos por ciudad y en nombre de ella el señor licenciado don Pedro Olivares, gobernador y justicia mayor, y los señores don Juan Bautista Rato, don Blas de Baena, Antonio Arnao, José Vázquez, Baltasar Ruiz, regidores, y Juan de Viana, procurador síndico, acordaron lo siguiente:

En este cabildo se confirió sobre que los panes, con la continuación de los inmoderados hielos, se hallan muy tardíos y a esta causa con necesidad de agua, y aunque Su Divina Majestad, por intercesión de Nuestra Señora de la Victoria en el novenario de misas que se le ha hecho, fue servido de enviarnos alguna, todavía por la dicha ocasión necesita de más la tierra y el pueblo la pide y que se continúen las intercesiones con Nuestro Señor para que se remedie la aflicción y necesidad como también la plaga de la langosta que por nuestros pecados se ha reconocido en este término, y atendiendo la ciudad al consuelo del pueblo acuerda que el domingo después de haber dejado la imagen de Nuestra Señora de la Victoria en su casa y ermita, se traiga en procesión al Santísimo Cristo de Señor Santiago de la iglesia de Señora Santa María, y que en ella se le diga otro novenario de misas por las iglesias y los conventos a quienes para lo referido y al señor visitador se haga recado por la ciudad y que así mismo se hable a las hermandades para que acudan con la cera como se acostumbra en semejantes novenarios, y para lo referido se nombran por comisarios a los señores don Blas de Baena y Baltasar Ruiz. Se acuerda así mismo que por ciudad se dé la bienvenida al señor don Luis Portocarrero, cardenal arzobispo de Toledo, y que se le represente el gran juicio, cristiano celo y muchas prendas del señor doctor don Francisco de Yepes, vicario y visitador de esta ciudad, en el servicio de esta vicaría, y que se le suplique premie con mayores conveniencias por haberlo así suplicado a la ciudad, y lo firmaron conforme al estilo.

Notas

[1] Archivo Histórico Municipal de Huéscar (AHMH). Actas capitulares (1673-1679), f. 91 r. 22 de abril de 1676.

[2] Ibídem, f. 146 v. Real Provisión de fecha Madrid, 8 de junio de 1673.

[3] Ibídem, f. 162 r. 17 de marzo de 1677.

[4] Ibídem, f. 187 y ss. Año 1677.

[5] Ibídem, f. 193 r. 7 de junio de 1677.

[6] Ibídem, f. 181 r. 27 de mayo de 1677.

[7] Ibídem, f. 210 r. 9 de julio de 1677.

[8] Ibídem, f. 230 v. 26 de octubre de 1677.

[9] Ibídem, f. 264 r-267 v. 9 de agosto de 1678.

[10] Ibídem, f. 284 v. 30 de diciembre de 1678.

[11] Ibídem, f. 254 v. 23 de mayo de 1678.

[12] Ibídem, f. 269 r. 30 de agosto de 1678.

[13]AHMH. Actas capitulares (1679-1687), f. 10 v. 26 de abril de 1679.

[14] Ibídem, f. 19 v-20 r. 16 de junio de 1679.

[15] AHMH. Actas capitulares (1673-1679), f. 259 r-260 v. 8 de junio de 1678.

[16] Ibídem, f. 278 r-279 r. 19 de octubre de 1678.

[17] AHMH. Actas capitulares (1679-1687), f. 11 v-13 r. 10 de mayo de 1679.

[18] Ibídem, f. 25 r-26 r. 18 de julio de 1679.

[19] Ibídem, f. 18 v. 14 de junio de 1679.

[20] Ibídem, f. 5 r. 6 de abril de 1679.

[21] Ibídem, f. 7 r-8v. 12 de abril de 1679.

[22] Ibídem, f. 9 r. 21 de abril de 1679.

[23] Archivo General de Simancas. Tribunal Mayor de Cuentas, legajo 853. Todo lo relativo a los gastos e ingresos y detalles de la estancia de los soldados está en este expediente. No será necesario en adelante la referencia a esta pieza.

[24] Ibídem.

[25] No se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Huéscar el libro de registro que José Vázquez Quevedo y José de Barreda Calderón elaboraron para gestionar el aposentamiento de los soldados.

[26] Ponemos entre corchetes estas palabras porque no hemos conseguido hacer una lectura segura de la expresión, a pesar de que la escritura es perfectamente visible y el papel está bien conservado. Proponemos una posible lectura atendiendo al contenido del texto, cuya enrevesada redacción dificulta aún más darle sentido a esas palabras.

[27] El acuerdo finaliza repentinamente aquí, sin acabar de redactarse, y en la página siguiente comienza otro asunto, con otra caligrafía. Según la numeración de las páginas no faltan folios en el libro.

[28] Falta aquí una palabra que el escribano debió olvidar en un despiste en el momento de redactar el acta.

El autor

-Licenciado en Historia por la Universidad de Granada (1999-2004)

-Beca de prácticas de archivística en el Archivo de la Alhambra (marzo-septiembre de 2004)

-Proyecto de la Fundación Caja Madrid para la Catalogación de la Sección Registro General del Sello del Archivo General de Simancas, 1500-1520 (noviembre de 2006-septiembre de 2008).

-Miembro del Centro de Estudios "Pedro Suárez" de Guadix.

-Profesor de Enseñanza Secundaria.

PUBLICACIONES

Libro

Antología de un poeta olvidado. Bruno Portillo y Portillo (1855-1935), Huéscar, Fundación Colegio Nuestra Señora del Carmen y Fundación Portillo, 2012.

Artículos

“Apuntes históricos acerca de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, de Huéscar”, en Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez», Guadix (Granada), año XVII, nº 17 (2004).

“Seis documentos del Archivo Histórico Municipal de Huéscar (Granada) del siglo XVI”, en Alonso Cano, revista andaluza de arte, nº 5 (1º trimestre de 2005).

“Recuerdo de un literato granadino en el 150 aniversario de su nacimiento. Bruno Portillo y Portillo (1855-1935)”, en Alonso Cano, revista andaluza de arte, nº 6 (1º trimestre de 2005).

“Los festejos taurinos de la Alhambra. Un estudio de historia de la tauromaquia en la ciudad de Granada”, en Alonso Cano, revista andaluza de arte, nº 7 (2º trimestre de 2005). Este artículo puede encontrarse, junto a los dos anteriores en www.alonsocano.tk.

“Una fundación cofrade en el contexto religioso de Huéscar en el siglo XVII. La hermandad de San José (1632)”, en Campesinos, nobles y mercaderes. Huéscar y el Reino de Granada en los siglos XVI y XVII, Huéscar, 2005 (actas del congreso celebrado en Huéscar (Granada) los días 8 a 10 de octubre de 2004).

“La construcción del convento e iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Huéscar (Granada)”, en Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez», Guadix (Granada), año XVIII, nº 18 (2005).

“La fundación de las procesiones del Santo Entierro y Resurrección en la ciudad de Huéscar (Granada). Año 1658”, en Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez», Guadix (Granada), año XIX, nº 19 (2006).

“Censura inquisitorial en Huéscar en las postrimerías del siglo XVIII. El sumario de indulgencias de la Orden Tercera de Nuestra Señora del Carmen”, en Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez», Guadix (Granada), año XX, nº 20, (2007).

“La villa granadina de Castilléjar a finales del siglo XVI a través de sus ordenanzas municipales”, en las actas del congreso Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de Los Vélez, Instituto de Estudios Almerienses, Almería (2007).

“El convento de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de la ciudad de Huéscar”, en Contemplación. El convento de la Madre de Dios de Huéscar, (catálogo de la exposición de arte sacro celebrada en Huéscar entre mayo y octubre de 2007).

“Pobreza y bandidaje en el altiplano granadino en tiempos de Carlos II. La pesquisa de Alonso de Herrera”, en Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez», Guadix (Granada), año XXV (2012).

Otro trabajo del autor en este sitio

LOS FESTEJOS TAURINOS DE LA ALHAMBRA. UN ESTUDIO DE HISTORIA DE LA TAUROMAQUIA EN LA CIUDAD DE GRANADA (SIGLOS XVI-XIX)

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EL PUNTO DE VISTA O LA REVISIÓN DE DOS VIAJES A EXTREMO ORIENTE: EL HÉRCULES, DE LA COMPAÑÍA GADITANA USTÁRIZ Y SAN GINÉS

maytediez - 31 de octubre de 2010 - 22:32 - Historia Moderna/ Europa y América

María Dolores Herrero Gil

Universidad de Sevilla

Sobre el título^¹

“La aventura del San Francisco de Paula (a) el Hércules no constituye en sí una mera anécdota, sino que tiene, ante todo, el valor de constituir una anticipación (aunque fuese por la vía excepcional de una autorización individualizada del gobernador del archipiélago frente al rechazo del Consulado de Manila) del sistema comercial que terminará estableciendo progresivamente la Real Compañía de Filipinas a partir de 1785”^²

Índice de contenido

I- La importancia de los antecedentes

El comercio con Filipinas en 1779

La compañía “Ustáriz y San Ginés” en 1779

El Hércules en 1779

II- Los proyectos de José de Gálvez y la colaboración de Francisco de Llano San Ginés: Málaga, Annobón, Fernando Poo y... Filipinas

III- Primer viaje a Extremo Oriente de El Hércules. Cádiz, Filipinas, Macao, Acapulco, Guayaquil, Callao (1779- 1782): un proyecto de “Ustáriz, San Ginés y Compañía”

IV- Segundo viaje a Extremo Oriente de El Hércules. Callao, Paita, Macao, San Blas, Callao (1783- 1785): un ardid de los comerciantes de Lima

V- Conclusiones

Anexo I.- Valor de la carga transportada en el viaje del Hércules a Filipinas en 1779
Anexo II.- Financiación de la expedición del Hércules a Filipinas: Cádiz, 1779

TABLAS

Ta b la 1 - Aseguradores del Hércules, viaje de 1779

Tabla 2 - Interesados en la expedición

Tab l a 3 - Liquidación en Macao

Tabl a 4 - Liquidación retorno 1785 a precios de Asia

Tabl a 5 - Valoración con precios de América

Tabl a 6 - Anexo I

Tabla 7 - Anexo II

I- La importancia de los antecedentes

El comercio con Filipinas en 1779

La comunicación entre el puerto de Cavite, en Filipinas, y el de Acapulco, en Nueva España, tuvo sus comienzos en 1565 y se prolongó hasta principios del siglo XIX. Perfectamente regulado, el Galeón de Manila, o Nao de la China, llegaba en diciembre a su destino después de una travesía de cuatro o cinco meses. El regreso comenzaba en marzo para alcanzar en julio las islas. Tras la promulgación del Reglamento de Comercio Libre, y por iniciativa de poderosos comerciantes gaditanos, tal vez alentados por el secretario de Estado y ministro de Indias José de Gálvez^³, se intentaría establecer un nuevo y más rápido circuito a través del cabo de Buena Esperanza.

El 15 de enero de 1779 la compañía “Ustáriz y San Ginés” exponía al monarca que se encontraba “trazando un proyecto” de comercio directo a las islas Filipinas, Indias Orientales y costas de África por la ruta que desde 1765 utilizaban los navíos de la Real Armada. Conociendo los promotores el fracaso de tentativas similares, que no llegaron a materializarse efectivamente, enfrentaban a su temor una resolución decidida y manifestaban la necesidad de dar destino adecuado a sus embarcaciones, proponiendo, en tanto maduraban su idea, realizar un ensayo con dos navíos, uno en el mismo año de 1779 y otro en el inmediato siguiente. Exigían que, además de cumplirse la reciente normativa de 12 de octubre de 1778, se les concediesen algunas gracias especiales que compensasen las dificultades a las que deberían enfrentarse^⁴.

Quince días antes de redactarse el anterior escrito se habían fechado en Cantón las Reflexiones de un comisionado en Asia de los Cinco Gremios Mayores de Madrid sobre un meditado establecimiento de comercio directo con Filipinas^⁵. Indicaba que dicho informe era consecuencia del ofrecimiento efectuado en una carta anterior y de la obligación en que se había constituido. Por tanto, puesto que se alude explícitamente a comunicados previos, puesto que se hace referencia a la utilización del puerto gaditano y puesto que venía de antiguo la íntima relación en el mismo de ambas compañías, es posible que los socios de Ustáriz y San Ginés tuvieran noticias de las intenciones que barajaban sus competidores e intentaran anticiparse en la solicitud del novedoso giro, acuciados por las necesidades de la coyuntura. Aunque también resulta plausible que se vieran empujados a ello en el ámbito de otras negociaciones y reconocimientos, entre ellos la concesión del título de conde de Torrealegre a San Ginés en diciembre de 1779, relacionándola con diversos servicios a la Corona^⁶.

El 11 de octubre de 1784 Íñigo de Abad remitía desde El Escorial una copia de dicho escrito de Reflexiones con el nombre de “cuaderno segundo”. Desconocemos la identidad de su destinatario, pero estaba próxima la creación de la Compañía de Filipinas y podía haber muchos interesados en recibirlo^⁷. En cuanto al “cuaderno primero” era fruto de sus propias elucubraciones, y posiblemente ambos fuesen dirigidos al mismo receptor que el de un tercer escrito, enviado desde San Ildefonso el 2 de septiembre del mismo año^⁸. Abad se permitía una breve crítica sobre las exigencias que estimaban necesarias los Cinco Gremios para iniciar el comercio con aquella parte del mundo: “...los 22 artículos de los privilegios que proponen se pidan al rey para establecerlo son ambiciosos, destructivos del comercio en general, y sin otro objeto que el interés particular de su cuerpo, que debe ser inseparable de el de el Estado”^⁹. Nada comparable con las exiguas exigencias de la sociedad de Juan Agustín de Ustáriz y Francisco de Llano San Ginés.

La Real Orden de 21 de febrero de 1779, que aceptaba el ensayo propuesto por dicha Compañía, se iniciaba con una exposición del motivo que la generaba: el deseo del rey de promover el comercio directo desde los puertos de la península con los citados por los solicitantes. Deseo que se fundamentaba, principalmente, en frenar las salidas de las inmensas sumas de dinero que extraían las potencias del norte a través del abastecimiento de los géneros y frutos de Oriente. Seguidamente se tenía en consideración el temor y la desconfianza que inspiraban a los comerciantes lo incómodo y peligroso del viaje y la demora en los retornos, valorando muy positivamente el ofrecimiento de la Casa de Ustáriz y San Ginés, que debería servir de estímulo a expediciones futuras.

Se admitió que la carga de ambos navíos fuese de cuenta de la Compañía, como solicitaban, dejando a su arbitrio la posibilidad de admitir partidas a flete. Se estableció exención de derechos para las sedas, especiería y algodones, excluidas las muselinas.^¹⁰ Se aceptó la propuesta de utilizar las expediciones para transportar a los misioneros de las diferentes órdenes percibiendo 750 pesos fuertes por cada uno de ellos en concepto de pasaje.^¹¹ Se consideró habitual la exigencia de exclusividad en tanto se verificaba el ensayo y, condición de extrema importancia, se les concedió preferencia en el futuro por su calidad de iniciadores. Por último, se les agradecía la propuesta de conducir efectos del rey sin coste alguno para la Real Hacienda y se prevenía al gobernador de Filipinas de que a los interesados no se les pusiera el menor reparo para la ejecución de lo concedido^¹². Recibida la comunicación el 26 de febrero, prepararon la salida inmediata haciendo constar que entendían disponer de libertad de franquicia desde el puerto de Manila a cualquiera del continente asiático, aunque no se especificaba en el Real Decreto. Pretensión que resultó aceptada el 8 de marzo^¹³.

Los antecedentes inmediatos a la propuesta de la Casa “Ustáriz y San Ginés” se remontaban a 1742, cuando Jerónimo de Ustáriz sugería la ruta de Buena Esperanza recogiendo anteriores proyectos. Durante un largo periodo de tiempo se sucedieron ofertas alternativas que intentaban irrumpir en el espacio largamente vedado por el Tratado de Tordesillas y modificar el flujo mercantil español del Pacífico. Proceso que se aceleró a partir de 1764, pues tras la toma de Manila por los ingleses se hacía evidente la necesidad de acometer cambios estructurales^¹⁴.

En el año 1766 Francisco de Aguirre, Lorenzo del Arco y Antonio Rodríguez de Alburquerque habían hecho la oferta de formación de una compañía comercial a Filipinas con navegación directa por el cabo africano, oferta que fue analizada en el Consejo de Indias dentro de la Junta Especial creada para tratar temas relacionados con la mejora de comercio con el archipiélago. Elevada consulta al rey, Arriaga transmitía al marqués de Piedras Albas, Presidente del Consejo, la resolución acordada, fechada el 6 de diciembre de 1769. Recogía varias conformidades, pero especificaba que se entendía todo lo acordado: “...ínterin no determina S. M. el comercio directo desde estos Reynos a aquellas Islas”^¹⁵. Tal determinación tardaría unos años en manifestarse.

Resulta curioso el expediente, al parecer paralelo, seguido por la gaditana firma de Francisco Melgarejo en nombre de Bernardo Van Dahl^¹⁶ y otros sujetos, entre los que aparecen los anteriormente reseñados que, por lo tanto, duplicaban su intento^¹⁷. Bernardo, de ascendencia rusa y vecino y del comercio de Cádiz desde hacía años^¹⁸, propuso en varias ocasiones la posibilidad del comercio directo recibiendo advertencias en cuanto a la necesidad de presentar sólidas firmas españolas que le apoyaran y demandándosele capitales en consonancia al proyecto, en el que aseguraba tener interesados a personajes muy importantes que no querían hacerse “sonar” hasta conocer que contaban con el beneplácito del rey. Debió mostrar tanta insistencia que Arriaga ordenó el 22 de diciembre de 1768 que se repasaran los memoriales de Van Dahl, añadiendo una drástica nota personal: “...que ante todas las cosas presente firmas de casas acreditadas que afiancen sus proyectos, y que sin esta circunstancia excusase él u otro presentar por su mano papelones”.^¹⁹

Durante un tiempo Bernardo se movió en la Corte, argumentando que en 1766 se habían aprobado en Cádiz sus iniciativas y que tenía encargo de Esquilache para desarrollarlas, llegando incluso a reclamar gastos por su estancia y gestiones. La Junta resolvió en su contra considerando la inexistencia de dicho encargo y la falta de afianzamiento por casas acreditadas en el comercio. Además, su calidad de extranjero llevaba a considerar la posibilidad de que operase en nombre de comerciantes holandeses, amén de que resultaba impensable llegase a dirigir una empresa integrada por españoles, por “violenta y poca airosa” situación^²⁰. En diciembre de 1769 se desestimaba en su totalidad el proyecto y se comunicaba al demandante la imposición de perpetuo silencio en el asunto, para evitar la molesta continuación de sus instancias^²¹.

Cuando diez años más tarde se produjo el ofrecimiento de la sólida “Ustáriz y San Ginés” parece que quedaban resueltos los anteriores imponderables: la empresa contaba con una larga trayectoria comercial en la Carrera de Indias, estaba integrada por dos reputados hombres de negocios súbditos de Su Majestad y era sumamente conocida en Cádiz.

Rutas interoceánicas del comercio con Filipinas (Fuente: Exploramex 2.0)

Ruta por el Pacífico del galeón de Manila (Fuente: Asociación Cultural Galeón de Manila)

La compañía “Ustáriz y San Ginés” en 1779

Los Ustáriz asentados en Cádiz durante el siglo XVIII provenían del valle de Vertizana y eran descendientes de Miguel de Ustáriz y Vertiz²², casado con María de Vertiz y Varverena. Se diferenciaban en dos ramas, una de la casa de Reparazea, la otra de la casa de Echandía^²³.

A la primera de ellas pertenecían los hermanos Juan Miguel^²⁴, Juan Bautista, Juan Felipe y Juan Francisco Ustáriz Gaztelu, que formaron compañía mercantil, así como José Joaquín, sacerdote, y otro Juan Miguel, denominado “menor”, que parece se mantenía al margen de las principales actividades del resto^²⁵. En la segunda estaba integrado Juan Agustín Ustáriz Micheo, marqués de Echandía desde 1763, que sería, a partir de 1772, compañero de Francisco de Llano San Ginés. La relación entre ambas ramas familiares se manifiesta muy intensa desde fecha temprana, aunque Juan Agustín solía actuar de forma independiente y al margen de los negocios de sus primos^²⁶, constando que, al menos desde 1750, ejercía en calidad de apoderado de los Cinco Gremios Mayores de Madrid^²⁷.

Cuando el 4 de diciembre de 1752 surgía la primera compañía mercantil de los Cinco Gremios, concertaron inmediatamente compañía con los Ustáriz, que ya se encontraban situados en la ciudad de Cádiz^²⁸, empezando su andadura conjunta el primer día del año de 1753 bajo el nombre de “Ustáriz y Compañía”^²⁹, actuando en Madrid Juan Miguel y en Cádiz Juan Agustín y Juan Bautista. Se estipuló una vigencia de la compañía de seis años, renovándose en términos de mayor grado de independencia para los respectivos socios^³⁰. En 1761 se iniciaban operaciones al margen de la actividad conjunta, que culminaron con la formación, por parte de los Cinco Gremios, de una nueva sociedad en 1764, explícitamente al margen de los Ustáriz^³¹. Por parte de los hermanos aparecen fechados en 1762 los primeros síntomas de que también se preparan para trabajar de forma independiente, tanto de su socios madrileños como de su primo gaditano, y lo hacen acometiendo una doble actividad: la explotación de las fábricas textiles de Talavera de la Reina y el transporte de mercaderías propias y ajenas en los navíos que comienzan a incorporar a su patrimonio^³².

Desconocemos la fecha exacta de formación de la sociedad “Hermanos Ustáriz y Compañía”, pero debió de producirse con anterioridad a la del 30 de marzo de 1762, pues en ésta ya habían firmado como tal empresa y con la citada denominación la proposición para mantener todas las fábricas de Talavera^³³. Sus primeras dificultades intentaron solventarlas con la creación, el 21 de junio de 1766 y por un plazo inicial de cuatro años, de la compañía”San Juan Evangelista”, formada por cuarenta y seis interesados^³⁴. No obstante, la sociedad tuvo una corta existencia^³⁵ y no solucionó los problemas económicos de los Hermanos Ustáriz, agravados por los recelos de guerra, las pérdidas económicas de las fábricas de Talavera y, más tarde, por el naufragio del Oriflame en la costa de Chile^³⁶. Por fin, el 23 de abril de 1772 se convocó el concurso de acreedores ante la imposibilidad de atenderlos^³⁷. Los de la plaza gaditana sumaban un total de 3.205.563 pesos y los de otras plazas alcanzaban 443.230 pesos, resultando un total de 3.648.793 pesos de 128 cuartos. La evidencia de la situación les llevó a aceptar un calendario de pagos dentro de la proposición que realizaron Francisco de Llano San Ginés y Juan Agustín de Ustáriz para seguir el giro de la sociedad por término de ocho años, con la denominación de “Juan Agustín de Uztáriz, San Ginés y Compañía” y bajo la dirección de ambos, asumiendo los activos y los débitos de los concursados hermanos^³⁸.

En cuanto a Francisco y José de Llano y San Ginés procedían del Concejo de San Pedro de Galdames, en Vizcaya. José, el primogénito, fue bautizado el 20 de marzo de 1720, y Francisco Antonio, el menor de la familia, el 4 de octubre de 1732. Eran hijos de Lucas de Llano y Arce y de Catalina San Ginés Somiano^³⁹.

Ambos hermanos pasaron unos años en América. Francisco, que contrajo matrimonio el día 7 de junio de 1753 con Doña Francisca Fernández Justiniano en la ciudad de Buenos Aires, había ejercido en el Río de la Plata varios puestos de importancia, entre ellos el de Administrador General de los treinta pueblos guaraníes, habiendo contribuido económicamente a la expulsión de los jesuitas^⁴⁰. Tras su retorno a Cádiz en 1770 y una vez afianzada su posición en la ciudad^⁴¹, acometió en 1772 la gestión de la Compañía Ustáriz y San Ginés asociado con Juan Agustín de Ustáriz, tras el descalabro de la empresa antecedente^⁴². Según Pedro de Cevallos, acérrimo crítico del gobernador Bucarelli, Francisco estuvo involucrado en las actividades del mismo durante su estancia en Buenos Aires, acusando a ambos de enriquecerse con medios ilícitos. Afirmaba que San Ginés se había visto obligado a invertir en la Casa de Ustáriz aceptando el chantaje al que le había sometido Vertiz, sucesor de Bucarelli, a cambio de ignorar sus actividades delictivas:

Las cosas de esta provincia están en malísimo estado desde que el bueno de Bucarelli sirvió de azote y lo puso todo en un desorden imponderable. Sus robos y maldades carecen de ejemplo [... ]Y no se hace increíble a los que saben, haber registrado Don Francisco San Ginés, que a mi salida de Buenos Aires era un pobrete, y que fue en su compañía, y le sirvió para sus robos, quinientos mil pesos.
[…] se metió en la Casa de Ustáriz, aunque hundida, para que Vertiz, que es pariente y acérrimo apasionado de la misma Casa, no le descubriese sus cacas, antes le apoyase, y favoreciese, como en virtud de las fuertes recomendaciones de sus parientes lo ha practicado.^⁴³

Entre la fecha en que asumieron el giro de la empresa y la que posteriormente pasará a ocuparnos, en relación al viaje a Filipinas, habían transcurrido siete años. Los nuevos socios habían realizado 25 expediciones a Indias y se habían distinguido por una conducta agresivamente innovadora dentro del sector naviero gaditano. Afectados por la legislación de febrero de 1778, que ampliaba las primeras disposiciones liberalizadoras de Barlovento a las zonas del Río de la Plata y Callao, donde disponían de permisos de registros anuales que quedaban sin sentido, la promulgación del Real Decreto de Comercio Libre de 12 de octubre de 1778, y posiblemente alguna instrucción desde altas instancias, abrió nuevos cauces muy acordes con su marcada iniciativa empresarial.

El Hércules en 1779

El navío San Francisco de Paula, alias el Hércules, se había construido en 1766 a expensas de Manuel Prudencio de Molviedro^⁴⁴en el paraje nombrado Roqueta, en la bahía de Puntales, en la costa de camino de Cádiz a la Isla de León. Su construcción, que fue dirigida por Matheo Mullan, había sido diseñada para utilizarlo como buque mercante. Según la evaluación efectuada en el viaje que efectuó en 1776, tenía una eslora de 62 metros, 54 de quilla, 16 de manga y 8 de plan, con un tonelaje de 505 3/8 de bodega y 50 de entrepuentes, y estaba armado con 22 cañones de calibre de 6.

En su primer viaje partió hacia El Callao el 19 de marzo de 1768, actuando como maestre Matías Manuel de la Peña. Hubo de vencer dificultades en la travesía al haberse estropeado parte de la alimentación, y llegó a su destino el 18 de noviembre de 1770^⁴⁵. Tras su regreso a Cádiz realizó su segundo viaje, todavía bajo la propiedad de Molviedro, integrado en la Flota capitaneada por Luis de Córdoba, que se dirigía a Veracruz, volviendo a Cádiz en 1774^⁴⁶.

Su adquisición por la compañía Ustáriz y San Ginés se efectuó de forma tan forzada que incluso requirió investigación demandada por el monarca^⁴⁷. Las dimensiones de los barcos propiedad de la compañía habían levantado protestas entre los navieros, que se dirigieron al monarca exponiendo los problemas que atravesaba la plaza. Argumentaban que aplicando los precios de fletes usuales las expediciones solían ser deficitarias y que la limitación del tamaño de la nave impedía las ventajas de la economía de escala proporcionada por la utilización de los grandes barcos propiedad de Ustáriz y San Ginés, que optaban por competir con bajada de fletes de forma reiterada y agresiva:

...acaba de avisar por medio de Cartas circulares, firmadas de su puño, a todos los Individuos Cargadores de este Comercio, que se obliga a llevar voluntariamente a los dichos Puertos del Sur, todas las ropas que se le cargasen en su Navío San Nicolás, por sólo el flete de nueve dozavos... este paso tan extraordinario, como hasta ahora no visto en este Comercio, así por la sustancia de él, como por el modo con que se ha dado, no parece conspirar menos, que a la ruina general del Ramo de Navieros.^⁴⁸
Y no obstante todas las consideraciones que se le han hecho presente al Don Francisco de San Ginés, socio de dicha Compañía, no han sido suficientes a persuadirle siga con el arreglo a que los demás estamos sujetos; mediante del último de S. M. de fletar a doce dozavos, haciéndole conocer que de lo contrario, es pretender su sacrificio, y el nuestro…^⁴⁹
...hallándose prontos a recibir carga el navío El Buen Consejo, El Hércules, y las Fragatas Astuto y Jesús María y Joseph, con el propio destino, a imitación del año antecedente, con cartas circulares, ofrecieron la misma bajada de fletes los citados Ustáriz, San Ginés y Compañía, dueños del Buen Consejo, que es el navío marchante de mayor buque que se conoce…^⁵⁰

Según los firmantes, dicha política de rebajas había conseguido que ni el navío el Hércules ni la fragata Jesús, María y José pudiesen conseguir habilitación de carga y que los dueños del primero se vieran obligados a vender su barco a la empresa que tan duramente les agredía^⁵¹. Estimaban que conseguirían arruinar a todos los demás dueños de embarcaciones si no se tomaban urgentes medidas al respecto, y recordaban que en los últimos 10 o 20 años eran muchos los empresarios declarados en quiebra, entre ellos la misma Casa (aunque con distinto nombre) que era objeto de sus encendidas denuncias: “...habiendo suspendido el pagamento de 3.648.000 pesos en el año próximo pasado de 1772, descubierto de la mayor cantidad que hasta el presente se haya visto en España en ninguna Casa de Comercio”^⁵².

La compraventa de la nave, por un precio de 24.500 pesos de a quince reales de vellón^⁵³, no se documentó formalmente hasta el 17 de mayo de 1776, aunque el viaje de 1774, tercero en la historia de la nave, en que el registro se iniciaba a nombre de su anterior propietario, ya se efectuó por cuenta de la compañía “Ustáriz y San Ginés”. Salió de Cádiz el 18 de enero de 1774, actuando como maestre Manuel Martínez Romo, y volvió el 13 de septiembre del siguiente año^⁵⁴.

Admitido el Hércules para la realización de un viaje a Buenos Aires en 1776, resultó incautado por Pedro Cevallos para su segunda expedición al Río de la Plata, que partió de Cádiz el 13 de noviembre de 1776^⁵⁵. La vuelta, en febrero de 1778, lo hizo por cuenta de la Compañía por permiso especial y con cargamento de cueros, actuando como maestre Juan Ángel Calvo^⁵⁶.

En el año 1779 se encontraba preparado para iniciar un nuevo viaje, pero esta vez en dirección a Extremo Oriente a través del cabo de Buena Esperanza.

Galeón. Pintura de Rafael Monleón. Museo Naval de Madrid. (Fuente: Foro Xerbar)

II- Los proyectos de José de Gálvez y la colaboración de Francisco de Llano San Ginés: Málaga, Annobón, Fernando Poo y... Filipinas

Tal vez la primera relación conocida de José de Gálvez con las remotas tierras de Filipinas sea su nombramiento en 1750 como gobernador de Zamboanga durante un período de cinco años, empleo por el que tuvo que pagar un total de 1.500 pesos fuertes^⁵⁷. Al parecer no llegó a ejercer el cargo, tal vez porque su matrimonio con Lucía Romet posibilitó su integración en determinados círculos económicos^⁵⁸, pero sus actuaciones posteriores demostraron que no había perdido el interés por las islas.

En 1764 era Alcalde de Casa y Corte y entre los años 1765 y 1772 ejerció el cargo de Visitador de Nueva España donde, en la expedición fronteriza de 1768, cedió el mando de las tropas al coronel de Dragones Domingo Elizondo^⁵⁹. En nuestro intento de buscar explicaciones a las manifiestas relaciones entre Gálvez y los hermanos Llano San Ginés anotamos la circunstancia de que José de Llano estaba casado con María Elisa de Elizondo, desconociendo si existía entre los citados la relación familiar que insinúa el apellido. Otra característica común que hemos considerado era la de que tanto Gálvez como Francisco de Llano se habían distinguido en las expulsiones jesuíticas del virreinato de Nueva España y de la gobernación del Río de la Plata respectivamente, pero desconocemos igualmente si esa circunstancia pudo establecer algún tipo de vinculación entre ellos. De cualquier forma, es frecuente la alusión bibliográfica a la amistad que los citados personajes se profesaban^⁶⁰y resulta evidente, por los hechos que protagonizan, que las relaciones entre ellos debían ser, cuanto menos, cordiales.

A partir de 1776, en que Gálvez asumía la Secretaría de Estado del Despacho Universal de Indias, comienza su implicación en numerosos proyectos innovadores. Precisamente en ese año se creaba el Virreinato del Río de la Plata de forma provisional, esperándose al siguiente para la ratificación definitiva por Carlos III, a propuesta de Gálvez, en su calidad de ministro de Indias. Y también precisamente en ese año había partido el navío Hércules en la expedición de Casa Tilly, incautado para transportar las tropas de Cevallos, necesarias en dicha zona a causa de las desavenencias que venían sucediéndose con los portugueses^⁶¹. Uno de los oficiales enviados en esa expedición era el coronel Felipe de los Santos Toro, conde de Argelejo^⁶².

Por el tratado de San Ildefonso, fechado en 1777, y su ratificación en El Pardo en 1778, España recuperaba la colonia de Sacramento y las misiones orientales del Uruguay. Pero de forma secreta se le cedían, además, las islas de Fernando Poo y Annobón. El 2 de febrero de 1778 la fragata Santa Catalina llegaba a Montevideo con el nombramiento de Argelejo, firmado por José de Gálvez, para capitanear la expedición que debería tomar posesión de aquellas islas. En abril partían de Montevideo hacia las mismas las fragatas Soledad y Santa Catalina y el bergantín Santiago^⁶³. La expedición se había clasificado de secreta^⁶⁴.

Es cierto que la posesión de las islas africanas podría aportar alguna solución a las necesidades atendidas principalmente por negreros holandeses^⁶⁵. Pero, sobre todo, no podía escapar a Gálvez la importancia de la colonización mercantil de la costa de Guinea para ser utilizada como escala en la posible ruta a Filipinas por el cabo de Buena Esperanza^⁶⁶. Ello explicaría su intervención en el tratado del Pardo y su atención entusiasta a la expedición de Argelejo^⁶⁷, conductas que entendemos se encuadraban en su proyecto de navegación a Asia por una ruta alternativa. Años más adelante los apoderados de Ustáriz y San Ginés recordaban su implicación cuando se referían al viaje entre Cádiz y Manila: “Y aunque esta expedición, hecha a impulsos de V. E. y en crédito y beneficio de la nación...^⁶⁸”

En ambas expectativas, relacionadas con los continentes africano y asiático, así como en su deseo de integrar el puerto malacitano en el libre comercio a América, contó Gálvez con el decidido apoyo de Francisco de Llano San Ginés a través de las dos sociedades en las que participaba: “Ustáriz y San Ginés” en Cádiz y “José de Llano San Ginés y Compañía” en Málaga.

En los primeros días del año 1779 se comenzaron a manifestar los importantes proyectos de José de Gálvez, relacionados con el nuevo marco jurídico definido en el Reglamento de Comercio Libre. En la península destacaba su interés por la provincia de Málaga, de donde era oriunda su familia, y más concretamente por la villa de Macharaviaya, cuna de la misma, donde se implantó una fábrica de naipes. En la citada localidad pensaba Francisco de Llano San Ginés establecer una fábrica de toda clase de sombreros y en sus inmediaciones otra de medias a la genovesa^⁶⁹. De esta forma completaba su vinculación a la provincia tras el ofrecimiento de establecer una Casa de Giro en Málaga con el nombre de “José de Llano San Ginés y Compañía”, con participación de ambos hermanos y la incorporación como delegado en la plaza del yerno de Francisco, Juan Felipe de Madariaga Arzueta. La aprobación de tal iniciativa llegaba el 22 de febrero, siete días más tarde de la solicitud inicial.

En principio tenían previsto matricular dos barcos, la Divina Pastora, alias el Brillante, y el San Pedro, al que nos referiremos posteriormente. Ambos pertenecían a José de Llano que, a partir de ese momento, cambia documentalmente su titularidad personal por la de la razón social que constituye con su hermano para volver, tras la muerte de Francisco, a su denominación particular. Desistimos de enumerar las condiciones en que se realizaría el tráfico de la sociedad, pues ha sido suficientemente reseñado en anteriores trabajos^⁷⁰. El 15 de abril partía la Divina Pastora de Cádiz a Málaga para proceder a su carga y el 15 de junio lo hacía desde este último puerto con rumbo a Veracruz portando, entre otras mercaderías, barajas de naipes de Macharaviaya por cuenta de la Real Hacienda^⁷¹. Resulta interesante conocer la importante financiación de los Cinco Gremios Mayores de Madrid que se elevaba, en una única escritura, a 208.053 pesos y cuatro reales de plata^⁷², prácticamente la totalidad de la que requirió la expedición^⁷³, corriendo riesgo sobre 9.700 barriles de aguardiente y con la obligación mancomunada de los hermanos Llano. La Casa de Giro malagueña, como el resto de los proyectos a los que venimos aludiendo, tuvo una existencia efímera por la temprana muerte de Francisco.

Como indicamos anteriormente, un mes antes de iniciar la negociación malagueña, concretamente el 15 de enero, la empresa “Ustáriz y San Ginés”, formada por Francisco de Llano San Ginés y Juan Agustín de Ustáriz, había propuesto acometer una ruta directa a Filipinas. La concesión se fecha el día anterior al que se otorgaba el comercio con Málaga a la otra sociedad participada por Francisco. Pero, además, tres días antes se emitía una Real Orden con instrucciones de enviar socorros urgentes a las islas y costa de África, donde la expedición de Argelejo llevaba meses afrontando serias dificultades, a pesar de haberse visto reforzada con la fragata Nuestra Señora de Gracia^⁷⁴. El día primero del agitado mes de febrero -en que tantas decisiones importantes se tomaban en relación a Francisco de Llano y sus sociedades- se había firmado un extenso contrato con Larrea, capitán del navío San Pedro, para dirigirse a Fernando Poo, Annobón, o cualquier otro destino donde pudiese encontrarse Argedelos. De esta forma dos proyectos de Gálvez se vinculaban en un cortísimo espacio de tiempo a la sociedad formada por los hermanos Llano con sede en Málaga. Y nos consta su particular implicación: “... nos constituye en el más sublime reconocimiento, por la dignación que merecemos en haber sido de la Real aprobación; conociendo desde luego deberla a la protección de V. E...”^⁷⁵.Tal vez la decisión de que el comercio a Filipinas tuviese la titularidad de la gaditana “Ustáriz y San Ginés” y no la de “Llano y San Ginés”, con la que se acometían los anteriores proyectos, podría deberse a que aquélla se trataba de una sólida empresa con diecisiete años de antigüedad y propietaria de una importante flota, reuniendo las características que se habían exigido a los anteriores ofrecimientos de tráfico con las islas, según explicamos en la primera parte de nuestro relato. No sucedía así con la empresa malagueña, de reciente creación y con un limitado número de barcos. El segundo de ellos, el San Pedro, de porte de 588 toneladas, debía dirigirse en auxilio de los expedicionarios de África^⁷⁶.

En enero había vuelto el paquebote^⁷⁷Santiago portando notas de las tropas de Argelejo e indicando las dificultades que estaban encontrando^⁷⁸. Inmediatamente se ordenó la salida de un buque de apoyo, y con este objeto se contrató en su totalidad el San Pedro, exceptuando el alojamiento de la tripulación y el sitio necesario para rancho, aguada y pertrechos^⁷⁹. El fletamento a cobrar sería, como mínimo, de ocho meses a partir del primero de febrero de 1779, correspondiente a 400 de las toneladas del buque a razón de 8 pesos por cada una, incrementándose si se alargase en el tiempo, y se pagaría, además, Mesa de oficiales. Si quedase el barco libre, una vez cumplido su cometido, se le autorizaba para partir a Montevideo u otro puerto por cuenta de los contratantes^⁸⁰.

Argelejo murió a bordo de la fragata Santa Catalina el 14 de noviembre de 1778^⁸¹, aunque la noticia no llegó a Cádiz hasta el 12 de marzo siguiente^⁸². Dado que el San Pedro retrasó su salida, esperando un vestuario que debía llegarle desde Sevilla, y que el 16 de marzo aún no había podido zarpar, por tenerse noticias de que habían pasado al océano seis embarcaciones argelinas^⁸³, partirían hacia África conociendo el fallecimiento de Argelejo y la dramática situación de los expedicionarios, cuyos escasos supervivientes, tras numerosas peripecias, abandonaron África de regreso a Montevideo el 30 de diciembre de 1781^⁸⁴.

Paralelamente a la ejecución de los movimientos reseñados, de Málaga a América, de Cádiz a las islas y costas de África, se desarrollaba el importante proyecto en dirección a Extremo Oriente: el comercio directo de Cádiz a Filipinas por la ruta de Buena Esperanza.

III- Primer viaje a Extremo Oriente de El Hércules. Cádiz, Filipinas, Macao, Acapulco, Guayaquil, Callao (1779- 1782): un proyecto de “Ustáriz, San Ginés y Compañía”

Entre los variados informes que Francisco Leandro de Viana, conde de Tepa, elaboró sobre variados aspectos de las Islas Filipinas, destacamos, por su temática y fecha, el dirigido el 23 de agosto de 1778 al Consejo de Indias, referente a la suma importancia del comercio de las islas.^⁸⁵ La evidencia de tal realidad, las posibilidades que brindaba el Reglamento del Comercio Libre de octubre del mismo año y, como hemos puesto de manifiesto, el apoyo de Gálvez y la iniciativa empresarial de la compañía gaditana Ustáriz y San Ginés se plasmaron en la realización de un primer viaje comercial directo desde la Península a Filipinas, que daba comienzo el 2 de abril de 1779: “...en la mañana de hoy se hizo a la vela el navío El Hércules... con arreglo a la Real Instrucción de 12 de octubre del año próximo pasado y la Real Orden del 21 de febrero del presente...”^⁸⁶.

Actuaba en calidad de maestre Domingo de Gorosarri, que debía entregar las mercancías y plata amonedada enviadas por la Compañía a los apoderados Domingo Francisco de Acevedo, José de Muguerza y Domingo Bautista de Olavarrieta.

Tabla 1

Las cuentas de habilitación del navío ascendieron a 84.316 pesos de 128 quartos por lo que se autorizó asegurarla en esa cantidad, haciéndose una primera póliza de 70.000 pesos el día 2 de abril, donde se explicita la salida de la nave, y una ampliación hasta 81.000 pesos, fechada el 10 de junio de 1779, cuando llevaba dos meses de navegación^⁸⁷.

La mercancía se valoró en el puerto de Cádiz en 3.896.955 reales de vellón de géneros españoles, sobre los que no se pagaron impuestos, y 397.336 reales de vellón de géneros extranjeros, que pagaron el 7%, 27.812 reales de vellón. En total 4.294.291 reales de vellón, es decir, 286.286 pesos. Anteriores trabajos no localizaron su carga^⁸⁸, pero nosotros hemos tenido ocasión de comprobar el detalle de sus 50 registros y conocer que los socios Ustáriz y San Ginés actuaban en 37 de ellos en calidad de cargadores, ascendiendo a 41 aquellos en que la mercancía viajaba de su cuenta y riesgo. No cabe duda que era una expedición gestada y asumida por la empresa que regentaban, correspondiéndoles carga por un valor de 3.821.274 reales de vellón. De ellos, 3.300.000 reales se referían a 164.000 pesos fuertes amonedados, destinados a la adquisición de mercadería del Extremo Oriente, y 316.020 reales correspondían al género extranjero, que les pertenecía en su totalidad exceptuando el registro número 27, a nombre de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, valorado en 81.316 reales de vellón^⁸⁹, marcado con las siglas 5G y destinado a ser entregados a Francisco Antonio del Campo o a Pedro Antonio de Escuza. Los efectos del antiguo palmeo originaron en el registro elaborado según el nuevo sistema de Comercio Libre listas interminables de productos: hilos de oro, encajes, marcos, espejos, naipes, papeles o libros, cuya descripción hemos obviado por su excesivo detalle^⁹⁰.

No podemos olvidar la financiación del evento, para el que se formalizaron 36 operaciones por un total de 272.989 pesos de 128 quartos y 22.980 pesos fuertes. Los deudores más significativos fueron los propios socios de la empresa que asumía el proyecto, resultando obligados en un total de 21 operaciones por un total de 241.301 pesos de 128 quartos La mayoría de ellas se firmaron el día 17 de marzo, en la notaría de Fernández de Otaz. Teniendo en cuenta que ninguna se emitía sobre casco y quilla, puesto que habían asegurado el barco por el máximo permitido, podemos afirmar que la empresa financiaba la totalidad del coste de habilitación y una pequeña porción de mercadería, sumando entre ambos conceptos una inversión aproximada de 97.766 pesos de 128 quartos, un 26% de la operación.

Otros deudores significativos eran el maestre, que suscribía un total de 20.260 pesos fuertes y 26.398 pesos de 128 quartos, y el cirujano José de los Reyes, titular de operaciones por importe de 4.420 de esta última moneda^⁹¹. El fallecimiento de éste último originó la tramitación de la liquidación de sus bienes, circunstancia que nos ha proporcionado datos de gran interés sobre el devenir de los expedicionarios, a los que haremos alusión en su momento.

Al mes de partir la nave se había enviado una carta reservada al gobernador de Filipinas afirmándole que el rey estaba resuelto a declarar la guerra a la Gran Bretaña. Se le indicaba que, durante la guerra, se permitiría el aprovisionamiento de las dos Américas con géneros de la China y el resto de Asia a través de Nueva España y el Perú, para mantener el nivel del comercio y de los ingresos de la Hacienda Pública^⁹². Esta misiva influiría en el posterior equívoco del gobernador de Manila, que posibilitó el cambio del circuito previsto a la salida de Cádiz. Llegada a Filipinas la noticia de la declaración de la guerra, se alteraron los planes del Hércules, que veía impedida su vuelta por el camino previsto, provocando la petición de los apoderados de la Casa para despachar la expedición a Acapulco, después de tocar Cantón o Macao, para continuar a Lima, Guayaquil u otro de los puertos del Sur^⁹³. Parece que los expedicionarios conocieron el inicio de la contienda en camino, más allá de la bahía de Las Tablas, en el cabo de Buena Esperanza, continuando su navegación hasta Manila, donde llegaron con éxito^⁹⁴. El 8 de agosto el conde de Tepa escribía a Gálvez desde Manila haciéndole el halago de considerar que tal vez le había reservado Dios la gloria de dar a conocer el valor de las Filipinas, equiparable al vasto Imperio de las Indias Occidentales^⁹⁵. Tal misiva afianza nuestra sospecha del empeño personal del Secretario de Estado.

Nos consta que en los primeros días de 1780 se mantuvo el inicial objetivo. Así se manifiesta en la operación de riesgo de 33.000 reales de vellón que formalizó el cirujano José de los Reyes el 31 de diciembre de 1779 con el capellán de la fragata Juno, destinada a financiar la adquisición de mercancías en Cantón, donde tenían previsto dirigirse a primeros de marzo^⁹⁶. Igualmente en la primera carta que enviaba a su mancomunado, Don Francisco Gómez, el 8 de enero de 1780, describiéndole la abundancia de género existente en el mercado, la imposibilidad de colocar sus mercancías y la necesidad de demorar un año el retorno por haber llegado tarde a Manila y precisar de un tiempo prudente para comprar en Cantón y partir desde allí el mes de diciembre. Por tanto, el calendario fijado en ese momento comprendía salir de Manila en abril de 1780 (como al parecer lo hicieron el día 22)^⁹⁷, cargar en Cantón durante unos meses, largar velas a finales del año y llegar a Cádiz en junio o julio de 1781^⁹⁸. La carta segunda es de muy distinto signo: fechada en Macao el 15 de enero de 1781, comunicaba que habían llegado a dicho puerto el 18 de mayo de 1780 y que tenían previsto dirigirse a Acapulco en los primeros días de abril de 1781: “...el viaje puede sernos de utilidad y ya tengo empleado nuestro dinero en género de costa...”^⁹⁹.

Llegados a este punto, debemos detenernos ante la evidencia del cambio de planes. Puesto que el 10 de mayo de 1780 había remitido el gobernador de Filipinas a José de Gálvez el oficio en que comunicaba el permiso concedido al navío Hércules para navegar a Acapulco, sabemos que dicho viaje se propone y se concede durante la vida de Francisco de Llano San Ginés, aunque por la fecha de la carta reseñada anteriormente conocemos que después de su fallecimiento (del que obviamente no tendrían noticias, por acabar de producirse) aún no se había iniciado la travesía que rompía el monopolio transpacífico. Además, según las noticias de que dispone el cirujano, el viaje se proyecta con el mismo circuito del Galeón: “De Acapulco es regular que volvamos a Manila”^¹⁰⁰.

Estimamos que entre el 16 de junio de 1779, en que se declaró la guerra, y el 10 de mayo de 1780, en que tenemos la primera constancia del cambio de planes, pudo producirse la llegada de instrucciones a los apoderados en Filipinas, pues creemos que difícilmente se debería a su iniciativa decisión tan importante. Más bien pensamos que San Ginés y Ustáriz verían en la declaración de la contienda un inmejorable pretexto para competir con el centenario Galeón.

En la tercera de las misivas, fechada en Macao el 6 de febrero de 1781, muestra José de los Reyes su preocupación por la respuesta de sus acreedores ante el cambio de ruta^¹⁰¹. Preocupación que, en mayor escala, también afectaba a los nuevos responsables de la empresa tras la muerte de ambos socios, Francisco en los últimos días del año1780 y Juan Agustín en los primeros de 1781^¹⁰². Según Juan Felipe de Madariaga, yerno y albacea de San Ginés, dada la nueva ruta que seguiría la nave resultaba imposible cumplir los plazos de retorno y los titulares de los préstamos se negaban a anular la cláusula que penalizaba con medio punto al mes, por todos los que corriesen después de pasados veinte de la salida de Cádiz. Por ello, solicitaba el arbitrio del rey, proponiendo que los acreedores y la compañía formasen una masa común y se repartiese en proporción a cada uno el resultado del viaje a la vuelta del navío. Como alternativa sugería que se liquidasen los préstamos en Acapulco, de forma que se conmutase el segundo riesgo, de Manila a España, por el de Macao a dicho puerto, según el importe de las escrituras, pero entregando peso doble de plata de aquel reino por sencillo que debía satisfacerse en Cádiz. La solicitud está fechada en esta ciudad el 23 de abril de 1781, y se afianzó con el memorial que el 2 de mayo dirigió a José de Gálvez Miguel José de Ustáriz, hijo de Juan Agustín. Le recordaba que la expedición se hizo “a sus impulsos” y en “crédito y beneficio de la nación”, y justificaba el cambio de circuito poniendo de manifiesto el peligro de permanecer en Filipinas, amenazada por los ingleses. Cifraba el importe de los préstamos en 330.000 pesos de 128 quartos (cantidad que excede en un 36% del montante registrado al que nos hemos referido anteriormente^¹⁰³) e indicaba que los acreedores no aceptaban las propuestas de la Casa y se consideraban libres de correr el segundo riesgo, alegando cambio de destino, ya que en las escrituras se estipulaba retorno a algún puerto europeo. Valoraba el viaje desde Manila a Acapulco en 400.000 pesos, entre el navío y la carga, y exponía que en caso de pérdida habría que añadir los 330.000 pesos de las obligaciones reseñadas, llegando a un descubierto de 700.000 a 800.000 pesos, que supondría la ruina de la Compañía^¹⁰⁴.

El 15 de mayo se encontraba el barco navegando y la Casa corriendo el riesgo total, por falta de acuerdo, por lo que se decidió imponer el arbitraje del presidente de la Casa de la Contratación al tener en cuenta que el motivo principal de lo ocurrido había sido la guerra, unida a las disposiciones del Monarca en cuanto a la retención preventiva de naves, que no deberían navegar sin conserva^¹⁰⁵. Instrucciones que habían sido mal interpretadas por el gobernador de Manila, tal vez agobiado por la mala disposición que el comercio local dispensaba a los nuevos competidores:

...en una palabra, si yo no estoy aquí, crea V. E. firmísimamente que estos honrados sujetos (bien diferentes de los de Manila) ya habrían levantado la casa, y tomado la resolución de volverse por donde pudieran, viendo doblegadas por este comercio las especies más contrarias a las sabias máximas de la corte, haciendo creer al público que la casa de Ustáriz y los Gremios de Madrid han venido a perder el Comercio de las Islas.^¹⁰⁶

Por esa predisposición a favor de los recién llegados o porque, efectivamente, la normativa se prestaba a interpretaciones, el gobernador José de Basco y Vargas autorizó el viaje directo desde China a Acapulco siendo desautorizado, de orden del rey, en misiva fechada en Aranjuez el 11 de junio de 1781 y previniéndole de la necesidad de realizar un escrupuloso fondeo en Acapulco para cobrar los derechos pertinentes, tanto los correspondientes al reglamento particular de Filipinas, como los que hubiera debido pagar en Manila si hubiese formalizado el registro de su carga, volviendo de Cantón antes de partir a América. Dicha prevención se enviaba también directamente al virrey de Nueva España en la misma fecha^¹⁰⁷.

Paralelamente a dichas disposiciones, y también en esa misma fecha de 11 de junio de 1781, se firmaba en Cádiz el acuerdo de los escriturarios, y Gálvez quedaba puntualmente informado:

Los riesgos desde Manila, a Acapulco, o otra cualquiera parte por donde haya emprendido viaje el navío Hércules, son por convenio enteramente de cuenta de la Casa de Ustáriz y San Ginés; y a consecuencia se asegura por sí, según tenga por conveniente, sin que los escriturarios tengan que ver con nada adverso en este asunto.
Los escriturarios, en obsequio de la alta inmediación intervenida en este particular y en logro de evitar todas cuestiones y complacer a la Casa en el caso ocurrido, admiten la proposición de ser pagados en México con solo la mitad del premio y sobre premio de sus escrituras, de modo que siendo el todo un 60%, con solo el 30% deben cobrar sus principales y premios, en igual cantidad de pesos de aquella moneda, para lo que habrán de darse libranzas de un tenor por la Casa en toda forma, a satisfacción de los escriturarios y otorgarse escritura de este acuerdo.
Que en el caso de no ser pagadas en el todo o parte y por tanto protestadas las libranzas a su presentación de vuelta, debe pagar aquí la casa el equivalente, a menos que se halle sin fondos suficientes en aquel día en cuyo caso se pacta por condición que se acordarán los plazos que se tengan por regulares para el pago.
Que el medio punto acordado en la escritura por la demora desde los últimos meses de la salida, se transige en que solo sea un cuarto, hasta el tiempo de haberse de pagar las libranzas, desde el cual, sino se verificase será medio punto al mes por la más demora que se concede.
Que en el caso de perderse el navío antes de llegar a Acapulco, como que sus fondos se imposibilitan para el pago allí, que este se habrá de hacer del principal y el 30% del premio y del cuarto % desde los veinte meses luego que se tenga la noticia en Cádiz, con las esperas o plazos que si fueren precisos se acuerden entonces.
Que el pago del principal y 30% que se ha de hacer en México ha de ser en pesos de aquella especie por peso de acá, y si la paga fuese aquí en otros tantos pesos de 128 quartos^¹⁰⁸.

El 13 de diciembre de 1781 llegaba el Hércules a Acapulco valorándose su carga en 224.384 pesos, aunque aplicándole precios de compra en Filipinas quedaba reducida a 206.212 pesos^¹⁰⁹. Cifras ambas bastante alejadas de los 400.000 pesos en que las habían evaluado en sus escritos Madariaga y el joven Ustáriz. El registro de su carga, fechado en Acapulco el 2 de enero de 1782, ha sido publicado en anterior estudio, al que remitimos^¹¹⁰. El virrey de Nueva España, al informar de la liquidación de los correspondientes derechos, indicaba a Gálvez que el 5 de enero de 1782 le habían ofrecido el navío para lo que se le ofreciera en caso de volver a Manila y que había autorizado dicha vuelta, condicionándola a que tenían que hacerla de vacío.

Sin embargo, el 25 del mismo mes continuaba el navío en Acapulco esperando se celebrase la feria, para lo que ya habían llegado los comerciantes mejicanos. Las expectativas eran buenas, hasta para el cirujano Reyes que, enfermo y cansado, había decidido no volver a Manila en el barco, cuya salida era inminente, y quedarse en México^¹¹¹. Tampoco el Hércules volvió a Manila, a pesar de lo previsto. Partió a Guayaquil para carenar y posteriormente llegó a Lima. En este puerto se iniciaba una aventura de muy distinto signo^¹¹².

IV- Segundo viaje a Extremo Oriente de El Hércules. Callao, Paita, Macao, San Blas, Callao (1783- 1785): un ardid de los comerciantes de Lima

Los autos de la liquidación post mortem que correspondían a Francisco de Llano San Ginés fueron iniciados el 3 de abril de 1782. Los bienes se encontraban afectos a los créditos de la compañía Ustáriz y San Ginés, de la que había sido socio, existiendo gran dificultad de segregación por la existencia de otro socio, igualmente fallecido: “...no pudiendo liquidarse las cuentas...sufriendo ínterin la común masa el mantenimiento de ambas familias, sin aquella independencia que a cada uno pertenece,...”^¹¹³. El 12 de febrero de 1790, nueve años después del fallecimiento de Francisco, sus herederos decidieron poner solución a la compleja situación testamentaria, aun manteniéndose el interés particular de cada uno de los interesados.

Y deseando reducirnos a mejor situación, terminar el examen de las cuentas pendientes hasta este día, y hacer la división del caudal que nos corresponde, hemos reflexionado que en nada se perjudican las obligaciones que aún subsisten, pues siendo responsables los bienes del difunto señor Conde, lo es igualmente cualquiera de sus herederos y partícipe en dichos bienes...^¹¹⁴^.

De esta forma, las actuaciones que en el año 1798 ejerce Manuel Cano, segundo marido de Francisca Fernández Justiniano, viuda de San Ginés, contra la Casa de Aguado y Guruceta de Cádiz, por los productos de tres cargamentos de té remitido desde Cantón, se formalizan a nombre de la referida, aunque existieran otras partes demandantes “...interesados en las reliquias de la compañía de Ustáriz y San Ginés”^¹¹⁵. A través del expediente incoado hemos podido completar la información de las peripecias del Hércules después de finiquitar el viaje expuesto con anterioridad.

El día primero de agosto de 1782 Juan Félix de Berindoaga, conde de San Donas, apoderado de la Casa en Lima, solicitó permiso de registro a Filipinas^¹¹⁶. Sin embargo, cuatro días después escribía a Juan Felipe de Madariaga para hacerle saber que había procedido a la venta del Hércules al comerciante limeño José González Gutiérrez por el precio de 50.000 pesos fuertes. Era una operación que parecía lógica, puesto que la Casa, fallecidos los socios, estaba liquidando sus negociaciones mercantiles, principalmente las que tenía al otro lado del mar^¹¹⁷. Según consta en el expediente referido, el 15 de julio de 1783 recibió Berindoaga aprobación de la venta del navío. Venta que el apoderado aseguraba que se había efectuado de forma sigilosa, puesto que el navío pensaba destinarse a realizar un viaje a nombre de la Compañía pero sin que la misma interviniera. Venta que la viuda de San Ginés alegaba que se había hecho de forma simulada y que en realidad no se había producido.

En 1782 José González Gutiérrez, que luego sería conde de Fuente González, era alcalde de Lima^¹¹⁸. Consciente de la importancia económica de la operación que emprendía, incorporó a la misma a sus amigos^¹¹⁹y a su yerno^¹²⁰. La licencia del visitador Escobedo otorgada al apoderado Berindoaga para navegar a Cavite y Macao tiene fecha de 5 de septiembre de 1782 y, al parecer, se acababa de denegar similar permiso a los comerciantes limeños^¹²¹, lo que justificaría el engaño con el que se acometía la nueva operación. Posteriormente se concedió que el viaje partiera de Paita^¹²²y se cerrara directamente en Macao, sin pasar por Filipinas, en una evidente vulneración de las normas seculares^¹²³. Los asociados firmaron un papel de contrata con 21 disposiciones, previniendo que Berindoaga se embarcase como sobrecargo, para vigilar la expedición, llevando como segundo a Matías de Larreta y percibiendo, además de los beneficios de su participación, un 8% sobre las ventas^¹²⁴.

El 12 de junio de 1783 el rey aprobó este permiso hecho en tiempo de guerra^¹²⁵, advirtiendo que al haber llegado la paz no se permitía en lo sucesivo la introducción de ropas de China en Perú, por lo cual el barco debía navegar de retorno a Nueva España o a la Península, salvo imposibilidad, en cuyo caso deberían pagar los mismos derechos que se cobraban en Acapulco. También se les cobraría por la salida de Manila y por el dinero salido de Lima. Por último, se previno a Manila que si aún permanecían en su puerto cuando llegasen las instrucciones, se retornara a España por el cabo de Buena Esperanza. Las órdenes se cursaron para Perú y Filipinas el 26 de junio de 1783, pero en esa fecha el barco ya había salido de Paita, al parecer un tanto precipitadamente^¹²⁶.

La financiación del viaje, que ascendió a un montante de 600.000 pesos, se repartió entre los implicados^¹²⁷. Berindoaga participaba, a título propio, no sólo en la aportación de los 168.000 pesos que reflejaba el reparto sino, además, por los 31.198 pesos (que quedaron en 28.233 líquidos) que figuraban en la caja de soldadas. Aparecía también en otra partida, de dudosa titularidad, que nominaban “el navío en su particular”, con una aportación inicial de 28.801 pesos, incrementada en los 49.517 percibidos por fletes y minorada por gastos varios, quedando reducida, en la liquidación de Macao a un remanente de 40.402 pesos.

Tabla 2

Dicha liquidación quedaba resumida en tres partidas: negociación, Berindoaga por la caja de Soldadas y “el navío”. El reparto del montante, que ascendía a 612.200 pesos, se distribuía entre la adquisición de ropas, que según las facturas había supuesto una inversión de 455.261 pesos (que posteriormente quedaban reducidos a 450.026 al deducir unos gastos de 5.239 pesos) y una importante partida que, con el nombre de “en riesgo a Europa” y valor de 156.939 pesos, daría lugar a la posterior reclamación de José Manuel Cano, en representación de la viuda de San Ginés, a la que hemos aludido anteriormente. Más adelante nos extenderemos en la explicación de dicha partida^¹²⁸.

Tabla 3

El 10 de mayo de 1785 fue expedida una Real Orden para que el Hércules volviese cuanto antes a España. El conde de Gálvez, virrey de Nueva España, contestaba el 25 de noviembre que, en función de la licencia concedida en Lima a Berindoaga por el Superintendente de Hacienda, Don Jorge Escobedo, y por el virrey del Perú, Agustín de Jáuregui, el barco había salido de Paita el día primero de abril de 1783. Que había fondeado en Macao, en época de paz, el 10 de agosto del mismo año, que había salido de dicho puerto el 26 de junio de 1784 y que, tras graves problemas con la tripulación, afectada por el escorbuto, había llegado a San Blas el 17 de noviembre^¹²⁹,donde no pudo secuestrarse la cargazón ni cumplirse la referida Orden de 10 de mayo de 1785, porque en esa fecha ya había salido para El Callao^¹³⁰. En cuanto a Croix, virrey del Perú, respondió desde Lima que el navío y los sujetos que lo gobernaban regresarían a España atendiendo a los deseos de Su Majestad^¹³¹.

El 26 de marzo de 1785 había partido el barco de San Blas^¹³². La relación de mercancías ha sido publicada en anterior trabajo, al que remitimos^¹³³. Parte de la carga había sido vendida en dicho puerto sin avería, parte se vendió averiada y algunos de los efectos desembarcados quedaron en el puerto sin vender. Todo ello afectó a la liquidación del viaje de retorno, que quedaba, a precios de Asia, como puede apreciarse en el cuadro adjunto^¹³⁴, con un liquido resultante de 410.242 pesos^¹³⁵.

Tabla 4

Tabla 5

Comparando dicha valoración con las efectuadas utilizando precios de Nueva España y Perú podemos apreciar la importancia económica de la expedición, la cuantía de su beneficio, máxime si consideramos que estas cantidades eran aplicables a las mercaderías trasportadas^¹³⁶, sin incluir el montante del “riesgo a Europa”, al que aludimos anteriormente y que explicitamos a continuación.

Matías de Larreta, segundo de Berindoaga, había entregado a riesgo, con un premio del 100%, los 156.939 pesos referenciados a la Casa “Sevire, Lian e Fita”, que enviaba tres cargamentos de té de Cantón a Cádiz, consignados a “Verduc, Kerloguen, Payan y Compañía”. Como garantía, en febrero de 1784 libraron en Cantón ocho letras, por importe total de 313.877 pesos fuertes, que deberían ser pagadas a los cuarenta días de llegados los buques portantes a Cádiz. Los consignatarios contra quienes se giraron las letras no aceptaron fechas ni importes, y el gobernador de la plaza les liberó del pago inmediato, previa consignación judicial y a espera de las resultas de la venta. En tanto se produjo el fin de los negocios de la Casa Verduc y se depositaron escrituras, pagarés y obligaciones de la misma en la Casa gaditana “Aguado y Guruceta”.

El 15 de diciembre de 1785 Larreta había endosado las letras a Don Antonio López Escudero. Fallecido éste, resultó su heredero y albacea Juan Matías de Elizalde. Contra este último sujeto pleiteaba diez años más tarde José Manuel Cano, segundo marido de la viuda de Francisco de Llano San Ginés, que entendía que tanto Larreta como Elizalde eran testaferros de Berindoaga, que la venta del Hércules fue figurada, al no recibir sus propietarios el importe de la venta, y que, por todo ello, la Casa de Ustáriz y San Ginés participaba de la expedición. En la instrucción consta que Cano había encontrado cierta documentación que le había hecho iniciar las pesquisas y que, por otra parte, en el Comercio de Cádiz se levantaban voces que susurraban sobre la venta del Hércules y sobre el viaje a la China^¹³⁷. La primera resolución a favor de Elizalde se produjo el 14 de mayo de 1796 y la apelación de Cano, considerada negativamente, en agosto del mismo año. El 8 de agosto Cano respondía con un recurso de atentado, nulidad, agravio, e injusticia notoria. Además, recordaba que cualquier fraude contra la Casa lo era contra la Real Hacienda, su acreedora. En 1798 se resolvió el recurso y todavía el 17 de mayo se pasaba a consulta, con recomendación en contra, la pretensión del demandante de que no se aplicasen las sentencias. Y eran tan subidas de tono las “poco decorosas y aún indecentes exclamaciones” que hizo Cano en su representación, que se indicaba resolutoriamente:

... se le hará saber mi Real desagrado, por tan indebido proceder, apercibiéndole, que si en lo sucesivo incurriere en igual defecto, se le castigará con todo el rigor de las leyes...^¹³⁸

A lo largo del pleito quedaron patentes varias cosas^¹³⁹. Pero sobre todo, la verificación de que, aunque existiera una posición deudora de Berindoaga, el “riesgo a Europa” se trató de un negocio ajeno a la Casa Ustáriz, y la certeza de que ésta tampoco participó de la compañía que se formó en Lima para acometer el viaje a Extremo Oriente.

Aunque durante un tiempo nos hemos apartado de la suerte seguida por el Hércules, debemos retomar nuestra exposición en el punto dejado. Croix, virrey del Perú, expidió un primer Decreto, fechado de 14 de noviembre de 1785, que no surtió efecto, y un segundo, con fecha 12 de enero de 1786, demandando información sobre las circunstancias del navío, puesto que los permisos emitidos en su momento implicaban su vuelta a España^¹⁴⁰. En los mismos se involucraban a Berindoaga, como apoderado de “Ustáriz y San Ginés”, y a Ventura Martínez, que era, por esas fechas, capitán del buque. El primero entregó una prolija representación explicando que precisaba de 150.000 pesos para emprender el viaje de regreso y que carecía de fondos para su desembolso. Por tanto, y como única solución, había decidido la venta de la nave aunque, debido a su mal estado, no encontraba comprador^¹⁴¹. Es decir, que no confesaba las verdaderas circunstancias de la embarcación y seguía simulando su pertenencia a la compañía que representaba.

Croix resolvió hacer inspeccionar el Hércules por personal cualificado^¹⁴²que cifraron en 120.000 pesos la cantidad necesaria para que la nave pudiese salir hacia España: “...de lo cual di aviso a el Superintendente Subdelegado de la Real Hacienda Don Jorge Escobedo, con cuyo dictamen determiné se les hiciese saber manifestasen si tenían o no proporciones para habilitar dicho buque. Con lo que dijeron reducido a serles imposible la habilitación di vista al Ministerio Fiscal”^¹⁴³.

En tanto, una Real orden de 18 de octubre de 1786 reiteraba la orden de regreso del Hércules a la Península^¹⁴⁴. Se hicieron nuevamente avalúos y consultas y la instrucción fue poniendo de manifiesto que al buque se le habían efectuado carenas y reparaciones y que había realizado una expedición del Callao a Guayaquil del 7 de octubre de 1786 a 21 de febrero de 1787, que luego había salido hacia Talcahuano el 24 de marzo y que se encontraba en el curso del viaje^¹⁴⁵. Como sabemos, todas estas actividades eran ya ajenas a los iniciales propietarios, pero Berindoaga seguía sin aclarar la realidad de la situación.

Todavía, un nuevo Decreto de 21 de mayo de 1787, repetía a los implicados la obligación de dirigirse inmediatamente a España. Ventura Martínez, el antiguo capitán, se encontraba en China, embarcado en la Astrea. Matías de Larreta atestiguaba que no había documento alguno que le ligara al barco y que sólo había viajado en calidad de apoderado de sus compañeros en el caudal registrado que había de utilizarse en Cantón y que, una vez concluido el viaje, también quedaba concluido su poder. En cuanto a Berindoaga, se decidía a explicar, ¡por fin!, que el navío se había vendido oportunamente al señor conde de Fuente González con arreglo a las órdenes de sus dueños, que éstos habían aprobado la venta en documento que conservaba para su resguardo y que presentaría en caso necesario, y que después se había vuelto a enajenar hallándose en manos de un tercer poseedor: “...todas las cosas han mudado de semblante...”^¹⁴⁶.

Le constaba que el conde lo había vendido a Vicente Larriva por la menguada cifra de 20.000 pesos, al encontrarse en estado lamentable. Argumentaba que las dos ventas fueron públicas y se pagaron en ambas los derechos correspondientes, por lo que entendía que existía imposibilidad civil y natural de hacer volver el navío a Cádiz^¹⁴⁷. El día 7 de junio, un mes antes de las últimas manifestaciones de Berindoaga, había muerto José de Gálvez, que tal vez nunca llegara a enterarse de la verdad del viaje realizado por los comerciantes limeños bajo el engaño y la argucia.

El 16 de enero de 1788 el caballero de Croix enviaba un extenso escrito al bailio frey Antonio Valdés, sucesor de Gálvez. Citaba las diferentes órdenes y decretos que se habían producido en el tiempo, así como el informe definitivo de Berindoaga, e indicaba que el Superintendente Escobedo había sido consultado y que éste se inclinaba a apoyar la solicitud de aquél de no obligar al retorno de la nave, razón por la que él mismo pasaba el asunto a consulta^¹⁴⁸.

Por real Orden de 22 de agosto de 1788 se aprobaron las providencias adoptadas al respecto de haberse suspendido el retorno del Hércules^¹⁴⁹.

V- Conclusiones

La muerte puso fin a las aspiraciones de Francisco de Llano San Ginés. Conocemos la implicación personal del marqués de Echandía, Juan Agustín de Ustáriz, en el giro habitual de la sociedad, puesto que en los documentos de la misma se alternan la firma de ambos asociados^¹⁵⁰, pero desconocemos el grado de apoyo que hubiese prestado al proyecto de Extremo Oriente terminada su compañía con el finado. Su inmediato fallecimiento, tres meses después del de Francisco, nos priva de llegar a conocer sus intenciones. El fracaso del empeño filipino ha sido adjudicado a la fuerte oposición del Consulado de Manila^¹⁵¹, sin hacer referencia a la desaparición de sus protagonistas, que no sólo estaban acostumbrados a enfrentamientos similares, sino que gozaban del apoyo, y tal vez del empuje, de las más altas instancias.

En otro aspecto, ha sido adjudicado genéricamente a “los Ustáriz” el intento de emprender la aventura a Filipinas. Posiblemente porque un breve primer estudio sobre la Casa, que ha sido referencia profusamente utilizada bibliográficamente, establecía un continuo en la actuación de la misma desde sus comienzos en 1762, reconociendo la existencia de un gran paréntesis de información en que se conocía la incorporación de otro socio, que se identificaba como poseedor de fábricas de estampados y sombreros en la isla de León^¹⁵². En realidad, en ese “paréntesis” se había producido, como indicamos al comienzo de nuestro relato, el concurso de acreedores de Hermanos Ustáriz y Compañía y la asunción de los activos y pasivos de la empresa por una nueva, que giró durante ocho años con el nombre de Ustáriz San Ginés y Compañía, formada por Juan Agustín de Ustáriz, primo de los anteriores propietarios de la sociedad, y Francisco de Llano San Ginés, que no era propietario de las fábricas aludidas sino hermano de José de Llano, titular de las mismas^¹⁵³. Por tanto, en el momento de producirse el viaje a Filipinas los hermanos Ustáriz llevaban siete largos años distanciados de la dirección de su anterior compañía y eran otros los protagonistas del intento.

Por último, se ha estimado como posible la perentoria necesidad de utilizar los barcos para no seguir cosechando pérdidas de su inactividad como la posible causa inmediata del atrevido paso de la empresa^¹⁵⁴. Ciertamente que durante el año 1777 sólo prepararon una expedición, pero en el ejercicio de 1778 fueron tres las naves enviadas, cumpliendo la operativa habitual de la compañía, cuyos barcos, a pesar del importante tonelaje, solían presentar problemas de exceso de carga dando lugar, en ocasiones, a la descarga obligada de parte de la misma. Por otra parte, se vivía un periodo de paz y se preveía la posibilidad de nuevos permisos hacia Caracas, que permanecía al margen de los puertos liberados para el comercio^¹⁵⁵. Por todo ello nos inclinamos más por la hipótesis, puesta de manifiesto en nuestro trabajo y, como hemos indicado, sospechada por otros autores, de que desde el centro del poder, y muy posiblemente a través del Secretario de Estado José de Gálvez, se incitara el desarrollo de semejante proyecto.

El 10 de marzo de 1785, desaparecidos Francisco y Juan Agustín, se creaba la Compañía de Filipinas. Aceptando la crítica del futurible, no nos resistimos a concluir que de haber disfrutado ambos socios de más larga vida, y considerando la aplicación de la cláusula de preferencia del contrato de 1779, tal vez hubiese sido otra la historia de la comunicación comercial con Extremo Oriente.

ANEXO I.- Valor de la carga transportada en el viaje del Hércules a Filipinas en 1779

(AGI, Indiferente General, 2417 A)

Tabla 6

ANEXO II.- Financiación de la expedición del Hércules a Filipinas: Cádiz, 1779

(AGI, Consulados, libro 436)

Tabla 7

NOTAS

1 El título de este trabajo pretende ser un homenaje a mi profesor, Antonio García-Baquero. De él aprendí a no aceptar la fuerza y persistencia de los tópicos y a intentar la revisión de los hechos históricos puntuales mediante el análisis riguroso de los documentos y bajo el punto de vista de una explicación global. Ver: GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: “Los resultados del libre comercio y el “punto de vista”: una revisión desde la estadística” Manuscrits, 15, 1997, 303-322. Utilizamos la posterior publicación en GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: El comercio colonial en la época del Absolutismo Ilustrado problemas y debates, Universidad de Granada, Granada, 2003, 187-216, p. 187.

2 MARTÍNEZ SHAW, C. El sistema comercial español del Pacífico (1765-1820), Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid, 11 de noviembre de 2007, p. 32.

3 Parece que Gálvez se preocupaba de mover varios hilos con dirección a Filipinas. Como ejemplo, la observación de Capella y Matilla Tascón: “Al propio tiempo, los Cinco Gremios, por insinuación del ministro de Indias, embarcaron en la fragata La Juno, que zarpó de Cádiz, 502.332 reales de vellón en especie de plata...” CAPELLA, M. y MATILLA TASCÓN, C.: Los Cinco Gremios Mayores de Madrid, Madrid, Imprenta Sáez, 1957, p. 303. También Carmen Parrón Salas, aunque no se refiere explícitamente a Gálvez, intuye que la compañía Ustáriz y San Ginés actuó movida por instrucciones de algún superior que quería utilizarla como pionera en un viaje aún desconocido. PARRÓN SALAS, C.: De las reformas borbónicas a la república: el Consulado y el comercio marítimo de Lima 1778-1821, San Javier (Murcia), Academia General del Aire, 1995, cifrado pp. 309-318. Más adelante explicaremos nuestras propias sospechas de la posible implicación de Gálvez.

4 Archivo General de Indias (AGI), Indiferente General, 2.486.

5 Como es sabido, los Cinco Gremios Mayores de Madrid obtuvieron en 1776 licencia oficial para registrar géneros en los navíos de la Real Armada que viajaban a Filipinas, instalando dos factorías en Manila y Cantón. No se descartaba la posibilidad de fletar, en un futuro, sus propios barcos. MARTÍNEZ SHAW, C. El sistema comercial..., p. 31. Los Cinco Gremios también sufrían los delicados momentos que, en general, se atravesaban. En junio de 1778, aprestándose para salir en la expedición de azogues a Veracruz, denunciaban la escasez de cargadores, “a causa de lo abatido del comercio” y recordaban los antiguos naufragios sufridos en la isla de la Anguila, la pérdida de la fragata Nuestra Señora de Guadalupe en el terremoto de Guatemala y las dificultades para vender los géneros portados en las Flotas de Córdoba y Ulloa, provenientes principalmente de las sederías valencianas. AGI, Indiferente General, 2.485.

6 AGI, Títulos de Castilla, 6, R.17.

7 Carmen Yuste especula que algún ministro interesado solicitase sus textos. Ver YUSTE, C.: “La percepción del comercio transpacífico y el giro asiático en el pensamiento económico español del siglo XVIII. Los escritos de fray Iñigo de Abad y Lasierra” Memorias del segundo congreso de Historia Económica. México, 27 al 29 de octubre de 2004. [en línea] Asociación Mexicana de Historia Económica. [Consulta:21/04/200]. La autora centra su trabajo en el análisis de los textos de Abad con una somera alusión a la carta del comisionado.

8 AGI, Estado, 47, expedientes 10 y 11. Entre la información proporcionada por el comisionado de los Cinco Gremios figura la rentabilidad de los préstamos a riesgo, estimando que en 18 o 20 meses se obtenía entre Filipinas y Acapulco un 46% de beneficio, teniendo las operaciones habitualmente dos fiadores y sin comenzar a correr el riesgo hasta la vela. También estimaba que el ramo de seguros podría ser interesante, al no existir oferta y haber sondeado la posibilidad de demanda.

9 AGI, Estado, Expediente 11.

10 AGI, Indiferente General, 2.486. Se mantenía la obligación de depositarlas en los almacenes de la Aduana para su control antes de ser enviadas a América, con arreglo al artículo 51 del Reglamento del Comercio Libre.

11 Ibídem. El coste por el camino tradicional a través de Nueva España ascendía a unos 1.000 pesos fuertes. Varias notas sobre el transporte de 37 frailes entre los navíos Jasón y Hércules pueden analizarse en AGI, Filipinas, 337, L. 19, folios 494R-495R.

12 Ibídem.

13 Ibídem. Del marqués de Echandía al rey. Resolución en el margen.

14 MARTÍNEZ SHAW, C. El sistema comercial..., cifrado 20-23.

15 AGI, Ultramar, 641. Sobre este proyecto ver COSANO MOYANO, José: “Un nuevo intento de comercio directo con Filipinas: la compañía de Aguirre, del Arco y Alburquerque”, Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978, tomo XXXV, pp. 261-281. No hemos encontrado referencia del autor al similar proyecto de Van Dahl al que nos referimos seguidamente.

16 En otras ocasiones Van Dhall y Wandahal, según los documentos.

17 AGI, Ultramar, 642. Bibliográficamente, debemos indicar que Lourdes Díaz - Trechuelo cita brevemente un proyecto de Van Dahl, fechándolo en 1764 y remitiendo a fuentes de la Biblioteca del Palacio Real. Estima que las quince condiciones que se consideraban en el mismo revisten cierta importancia porque muchas se reflejan en la erección de la Real Compañía de Filipinas. También pone de manifiesto que 20 años antes de dicha erección resultaba evidente el ambiente favorable a la iniciación del tráfico a las islas. Ver DIAZ- TRECHUELO SPINOLA, María Lourdes: La Real Compañía de Filipinas, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1965, pp. 19-22.

18 Van Dahl llegó a Cádiz en 1726, contando 23 años. Era hermano del barón de Dari y pariente del barón de Osterman, ministro de Rusia, el cual le había colocado en casa de un comerciante de Ámsterdam que, según la afirmación del propio interesado, era director de la “Compañía Oriental”, empleo que argumentaba para probar su experiencia de comercio con Filipinas. AGI, Ultramar, 642.

19 AGI, Ultramar, 642.

20 Ibídem. Resolución de la Junta de Filipinas de 21 de agosto de 1769.

21 Ibídem. Resolución de 12 de diciembre de 1769.

22 Archivo Histórico Nacional (AHN), Órdenes Militares, Santiago, 8.381. Expediente de Juan Bautista de Ustáriz, conde de Reparaz, y de su hermano Juan Felipe, aspirantes conjuntos, fechado en Madrid, 11 de agosto de 1756. En el expediente se incluyen varios testamentos de antecesores que proporcionan variada información familiar.

23 CARO BAROJA, J.: La Hora Navarra del XVIII (personas, familias, negocios e ideas), Pamplona, Comunidad Foral de Navarra, 1969, Capítulo XI, pp. 317-339.

24 Juan Miguel era licenciado en Leyes por la Universidad de Salamanca en 1745. Archivo Histórico Universidad de Salamanca (AHUS), Expediente 795. Permaneció en Salamanca hasta contraer matrimonio en 1749. Ver ROJAS Y CONTRERAS: Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, Madrid, 1767-1770, pp. 845-847. Posteriormente residió en Madrid, donde fue síndico personero del común. CARO BAROJA, J: La Hora... pp. 318-319.

25El testamento de Juan Bautista Ustáriz facilita datos sobre estos dos últimos hermanos. En el año 1810 Juan Miguel se encontraba residiendo en la casa solariega de la familia y José Joaquín era canónigo en Lima, habiendo renunciado a todos sus bienes y derechos. Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. (AMJF), legajo, 1.233. Ruiz Rivera afirma que Juan Francisco fue agente de la Casa Ustáriz en Veracruz en 1768 y que José Joaquín actuó como apoderado y agente de la Compañía en Lima en 1770. RUIZ RIVERA, J.: “Rasgos de modernidad en la estrategia comercial de los Ustáriz, 1766-1773” en Temas Americanistas. Sevilla, nº 3, 1983, pp. 12-17.

26 María José Arazola ha identificado a Juan Agustín dentro de los comerciantes navarros asentados en Cádiz que ejercieron el comercio en la ruta de Buenos Aires. Ver ARAZOLA CORVERA, M. J.: Hombres, barcos y comercio en la ruta Cádiz-Buenos Aires (1737-1757), Sevilla, 1998, p.354.

27 CAPELLA, M. y MATILLA TASCÓN, A.: Los Cinco Gremios Mayores de Madrid, Madrid, 1957, p. 285.

28 Las relaciones de matriculados en el Consulado de Comerciantes gaditanos puede servirnos para datar cronológicamente su actividad. Juan Agustín figura en la ampliación de 1739. En cuanto a los hermanos Juan Bautista y Juan Felipe pertenecen a la relación de 1755, cuando éste último tendría escasamente 21 años. La matriculación de Juan Francisco es posterior y se produce en 1760. Juan Miguel no llega a aparecer en las diferentes relaciones, por lo que podemos suponer, avalados por los demás datos que manejamos sobre el personaje, que residió constantemente alejado de Cádiz, muy posiblemente en Madrid. RUIZ RIVERA, J.: El Consulado de Cádiz. Matricula de comerciantes (1730-1823), Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 1988, pp. 130 y 210.

29 VICENS VIVES, J.: Historia económica de España, Barcelona, 1975, p. 523. Otros autores, que se citan seguidamente, coinciden en dichas dataciones.

30 Ruiz Rivera indica que el primer plazo terminó a finales de 1759. Pensamos que debió ser a finales de 1758, para que se cumplieran los seis años reseñados. RUIZ RIVERA, J.: “La Casa de Ustáriz, San Ginés y Compañía” en La Burguesía mercantil gaditana 1650-1868, Cádiz, 1976, pp. 183-199. Sobre la formación de la compañía ver CAPELLA, M. y MATILLA TASCÓN, A.: Los Cinco Gremios…, p., 117.

31 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), legajo 19.103, protocolo de Antonio de Badiola.

32 Más información recopilada sobre los Ustáriz en MARTINEZ DEL CERRO GONZÁLEZ, V. E.: Una comunidad de comerciantes: navarros y vascos en Cádiz (Segunda mitad del Siglo XVIII), Sevilla, Junta de Andalucía, Consejo Económico y Social de Andalucía, 2006. Igualmente en un trabajo anterior de la misma autora: “La integración de los hombres de negocios navarros y vascos en la sociedad gaditana. La familia Ustáriz (Siglo XVIII)” en V Congreso de Historia de Navarra (Pamplona 2002). 269-282.

33AGI, Indiferente General, 2.485. Copia del contrato de la fábricas firmado por el marqués de Esquilache en el Pardo el 30 de marzo de 1762. Ruiz Rivera reseña todas las cláusulas del contrato, utilizando la documentación existente en el Archivo General de Simancas. Ver RUIZ RIVERA, J.: “La Compañía de Ustáriz, las Reales Fábricas de Talavera y el comercio con Indias” en Anuario de Estudios Americanos XXXVI. (Sevilla 1979), 209-250. Algunos años antes Ramón Carande había realizado idéntico trabajo. CARANDE THOVAR, R.: “Colección de documentos inéditos reproducidos literalmente de los originales que se conservan en el Archivo de Simancas, relacionados con los asuntos que se tratan en los libros III y IV de la presente obra, referentes a la expansión y actividad de los Cinco Gremios Mayores en España, Europa y Ultramar” en CAPELLA, M. y MATILLA, TASCON, A.: Los Cinco Gremios…, anexos.

34 AHPM, Protocolo 19.595 de Don Martín Bazo Ibáñez de Tejada, folio 228.

35 Julian Ruiz, sin citar fuentes, afirma que al año una de las partes solicitó la disolución de la misma. RUIZ RIVERA, J.: “La Compañía..., p. 232.

36 AGI, Indiferente General, 2.486. Informe de 16 de agosto de 1771.

37 AHN, Consejos, 907. Con anterioridad, en un último intento de recuperación, habían puesto al cuidado de Don Francisco de Llano San Ginés y Don Agustín de Ustáriz los barcos de la casa y encomendaron a Don Joaquín de Cester las fábricas de Talavera. Datos de Cester en Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Consultas al Consejo de Castilla, legajo 82. Más información en AHN, Consejos, legajo 8.026 y en AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Consultas al Consejo de Castilla, Legajo 80. Cester murió el 25 de octubre de 1776, siendo director de las fábricas del Reino de Galicia y Principado de Asturias.

38 AHN, Consejos, 907.

39 AHPC, San Fernando, 63, folios 449-452. Poder para testar de Francisco. AHPC, Cádiz, 4.529, folios 2.806-2.819. Testamento de José de Llano San Ginés.

40 AGI, Títulos de Castilla, 6, R.17. Actualmente trabajamos en nuestra Tesis Doctoral con la documentación del Archivo de la Nación Argentina relativa a las actividades de Francisco en Buenos Aires.

41 Ambos hermanos se matricularon en el Consulado en 1771. RUIZ RIVERA, J.: El Consulado..., p. 202.

42 Otros estudios de las dos compañías en HERRERO GIL, M. D.: “Francisco de Llano San Ginés y el comercio con Indias. El socio desconocido de la Compañía gaditana Ustáriz y San Ginés” en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 2001, pp.369-390, y en HERRERO GIL, M. D. “El crédito de la Mirandola y la Compañía Ustáriz y San Ginés. Historia de un apunte contable y de los hombres que lo generaron y mantuvieron”, trabajo de investigación de Doctorado dirigido por Don Antonio García-Baquero González. Inédito.

43 AGI, Buenos Aires, 57. Carta nº 39 de 9 de mayo de 1777 de Cevallos a José de Gálvez. Dicha carta es citada por José Torres Revello, lo que nos ha permitido localizarla. TORRE REVELLO, J.: La Sociedad Colonial, Buenos Aires, Ediciones Pannedille, 1970, p. 74.

44 Según la documentación del navío que hemos utilizado en el presente trabajo, Molviedro era vecino y del comercio de la ciudad de Sevilla, residente en Cádiz, actuando como asentista general de provisiones para el ejército en los cuatro reinos de Andalucía. Por los datos que barajamos en nuestra Tesis Doctoral en elaboración conocemos que Francisco San Ginés había desarrollado un puesto similar durante su estancia en Argentina.

45 AGI, Contratación 1.768 registro de salida; Contratación, 2.810 liquidación del registro; préstamos en Consulados, libro, 421; Contratación, 5659 bienes de difuntos de los fallecidos Diego Bosque y Fernando Díaz, primer y segundo cocinero; Lima, 652, N.72, remisión de caudales de las Cajas Reales del Perú y en AHN, Consejos 20.220,1 información sobre varias reclamaciones posteriores relacionadas con la expedición.

46 AGI, Contratación, 1.423 a 1.426, registros de salida de la Flota. Regreso del barco en Contratación, 2.580. Préstamos en Consulados, libro 440.

47 AGI, Indiferente General, 2.485. 21 de diciembre de 1773:“El Rey quiere saber los sucesos ocurridos con la Compañía de Ustáriz Hermanos sobre la compra del Navío Hércules, que salió con registro para el Sur, contrato que se hizo con los chilenos, y alijo de ropa del Buen Consejo transbordado a el citado Buque”

48 Ibídem. Memorial al rey.

49 Ibídem. Carta de los navieros al Sr. presidente de Contratación. En el mismo legajo se encuentra la misiva de Real Tesoro a Arriaga por si procedía la bajada de fletes al margen del Proyecto de 1730 y la carta de Juan Agustín de Ustáriz a Julián de Arriaga, fechada el 20 de octubre de 1772, explicando que se basaban en la que autorizaron anteriormente a los navíos Jason y Toscano y en el problema de escasez de carga que obligaba a novedosas actitudes: “...se ha formado un duelo extraordinario por los demás navieros del Sur a términos de criminoso, y delincuente, como si el buscarse uno el remedio de su daño, o, ruina fuese delito mercantil.”

50 Ibídem. 21de diciembre de 1773.

51 Ibídem. El presidente de la Casa de la Contratación informaba al rey que el Hércules se había comprado con particular convenio entre las partes, que “Ustáriz y San Ginés” había manifestado debidamente la situación y que todo el asunto se había llevado con legalidad y eficacia. Nos encontramos, de nuevo, con una actuación a favor de la política empresarial de los socios, aunque ello provocase, entre los demás interesados en la Carrera, no pocas situaciones de preocupación por su continuada agresividad.

52 Ibídem. 21de diciembre de 1773.

53 RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano de romper el monopolio comercial novohispano- filipino”, IV Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1985, volumen I, pp. 147-179, (p. 152)

54 Registro de salida en AGI, Contratación, 1.776 y de llegada en Contratación, 2.821. Ver también información en Indiferente General 2.485 y en Contratación, 4.928. Los préstamos están registrados en Consulados, 430 y el envío de pesos provenientes de las temporalidades en Quito, 239,N.37.

55 El Erario Público pagó de fletamento al Hércules a razón de 120 reales de vellón por tonelada, según contrato firmado por su maestre el 16 de septiembre de 1776, pagaderos con carácter retroactivo desde el 17 de julio. Un importe total de 66.858 reales de vellón al mes, con pago anticipado de cuatro mesadas. A continuación se relacionan las fuentes para el estudio de la expedición.

56 Los datos de salida en AGI, Contratación, 1.383 A y B. En Contratación, 1.734 se encuentra el registro abortado del Hércules que se traspasó a la Victoria, devolviendo los derechos a los interesados. Los registros de vuelta en Contratación 2.761 y en Indiferente General 2.415. También existen relaciones valoradas de cargas en Contratación, 4.937 y los préstamos están registrados en Consulados, libro 433.

57 AGI, Filipinas, 118, N.13 y Filipinas, 343, L.12, F. 59R-65R.

58 PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M. I.: “Rasgos biográficos de una familia ilustrada” en MORALES FOLGUERA, J. M. y ALFAGEME RUANO, P. (coords.): Los Gálvez de Macharaviaya, Málaga, Junta de Andalucía y Benedito Editores, S. L., 1991, 19-131. También ANTOLIN ESPINO, M. del P.: “El virrey Marqués de Cruillas (1760-1766)” en CALDERON QUIJANO, J. A. (director): Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III (1759-1779), Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1967, tomo I, 1-157.

59 REDER GADOW, M. “Aspectos militares” en MORALES FOLGUERA, J. M. y ALFAGEME RUANO, P. (coords.): Los Gálvez de Macharaviaya, Málaga, Junta de Andalucía y Benedito Editores, S.L., 1991, 201-249, (p. 243).

60 Aurora Gámez Amián indica que José de Llano era amigo personal de Gálvez y que se comprometió a establecer en la villa natal de éste dos fábricas. Debemos objetar que la carta entre ambos que cita la autora para corroborar su afirmación no era de José, sino de Francisco, por lo que debemos atribuir a éste tanto la amistad con Gálvez como la iniciativa reseñada. Ver GAMEZ AMIAN, A.: Málaga y el comercio colonial con América (1765-1820), Málaga, 1994, p. 39. También María Soledad Santos afirma la existencia de tal amistad con José, pero no cita fuente que avale su consideración. SANTOS ARREBOLA, M. S.: La proyección de un ministro ilustrado en Málaga: José de Gálvez, Málaga, Publicaciones de la Universidad de Málaga y Obra Social y Cultural Cajasur, 1999, pp.22-57.

61 AGI, Contratación, 1.383 A y B. La expedición partió de Cádiz el 13 de noviembre de 1776. Estaba compuesta por 20 barcos de guerra y 96 mercantes, fletados por la Real Hacienda. El Hércules y el Toscano, incautados a la casa “Ustáriz y San Ginés”, navegaban transportando 34 oficiales y 477 soldados de los 9.194 que constituían el total de las fuerzas.

62 Indistintamente se utiliza el nombre Argelejo y Argelejos.

63 CENCILLO DE PINEDA, M.: El Brigadier conde de Argelejo y su expedición militar a Fernando Poo en 1778, Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1948, pp. 58 y siguientes.

64 DE CASTRO, M. y NDONGO, D.: España en Guinea. Construcción del desencuentro: 1778-1968, Toledo, Ediciones Sequitur, 1998, p. 9.

65 España siguió, no obstante, sirviéndose de los esclavos aportados por otras naciones. Ver en CENCILLO DE PINEDA, M.: El Brigadier..., p. 66. También en SOLANO, F. de: “Reformismo y cultura Intelectual. La biblioteca privada de José de Gálvez, Ministro de Indias” en Quinto Centenario, Universidad Complutense de Madrid, 1981, volumen 2, 1-100, (p.15): “Gálvez intentó que el mundo hispano tuviese un punto de abastecimiento negrero independiente”.

66 Carlos Martínez Shaw recuerda que en 1779 esa posibilidad era presentada por el ilustrado Juan Bautista Muñoz. MARTÍNEZ SHAW, C. El sistema comercial..., p. 21.

67 Manuel Cencillo de Pineda informa que en 1785 Gálvez, en calidad de presidente de la recién formada Compañía de Filipinas, exponía en Junta de Gobierno la importancia de dicha colonización en el camino comercial hacia Asia. CENCILLO DE PINEDA, M.: El Brigadier..., pp. 174-175.

68 AGI, Indiferente general 2.485. Miguel José de Ustáriz, hijo del fallecido marques de Echandía, a José de Gálvez. Madrid, 2 de mayo de 1781.

69 AGI, Indiferente General, Carta de Francisco a Gálvez fechada el 28 de mayo de 1779.

70 Ver, por ejemplo, GAMEZ AMIAN, A.: Málaga..., p. 39.

71 Información muy variada sobre la Casa de Giro en AGI, Indiferente General, 2485. Aurora Gámez Amián les adjudica el navío San Pablo (en vez del San Pedro), e indica, a nuestro parecer de forma errónea, que las concesiones del rey se hicieron a la compañía “Ustáriz y San Ginés”. Hemos buscado sus fuentes infructuosamente, puesto que ni en los legajos 2.317 ni 2.140 de Indiferente General del Archivo General de Indias, que ella cita, hemos localizado la información a que alude, no pudiendo por tanto comprobarla. Por el contrario, el legajo 2.485, de la Sección Indiferente General del citado Archivo, contiene los documentos donde se conceden todas las condiciones que ella reseña, incluido el monopolio del transporte de papel y barajas, a la Casa de Giro de los hermanos Llano. Ver GAMEZ AMIAN, A.: Málaga..., p. 39. Por su parte, María Soledad Santos Arrebola indica que la sociedad malagueña era una sucursal de la gaditana del mismo nombre que estaba en expansión y que, por tanto, se regía por la normativa correspondiente a la central. Desgraciadamente no remite a fuentes que pudiésemos comprobar al respecto, pero no hemos encontrado ningún documento que avale dichas afirmaciones. También pone de manifiesto que la casa no se mantuvo en Málaga, pero no se hace eco del fallecimiento de uno de sus socios, circunstancia, a nuestro parecer, determinante para explicar la liquidación de la misma. Ver SANTOS ARREBOLA, M. S.: La proyección..., pp. 22-57. Por nuestra parte, analizando la titularidad de la documentación que conocemos hasta este momento, estimamos que la sociedad de ambos hermanos se formaliza con ocasión del tráfico malagueño, actuando anteriormente en Cádiz José de forma individual y Francisco en sociedad con Juan Agustín de Ustáriz y no existiendo, por tanto, la “expansión” referida.

72 AGI, Consulados, libro 436, folio 921.

73 Antonio Miguel Bernal indica que se formalizaron 5 operaciones por un total de 224.274 pesos. BERNAL, A. M.: La financiación de la Carrera de Indias. Dinero y crédito en el comercio colonial español con América, Sevilla, Fundación el Monte, 1992, p. 733

74 DE CASTRO, M. y NDONGO, D.: España en..., p. 10.

75 AGI, Indiferente General, 2.485 José de Llano San Ginés a José de Gálvez, Cádiz, 2 de marzo de 1779.

76 El día 1 de febrero, en que se firma el contrato del San Pedro, aún no se había producido la aceptación del funcionamiento de la Casa de Giro malagueña y desconocemos si ya se había protocolizado notarialmente la formación de la sociedad “José de Llano San Ginés y Cía”. El contrato del barco lleva la firma de Larrea, capitán, sin indicar el nombre de la sociedad que lo apodera. Un escrito de Reggio, director general de la Armada, a Argelejo dice que el buque es “propio de la casa de Ustáriz, San Ginés y Compañía”. La equivocación es comprensible dada la vinculación entre las compañías y por el hecho de que Larrea emitió instrucciones para que el pago del fletamento con la Real Hacienda se abonase a la cuenta deudora de “Ustáriz y San Ginés” con el Real Erario, actuación frecuente en José de Llano, que solía ceder pagos a su hermano, cuya sociedad con Ustáriz solía financiarle a través de concesiones de préstamos. El enmarañamiento de todas las sociedades fue puesto de manifiesto por los propios interesados. Sirva de ejemplo el testamento del conde de Reparaz, Juan Bautista de Ustáriz: “...yo hice la tontería de dar pago a mi deuda a la testamentaría de Ustáriz y San Ginés...ambas casas están arruinadas, y todo hecho un caos, sirva de aviso esta verdadera maraña...”.

AGI, Arribadas, 97, documentación de la contrata y proyecto; Arribadas, 437, pago de 387.600 reales de vellón de fletamentos; Arribadas, 411, registro de salida de la nave a nombre de “Llano, San Ginés y Cía”; Consulados, libros 429 y 430, operaciones crediticias concedidas a José de Llano por “Ustáriz y San Ginés” e importe de 186.592 pesos; Contratación, 2.585, Cádiz, a 26 de septiembre de 1777, cesión de José de Llano a su hermano Francisco de 40.658 reales y 28 maravedíes de vellón que la Real Hacienda le debía por fletes de 450 quintales de azogue que trasportó en su navío Nª Sª la Divina Pastora, alias El Brillante. Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (AMJF), Legajo 1.233, testamento del conde de Reparaz.

77 CENCILLO DE PINEDA, M: El Brigadier..., pp. 109-110. Cencillo aclara que la tipología del barco, bergantín, según citamos con anterioridad, se había armado en paquebote, es decir, para transporte de pasajeros, miembros de la expedición. Ver p. 81.

78 El Santiago fue enviado por decisión de la Junta de Jefes de la expedición en reunión celebrada el 6 de septiembre de 1778. DE CASTRO, M. y NDONGO, D.: España en..., p. 12.

79 AGI, Arribadas, 97. Por parte de la propiedad de la nave se prometía el mantenimiento correcto de la embarcación durante el tiempo que durase el fletamento, se admitían las instrucciones que fuesen ordenadas en cuanto a derrotas y conservas, se prohibían las arribadas (salvo por falta de víveres), se responsabilizaban de los descalabros y averías así como de la carga y descarga de las especies que por los ministros del rey se le indicase, siendo de cuenta de la Real Hacienda los riesgos del cargamento.

80 Ibídem. En AGI, Contratación 5.524, N.2, R.13 autorizaciones para viajar concedidas a Antonio José Riveiro y Cristóbal de Acosta, carpintero y herrero, que parten en el San Pedro.

81 “El día 14, a las nueve de la noche, falleció el Brigadier Conde de Argelejos. Este caballero había sentido el 24 de Octubre en Fernando Póo los primeros accesos de una fiebre catarral, de cuyas resultas se le aumentó unas diarreas inveteradas, que fue la causa de su muerte. En el discurso de su enfermedad recibió dos veces los Santos Sacramentos e hizo un codicilo nombrando por albacea al capellán D. Juan Marciano y al Teniente de Fragata Baltasar Mejías, embarcados uno otro en el “Santa Catalina”. El día siguiente se arrojó el cadáver al agua con toda la decencia que permite la estrechez de una embarcación”. DE LAS BARRAS Y DE ARAGON, F.: Documentos y datos referentes a la expedición del conde de Argelejos al Golfo de Guinea, Madrid, Publicaciones de la real Sociedad Geográfica, Serie B, número 308, S. Aguirre, impresor, 1953, pp. 75-76.

82 CENCILLO DE PINEDA, M: El Brigadier..., p. 111. En la página 39 copia del certificado del capellán de la fragata.

83 AGI, Arribadas, 97. Manjón en contestación a Gálvez el 23 de febrero. El 15 anterior Gálvez le había instruido:”...avivará todas sus providencias para que con toda brevedad, y sin pérdida de tiempo, salga a navegar el citado navío San Pedro...”

84 DE CASTRO, M. y NDONGO, D.: España en..., p. 30. También el regreso a Montevideo en CENCILLO DE PINEDA, M: El Brigadier..., p. 110.

85 AGI, Filipinas, 687.

86 AGI, Indiferente General, 2.417 A. Cádiz, 2 de abril de 1779, de Manjón a Gálvez. Dice acompañar relación de mercancías y pasajeros indicándose, en una relación de la Contaduría Principal de la Real Audiencia de Contratación a Indias, que se autoriza a embarcar a 24 religiosos y 2 legos, de la orden de Descalzos de San Francisco, dirigidos a la provincia de San Gregorio. También se autoriza a Don Cayetano Seiu, alumno del colegio chinés de Nápoles, que se restituía a su patria y no había podido embarcar en El Jason, que ya había partido. En cuanto a las mercancías, adjuntamos como anexo I la relación localizada.

87 AGI, Consulados, libro 436. Ver Tabla I

88 RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano..., p. 153. El autor se refiere al legajo del Archivo General de Indias Contratación, 1.785, donde se encuentra una carpeta del registro vacía.

89 Lourdes Díaz- Trechuelo aporta la cifra de 96.288 reales. Al no citar fuente no hemos podido analizar la discrepancia. DIAZ- TRECHUELO SPINOLA, María Lourdes: La Real Compañía..., p.18.

90 AGI, 2.417 A. Ver anexo I.

91 AGI, Consulados, libro 436, registros de préstamos y seguros. Ver anexo II.

92 AGI, Filipinas, 687. Gálvez, 18 de mayo de 1779.

93 AGI, Indiferente general, 2.485. Juan Felipe de Madariaga, apoderado de la testamentaría de su suegro Francisco de Llano San Ginés, en petición al rey fechada el 23 de abril de 1781.

94 AGI, Contratación, 5.689, N.2.

95 DIAZ- TRECHUELO SPINOLA, María Lourdes: La Real Compañía..., p.23.

96 AGI, Contratación, 5.698, folio 49.

97 AGI, Indiferente general, 2.486. Informe de Basco y Vargas a Gálvez. Fechada el día anterior, es decir, el 21 de abril. Más adelante insistimos en esta “carta aventurera”.

98 AGI, Contratación, 5.689, carta primera del cirujano José de los Reyes.

99 Ibídem, carta segunda de José de los Reyes.

100 Ibídem, carta segunda. Curiosamente en esta misiva indicaba a su mancomunado que iba a escribir a los Gremios: “que les dieron los 4.000 pesos”. No tenemos ninguna constancia de semejante operación que parece poner de manifiesto la existencia de riesgos no registrados.

101 Ibídem, carta tercera de José de los Reyes.

102 AHPC, San Fernando, 635, folios 449-452. Testamento de San Ginés; AGI, Indiferente General, 2.486. Carta de Miguel José de Ustáriz a Gálvez el 22 de marzo de 1781 solicitando que su tío, Juan Bautista de Ustáriz, se entienda de los permisos concedidos a su padre, que acaba de fallecer.

103 Remitimos de nuevo al anexo II.

104 AGI, Indiferente General, 2.485. De Juan Felipe de Madariaga, que firma el 23 de abril de 1781 en virtud de poder de Ustáriz, San Ginés y Cía., a Gálvez, desde Cádiz. Parecida comunicación desde Madrid el 2 de mayo firmada por Miguel José de Ustáriz.

105 AGI, Indiferente General, 2.486, 18 de mayo de 1781. De Gálvez a Manjón.

106 Ibídem. De José Basco y Vargas a Gálvez, 21 de abril de 1780. El 30 de diciembre esta carta, calificada en la documentación de “aventurera”, fue remitida desde Cantón, donde llegó en El Hércules, a través de un barco neutral con bandera sueca hacia Copenhague. Desde allí es de suponer que se enviaría a España, aunque no tenemos constancia de este último tramo.

107 Ibídem.

108 Ibídem.

109 Ibídem. Informe del virrey de Nueva España fechado el 10 de enero de 1782.

110 RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano..., pp. 173-175.

111 AGI, Contratación, 5.689, N.2. Cuarta carta de José de los Reyes. En el expediente figuran, además, variados datos familiares y crediticios. Reyes murió en febrero de 1782 en la venta del Atajo, camino a México, sin haber pagado sus préstamos. Las operaciones se habían emitido con un premio del 40%, más un incremento del 20%, por mayor coste del seguro, si se declaraba la guerra, y medio punto por demora al mes, pasados los 18 primeros.

112 Sobre la salida a Guayaquil aporta Julián Ruiz Rivera algunas consideraciones sobre liquidaciones de derechos pendientes. RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano...”, p. 162

113AHPC, San Fernando, 97, folio 213.

114 Ibídem.

115 AHN Consejos 20.243, N. 3, 39 verso.

116 RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano...”, p. 165.

117 Otro de los navíos de la Compañía, el Aquiles, que partió de Cádiz el 19 de febrero de 1779, fue destinado al Real Servicio por Orden de 15 de enero de 1780. Según Carmen Parron, dicho documento puede consultarse en AGI, Lima, 1.546. Esta autora califica a “Ustáriz Hermanos”, en 1776, como “empresa semiestatal”. En realidad en dicha fecha la referida sociedad ya había sido sustituida por la compañía “Ustáriz y San Ginés” y no nos consta que tuviese ninguna participación del Estado. Ver PARRON SALAS, Carmen: De las reformas borbónicas a la república: el Consulado y el comercio marítimo de Lima 1778-1821, San Javier (Murcia), Academia General del Aire, 1995, pp. 309-318.

118 MAZZEO, Cristina Ana: El comercio libre en el Perú: las estrategias de un comerciante criollo, Jose Antonio de Lavalle y Cortés (1775-1815), Lima, Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994, p. 95. Según esta autora en 1785 fue conde de Fuente González al casarse con Rosa de la Fuente González de Argandoña. Sin embargo, hemos podido comprobar que en la concesión del título, solicitado en 1783 y resuelto favorablemente el 4 de octubre de 1785, consta que se consideraron méritos propios: había pertenecido al regimiento de dragones de Carabaillo de 1764 a 1773 y de Lima en 1773 y 1774 y había sido Prior del Tribunal de Consulado en enero 1782 y uno de los alcaldes ordinarios. AGI, Títulos de Castilla, 4, R.14.

119 AHN, 20.243, N. 3, folios 69-70. Repartieron la compañía en 32 participaciones. Don José González y Don Juan Félix de Berindoaga tenían ocho de ellas cada uno, Don Fernando de Rojas y Don Antonio López Escudero disponían de seis, también cada uno, mientras que Don Antonio y Don José Matías de Elizalde suscribían cuatro entre los dos.

120 MAZZEO, Cristina Ana: El comercio libre..., pp. 94-98. Una hija de José González estaba casada con José Matías de Elizalde, que fue socio de su hermano Antonio en la denominada “Compañía General de Comercio”

121 PARRON SALAS, Carmen: De las reformas borbónicas..., p. 376-378. La autora, que desconoce el posterior engaño de los comerciantes a las autoridades limeñas, afirma que a aquellos tuvo que sentarles “como un jarro de agua fría” la autorización otorgada a “Ustáriz y San Ginés”. Opinamos, por el contrario, que debió sentarles muy bien, pues posibilitaba su negocio oculto. Por otra parte, Julián Ruiz Rivera afirma que este segundo viaje, con un aumento considerable de inversión con respecto al primero, patentiza la mayor organización de la Casa de Ustáriz en la capital peruana. Aunque indica que en el mismo participaron otros comerciantes, sin desarrollar tal afirmación, desconoce que dichos comerciantes actuaban al margen de la Casa que figuraba como titular del evento. Ver RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano...”, p. 169.

122 Posiblemente prefirieron este puerto pues, como es sabido, estaba menos controlado que el de Lima.

123 Carmen Parrón se pregunta si Ustáriz era tan poderoso como para conseguir tales excepciones y afirma la existencia de muchos “cabos sueltos” en torno a sus negocios. PARRON SALAS, Carmen: De las reformas borbónicas..., pp.378. Dichos “cabos sueltos” dejan de serlo cuando se cubren las lagunas motivadas por la falta de información global, por el desconocimiento de la sucesión de los hechos que concurrieron y de la personalidad de sus protagonistas.

124 AHN Consejos, 20.243, N 3.

125 No debemos extrañarnos de que a pesar de la muerte de los socios se aprobara el proyecto que ficticiamente se solicitaba a su nombre. La deuda que mantenían con el Erario era muy alta y cualquier ingreso de la Casa vendría bien para su cobro, que resultaba preocupante para el presidente de la Casa de la Contratación: “... con motivo de haber fallecido Don Francisco de San Ginés, conde de Torrealegre, socio, y principal director de la Compañía, me ha parecido interesante a la Real Hacienda, informarme de sus débitos en general, y particular de los socios...” AGI, Indiferente General, 2.485. Carta de Manjón a Gálvez. La relación de deudas que adjunta está fechada el 4 de enero de 1781, a escasos días del fallecimiento de Francisco. Según Julián Ruiz Rivera el permiso resultó desaprobado. Nosotros estimamos que se aprobó aunque con las matizaciones a que nos hemos referido. Ver RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano...”, p. 164.

126 Las respectivas órdenes aparecen firmadas por José de Gálvez. Ver AGI, Indiferente General, 2.485. El 5 de diciembre del referido 1783, Berindoaga escribió a Juan Felipe de Madariaga explicándole que, debido a las presiones de sus compañeros se había visto obligado a partir sin dejar saldadas sus cuentas y si haber entregado el importe de la venta del navío. Esta circunstancia sería esgrimida trece años más tarde por Manuel Cano entendiendo que tras la venta, que él entendía simulada, del navío, Berindoaga había financiado parte de la operación con el saldo, a favor de la Casa, de su cuenta de apoderado. La referencia de tal carta en ANH, Consejos, 20.243, N. 3, 40 dorso.

127 Ver Tabla II. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en AHN, Consejos, 20.243, N.3.

128 Tabla III y restos de datos económicos en AHN, Consejos, 20.243, N. 3.

129 El barco tuvo la desgracia de varar en San José, en el cabo de San Lucas, donde perdió el timón: “...quebrándose tanto que desde allí, sin intermisión ocuparon hasta aquí veinte hombres en la Bomba, con los cuales no podían agotar la mucha agua que hacía...en este deplorable estado con sumo trabajo hicieron su arribada, y consiguieron inmediatamente hacer su descarga, reparar su buque...atumbarlo para carenarlo y hacerle las obras precisas que haya menester.” AGI, Indiferente General, 2.486. Informe fechado el 30 de diciembre de 1784 de José Camacho, responsable del puerto de San Blas, a José de Gálvez

130 Ibídem. Esta carta, dirigida a José de Gálvez, hacía la reflexión de que en un principio la orden del año 83 se había concedido para Cavite, pero Berindoaga había conseguido cambiarla a Cantón: “...todo lo mueve él y consigue los permisos con respecto a la protección Real a favor de la Casa de Ustáriz”.

131 Ibídem. Igualmente la misiva se dirige a José de Gálvez

132 Ibídem. De Gálvez al virrey de Nueva España. Se repite en ella la narración de los hechos ya conocidos.

133 RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano...”, pp. 175-177.

134 Tabla IV. Elaboración propia. Datos en AHN, Consejos, 20.243, N.3.

135 De las cifras de reparto inicial se deducían la avería, los 3.949 pesos de 24 cajones que resultaron estar cargados con ladrillos, los 19.549 pesos de lo vendido en San Blas sin avería y lo dejado en ese puerto pendiente de facturar, todo ello valorado a precios de Asia.

136 Ibídem. Tabla V. Elaboración propia. Datos en AHN, Consejos, 20.243, N.3.

137 Ibídem, folio 42.

138 Ibídem, folio 133 verso.

139 Entre ellas, el descuido, durante tantos años, de los responsables de la Compañía “Ustáriz y San Ginés”, motivado en parte por los sucesos ocurridos a la misma por el fallecimiento de los socios, en parte por las desavenencias domésticas que impedían defender la causa común.

140 AGI, Indiferente General, 2.485.

141 AGI, Indiferente General, 2.485. Fechado en Lima, 24 de marzo de 1786.

142 Por el ingeniero D. Antonio Cazulo y por los maestros mayores de calafates y carpinteros del navío de guerra Santiago de la América.

143 Ibídem. Informe retroactivo de Croix a Antonio Valdés, 16 enero 1788.

144 AGI, Indiferente General, 2.486. En la Orden se hace referencia al permiso del año 1783 para el viaje a Cantón y a la orden de regreso de 1785.

145 Ibídem. Informe fechado en Callao el 7 de mayo de 1787.

146 Ibídem. Declaración fechada en 16 de julio de 1787.

147 Ibídem.

148 Ibídem. Informe de Croix a Valdés. Se nos ocurre pensar que Escobedo, que sufrió aparentemente en su día el engaño de los comerciantes limeños, es posible que tuviese una cierta complicidad.

149 RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano...”, p. 171.

150 Ver, como ejemplo, los documentos de los legajos AGI, Indiferente General 2.485 y 2.486.

151 DIAZ-TRECHUELO SPINOLA, María Lourdes: “Filipinas en el siglo XVIII: la Real Compañía de Filipinas y otras iniciativas de desarrollo” en ELIZALDE PEREZ GRUESO, Dolores (edit.): Las relaciones entre España y Filipinas: siglos XVI-XX, Madrid; Barcelona, Casa Asia; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002, pp. 87-122, (p.94): “...la Casa Ustáriz y San Ginés de Cádiz no pudo vencer la fuerte oposición del Consulado de Manila”. En trabajo anterior la misma autora había afirmado que la Casa Ustáriz y San Ginés de Cádiz había conseguido libertad de derechos de entrada y salida, pero que tropezó con la oposición del Consulado de Manila y no llegó a hacer negocios de importancia. DIAZ- TRECHUELO SPINOLA, María Lourdes: La Real Compañía..., p. 19; Ver también MARTÍN PALMA, M. T.: El Consulado de Manila, Granada, Universidad de Granada, 1981, p. 123. En la misma línea se ha especulado con la idoneidad del tráfico naviero malagueño ejercido por Francisco afirmando que no se llegaron a hacer realidad las esperanzas puestas en San Ginés, sin hacerse eco de la muerte del mismo. SANTOS ARREBOLA, M. S.: La proyección ..., pp.22-57.

152 RUIZ RIVERA, J.: “La Casa de Ustáriz ...”, p. 187.

153 Archivo Municipal de San Fernando (AMSF), legajo 1.551.

154 RUIZ RIVERA, J.: “Intento gaditano...”, pp. 148-149.

155 Datos barajados en la elaboración de la Tesis Doctoral que actualmente preparamos.

Fotografía de portada: El Galeón de Manila o galeón de Acapulco. Pintura de Nicéforo Rojo, S. XX. Museo Oriental de Valladolid. Fuente: Web del Museo Oriental

Otro artículo de la autora en este blog y su curriculum:
Francisco de Llano San Ginés y el comercio con las Indias: el socio desconocido de la Compañía gaditana “Ustáriz y San Ginés”

Primer premio del concurso Nuestra América 2011, por el trabajo "El mundo de los negocios de Indias: navieros, comerciantes y financieros en el Cádiz del siglo XVIII"

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EN IMÁGENES

El galeón de Manila. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México

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DEL PATÍBULO AL CIELO. LA LABOR ASISTENCIAL DE LA COFRADÍA DE LA PASIÓN EN EL VALLADOLID DEL ANTIGUO RÉGIMEN

maytediez - 25 de junio de 2008 - 00:42 - Historia Moderna/ Europa y América

Lourdes Amigo Vázquez
Universidad de Valladolid

Todo estaba preparado en la Plaza Mayor vallisoletana, la mañana del 29 de diciembre de 1802, para ser escenario de uno de los espectáculos multitudinarios del Antiguo Régimen: una ejecución pública. El soldado Mariano Coronado había sido condenado a la horca por la autoridad militar. El capellán del Regimiento de Voluntarios fue el encargado de reconfortar su alma. Tampoco faltaron los cofrades de la Pasión, que acompañaron al reo hasta el suplicio y dispondrían su sepultura.

Ya en la Plaza, pusieron al reo bajo la bandera y le leyeron la sentencia. Después llegó al pie del suplicio donde se reconcilió. Subió al cadalso, el ejecutor le echó dos dogales y el condenado le dijo que esperara un poco, que tenía que hablar. Mandó que le rezaran dos Salves y un Credo. Cuando rezaba el capellán el Credo, el verdugo, siguiendo su oficio, se arrojó con el reo e inmediatamente su hijo le agarró por los pies. Al cuarto de hora, el clérigo mandó que se le bajara del cadalso y se lo entregó a la cofradía, para que organizase el entierro. Entonces tuvo lugar un hecho extraordinario:

“Cojió la caridad a el reo y le puso en el sitio que acostumbra para desde allí formar su entierro. Y a corto rato que allí se allaba quando enpezó la gente que el aorcado estaba bibo, a lo que fue tanto el concurso de gente que se juntó, que tuvo por pronta providencia la cofradía meterle en su sala”.

Refugiado en la iglesia de la cofradía, ésta le asistió hasta su restablecimiento, a la vez que envió dos comisionados para dar la noticia de lo acaecido al Capitán General que se encontraba en La Espina. Nada menos que lograrían el perdón del reo[1].

Un lúgubre ceremonial que se repetía con demasiada frecuencia, había sido abruptamente interrumpido. La cofradía de la Pasión, acostumbrada a amortajar y dar sepultura a aquellos marginados, esta vez había cambiado su cometido.

El auxilio prestado por esta cofradía a los condenados a muerte, incluidos los relajados de la Inquisición, es el objeto del presente trabajo. El Antiguo Régimen constituirá nuestro ámbito cronológico, aunque por las “tiranía” de las fuentes nos detenernos principalmente en el siglo XVIII y principios del XIX[2]. Aquella sociedad regida por lo sacro llenaba de contenido tanto el fenómeno cofrade, como las prácticas de caridad. Los condenados a la pena máxima no podían quedar desasistidos en el momento más trascendental de la vida, el de su fin.

La muerte, la obsesión por la salvación, la caridad y las cofradías, fruto de una sociedad sacralizada, conformarán parte de los parámetros de este estudio. La Justicia, el pecado, el crimen y su represión, así como los condenados a muerte, serán sus otros ingredientes, propios de aquella sociedad, también violenta, jerárquica y desigual, que encontraba gran parte de su justificación en el Más Allá.

No todo era Semana Santa para los cofrades de la Pasión

El informe elaborado sobre las cofradías vallisoletanas por el intendente Ángel Bustamante en 1773, es fiel reflejo del pensamiento ilustrado, crítico con estas asociaciones de carácter religioso[3]. Sobre todo arremete contra “estos cinco cuerpos tan monstruosos” que eran las penitenciales. Ataca los “excesos” en las procesiones de Semana Santa, que “se han cometido en pública escena de escándalo y abominazión”, así como los dispendios de los cofrades. A su vez, “aunque fueron fundadas en calidad de hospitales (...) y que sus cofrades se empleaban en obras de caridad con los próximos”, todas menos una habían abandonado tales actividades.

“Sólo la cofradía de Nuestra Señora de la Pasión se exercita en pedir limosnas por los difuntos ajusticiados, hacer bien y decir misas por sus almas, acompañar procesionalmente hasta el suplicio a estos reos y darles sepultura sagrada (...); y cada un año celebra en la dominica de Ramos, en el convento de San Francisco, una función general de ánimas por los dichos difuntos ajusticiados[4]”.

Pese a reconocer la labor benéfico-asistencial de la Pasión, defiende sobre todo la pervivencia de la cofradía de la Cruz, que debería celebrar una procesión en la Semana Santa y otra en la Invención de la Cruz. Esta cofradía era la más antigua y posiblemente la que realizara mayores actividades de culto. Además, de acuerdo a los parámetros ilustrados, es de suponer que abogaba por una beneficencia controlada por el Estado. No en balde, en 1785 tendría lugar en Valladolid la supresión de 70 cofradías, en su mayoría gremiales y asistenciales, para ayudar a financiar la recién creada Casa de Misericordia. Sobrevivirían al menos 51, entre ellas las denostadas penitenciales[5].

En definitiva, las procesiones de Semana Santa continuarían sumergidas en su larga etapa de decadencia iniciada a mediados del XVIII[6]. También la cofradía de la Pasión seguiría desplegando sus actividades de piedad con los condenados a muerte, hasta las primeras décadas del pasado siglo. Sin embargo, a medida que avance el XVIII y principios del XIX se incrementarán sus problemas para hacer frente a esta obra de caridad. La crisis de la propia cofradía sería una de las causas, pero también incidirían el aumento de los ajusticiamientos y las dificultades para encontrar un lugar donde enterrar sus cadáveres debido a los nuevos parámetros ilustrados sobre los cementerios.

Desde nuestra mentalidad del siglo XXI no podemos dejar de sorprendernos del tremendo contraste entre las dos principales facetas de la cofradía, que respondían a un mismo principio: la religiosidad colectiva. Por un lado se esmeraba en sus actividades asistenciales. Por otro, en sus fiestas religiosas, tanto la Semana Santa, sus celebraciones el día de San Juan Degollado (29 de agosto) y extraordinarias, como en 1707, cuando se colocó el Santísimo Sacramento en su iglesia, para ayuda de la parroquia de San Lorenzo a la que pertenecía[7].

Como señala en 1833, “el principal instituto de esta cofradía se a reducido por el vien del alma de los pobres que desgraciadamente son sentenciados a sufrir la última pena”[8]. En sus comienzos, en el siglo XVI, sus funciones asistenciales para con los otros, la llamada “caridad externa” que superaba el círculo de los cofrades, había sido más variada[9]. Así, disponía entonces de un hospital.

En su primera regla, confirmada por el ordinario eclesiástico en 1540, se señala el año de su creación, en 1531, “por ciertos buenos hombres de la collación de Señor Santiago de esta noble villa de Valladolid”. Se trataba de la segunda cofradía penitencial en antigüedad, con una importante presencia de los artistas, pintores y escultores, en sus comienzos. Su principal finalidad era celebrar la pasión de Cristo, saliendo en procesión con disciplinantes la noche del Viernes Santo y desde finales del siglo XVI-principios del XVII el Jueves de la Cena. Para sus labores de culto disponía del humilladero del Cristo de la Pasión, fuera del Puente Mayor. A su vez, contaba con una iglesia inaugurada en 1581, que todavía se conserva aunque ya no propiedad de la cofradía, donde se veneraba a su imagen titular, Nuestra Señora de la Pasión[10] (Imagen nº 1).

No conservamos la primera regla de la cofradía, pero sí conocemos algunos de sus capítulos, que hacen referencia a estas funciones asistenciales:

“Yten, que el Jueves de la Cena se bistan doce niños y una niña (...). Yten hordenamos y mandamos que dende el día de San Miguel hasta el día de Pascua de Flores, dos cofrades cada noche tengan cargo de buscar los niños que andan perdidos por las calles y tabernas y bodegones y los traigan a dormir a las casas de nuestro ospital”[11].

Ángel Bustamante se refiere a su Regla aprobada en 1575. El número de cofrades debía de ser de sesenta y cincuenta mujeres, ya viudas ya casadas, aunque se multiplicaría posteriormente. Menciona las labores de caridad ya señaladas y recoge la obligación de sus cofrades “a andar los cuatro meses del año, noviembre, diciembre, enero y febrero, buscando los pobres enfermos por las calles y recojiéndoles en su casa hospital”. También sus compromisos con los condenados a muerte:

“Que quando se huviese de sacar algún hombre o muger condenado a muerte de las cárzeles de esta ciudad, asistiese la referida cofradía en prozesión con quatro clérigos y cirios encendidos, acompañando al reo hasta su suplicio, poniéndole antes vestidura negra y en ella las insignias de la Pasión”.

Como apunta Manuel Canesi, “historiador” local del XVIII, también se ocupaba de recoger a los muertos en los caminos y a los ahogados en el río[12]. A su vez, se dedicaba a los presos en general. En sus comienzos eran frecuentes los presos pobres que enterraba y cumplía una memoria, fundada por Juana de Ochoa, para decir una misa en la cárcel real el día de San Pedro y sacar presos pobres que estuvieran por deudas[13].

Poco a poco la cofradía se fue especializando en los ajusticiados y dejando sus otras labores[14]. A falta de la regla primitiva y de los primeros libros de la cofradía, la primera noticia que tenemos sobre su atención a estos marginados es de junio de 1553, cuando figura la entrega al mayordomo de “ropas de los ajusticiados”[15]. En 1576 tuvo lugar un hecho que confirmaba y fortalecía su labor con los reos: la agregación a la cofradía de San Juan Degollado, sita en Roma, y especialmente dedicada a la asistencia a los ajusticiados. Dispuso desde entonces de sus mismas bulas e indulgencias y también como su patrono a San Juan Degollado[16]. Años antes, en 1568 el Santo Oficio concedió permiso a la cofradía para asistir a los autos de fe[17]. De 1578 es la primera noticia sobre el entierro de los cuartos de los ajusticiados puestos en los caminos[18]. Ese mismo año se estipula cómo se ha de pedir limosna por los reos condenados a muerte[19].

Para la llevar a cabo sus labores de culto y beneficencia, como señala Ángel Bustamante, la Pasión no tenía “rentas algunas”. Su financiación era fundamentalmente a través de la contribución de los cofrades, la petición de limosnas y los entierros de particulares a los que asistía. La especialización en los ajusticiados provocaría, al menos desde fines del XVIII, que sus cuentas se llevaran aparte y ya en 1812 disponemos de la primera noticia sobre comisarios de reos, encargados de su entierro[20].

Durante la Edad Moderna, una de las vivencias claves de la religiosidad popular era la cofradía, el cauce asociativo más generalizado, con multitud de implicaciones también en el ámbito asistencial, laboral y festivo. En esta ocasión nos interesa subrayar su carácter benéfico-asistencial. “Las cofradías constituían una respuesta defensiva no sólo contra los ataques de la fe (...) sino también contra el hambre, la enfermedad y la muerte, personajes demasiado familiares para las gentes de aquellas centurias pero no por ello menos temidos”, ha señalado Alberto Marcos Martín[21].

Siguiendo a este autor, no fue la Iglesia, como institución, la principal fuente de la caridad, más bien los particulares, a través de las limosnas y mandas testamentarias o las instituciones de caridad. Entre éstas últimas, jugaron un papel fundamental las cofradías. No obstante, la Iglesia sí tuvo un protagonismo esencial en la creación y reproducción de una determinada concepción de la pobreza y la asistencia social: el pobre como imagen de Cristo, a quien se debía de socorrer a cambio de su intercesión para alcanzar la salvación. También a la hora de justificar la desigual distribución de la riqueza y el dominio de los privilegiados, en una sociedad jerárquica y desigual[22].

La caridad era un mecanismo para tratar de contrarrestar aquella terrible y extendida realidad que era la miseria, pero también, sin duda, una práctica que permitía a los poderosos no sólo lograr la salvación, sino la contención de las masas hambrientas y un afianzamiento de su dominio social por su carácter paternalista para con el pueblo[23]. Pese a estas dos caras, en este trabajo no podemos dejar de inclinarnos por la más amable, especialmente respecto a la labor de la cofradía con los condenados por la justicia real. Durante siglos, como otras cofradías en distintos lugares, la de la Pasión se esmeró por dar consuelo material y espiritual a aquellos pobres marginados, a la vez que procurar su entierro digno y la salvación de su alma[24]. Prácticas que se encuadraban dentro de la mentalidad de la época y que servían para “fijar esa deseable tranquilidad de conciencia social”[25], pero que no resta mérito a quienes se encargaron de realizarlas.

La vertiente piadosa de una muerte sentenciada. La asistencia del reo hasta su fallecimiento

La ejecución de la pena de muerte en el Antiguo Régimen estaba definida en gran medida por su carácter de ceremonia pública. “La teatralización y solemnidad en su administración no eran sino elementos reforzadores de la imagen triunfante de la justicia, vencedora de los transgresores del orden establecido”[26].

“Existía una preocupación colectiva por la muerte, y más por la espectacular (...) Muchos espectadores eran atraídos por la “diversión y la fiesta”, pero también movidos por la caridad cristiana”[27]. Se trataba de un espectáculo que adquiría tintes festivos, en una sociedad acostumbrada a la muerte e inclinada al regocijo y a la violencia[28].

La Justicia Penal de la Monarquía Absoluta se definía por su carácter desigual, como jerárquica era la sociedad, condenatorio, no existía la presunción de inocencia, y práctico en cuanto a las sentencias. Junto a las penas pecuniarias y de cárcel menor, había sentencias mucho más severas y crueles, a través de la privación de libertad, en forma de trabajo forzado o de servicio militar, en el caso de los hombres, y reclusión en la cárcel –la Galera-, para las mujeres, acompañadas ocasionalmente con penas de tipo corporal –azotes, vergüenza pública... La pena capital, que restaba brazos para las galeras, los arsenales o las minas, se reservaba a unos pocos, en rituales que buscaban subrayar el carácter ejemplificante e intimidatorio del castigo. Delitos de lesa majestad, homicidios, homosexualidad, bestialidad y algunos delitos contra la propiedad, como robos sacrílegos, en caminos y el bandidaje eran castigados con la muerte[29]. Similares parámetros regían para el Tribunal de la Inquisición, de naturaleza mixta –jurisdicción real y eclesiástica-, que restringía los relajados a las herejías más graves[30].

En estos términos, los alcaldes del crimen ordenaban al alguacil mayor, alguaciles de corte y de ciudad, la ejecución con garrote de Juan Celestino Cortés, de Moratilla (Guadalajara), por robo y asesinato, en 1793:

“Atado de pies y manos, cavallero en mula enlutada, bestido con túnica negra, capud y soga de esparto a la garganta, le lleveis con pregonero delante que publique su delito por las calles públicas y acostumbradas de esta ciudad, hasta llegar a la Plaza Mayor de ella, en donde y sitio acostumbrado, estará puesto un tabladillo, y en él por el executor de la justicia se le será dado garrote hasta que naturalmente muera, y hecho, ninguna persona sea osada a bajarle de dicho sitio sin nuestra licencia, pena de muerte”[31].

La liturgia de la pena capital se repetía con demasiada frecuencia en Valladolid, lo que puede ayudar a explicar que la cofradía de la Pasión tuviera que dejar sus otros menesteres asistenciales. Valladolid era sede de los tribunales de la Inquisición y de la Chancillería, con sus alcaldes del crimen, con amplios distritos de acción y con la capacidad de imponer y ejecutar la pena de muerte[32].

Centrándonos en el XVIII, los datos hablan por sí mismos. En su primera mitad, la Inquisición recuperó parte de su antiguo vigor, sobre todo por la persecución de los judíos portugueses. Fueron 48 los relajados (8 de ellos en estatua), todos por judaizantes, excepto 2 alumbrados (uno en estatua)[33].

Desde 1725 hasta 1800, la Justicia real ordinaria ejecutó, preferentemente en la horca, al menos a 142 personas (Gráficos nº 1 y 2), entre ellas sólo seis mujeres. Parece que a medida que avanzó el siglo tendió a aumentar el número de ejecuciones[34]. Las noticias aportadas por la cofradía reflejan esta misma realidad. El 20 de julio de 1767 debían ser enterrados dos hombres y una mujer en la parroquia de San Nicolás y la cofradía solicitó al sacerdote la reducción de los derechos parroquiales, “representando la poca limosna que ya se sacaba, por razón de lo frequente que avía sido de algunos tiempos a esta parte el sacar reos a público castigo, y que la cofradía se hallaba bastante atrasada y muchos los gastos que se la ofrezían en semejantes ocasiones”[35].

Tres era los escenarios de las ejecuciones en el Valladolid del XVIII. Los parricidas –asesinos de un familiar directo-, condenados al garrote y a ser encubados en el río eran ajusticiados en el capillo de San Nicolás, al lado del Pisuerga[36]. Los nobles e hidalgos recibían garrote en la Plaza Mayor, aunque fueran parricidas. En el mismo escenario eran ahorcados, muerte mucho más vil, los del pueblo llano. Estos últimos, en numerosas ocasiones eran descuartizados, colocándose los “trozos” del cadáver en las cuatro puertas de la ciudad, para dejar testimonio del delito y de su represión. Por último, en el Campo Grande, a las afueras de la urbe, ardían las hogueras de la Inquisición desde su establecimiento en la ciudad del Pisuerga, que se apagarían definitivamente en 1745 (Mapa nº 1).

Las cifras de ejecuciones se dispararían en los 33 primeros años del siglo XIX (Gráfico nº 1). La asunción de la Presidencia de la Chancillería por el Capitán General de Castilla la Vieja, a finales de 1800, incrementaría los sentenciados, con los reos militares. La crisis del Antiguo Régimen y su inestabilidad social y política, con la Invasión Francesa, la represión subsiguiente a los colaboracionistas, el Trienio Liberal y la vuelta al Absolutismo, también provocaría su aumento, por delitos comunes pero especialmente por motivos políticos, siendo muchos reos fusilados[37]. Así, nos encontramos al menos con 181 ajusticiados (siete mujeres) a los que asistió la cofradía.

Durante la Invasión Francesa, la horca sería sustituida por el garrote, método más “humanitario”, a la vez que las ejecuciones perderían parte de su publicidad, al celebrarse muchas en el Campo Grande. Lo mismo sucedería en el Trienio Liberal[38]. En 1832 tuvo lugar la ansiada abolición de la pena de horca[39]. Por último, las ejecuciones como espectáculo público desaparecerían con el avance de la centuria decimonónica así como el descuartizamiento.

En palabras de Máximo García, “la muerte con mayúsculas y sobre todo la propia, se convertía en la preocupación permanente del castellano, en el fin último de su existencia, en la guía rectora de sus pautas de conducta y en el condicionante de su vida”. Lo importante no era tanto la muerte en sí como el mundo que se abría a continuación “para el que fue creado”[40]. Si los ideales religiosos marcaban los comportamientos cotidianos en el Antiguo Régimen, todo era mucho más claro cuando la muerte anunciaba su llegada. Más que el bien vivir importaba el bien morir: en la cama, acompañado, asistido por el sacerdote y con el testamento hecho. La situación del sentenciado a la pena capital no era la más idónea, pero también debía prepararse para este trance. En Valladolid, la obsesión por tratar de lograr su salvación procedería tanto del reo, de los eclesiásticos que le asistían y de los cofrades de la Pasión.

El 4 de octubre de 1824, Francisco Longedo, de 55 años, natural de Asturias, hizo testamento. No en vano estaba seguro de su fin. Se encontraba “en la Real Cárcel de esta ciudad y puesto en capilla, para sufrir en el día de mañana la pena de horca a que e sido condenado por la Comisión Militar Egecutiva Permanente de Castilla la Vieja”, como “reo de ambas magestades”[41]. Veamos las últimas voluntades por su alma:

“Creyendo como firmemente creo en el Misterio de la Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, y en todo lo demás que tiene, cree y confiesa Nuestra Santa Madre Yglesia, Católica, Apostólica, Romana, vajo cuia fe y creencia e vivido y protesto vibir y morir como católico cristiano, deseando tener arreglados mis asuntos para quando llegue la muerte, tomando como tomo por mi intercesora y abogada a la serenísima Reyna del Cielo, Ángel de mi Guarda, Santo de mi nombre y demás de la Corte Celestial para que intercedan con su Dibina Magestad a fin de que me perdome mis culpas y pecados y ponga mi alma en carrera de salbación, hago y ordeno mi testamento en esta forma. Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, que la redimió con el precioso tesoro de su sangre, y el cuerpo a la tierra, de que fue formado. Es mi voluntad que luego que fallezca, mi cuerpo se le sepulte en la forma que disponga la cofradía de Nuestra Señora de la Pasión. Mando a las pías forzosas, redención de cautibos y hospital de la villa y corte de Madrid, los derechos acostumbrados y quiero se pague qualquiera derechos que por reales órdenes se impusiesen a estas disposiciones (...)”[42].

La cofradía de la Pasión cumplió con su cometido. El 3 de octubre recibió la noticia de la sentencia de muerte. De esta forma, los cofrades se organizaron para la petición de limosnas con las que hacer los sufragios por su alma[43]. Como fue descuartizado, hubo de encargarse posteriormente de recoger sus restos[44].

“El día cinco se le quitó la vida [a Francisco Longedo] dando pocas muestras de arrepentimiento”, pese a su testamento y el haber recibido “los santos sacramentos de penitencia y comunión de que únicamente era capad”[45]. Debían de ser escasos estos episodios entre los condenados por la justicia real, dada la ideología religiosa dominante, si bien existieron y posiblemente por su extrañeza, fueron recogidos y ampliamente comentados por los cronistas de la época. No fue menos el ilustrado local Mariano Beristain, ante la actitud del ladrón José García, natural de Tabera de Abajo, arrastrado, ahorcado y puesto en cuartos, el 15 de diciembre de 1787 en la Plaza Mayor. La poca religión que mostró en capilla, camino al suplicio y en la horca, “han dejado desconsoladas a las almas piadosas” y “parece que acreditaron la ferocidad de aquel corazón, y el desarreglo de su vida perniciosa”[46].

Las últimas horas en la vida de Agustín de Barrio, natural de Matapozuelos, condenado por la Sala del Crimen a ser ahorcado y descuartizado el 9 de abril de 1712, nos sirven para describir las labores de caridad de la Pasión.

El 8 de abril, la cofradía recibió la noticia de que un reo había sido sentenciado a muerte. Determinó por tanto ir como era costumbre “a ejercitar su piedad”. Desde la iglesia de la Pasión, los alcaldes, los mayordomos de cuerpos, el cura de la Parroquia de San Lorenzo -su capellán-, y el escribano se dirigieron en un coche al anochecer a la cárcel real, yendo detrás en otro coche algunos diputados y oficiales. Llegados a su destino, se formó una procesión, llevando un Santísimo Cristo, seis hachas encendidas y los alcaldes sus cetros. En la capilla, por don Manuel Carretero, cura de San Lorenzo, “se le hizo [al reo] una plática muy espiritual, absolviéndole por la bula y ynsinuándole las ynduljenzias que se ganaban”. Por uno de los mayordomos se le puso la túnica y soga. Por último, el reo tomó el refresco llevado por la cofradía. Éste le dio “las grazias por el sumo zelo con que se aplicaba al cumplimiento de su ynstituto y cumpliría con hazerle su entierro, y que así lo esperaba, por lo qual rogaría a nuestro Señor por los aumentos de dicha cofradía y sus yndividuos”. Concluida la visita, los cofrades volvieron a su iglesia. Esta función, con la que se buscaba dar consuelo material y sobre todo espiritual al sentenciado, de las que ya hay constancia para el siglo XVI[47], fue realizada sin interrupción por la cofradía al menos hasta principios del XIX[48].

De 1578 procede la primera noticia sobre la petición de limosnas para sufragar el entierro y sufragios por el alma de un reo[49]. En el cabildo del 30 de junio, puesto que al día siguiente salía un ajusticiado de Chancillería, “se mandó por el ornato de la cofradía que tomen los platos para pedir” ocho cofrades, cuyos nombres se indican. Se determinó “que de aquí adelante para siempre jamás”, cuando hubiera un ajusticiado, los oficiales de la cofradía decidieran los cofrades que habían de salir a pedir.

Nada más conocerse la noticia de que un reo estaba en capilla, se disponía la petición de limosnas. De esta forma se lograba involucrar a la comunidad en la salvación del reo, pues todos los vallisoletanos podían ejercer su caridad, y la cofradía lograba hacer frente a los gastos que se le avecinaban, incluso obtener algún ingreso, como se indica en las cuentas de 1584-1592[50].

En 1712, “los alcaldes nombraron diputados que salgan a pedir por azer bien por el ajustiziado, tocando sus campanillas por las calles”, que fueron doce en esta ocasion. Al menos ya a finales del XVIII y en el XIX, el alistamiento de cofrades era voluntario, repartiéndose en cuatro veredas: Santa Clara, San Andrés, Puente y Casco de la ciudad[51]. Sólo durante la Invasión Francesa hubo cambios, exigiendo la Junta Criminal Extraordinaria que las demandas se hicieran en lugares fijos y sin el alboroto de las campanillas. Una medida que parecía provocar que las limosnas fueran más cortas[52].

El día 9 de abril de 1712, a las 10 de la mañana, salió la Pasión en forma desde su casa, llevando un Cristo grande, los alcaldes sus cetros y los demás hachas encendidas, y fueron a la cárcel. Acompañaron a Agustín hasta la horca, dispuesta en la Plaza Mayor, donde estuvo hasta que éste murió. A continuación volvió la cofradía a su casa, dejando dos hachas encendidas junto al cuerpo y continuando los diputados pidiendo limosnas. Aquí terminó su trabajo, de momento, puesto que el ajusticiado fue descuartizado. De lo contrario, a continuación dispondría su entierro[53].

En todo momento la cofradía de la Pasión trataba de devolver un poco de dignidad a aquellos pobres condenados a la última pena. No es de extrañar que el 12 de septiembre de 1801, tras la ejecución del día 7 celebrada en la Plaza Mayor, acudieran al presidente de la Chancillería, quejándose de la forma de actuar del verdugo:

“a cuio cadáver, después de haberlo quitado, según acostumbra, del garrote que se le dio, lo desnudó enteramente en el suplicio a presencia de innumerables personas, que escandalizadas de semejante acción la afearon y hasta los mismos yndividuos de las tropas auxiliares la detestaron, como impropia de la caridad cristiana”[54].

La labor de la cofradía con los condenados a relajación por el Santo Oficio también iba dirigida, al igual que la de los religiosos que les asistían, a tratar de lograr su arrepentimiento y evitar su condena eterna[55]. Además, su presencia en la ceremonia, era un símbolo más, de los muchos que allí se daban cita, del catolicismo triunfante. Fue en 1568 cuando la Inquisición concedió merced a la cofradía de la Pasión para asistir a los autos públicos de fe, en los términos siguientes:

“Quando huviere algún auto que los señores zelebraren públicamente, salgan acompañar con su zera y un crufifixo; y luego por la mañana, antes que los penitentes estén subidos en el tablado, tengan puesto los cofrades un cruzifixo con dos achas en el dicho cadaalso, con tanto que no suban en el dicho tablado más de dos oficiales con sus varas, acompañando el cruzifizo”.

En el cabildo en que se hizo presente esta gracia, el 28 de septiembre, se acordó que cada vez asistiera un alcalde y un mayordomo. A su vez, se señaló cómo había de ser el acompañamiento a los relajados desde el cadalso hasta donde eran quemados:

“Después de acabado el auto an de yr con los relaxados los dichos quatro oficiales y cofrades con su zera, con el Xpto. que estubiere en el tablado, en procesión y lleven el pendón negro asta el brasero, y a la Puerta del Campo, pasado el umilladero de la Cruz, an de tener una Cruz de palo con un altar questé muy devoto”[56].

En octubre de 1569 tuvo lugar su primera asistencia. Terminado el auto de fe, la mitad de los cofrades, con el Cristo, se fue con los relajados, y la otra con los penitentes que regresaban al Tribunal[57]. Desde entonces nunca faltarían[58].

Estas ceremonias también eran aprovechados para sacar limosnas. Así tuvo lugar en 1745, en el último auto en el que hubo un relajado, y por tanto, en que actuó la cofradía. En la víspera y día de la Santísima Trinidad se sacaron 253 rs., de los que sobraron 45 rs. y medio[59]. Sin embargo, este auto de fe poco tenía que ver con aquellos solemnes y multitudinarios de las centurias pasadas.

En 1667 se celebró en Valladolid el último auto general de fe en la Plaza Mayor. A partir de entonces sólo tendrían lugar en diversas iglesias, en los que también comenzarían a salir relajados[60]. En la propia ceremonia no había sitio para la cofradía, ni para otra comunidad, pero aquella debía acompañar a los relajados. De esta forma, el 30 de mayo de 1691 en que se celebraba auto de fe en la iglesia del convento dominico de San Pablo, se llevó el Santo Cristo enlutado hasta el tribunal y desde allí al convento donde se iban a leer las sentencias y después a la Puerta del Campo, donde estaba hecho el suplicio, hasta que llegaron los reos. Entre éste y el humilladero de la Cruz se hizo un trono enlutado donde se colocó el Cristo con velas y hachas encendidas. Allí “se pararon todos los ajustiziados y delante de su Dibina Magestad fueron exsortados por los relijiosos que les asistían; donde estuvo con mucha decencia, causando mucha debozión a toda la jente que asistió a dicha funzión”[61].

El ritual funerario. Cambios y permanencias a lo largo del Antiguo Régimen

Mariano Beristain nos relata la ejecución de Pedro Rodríguez, capitán de la cuadrilla de los Corcheros, celebrada el 12 de febrero de 1787, quien fue ahorcado y descuartizado. El “periodista” destaca “la caridad de los vecinos de Valladolid, que han contribuido con 749 rs. (sic) para los sufragios espirituales de aquel próximo; los que ha distribuido en misas y otras obras de piedad la venerable cofradía de la Pasión”[62].

La principal labor de la cofradía era ofrecer sepultura a los ajusticiados[63]. En aquella extremada religiosidad de la Contrarreforma, dominada por la exteriorización y teatralización de la piedad, los entierros estaban revestidos de un ceremonial y un ritual minuciosos. Veamos cómo se desarrollaban con los reos (Mapa nº 2).

El entierro de los huesos de los descuartizados se realizaba en el desaparecido convento de San Francisco, en la Plaza Mayor. En un primer momento tuvo lugar en el patio situado entre la portada principal y la iglesia, a la derecha, según se entraba. Allí enterró los huesos la cofradía por primera vez, con gran solemnidad, el 23 de enero de 1578, tras lograr licencia de los alcaldes del crimen, “porque en este pueblo no los solían enterrar y se los comían los perros”. En tiempos del Padre Sobremonte, a mediados del XVII, ya disponía de una capilla, situada “entre la puerta de la iglesia o nave de Santa Juana y la pared de la casa de Baltasar de Paredes”[64]. El entierro se celebraba entonces el Domingo de San Lázaro, aunque no siempre parecía ser público.

El 13 de marzo de 1701, se enterraron los huesos de Pedro Tornero, que habían sido recogidos el día antes[65]. Desde el sábado por la tarde hasta que se acabó la función se tocaron las campanas de las parroquias por donde pasaría el entierro, por licencia del obispo, quien concedió los 40 días de indulgencia acostumbrados a los cofrades y personas que asistiesen a esta función. Fuera del humilladero del Cristo de la Pasión se construyó un magnífico túmulo donde se colocaron los huesos recogidos con licencia de los alcaldes del crimen. Toda la mañana del domingo se dijeron misas por el ajusticiado. A las once, concurrió la cofradía en forma y tuvo misa de cuerpo presente, celebrada por el párroco de San Nicolás[66], con la música de la catedral y sermón, por el predicador mayor San Francisco, y al responso se encendieron las hachas de la cofradía.

A las siete de la noche se dispuso el entierro. Vino la cruz de la parroquia de San Nicolás, a cuyo distrito pertenecía el humilladero, con 12 sacerdotes revestidos y cantó otro responso. Se colocaron los huesos en una caja ricamente engalanada llevada por dos acémilas cubiertas de luto. Delante iba el estandarte negro de la cofradía que llevaban los dos diputados actuales. Acompañaban el entierro gran cantidad de diputados, cofrades y otras personas que serían hasta ochenta, todas a caballo. Delante de la litera iban los mayordomos de cuerpos con sus cetros y en medio de ellos el capellán de la cofradía y detrás los alcaldes. Cerraba el entierro 12 sacerdotes[67]. El magnífico cortejo fúnebre recorrió las calles de la ciudad, realizando paradas en distintas iglesias donde se cantaron responsos, hasta llegar a la Plaza Mayor[68]. Allí fue recibido por la parroquia de Santiago, con su cruz. Entró en el convento, donde el guardián y religiosos salieron a recibir los huesos, cantaron diferentes responsos y les dieron tierra[69]. “Fue gran concurso de jente la que concurrió a la puente y calles, todos dando grazias a su Magestad y vendiziones a esta cofradía por sufraxio tan de su agrado”. Al día siguiente, en la capilla se construyó un pequeño túmulo y concurrieron los cofrades a la misa de honras y responso oficiados por los frailes.

El aniversario por los difuntos ajusticiados se hacía todos los años en el convento de San Francisco el domingo de San Lázaro, hubiera o no entierro de huesos[70]. Ya en la década de los treinta del siglo XIX tenemos noticias de una función similar el Viernes de Dolores, puede que por traslado de la celebración anterior[71].

El 24 de marzo de 1765 tuvo lugar el último entierro público de cuartos[72]. El 12 de marzo de 1769, los huesos de Antolín Pabón ya fueron colocados en la iglesia de la Pasión. Al día siguiente, celebró el cura de San Lorenzo misa y vigilia y por la tarde, la cofradía sacó la litera con los huesos a los límites de la parroquia de Santiago, a donde salió la cruz, el cura y asistentes y se hizo el entierro en el convento de San Francisco[73]. A principios del siglo XIX, como veremos, no se celebraría el entierro de huesos en San Francisco. Por primera vez en 1816, “por ebitar más gastos se acordó que el sávado por la noche se les diese sepultura con la formación de entierro desde el Puente Mayor hasta el cementerio de la calle del Sacramento”[74]. Desde entonces esta ceremonia tendría lugar el Sábado de San Lázaro, si bien esta práctica, nada higiénica, del descuartizamiento y exposición de los cadáveres de los condenados tenderá a ir desapareciendo.

En el siglo XVIII los reos dados garrote en el campillo de San Nicolás y encubados en el río recibían sepultura en la vecina parroquia de San Nicolás, con asistencia de su cruz parroquial y clerecía[75]. En un principio se tendían a enterrar en la iglesia, pero a medida que avanza el siglo se generaliza su sepultura en el cementerio, posiblemente por ser más barato[76]. El 11 de febrero de 1784 se enterró a Antonia García, natural de Atienza, quien había asesinado a su marido.

“Y habiéndola sacado a el anochezer del río por la cofradía de la Pasión, se la puso a la esquina del puente, de donde se formó el entierro alrededor de la plazuela, con asistencia de dicha cofradía, como es costumbre, cantando tres responsos. Y habiendo entrado en la yglesia se hizo el oficio de sepultura y cantó otro responso, y luego se la conduxo a la sepultura. Y al día siguiente se la dixo la misa de cuerpo presente y cantó la vigilia”[77].

En la Plaza Mayor, la cofradía debía pedir licencia a la Sala del Crimen para que, “después de executada la justicia y puesto que sea el sol, puedan vajar al cadáver del suplicio a efecto de darle tierra y lugar sagrado” [78]. Se trataba de un entierro solemne, ante la presencia de “una multitud de gentes”, en el que correspondía llevar la cruz a la parrquia de Santiago, puesto que tanto la Plaza Mayor, como el lugar de enterramiento se encontraban en su distrito. En 1746, cuenta Ventura Pérez que al entierro de Don Diego de Obregón y Ayala, que dieron garrote en la Plaza Mayor, por haber muerto a su mujer y otros motivos, asistieron convidadas las cofradías de la Cruz y Jesús Nazareno, que hicieron sus túmulos. Esta práctica debía de ser común, puesto que en 1783, a Francisco Liorres, a quien habían ahorcado por ladrón y homicida “no le pusieron en su entierro tumba en el consistorio ni en la calle, a causa de haberlo estorbado el señor corregidor con cuatro ducados de multa”[79].

En la parroquia de Santiago se enterraban en un principio los cuerpos no descuartizados, dándoles sepultura en el atrio, fuera de la puerta principal que está bajo el coro[80]. Los problemas surgieron en 1752. El 29 de mayo, el párroco trató de impedir el entierro de tres ajusticiados, aunque al final hubo de consentirlo[81]. La cofradía, con el apoyo del oidor don Nicolás Blasco de Orozco, “protector muy compasivo de los reos encarcelados”, decidió trasladar estos enterramientos al convento de San Francisco, donde ya se celebraba el de los descuartizados y parece que también el de los nobles dados garrote en la Plaza[82]. Se construyó una capilla para los nobles, en frente de la que ya se disponía para los huesos de los ajusticiados. En el intermedio de ambas se dispuso el cementerio, estrenado por dos hombres ahorcados el 16 de octubre de 1753.

La convivencia de vivos y difuntos era una de las características más notorias de la religiosidad del Antiguo Régimen, sin fronteras entre lo natural y lo sobrenatural. Los ilustrados se empeñaron en deslindar campos, atacando también a los cementerios dentro de la urbe, en lo que incidía la preocupación por la salud pública[83]. La cofradía de la Pasión iba a sufrir duramente los ataques por sus enterramientos en San Francisco.

Los problemas comenzaron a principios del XIX por la queja de Francisco Fernández Santos, propietario de una casa en la acera de San Francisco y dos inquilinos del mismo lugar[84]. Comenzaron pleito en Chancillería, alegando “causarles enormes perjuicios en su salud la proximidad y emanaciones pútridas que de la corrupción de los cadáveres figuran resultar a su habitaciones”.

En la preocupación que por este asunto tomó la autoridad también hubo mucho de discriminación hacia los enterrados allí. La cofradía se defiende señalando que es “notorio el cuidado que tiene (...) de hacerlos cubrir de cal viva para cuanto antes se consuman y a más de eso, de que los entierros se hagan a la mayor profundidad”. Compara este cementerio con los del Hospital General y el Hospital de Santa María de Esgueva. “Y en medio de ser mucho más frecuentes y casi diarios los entierros, jamás se ha quejado ningún vecino de que le sean perjudiciales los olores, con todo lo que no dejan de tener sus habitaciones casi a igual inmediación”. De tal forma, que si los facultativos habían aconsejado sacar fuera de la ciudad el cementerio de los ajusticiados, debieran también haberlo con los de estos dos hospitales “y otro qualquiera parroquial o conventual que se halle a proximidad de las habitaciones”.

Una Real Carta Ejecutoria daría la razón a Francisco Fernández Santos. En 1804 comenzaría el largo peregrinaje de la cofradía con sus muertos, aunque de momento no se plantearían problemas con los del Campillo de San Nicolás, lejos del casco urbano[85]. También de 1804 data un real auto de las Salas del Crimen dando instrucciones sobre cómo enterrar los ajusticiados. No va a permitir más de dos a un tiempo en la misma sepultura, “observando en todo caso las reglas que les están prescritas de hacerlo en línea recta, con bastante profundidad y la cal y agua necesaria para la más pronta consunción (sic), en oviación de los perjuicios y daños que acaso pueden sobrevenir”[86].

En septiembre de 1833 abriría sus puertas el cementerio general de Valladolid, regido por la municipalidad, fuera de la ciudad, en los terrenos del poco después desamortizado convento de carmelitas descalzos. El 2 de diciembre de 1833 se enterrarían allí los primeros cuatro ajusticiados. Puesto que todavía no se hallaba bendecido el cementero que iba a ser destinado para los reos, se enterraron en el general. El 4 de enero de 1834, don Lorenzo Martínez Capellán, de la villa de Espejo, en la provincia de Álava inauguraría “el cementerio destinado a los reos que se halla a la derecha del carmen calzado”. Este sería su lugar de enterramiento hasta muy avanzado el siglo XX.

Por fortuna, prácticas de caridad como las que durante siglos realizó la cofradía de la Pasión con los condenados a muerte, ya no son necesarias en nuestro país.

[1] Archivo de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo (ACP), Libro V, ff. 45r.-45v.

[2] La documentación del archivo de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, actualmente sita en la Iglesia del Real Convento Cisterciense de San Quirce y Santa Julita, ha sido básica para este estudio. Toda la que se conserva del Antiguo Régimen ha sido consultada, gracias a la amabilidad de la cofradía y especialmente de su archivero, José Ángel Carreño: Libro I (Acuerdos y Registros de Cofrades, 1561-79); II (Cuentas, 1584-92); III (Actas y Acuerdos, 1675-1715); IV (Cuentas, 1794-1841); V (Actas y Acuerdos, 1795-1804); VI (Actas y Acuerdos, 1804-56); Documentación Miscelánea Leg. I.

[3] Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 7.098, nº 27. vid., Arias de Saavedra Alías, I. y López-Guadalupe Muñoz, M. L., La represión de la religiosidad popular. Crítica y acción contra las cofradías en la España del siglo XVIII, Granada, 2002.

[4] No hace mención en su labor con los ajusticiados, la desempeñada con los relajados de la Inquisición, puesto que el último quemado había sido en 1745.

Las otras cofradías se titulaban de la Vera Cruz, de Nuestra Señora de las Angustias, de Nuestra Señora de la Piedad y de Jesús Nazareno, la más moderna. Las cuatro más antiguas dispusieron en sus comienzos de hospitales. Agapito y Revilla, J., Las cofradías, las procesiones y los pasos en Valladolid, Valladolid, 1926, pp. 3-5. Vid., también: Orduña Rebollo, E. y Millaruelo Aparicio, J., Cofradías y Sociedad Urbana, Buenos Aires-Madrid, 2003 (cofradía de las Angustias); Burrieza Sánchez, J., Cinco siglos de cofradías y procesiones. Historia de la Semana Santa de Valladolid, Valladolid, 2004.

[5] Maza Zorrilla, E., Valladolid: sus pobres y la respuesta institucional (1750-1900), Valladolid, 1985, pp. 57-65.

[6] El ataque de la Ilustración a las cofradías penitenciales incidió, aunque no fue la única causa, en la decadencia de las procesiones de Semana Santa en nuestro país.

[7] Egido, T., “La religiosidad colectiva de los vallisoletanos”, en Valladolid en el siglo XVIII, Valladolid, 1984, pp.157-260. Se trataba de una sociedad festiva, en gran medida debido a su mentalidad sacralizada.

Canesi Acebedo, M., Historia de Valladolid (1750), Tomo II, Valladolid, 1996, p. 21, “en aquel siglo [XVII] andaban las cinco cofradías penitenciales en regocijadas competencias, sin excederse, por quien más divertía al pueblo”. Desde 1647 hasta 1670 las cofradías de la Cruz y de la Pasión se hicieron cargo de las dos fiestas ordinarias de toros que organizaba la Ciudad. Vid., Amigo Vázquez, L., “Fiestas de toros en el Valladolid del XVII. Un teatro del honor para las elites de poder urbanas”, en Studia Historica, Historia Moderna, 26 (2004) 293-294.

[8] ACP, Libro VI, f. 179r.

[9] También existía la solidaridad con los cofrades, especialmente en la muerte. En los capítulos 14 y 15 de la regla se disponía “que muriendo qualquier cofrade o su muger se dixesen treinta misas rezadas el día de su entierro y el domingo siguiente misa cantada de réquien, con su responso, en la yglesia de Santiago o donde estubiese la avocación de la cofradía, a la qual tuviesen obligación de asistir todos los cofrades y confradas con sus candelas enzendidas”. En 1684, se señala que esto no se ejecutaba desde hacía mucho tiempo, por falta de medios y por el incremento del número de cofrades. A su vez, todos los años se hacía sufragio general por las ánimas de los cofrades y desde hacía poco se celebraba el entierro y las honras por los diputados difuntos y sus mujeres. ACP, Libro III, ff. 168r.-169v .

[10] Debido a esto, sobre todo en el XVIII la cofradía tenderá a ser denominada de Nª Sª de la Pasión.

[11] Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARChV), Pleitos Civiles, La Puerta, Leg. 1501, Exp. 1.

[12] Historia de Valladolid..., p. 27. Desde el 29 de noviembre de 1584 hasta el día de Todos los Santos de 1585, fueron enterrados 17 pobres (ACP, Libro II, ff. 42v.-43r.)

[13] Disponemos de noticias para 1709 (ACP, Libro III, f. 589) y 1797 (Ibid., Libro IV, f. 13v.)

[14] A finales del XVII y en la primera mitad de la centuria siguiente eran ya pocos los pobres, preferentemente ahogados, que enterraba en la vecina parroquia de Santiago. Archivo General Diocesano de Valladolid (AGDV), Archivo de Parroquias, Libro de Difuntos de Santiago en Valladolid, nº 3, f. 186v (entierro el 28 de abril de 1686 de un forastero hallado muerto a puñaladas) Ibid., f. 743 (entierro el 24 de julio de 1726 de un forastero ahogado en el río).

[15] Martí y Monsó, J., Estudios Histórico-Artísticos relativos principalmente a Valladolid, Valladolid-Madrid, 1898-1901, p. 498. Noticia extraída de un libro de la cofradía que no se conserva actualmente.

La cofradía hace mención a que antiguamente se dedicaba a estos menesteres la cofradía de la Misericordia, que enterraba a los ajusticiados en la entonces ermita de San Andrés, como hizo con don Álvaro de Luna, decapitado el 4 de junio de 1453. Ibarra, P. R., Noticias de la fundación, historia y condiciones del cementerio de la Real Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Pasión y San Juan Degollado, llamado de los Ajusticiados, en el convento de San Francisco, cuya traslación se pretendía, (1801), recogido por Marcilla Sapella, G., Datos para la historia de Valladolid, siglo XVIII (manuscrito conservado en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid).

[16] Canesi Acebedo, M., Historia de Valladolid..., pp. 27-31.

[17] ACP, Libro I, ff. 75r.-75v. Cabildo del 28 de septiembre de 1568. Menciona esta concesión García González, R., “La cofradía y la Inquisición”, en Pasión Cofrade, 1996 (10), pp. 15-17.

[18] ACP, Libro I, ff. 114r.-114v. Cabildo del 3 de enero de 1578.

[19] ACP, Libro I, ff. 118r.-118v. Cabildo del 1 de julio de 1578.

[20] ACP, Libro VI, f. 41r.-41v. Con los datos que aportan las fuentes no podemos saber hasta qué punto resultaba gravosa o no esta actividad asistencial para la cofradía, puesto que indudablemente también sacaban limosnas. Sólo en el Libro II (cuentas 1584-1592), figuran el cargo y la data de los condenados por la justicia real y da la sensación que entonces se obtenían beneficios. Disponemos también del Libro IV (cuentas 1794-1841), pero entonces las cuentas de los reos iban aparte, por lo que sólo señalan los 50 rs. que se abonaba a la cofradía por cada ajusticiamiento, así como los 33 rs que por cada ejecución los comisarios de los reos dejan a favor de la cofradía y que deberían ser para los mozos de andas que llevaban el cadáver, así como en el caso de haber algún sobrante en limosnas o alguna falta. De todas formas, en los siglos XVIII y XIX la cofradía tenderá a quejarse de lo gravoso de esta actividad benéfica.

[21] “La Iglesia y la beneficencia en la Corona de Castilla durante la época moderna. Mitos y realidades”, en Abreu, L. (ed.), Igreja, caridade e assistência na península Ibérica (sécs. XVI-XVIII), Lisboa, 2004, pp. 103. Nos remitimos a esta obra en cuanto a la bibliografía sobre pobreza y caridad en la España Moderna. El estudio de las cofradías ha tenido en las últimas décadas un importante desarrollo en nuestro país, de mano de la Historia Social y de las Mentalidades: López Muñoz, M. L., La labor benéfico-social de las cofradías en la Granada Moderna, Granada, 1994; Sánchez de Madariaga, E., Cofradías y sociabilidad en el Madrid del Antiguo Régimen, Tesis doctoral de la UAM, 1996; Sabe Andreu, A. M., Las cofradías de Ávila en la Edad Moderna, Ávila, 2000.

[22] Marcos Martín, A., “La Iglesia...”, pp. 97-131.

[23] La caridad se convertía “en una especie de contrato social entre las clases privilegiadas y una población susceptible a cualquier momento de sufrir la miseria”, tal como ha señalado Callahan, W. J., “Caridad, sociedad y economía en el siglo XVIII”, en Moneda y Crédito, 46 (1978), p. 67.

[24] La Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza, también de carácter Penitencial, cumplía funciones similares de asistencia a los reos condenados a muerte y entierro de sus cadáveres y cuartos (Gómez Urdáñez, J. L., La Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza, Zaragoza, 1981); En Cáceres se encargaba la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad (Rodríguez Sánchez, A., Morir en Extremadura. La muerte en la horca a finales del Antiguo Régimen (1792-1909), Cáceres, 1980); En Cádiz, la Hermandad de la Caridad (Pascua Sánchez, M. J. de la, “Regulación de transgresiones y rituales de penalización en el contexto normativo de una sociedad de Antiguo Régimen”, en González Cruz, D. (ed.), Ritos y ceremonias en el Mundo Hispano durante la Edad Moderna, Huelva, 2002, pp. 199-226); En Granada se ocupaban del entierro de ajusticiados tanto el Hospital de la Caridad, regentado por su cofradía, como la Cofradía del Corpus Christi, que también se encargaba de enterrar los cuartos de los ajusticiados (López Muñoz, M. L., La labor benéfico-social..., pp. 64 y 133-134). Debieron de existir también en otros lugares cofradías que, como en Valladolid, se ocuparan de los relajados por el Santo Oficio, pero no hemos logrado constancia de ellas.

[25] Rodríguez Sánchez, A., Morir en Extremadura..., p. 39. En “La soga y el fuego. La pena de muerte en la España de los siglos XVI y XVII”, en Cuadernos de Historia Moderna, 15 (1994) 24 señala: “Los únicos gestos de humanidad los encontramos en la conexión que eclesiásticos y laicos de buena voluntad tratan de establecer entre el reo y la divinidad, y aun este encuentro se halla forzado por la violencia. La búsqueda del arrepentimiento ante Dios y de la formalización del bien morir utiliza recursos que, ante todo, pretenden hallar la paz de conciencia del ejecutor”.

[26] Heras Santos, J. L. de las, La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla, Salamanca, 1994 (1ª reimpresión), p. 317.

[27] García Fernández, M., Los castellanos y la muerte. Religiosidad y comportamientos colectivos en el Antiguo Régimen, Valladolid, 1996, p. 66.

[28] El Diario escrito en el siglo XVIII por el humilde ensamblador Ventura Pérez se puede considerar en gran medida una crónica festiva, ya que son los acontecimientos que inundan sus páginas; pero también una crónica de la muerte, tanto natural, como accidental, violenta y ejecutada en la horca, el garrote y la hoguera. De forma prácticamente serial retrata con una naturalidad pasmosa las ejecuciones celebradas en Valladolid en un período que abarca desde 1719 hasta 1783. Pérez, V., Diario de Valladolid (1885), Valladolid, 1983.

[29] Palop Ramos, J. M., “Delitos y penas en la España del siglo XVIII”, en Estudis, 22 (1996), p. 103, a través de la información remitida al Consejo de Castilla por las salas del crimen de las distintas audiencias en la década 80 del siglo XVIII, calcula que un 3% de los condenados lo fueron a la pena de muerte.

[30] Sobre la Justicia Penal de la Monarquía Absoluta.: Tomás y Valiente, F., El derecho penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), Madrid, 1969; Alonso Romero, M. P., El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1982; Heras Santos, J. L., La justicia penal..... Sobre la Inquisición, Prado Moura, A. de, Las hogueras de la intolerancia. La actividad represora del Tribunal Inquisitorial de Valladolid (1700-1834), Valladolid, 1996. También la pena de muerte es objeto de investigación por la Historia del Derecho, de las Mentalidades y del Crimen: Sueiro, D., La pena de muerte. Ceremonial, historia, procedimientos, Madrid, 1974; Rodríguez Sánchez, A., Morir en Extremadura...; Bermejo Cabrero, J. L., “Tormentos, apremios, cárceles y patíbulos a finales del Antiguo Régimen”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 1986 (56) 683-727; Eslava, J., Verdugos y torturadores, Madrid, 1993; Rodríguez Sánchez, A., “La soga y el fuego...”.

[31] ARChV, Pleitos Criminales, Caja 373, Exp. 1.

[32] La Sala del Crimen actuaba como Alto Tribunal de Justicia Castellano en los asuntos criminales para el Norte del Tajo. Así, la mayoría de los reos ajusticiados en Valladolid en el período 1725-1833 eran forasteros. El 6 de diciembre de 1762 ahorcaron a Luis Rodríguez, por homicida en caso pensado. Vino sentenciado de su tierra y la Sala pidió autos y reo (Pérez, V., Diario de Valladolid..., p. 361). A su vez, actuaba como justicia en primera instancia en Valladolid y las cinco leguas, como los alcaldes de corte en Madrid. También esta jurisdicción correspondía al corregidor, pero en materia criminal, las causas y sentencias más graves, como eran las de muerte, normalmente serían apeladas o consultadas a la Sala, como fue el caso de Ciriaco Sánchez, condenado a la horca en 1763, sentencia confirmada por la Sala (Ibid., p. 363). Es el único reo que sabemos con seguridad que fue procesado y condenado al menos en primer término por el alcalde mayor en el XVIII y principios del XIX, aunque en parte puede deberse a las limitaciones de las fuentes, mientras para finales del XVI tenemos noticias de ejecutados que salen de la cárcel de la villa (ACP, Libro III). Las funciones judiciales del corregidor se recortaron en 1769 a favor de la Sala, con los alcaldes de cuartel y de barrio. También en la Chancillería estaba el juez mayor de Vizcaya, para las causas civiles y criminales de los vizcaínos originarios, del que se podía suplicar al Presidente y oidores. Algunos de los ajusticiados en el Valladolid moderno –los menos- podrían proceder de esta justicia, aunque no hemos localizado ninguno. Vid., Varona, M. A., La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid, 1981; Garriga, C., La Audiencia y Chancillerías castellanas (1371-1525), Madrid, 1994; Gómez González, I, La Justicia, el Gobierno y sus Hacedores. La Real Chancillería de Granada en el Antiguo Régimen, Granada, 2003. Por la similitud entre alcaldes del crimen y los de casa y corte, Alloza, A., La vara quebrada de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia entre los siglos XVI y XVIII, Madrid, 2000. Por último, tampoco tenemos indicios de la actividad desarrollada en este aspecto por la jurisdicción universitaria en Valladolid, si bien sus sentencia solían ser más laxas que la jurisdicción ordinaria.

[33] 1701.- 12 (1 en estatua); 1702.- 2; 1704.- 2; 1705.- 1; 1706.- 2; 1708.- 4; 1710.- 2; 1722.- 3 judaizantes (1 en estatua) y 2 alumbrados (1 en estatua); 1724.- 4; 1727.- 2; 1729.- 2 (1 en estatua); 1730.- 2; 1740.- 5 (4 en estatua); 1742.- 2; 1745.- 1. Prado Moura, A. de, Las hogueras..., pp. 92 y 127.

[34] Hubo épocas anteriores en las que las ejecuciones fueron también numerosas, como demuestran los datos para 1583-1592. ACV, Libro II. Desde noviembre de 1583 hasta noviembre de 1584.- 6 ajusticiados; Idem. 1584-1585.- 6; 1585-1586.- 6; 1586-1587.- 6; 1587-1588.- 5; 1588-1589.- No lo sabemos; 1589-1590.- 4; 1590-1591.- 6; 1591-1592.- 6.

[35] AGDV, Archivo de Parroquias, Libro de Difuntos de San Nicolás en Valladolid, nº 6, f. 35v.

[36] Este lugar ya había sido escenario de ejecuciones con anterioridad. Por ejemplo, el 3 de diciembre de 1583 se ahorcó a un reo en el Barrio Nuevo. ACP, Libro II, ff. 14r. y 173r.

[37] Sobre la actividad represora durante la Guerra de Independencia, Sánchez Fernández, J., Valladolid durante la Guerra de la Independencia Española, 1808-1814, Valladolid, 2002, pp. 253-294.

[38] El famoso “Rojo de Valderas”, sufrió el garrote a las afueras de la ciudad, en el Campo de San Isidro, donde también fue enterrado por la cofradía el 12 de febrero de 1823. ACP, Libro VI, f. 93v.-94r.

[39] Bermejo Cabrero, J. L., “Tormentos, apremios...”, pp. 117-119.

[40] García Fernández, M., Los castellanos..., p. 68. El tema de la muerte ha sido uno de los preferidos en las últimas décadas y que mejores frutos ha dado de la Historia de las Mentalidades. Vid., además: Pascua Sánchez, M. J. de la, Vivir la muerte en el Cádiz del setecientos (1675-1801), Cádiz, 1990; Lara Ródenas, M. J., La muerte barroca. Ceremonia y sociabilidad funeral en Huelva durante el siglo XVII, Huelva, 1999; Martínez Gil, F., Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Cuenca, 2000.

[41] ACP, Libro VI, f. 104v.

[42] Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV), Protocolos Notariales, Caja 4.368, f. 198r. Estos testamentos no debían de ser frecuentes. La mayoría de los ajusticiados pertenecían a las capas más bajas de la sociedad, añadiendo a su condición de “criminales” una más para su marginalidad, la miseria, que en gran número de casos les había arrastrado al delito. Mientras, Francisco Longedo, si bien totalmente endeudado, daba muestras de haber disfrutado de cierta posición social en la corte.

[43] ACP, Libro VI, f. 104v.

[44] Por orden del corregidor, los cuartos colocados en los caminos de Madrid y de Santa Clara fueron quitados el 22 de noviembre y enterrados en el patio de San Francisco. Los dispuestos en los caminos de Tudela y Zaratán fueron retirados el 19 de marzo de 1825, Sábado de San Lázaro, y sepultados en el mismo lugar. ACP, Libro VI, f. 105r.

[45] AGDV, Archivo de Parroquias, Libro de Difuntos de Santiago, nº 6, f. 7r. Eran los dos únicos sacramentos que podían recibir estos ajusticiados, nunca la extremaunción.

[46] Beristain, J. M., Diario Pinciano. Primer Periódico de Valladolid (1787-1788), Valladolid, 1978, p. 452 (ed. facsímil).

[47] ACP, Libro I, f. 236r. Colación a un ajusticiado y a los frailes que le asistieron en capilla en 1590.

[48] En 1810 se reprende al capellán de la cofradía por haberse ausentado de Valladolid sin permiso, por lo que tuvieron que valerse de otro presbítero para que les acompañase a llevar la cena a varios reos y asistirles hasta el suplicio. ACP, Libro VI, f. 26r, cabildo de 25 de marzo de 1810.

[49] ACP, Libro I, ff. 118r.-188v.

[50] En 11 de octubre de 1592 ahorcaron a un hombre, se sacaron de limosna 62 rs., y se gastaron en misas, clérigos que acompañaron al reo, ganapanes que el enterraron, mortaja y demás, 39 rs. y 32 mrs. (ACP, Libro II, f. 275r.). En el otro Libro de cuentas que se conserva, el libro IV (1794-1841) a veces se recogen sobrantes, y otras débitos. Así, en la ejecución de dos reos el 21 de junio de 1828 faltaron 153 rs., mientras que en la del 8 de octubre de 1832 sobraron 156 rs.

[51] ACP, Libro V y Libro VI.

[52] ACP, Libro VI, ff. 27r.-28r. (año 1810)

[53] No disponemos de noticias sobre si con los sentenciados a muerte en el Campillo de San Nicolás, la cofradía también los asistían en capilla y acompañaba hasta el suplicio, como es probable. Sí figura la petición de limosnas, como sucedió en el cabildo del 14 de enero de 1797, para pedir por tres reos que iban a ser ajusticiados en dicho lugar (ACP, Libro IV, f. 9r.-9v). La misma escasez de noticias tenemos para el siglo XIX, con excepción de las ya aportadas.

[54] El Presidente pasó el expediente a las Salas del Crimen, que determinaron que el verdugo recogiese las ropas del reo, que le pertenecían, en lugar retirado. En un principio la cofradía está de acuerdo, permitiendo al verdugo desnudar el cadáver en la sala de la cofradía donde se preparaba a éste para el entierro. En 1802 la cofradía decide pagar al verdugo 2 ducados por cada reo para evitar este acto. Poco duraría el convenio, puesto que en 1803 solicitaría a la Salas del Crimen su revocación, debido a “que esta penitencial se allaba sumamente alcanzada sin fondos algunos ni otros arbitrios para ejerzer la caridad que tiene por ynstituto con los reos, más que las cortas limosnas que sacan por las calles que a causa de las continuas xusticias que abido y los tiempo tan calamitosos como los que se esprimentan son mui cortas las limosnas que se sacan”. No tuvo efecto, y la cofradía de momento debería seguir contribuyendo, por lo que todavía en 1805 seguía litigando por este motivo. ARChV, Causas Secretas, Caja 32, Exp. 13. ACP, Libro IV, ff. 36v.-37r., 38r.-38v., 53v.-54v.

[55] Puso ser conseguido, en principio, en 1639 por el judaizante portugués Manuel Méndez, quien ya en el suplicio, asistido por religiosos, dio muestras de morir “en la fe de Nuestro Señor Jesucristo”, por lo que el verdugo le dio garrote, antes de ser quemado. De lo contrario, hubiera sido quemado vivo. AHPV, Protocolos Notariales, Caja 1243, ff. 176r.-176v.

[56] ACP, Libro I, ff. 75r.-75v.

[57] ACP, Libro I, ff. 79v.-80r.

[58] En la relación del auto de 1623, en la procesión de los penitenciados, desde la Inquisición hasta la Plaza Mayor, se señala que iba delante la cofradía, con cuatro estandartes negros, llevando el Cristo su alcalde. Osorio de Basurto, D., Relación verdadera de la grandiosidad con que se celebró el Auto de la Fe... a quatro de Octubre deste presente año de 1623, Valladolid, 1623. Biblioteca Nacional (BN), Mss. 2.354.

[59] Gastos: 16 rs. a los cocheros cuando fue la cofradía al Tribunal; 15 rs. al capellán de la cofradía por su asistencia; 10 rs. al llamador; 54 rs. de hachas y velas para el Cristo; 37 rs y medio de tafetanes y pago a los mozos; 75 rs. del resto de cera. ACP, Documentación Miscelánea, Legajo 1, Cuenta (1745-1746).

[60] Vid., Maqueda Abreu, C., El auto de fe, Madrid, 1992. En cuanto a Valladolid, Egido, T., “La Inquisición (Autos de Fe)”, en Cuadernos Vallisoletanos, nº 13, Valladolid, 1986

[61] ACP, Libro III, ff. 274v.-275v. Por primera vez, en el auto de fe de 1704 se señala que la imagen que se colocaba en el altar, junto al suplicio, donde los ajusticiados hicieron “actos de contrizión”, era el Cristo del Perdón, imagen todavía conservada y venerada por la cofradía (Ibid., f. 502r.)

[62] Beristain, J., M., Diario Pinciano..., pp. 21-22.

[63] Sólo nos referimos a los condenados a muerte por la justicia real, quedan al margen los relajados por la Inquisición, al ser quemados hasta convertirse en polvo.

[64] En el muro de los pies de la iglesia se abría una puerta que daba acceso a la nave de Santa Juana, construida perpendicularmente a la nave principal, ocupando todo el ancho de ésta. En la capilla de los ajusticiados había un altar, con un Crucifijo, Nª Sª y San Juan Degollado. “Dícense en él, en berano especialmente muchas misas, que encomiendan personas debotas”. Sobremonte, M. de, Noticias chronográphicas del Real y religiosísimo Convento de los frailes menores observantes de San Francisco de Valladolid... año de 1660, ff. 338v-340v. BN, Ms. 12.913. Fernández del Hoyo, M. A., Patrimonio perdido. Conventos desaparecidos de Valladolid, Valladolid, 1998, pp. 53-104.

[65] ACP, Libro III, ff. 430v.-434r.

[66] Le correspondía por estar dentro de su distrito dicho humilladero. AGDV, Archivo de Parroquias, Libro de Difuntos de San Nicolás, nº 5, ff. 3r.-4r. (1670), ff. 84r.-85r. (1685). Ibid., nº 6, ff. 156r.-156v. (1749)

[67] Antiguamente asistían 12 religiosos mínimos de San Francisco de Paula, del convento vecino de Nuestra Señora de la Victoria. Sobremonte, M. de, Noticias chronográphicas..., f. 340v.

[68] El cortejo hizo su primera parada en la iglesia de San Nicolás, donde salió la parroquia y dijo un responso. Fue por la calle Imperial y al llegar al convento de San Pablo, los religiosos también salieron a recibir el entierro y cantar otro responso. Igual se hizo delante de las iglesias de las Angustias y de la Cruz, donde sus cofradías penitenciales habían construido ricos túmulos. En la puerta del Ayuntamiento había otro túmulo de la cofradía de Jesús Nazareno, donde la Parroquia de Santiago cantó un responso.

[69] “La parroquia dice un responso cantado, como en los demás entierros, y el convento haze luego el oficio funeral, y entierra los huesos”. Sobremonte, M. de., Noticias chronográphicas..., f. 411v.

[70] Al menos, desde finales del siglo XVIII, de la financiación de esta función se encargaban los mayordomos de advocación, quienes también se ocupaban del “Plato de los Ajusticiados”, dispuesto en el convento de San Francisco, y de poner un claro en la procesión de Jueves Santo. ACP, Libro IV, f. 21v.

[71] ACP, Libro IV, cuentas de 1 de mayo de 1831 hasta fin de abril de 1832 y en las del año siguiente.

[72] AGDV, Archivo de Parroquias, Libros de Difuntos de San Nicolás, nº 6, f. 28.

[73] AGDV, Archivo de Parroquias, Libros de Difuntos de Santiago, nº 4, f. 302v.

[74] ACP, Libro VI, f. 56v.

[75] Noticias de entierros de ajusticiados en San Nicolás por la cofradía figuran con anterioridad. AGDV, Archivo de Parroquias, Libro de Difuntos de San Nicolás, nº 4, f. 33r. (10 de septiembre de 1652)

[76] AGDV, Archivo de Parroquias, Libros de Difuntos de San Nicolás, nº 5 y 6.

[77] AGDV, Archivo de Parroquias, Libro de Difuntos de San Nicolás, nº 6, f. 140v.

[78] ARChV, Pleitos criminales, Caja 373, Exp. 1. Garrote a Juan Celestino Cortés, en 1793.

[79] Pérez, V., Diario de Valladolid..., pp. 236 y 525.

[80] AGDV, Archivo de Parroquias, Libros de Difuntos de Santiago, nº 3, no se anotan los ajusticiados, como tampoco los párvulos hasta la década de los veinte del siglo XVIII.

[81] El párroco se negaba porque últimamente la cofradía daba a los reos sepultura en las que disponía para los muertos en los caminos y ahogados, que estaban llenas con los que se habían enterrado hacía poco.

[82] Ibarra, P. R., Noticias de la fundación... Según este autor, en Santiago sólo se habían enterrado los ahorcados que no eran descuartizados. En esta obra se ofrece una interesante síntesis sobre los enterramientos de ajusticiados en el convento de San Francisco y en Santiago. Sobre la construcción del cementerio en San Francisco, vid., también, Pérez, V., Historia de Valladolid..., pp. 287-288.

[83] Sobre los intentos en Valladolid por sacar los cementerios de la urbe, que no se lograría hasta 1833, vid., Egido López, T., “La religiosidad colectiva...”, pp. 242-244; García Fernández, M., “Los nuevos cementerios municipales de Valladolid durante el siglo XIX. Su evolución histórica desde el Antiguo Régimen”, Una Arquitectura para la muerte, Sevilla, 1993, pp. 393-392; Los castellanos..., pp. 231-239.

[84] Ibarra, P. R., Noticias de la fundación...

[85] Desde 1804 los ajusticiados en la Plaza Mayor se enterrarían en el Humilladero del Cristo de la Pasión, fuera del Puente Mayor, al igual que los huesos de los descuartizados. Durante la Guerra de Independencia tendría lugar en la calle de Sacramento, parroquia de San Ildefonso, a las afueras de la ciudad, a donde se trasladó también “el cementerio del Santo Hospital General”. No en vano, muchos eran ajusticiados en el vecino Campo Grande. En 1815 se plantea también qué hacer con el entierro de descuartizados, que hacía años que no se celebraba, y que ya no podía realizarse en el Humilladero por estar demolido. Las Salas del Crimen no permiten realizarlo en San Francisco, pese a que la Carta Ejecutoria sólo era para los cuerpos enteros, y deben enterrarse ese año también en el cementerio de la calle del Sacramento. A partir de 1821 nos encontramos los enterramientos de nuevo en el convento de San Francisco, aunque ya no en el antiguo cementerio. Parece que tenían lugar en la iglesia y nave de Santa Juana, puesto que el 4 de febrero de 1824 se señala que el convento no quería recibir más reos. Así, a partir del 18 de mayo se entierran en el “corralón” o “Patio de San Francisco”. En el cabildo del 20 de agosto de 1831 se trata la propuesta del gobernador de las salas del crimen, sobre dónde enterrar los ajusticiados. El Ayuntamiento había señalado un terreno en la Fuente de la Salud que la cofradía debía cercar a su costa, pero el gobernador proponía que ésta hiciera los entierros en su iglesia, para evitar gastos. No hubo acuerdo entre los cofrades. Así, los enterramientos del 8 de octubre de 1832 y el 20 de enero de 1833 serían en el cementerio de San Nicolás. ACP, Libros V y VI; AGDV, Archivo de Parroquias, Libros de Difuntos de Santiago, nº 5 y 6; ARChV, Causas Secretas, Caja 34, Exp. 10.

[86] ARChV, Gobierno de la Sala del Crimen, Envoltorio 1º, nº 56.

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UNA PLENITUD EFÍMERA. LA FIESTA DEL CORPUS EN EL VALLADOLID DE LA PRIMERA MITAD DEL XVII

maytediez - 06 de mayo de 2008 - 00:04 - Historia Moderna/ Europa y América

Lourdes Amigo Vázquez(*)
Universidad de Valladolid/ España

“Tiene después desto Valladolid muchas processiones devotas (...); señaladamente la del Corpus Christi se haze con tanta solemnidad, con tantos autos y fiestas, con tanto aparato de carros y de las demás cosas, que no se hace mejor ni en Sevilla, ni en Toledo, y no sé también si se considera por parte desta fiesta el lugar y calles por donde anda”[1].

En el último tercio del siglo XVI, el poeta Dámaso de Frías, en su Diálogo en alabança de Valladolid, no podía dejar de destacar, en un tono ciertamente hiperbólico, la magnificencia que por aquel entonces tenía la fiesta del Corpus.

Casi dos siglos después, la semblanza de la festividad del Santísimo es bien diferente. Basta con fijarnos en el Reglamento de Propios y Arbitrios. Se establecen sólo 3.000 rs. para su financiación[2], que contrastan con los no menos de 800 ducados de finales del XVI, después de dos siglos de inflación galopante. Si bien con aires ilustrados de contención de los gastos municipales, el Reglamento de 1768 plasma lo que venía sucediendo en la fiesta del Corpus desde tiempo atrás: su irremediable atonía.

Me voy a detener en la época que constituyó la plenitud efímera de la celebración sacramental en la ciudad del Pisuerga: la primera mitad del XVII. “Valladolid fue una fiesta”[3] durante los años de residencia de la corte, 1601-1606. La celebración más importante del calendario litúrgico no podía menos que ser reflejo de aquel Valladolid onírico. Pero el sueño terminó y una vez vuelta la corte a Madrid comenzará el declive de una ciudad y de esta fiesta que, ya incapaz de aumentar su magnificencia, se esforzará por evocar aquel esplendor adquirido. De hecho, de forma parcial lo logrará hasta mediados de siglo, incluso hasta el setecientos[4].

No en vano, como ha señalado Fernando R. de la Flor, la fiesta constituye “la metáfora” de la urbe[5]. Valladolid en su exaltación festiva, en un mundo de apariencias como era el barroco, ansiaba mantener aquella imagen poderosa que poco a poco al igual que su realidad le abandonaba.

Me voy a centrar en toda la celebración, por su carácter integral, pero sin profundizar en los autos sacramentales. Veremos los elementos que conformaban en Valladolid la fiesta paradigmática de la Contrarreforma. Y como no, la evolución a lo largo de este medio siglo, donde es necesario detenernos en su aspecto económico, una de las razones de su esplendor y motivo del comienzo de su ocaso.

No puedo acabar esta introducción sin expresar mi agradecimiento a Francisco Rodríguez Virgili[6], por la multitud de datos de las actas municipales que me ha aportado sobre el Corpus del XVI, imprescindibles para esta perspectiva sobre su etapa posterior.

Una rotunda y bella imagen de la sociedad vallisoletana del seiscientos

“La fiesta es el reflejo más fiel –y quizás más bello- de la forma de pensar y de vivir de una época y un lugar concreto”[7], señala María José Cuesta García de Leonardo. Una realidad palpable para la sociedad festiva por excelencia: la sociedad barroca[8] y para su celebración anual más importante: el Corpus, “una fiesta que reúne lo sacro y lo profano, lo religioso y lo político, lo popular y lo oficial”[9].

Señor de los cielos

mi rei soberano

que hermoso y lucido

galán y biçarro

oi salís de fiesta

bestido de blanco

dadme una limosnica

de buestra mano

que si de ella la buena ventura

dicosa alcanço

cantaré de misterio

vuestros milagros.

Limosna a una jitanilla

oç pide señor ydalgo

y si habeis de dar por graçia

dadme la mano

Digo que io sé la dicha

ze çaca bien por la mano

hombre çereis y por ella

mui señalado.

(...)

Yo sé de çiertas hermoças

con quien parlaiç emboçado

que tanto hoç quieren que llegan

oi a adoraroz.

(...)

Esta es la buena ventura

dadme aora algunos cuartoç

pueç soiç cordero i no puede

vellón faltaroz

(...)[10]”.

He reproducido una letrilla “popular” de la procesión del Corpus, no sólo permitida sino compuesta y cantada por la catedral vallisoletana. Una muestra de los villancicos que deleitaban tantas fiestas y que en 1787 despertarán las iras del ilustrado y periodista local José Mariano Beristain, debido su tono a menudo irreverente[11].

Lo popular y lo oficial no eran departamentos estancos en el Antiguo Régimen, al menos hasta el tiempo de las Luces. El término de “fiestas populares” resulta bastante ambiguo y confuso[12]; al igual que el de “religiosidad popular”, pues sus señas de identidad, la exteriorización de la piedad, el milagrerismo, la familiaridad con lo divino..., eran compartidas por prácticamente toda la colectividad[13].

La extremada religiosidad barroca ha de exteriorizar el gozo de ser católico. “No se concibe fiesta [religiosa] sin bullicio y ruido, sin música y algazara”[14]. Un tono alegre que impregna el Corpus desde su institución, por la Bula de Urbano IV, y que fue reforzado por Trento, ante los peligros de la herejía protestante y la necesidad de una reforma católica. Eran irrenunciables los gigantes, tarascas, animales mitológicos, danzas... Mostraban el genio festivo, incluso carnavalesco, del hombre barroco, tan presente en la religiosidad colectiva, la mezcla de elementos sagrados y profanos en una sociedad sacralizada que no entendía de fronteras entre los dos ámbitos. Por tanto, la integración de estos elementos lúdicos no se puede reducir al intento de la autoridad por “popularizar” la celebración, aumentando las posibilidades de adhesión a su mensaje[15].

El Corpus era una fiesta, en todo el sentido de la palabra. En 1605, el portugués Pinheiro da Veiga, observador excepcional del Valladolid cortesano, se recrea en el ambiente en que los espectadores viven la procesión: “Nos recogimos en un portal [en la calle Platerías] y nos sentamos en un banco para que nos buscaran de almorzar, que allí todo es lícito. Quedamos entre algunas mujeres, una de ellas hermosa y agraciada”. Y comienza el galanteo entre los dos personajes..., seguido de una gran comida y de bailes, desapareciendo por completo la división cotidiana entre hombres y mujeres[16].

Empero, dados sus efectos emocionales y sensoriales sobre sus participantes, la fiesta era un lugar idóneo para la manifestación del poder –desde la Monarquía y la Iglesia hasta las instituciones locales-, para lograr la adhesión extrarracional y afectiva hacia una ideología y sus representantes. Particularmente la festividad eucarística, principal exponente de aquella sociedad sacralizada y presidida por la unión de intereses entre el Absolutismo y la Contrarreforma[17]. Sin olvidarnos de que toda celebración era la mejor catarsis colectiva en una sociedad caracterizada por la desigualdad[18].

Fiesta, devoción y poder se hallaban intrínsecamente unidos en la Época Moderna. Sólo en 1605, nos encontramos con otra motivación muy presente en ciudades portuarias[19]. Con numerosos extranjeros en la por entonces corte de la monarquía hispánica, sobre todo ingleses, es decir herejes, el rey ordena

“la fiesta del Santísimo Sacramento y procesión del día del Corpus se aga con grandísima beneración y demostración de fiestas y regocijos, por estar como está en esta corte tantas dibersidades de naciones y bean la beneración y reberencia que se tiene aquel santo día”[20].

No es de extrañar el interés del Regimiento por su organización[21], que degenerará en verdadera angustia a medida que avanza el siglo y comiencen las dificultades económicas, pues “es ymposible dejar de hacer la fiesta”[22]. Al comienzo del año se nombraban dos comisarios, siguiendo un riguroso turno. Era necesario comenzar a disponer las celebraciones varios meses antes, especialmente por la necesidad de contratar los autos sacramentales. Asimismo, como veremos, había que contar con fuentes propias de financiación y buscar donde fuera el dinero cuando éstas fallaban.

En nuestra ciudad nos encontramos con elementos “populares” propios de tantas fiestas peninsulares, aunque no son abundantes[23]. Salían ocho gigantes que representaban las partes del mundo: romanos, turcos, negros y gitanos, con ricas vestiduras de tafetán y terciopelo de vivos colores, acompañados de dos enanos y un tamboritero[24]. También había una tarasca, cuya fisonomía desconocemos[25].

Y como no, las danzas, habitualmente dos. Éstas podían ser de sarao –de vinculación cortesana por su atuendo y música- o de cascabel –eminentemente populares-. Eran las segundas las que tenían un contenido dramático y las únicas de las que tenemos noticias en Valladolid. Así nos encontramos con una danza de “la libertad de Valladolid” (1613); danza de matachines y otra del “jigante Golías” (1614); danza de galeras y otra de indios (1623); danza del esclavo (1629); de sorianas (1632); danza del Toro (1642); de los caldereros (1643); de los oficios (1645)[26]. En 1641, Pedro Barra, vecino de Laguna, se obligó a dar “una danca entera, la de los yndios (...) con todos ocho personaxes y tamboril” y la “danca de los españoles”; en 1646, Juan Alonso y Lorenço Martínez, vecinos de Renedo, “una dança para la procesión y vísperas de dos paloteados y una de espadas con sus cascabeles como es costumbre y un molino de biento y la rueda de la fortuna y un bayle zapateado”[27]. Todavía a principios de siglo hay danzas de Valladolid, Palencia, Segovia, pero cada vez predominan más las de los pueblos de alrededor, Laguna, Renedo... Hasta la década de los cuarenta vienen con sus vestidos, desde entonces los proporciona el Ayuntamiento, quien los alquila, y también las máscaras, listones y valonas, plumas, medias y zapatos[28].

Estos elementos no quedaban restringidos a la procesión. Danzas y gigantes entraban en la catedral, antes de salir la comitiva[29], incluso estos últimos eran llevados en la víspera[30]. Mientras, los vallisoletanos podían disfrutar de la tarasca tres días[31].

Empero, la gran diversión y uno de los elementos definidores del Corpus vallisoletano eran los autos sacramentales[32], acompañados de “bailes, loas, entremeses y moxigangas” y precedidos por el paseo de los comediantes por sus calles antes de la procesión[33]. El auto sacramental y la comedia siguieron una evolución paralela y ambos adquirirán una gran importancia en esta ciudad a mediados del XVI con Lope de Rueda (1551-1559), a quien se le debe la creación de su primer teatro; así, como indica Bennassar, el Valladolid del XVI prefigura el Madrid teatral del siglo de oro[34].

Era el principal gasto y posiblemente su trascendencia explica la relativa pobreza del resto de la fiesta vallisoletana. La máxima preocupación del Regimiento será buscar autores, sobre todo cuando empiecen a escasear por el monopolio madrileño. En numerosas ocasiones hay que contratar a dos compañías por ser de escasa entidad, hay que acudir a Madrid o recurrir a la Chancillería para que obligue a algún autor a venir a la ciudad[35]. Todo lo necesario “de forma que no se quede sin fiestas demás del aprovechamiento de los niños expositos”[36]; pues el patio de comedias pertenecía a dicha cofradía y el Corpus era el principal reclamo para atraer compañías a Valladolid.

Se representaban tres autos en carros triunfales, “donde se pusieren las banderillas que son en la placa de Santa María, frente de los Orates, Chapinería, Ochavo, dos en la Platería y en las casas del Almirante”[37]. Eran lugares simbólicos que contaban con la presencia de las elites locales, como en Platerías (lugar comercial por excelencia), donde una de las banderillas era para los Grandes y otra para el oidor más antiguo. Pero la más importante era la primera función, enfrente de la catedral, nada más salir la procesión, ante la Ciudad, el Cabildo y la Chancillería. Se levantaba un tablado, entre el Cabildo y la Ciudad, situándose el primero en el lado izquierdo y la segunda en el derecho pero en su parte superior pues el llano estaba reservado para la institución más importante: la Audiencia[38]. A la mañana siguiente se representaban los autos frente al convento de San Pablo[39], el sábado a la Inquisición y posteriormente durante varios días en el patio de comedias[40].

Detengámonos ahora en recrear el otro ingrediente de la celebración: la procesión, la expresión por antonomasia de aquella religiosidad exaltada, ritualizada y exteriorizada y el mejor vehículo para despertar la devoción de los espectadores, especialmente desde Trento. El Corpus, debido a su origen y configuración temprana, marcará no sólo la transformación espacial y el recorrido de la mayoría de las procesiones sino también su estructura[41].

La calle se convertía en una Jerusalén celestial, materializando algo tan común en una sociedad sacralizada: la cotidianidad de la trascendencia[42]. Todo el recorrido de la procesión, las calles más emblemáticas de aquella ciudad ya de por sí levítica por su multitud de edificios religiosos (Mapa nº 1), amanecía engalanado el día del Corpus “con mucha riqueza de tapicería y pinturas, y en todas había grandes toldos de lienzo”[43]

Se trataba de una decoración espontánea, a cargo de los vecinos, que se ocupaban de las fachadas de sus casas, y de las cofradías y órdenes religiosas que levantaban los altares callejeros. La Ciudad se encargaba de la limpieza y el empedrado, de las espadañas y tomillo que se echaban por las calles y de los toldos que las cubrían, pues disponía de nada menos que de 5.552 varas de “angeo”, es decir, 4,5 kilómetros lineales[44]. Sólo en 1636 y 1647, ante la falta de autos, por no hallar autor y no poderlos pagar, respectivamente, el Regimiento interviene en la erección de los altares[45].

Los habitantes de la ciudad “quedaban elevados, al menos momentáneamente, a un plano superior de la realidad situado fuera del tiempo y el espacio lógicos”[46]. Un hecho al que de forma especial contribuía la impresionante comitiva que atravesaba estas calles, con un contenido religioso, lúdico y sobre todo socio-político.

La sociedad moderna se hallaba vertebrada por “actores colectivos” cuya estricta ordenación jerárquica debía ser sancionada. La procesión del Corpus era la fiesta urbana por excelencia, “un espejo del orden social que interesaba mantener”[47]. En ella participaban todas las corporaciones locales rigurosamente enfiladas por orden de importancia, rango y prelación social, ante el resto de la población[48].

En primer lugar las cofradías sacramentales y penitenciales con sus pendones y estandartes, la única representación del pueblo vallisoletano, ya que los Gremios sólo contribuían económicamente, aunque a finales del siglo XV organizaban los juegos del Corpus y desfilaban en la procesión[49]; después las parroquias con sus cruces, las religiones con sus santos y toda la clerecía. Detrás el Cabildo, la custodia bajo palio llevado por miembros del Ayuntamiento y el obispo[50]; a continuación la Ciudad y, cerrando la comitiva, la Chancillería, situándose en el último lugar su Presidente, pues los miembros de cada corporación también se disponían en orden ascendente.

Sin duda, junto con los autos sacramentales, el otro elemento definidor del Corpus vallisoletano son las elites urbanas que utilizan la fiesta para hacer exhibición de su autoridad y prestigio[51], y que la convierten en la expresión más perfecta de la cohesión social pero también en escenario de conflicto[52]. Destaca la Chancillería, encabezada por su Presidente y oidores (Real Acuerdo) que gozaba de honores regios. La alteración del ritual festivo es evidente, como veremos, ante la presencia de una institución que acapara el protagonismo en las celebraciones a las que asiste[53]. Hay problemas entre la Ciudad y la catedral y su obispo, que no están dispuestos a perder su escasa jurisdicción sobre esta fiesta. Se niegan así a cambiar la hora y el recorrido de la procesión las veces que lo solicita el Regimiento[54]. Pero el conflicto más grave se produce a principios del seiscientos, ya que la llegada de la Corte va a provocar que se alteren los lugares de representación de los autos, al tenerlos que hacer delante del monarca y los consejos. El Cabildo exigirá que se sigan celebrando en la Plaza de Santa María y que asista la Ciudad, quien los disfruta en la Plaza Mayor y, pese al apoyo del Consejo, sólo logrará lo primero[55]. En definitiva, se trataba de un conflicto de preeminencias, pues no celebrándose los autos a la salida de la procesión, la Ciudad prefería verlos en su espacio simbólico, no en el del Cabildo.

Pero las principales disputas van a ser entre el Regimiento y la Chancillería, las dos instancias de poder político[56]. Esta última, que ocupaba el mejor lugar en el Corpus, numerosas veces va a tratar de arrebatarle todavía más protagonismo. A finales del XVI y principios del XVII se asienta definitivamente el protocolo entre las dos instituciones cuando concurren a actos públicos. Una cédula real de 1588 pone fin a la pugna sobre el lugar en las procesiones y comitivas, ordenando que el cuerpo de la Audiencia termine en el alguacil mayor, sin ir ningún otro oficial suyo[57]. En 1614, se llega a una concordia sobre su disposición en la capilla mayor de la catedral, que también afectaba al Corpus pues ambas instituciones entraban a rezar antes de salir la procesión, estableciéndose que la Chancillería se sitúe al lado del Evangelio y la Ciudad en el de la Epístola; también se regula la forma de acceder al tablado para los autos, colocándose antes la Ciudad pero esperando a sentarse a que lo haga la Audiencia, y se permite a la Chancillería embargar a los vecinos de las Platerías seis ventanas para que sus mujeres vean los autos sacramentales[58].

Al Real Acuerdo se recurría para cambiar las fechas cuando llovía[59], para solucionar cualquier problema entre los participantes[60], para lograr provisiones para que viniesen autores de comedias a hacer las fiestas... Pero muchas veces surgía el conflicto al entrometerse la Chancillería en la organización y gobierno de la celebración, que correspondía al Regimiento, apoyada en su gran autoridad, como sucedía en numerosas parcelas de la vida municipal[61]. En 1625, los alcaldes del crimen, también justicia ordinaria y garantes del orden público en Valladolid, echan de la procesión al teniente de corregidor. Se recurre al Real Acuerdo para que “se mandase guardar a esta Ciudad y al (...) teniente de corregidor (...) la posesión y costunbre (...) de yr gobernando con sus ministros en la procesión y festividad del día del Corpus y de las demás en que suelen yr”[62]. El Real Acuerdo asegura que velará por ello, pero la situación se repite en 1628. Esta vez la Ciudad acude al Consejo, quien parece que ordena compartir dicho gobierno[63]. Asimismo, la caída de parte del tablado en 1631, da pie al Real Acuerdo para controlar la celebración. Pone una multa de 50.000 mrs. a cada uno de los regidores comisarios, ordena que no se representen los autos sacramentales delante del Santísimo ni mientras dure la procesión y da facultades a los alcaldes del crimen para que la gobiernen y controlen su organización. Una real cédula de 1638 volverá las cosas a su sitio, momentáneamente[64].

La plenitud y el comienzo de la crisis del Corpus vallisoletano.

En 1605 la “ciudad ardía en fiestas” [65] ante el nacimiento del príncipe Felipe y las paces con Inglaterra que iban a firmarse la misma tarde del Corpus. Veamos la descripción de la procesión del Santísimo, la más deslumbrante del Valladolid moderno.

“El día de la fiesta del Santísimo Sacramento (...), como el Rey, nuestro señor, lo acostumbra, fue a la procesión y salió en ella desde la Iglesia Mayor, y siempre anduvo con la gorra en la mano, y una vela encendida, con el ejemplo de católica piedad que siempre ha mostrado (...) cerca de la persona de su Majestad, en los lugares ya conocidos, iban el Cardenal de Toledo, el Príncipe de Piamonte, y el gran Prior, su hermano, el Duque de Lerma, los duques de Alburquerque, Infantado, Cea, Alba, Pastrana, y el Conde de Alba, y detrás el Marqués de Velada y el marqués de Falces, capitán de su guarda de los archeros. Delante de su Majestad, en dos coros, como se usa, iban los Consejos, cada uno en su lugar, con velas encendidas y los mayordomos del Rey haciendo su oficio. Todas la clerecía, las órdenes y cofradías, con sus insignias, que eran muchas, llevaban su lugar, con mucha cera, y asimismo los señores y caballeros, todos muy galanes, y la procesión fue muy grande y bien ordenada”[66].

Según Pinheiro da Veiga “irían 600 frailes, 300 clérigos”[67]. En torno a la figura del monarca y de sus consejos gravitaba el Corpus cortesano. Se trataba de una de las imágenes más sobrecogedoras y efectistas del poder regio, en una monarquía intitulada Católica, que alcanzará su paroxismo en el Madrid de Felipe IV[68]. Pero ya antes su padre gustó de participar en esta celebración siempre que coincidió hallándose en la capital del Pisuerga, como fue en 1601, 1604 y 1605[69].

Valladolid se esforzó por complacer a los reyes y a su valido, el duque de Lerma, tratando de perpetuar su estancia[70]. Uno de los capítulos más cuidados fue la fiesta, no en vano, “Fastiginia” se titula la relación escrita por Pinheiro da Veiga.

Como he señalado, hay referencias a que el Corpus ya se celebraba en Valladolid a finales del siglo XV. A mediados del Quinientos comenzaba la progresión acelerada de una fiesta que tenía como principal ingrediente los autos sacramentales, pero a la que también en esta época se añadieron otros dos elementos fundamentales: la custodia monumental de Juan de Arfe (1588-90)[71] y la presencia del obispo desde 1596, cuando Valladolid se convirtió en diócesis[72]. En la década de los cincuenta costaba entre 40.000 y 50.000 mrs. Así, en 1552, que hubo cuatro autos y seis danzas, fueron 51.017 mrs.[73]; por lo que la Ciudad, en 1555, se conformaba con solicitar al Consejo poderse gastar 40.000 mrs. de Propios[74]. Pocas décadas después, en 1592, la facultad real ya ascendía a 800 ducados anuales[75]. Vemos que, pese a la decadencia de la ciudad tras la marcha de la corte en 1559[76] la festividad eucarística no se resiente, todo lo contrario, dada la influencia de Trento y la importancia adquirida por el teatro.

Con la llegada de Felipe III será necesario ampliar el recorrido de la procesión para pasar por el palacio real[77]. Los lugares de representación de los autos también se modificarán y aumentarán en número, al tenerlos que hacer delante del monarca y de todos los consejos. En 1605, la Ciudad dio 300 ducados más a cada uno de los dos autores porque se “se avían detenido once días representando a sus magestades y al Consejo y a esta Ciudad y a la Yglesia y al presidente de los consejos y otras personas”[78]. El Regimiento se preocupará por lograr el mejor ornato de sus calles. Así, en 1601 ordena que los vecinos “linpien y barran sus continos (sic) y los entolden y aderecen las paredes y bentanas de sus casas para el dicho día con sedas y otras colgaduras ricas y buenas para la dicha procesión y lo cumplan ansí so pena de cada beinte ducados por los gastos de la linpieça”[79]. A su vez, se esmerará en todos los capítulos que estaban bajo su jurisdicción como danzas y autos[80].

Ya en 1601 la Ciudad solicita licencia “para que pueda gastar de los Propios y Sisas quatro mil ducados para las fiestas del Corpus, porque con la trecientas mil mrs. que tenía de licencia para ello antes questa corte biniese a esta ciudad aora no lo pueda acer con ellas”[81]. Petición que repite al año siguiente[82]. Es más, el gran derroche festivo, pese al aumento de los ingresos municipales que superan ahora los 30 millones de mrs., le obliga a recurrir a préstamos[83]; pues es imposible pagar los 800.000-1.300.000 mrs. a que ascienden las fiestas en 1604[84] o los ¡1.616.293! del año siguiente[85].

En 1606, el Regimiento acuerda tener “las fiestas en la cantidad de carros y representaciones y danças y en los mismos sitios y lugares que se solía hacer antes que biniese la corte”[86], pero algunas cosas ya han cambiado. Por ejemplo, se establece representar perpetuamente los autos delante de las casas del Almirante de Castilla, a quien ya se le concedió en 1602[87]. A su vez, tuvo que proporcionar hachas de cera a todos los cortesanos que desfilaban en la procesión además de llevarlas él mismo, uno de sus mayores desembolsos. En 1606 decide mantener esta nueva costumbre “por ser una de las cosas de mayor ornato y necesaria en el culto divino (...) quando esta Ciudad no tubiera con que poder dar la dicha cera fuera bien quitar las danças y autos y las demás cosas que son de regocixo del pueblo”[88]; aunque también habrá que dárselas a la Audiencia, como máximo representante del poder regio.

Los contemporáneos, en 1605, se fijaron en el entoldado de todo el recorrido de la procesión. Según Pinheiro da Veiga “se cubrieron 2.000 pasos, de tres palmos el paso; y tenía el toldo 8, 9 o 10 paños, según las calles, y así necesitaron 16.300 varas de estopa, toda la cual se cortó de nuevo, y por cosa notable la cuento”[89]. Se había puesto por expresa orden real y hubo que hacerlo dos veces al modificarse el trayecto[90]. Anteriormente ya algunas calles se entoldaban, a cargo de los particulares, pero a partir de ahora nada quedará sin cubrir, convirtiéndose en una obligación municipal. Marchada la corte, los toldos serán demasiados para el recorrido habitual de la procesión y se venderán algunos, otros se darán a los pobres de la cárcel[91].

Pero la mayor contribución de la etapa cortesana al Corpus vallisoletano fue otra. En el ayuntamiento del 26 de abril de 1604 se acuerda

“que los dichos señores comisarios den orden como para la dicha fiesta aya una dança de jigantones y tarasca para el regocijo de la dicha fiesta, que bayan bestidos de seda por la forma y orden que les paresciere a los dichos señores comisarios; y, ansimismo, en la dicha dança se lleben seis u ocho ombres en ábitos de salvajes con sus maças que bayan aguardando y defendiendo los dichos jigantones”.

De forma algo más tardía que en otros lugares, los gigantes y la tarasca se integraban a la procesión vallisoletana[92].

La época de esplendor del Corpus peninsular se sitúa a finales del XVI y la centuria siguiente, especialmente su primera mitad. Empero, en nuestra ciudad alcanzaba su cenit a comienzos del seiscientos. Si el Corpus sevillano siguió “un curso paralelo a las fortunas y desfortunas de la ciudad, reflejando como en un espejo su apogeo y decadencia”[93], lo mismo sucederá en Valladolid pero en sentido bien diferente. La grave crisis del siglo XVII adquirirá tintes casi dramáticos en una ciudad que se había volcado económicamente con la corte y que había fraguado su crecimiento en ella, por lo que su abandono le dejaba en una situación mucho peor que la de partida. Por ejemplo, el Regimiento se había endeudado terriblemente, unos censos que dado el descenso de población, de 60.000-70.000 habitantes a unos 20.000 en 1645, y, por ende, de los ingresos municipales, ahora eran muy difíciles de amortizar[94]. Pronto aparecerá la huella de la crisis en celebraciones cotidianas, como el Corpus, mientras que en las fiestas extraordinarias va lograr mantener por más tiempo su imagen de ciudad poderosa[95]. No obstante, durante las tres primeras décadas del XVII, la festividad eucarística logra mantener –no aumentar- su magnificencia, pero acorde con una urbe que ya no es capital de la monarquía. Su coste en términos nominales crece (Cuadro nº 1), pasando de 390.000 mrs. en 1609 a 643.000 en 1622, hasta aproximadamente 700.000 hacia 1630[96]; en una etapa, hasta 1621-25, en la que los precios tienen a la estabilidad[97]. ¿Cómo el Regimiento pudo hacer frente a estos gastos cuando sus Propios habían caído dramáticamente hasta estancarse en los 2,5 millones de mrs.[98]? En otros lugares como en Madrid o en Málaga se establecieron arbitrios especiales para financiar esta fiesta[99]. En Valladolid no fue necesario, pues había logrado una fuente de financiación no del todo novedosa: las sobras de alcabalas. En 1607, Felipe III, ante el descenso de población sufrido por la marcha de la corte, le concede el encabezamiento perpetuo de alcabalas en 10 millones de mrs.[100], que se incrementará a 12 millones en 1611[101]. Pero ahora no se hará cargo de su administración sino que se lo cederá a los Gremios colectivamente. Como hasta entonces la Ciudad se beneficiaba de las sobras de alcabalas[102], deberán darle 3 millones de mrs. al año, para limpieza y empedrados, pago del servicio ordinario y extraordinario... y también para el Corpus, unos 400.000 mrs.[103]. La fiesta se financiaba, así, de forma similar a como se había hecho en Madrid desde 1537 hasta finales siglo, cuando ciertos tratantes, miembros de los oficios, se hacían cargo de las alcabalas, dando parte de las sobras a la Ciudad, entre otras cosas para financiar el Corpus[104]. En la segunda mitad del siglo XVIII, los ilustrados locales verán en este acuerdo la razón principal de la decadencia de los Gremios; ya que, amenazándoles con los repartimientos personales de las rentas reales, tenían que hacer frente no sólo al pago del encabezamiento, sino ayudar económicamente a la Ciudad cuando ésta lo solicitaba, muy a menudo para fiestas extraordinarias, teniendo que suscribir multitud de censos por este motivo[105]. Pero como han señalado diversos autores, era una más de las ayudas mutuas entre el Regimiento y los Gremios como integrantes del poder local, quienes a cambio percibían grandes ingresos con el arrendamiento de la mayoría de los arbitrios municipales y la recaudación de los millones; además, la contribución a las fiestas, sobre todo al Corpus, tenía una rentabilidad económica, ya que en ellas aumentaba el consumo, y también en términos de prestigio para los Gremios[106]. La Ciudad, en definitiva, sólo tenía que pagar de Propios una pequeña parte del coste de la fiesta. Pero la cantidad se iba incrementando, desde 1609, en que su aportación fue nula ya que sobraron cerca de 10.000 mrs de los Gremios, a 43.000 mrs en 1613 (en 10% del coste total) y 210.000 mrs. en 1623 (35%). Las fiestas no dejaban así de encarecerse, especialmente los autos (aproximadamente el 70% del coste total). Cada vez el contrato de las compañías era más gravoso, pasándose de 600 a 800 ducados[107] y los carros precisaban de mayores “aderezos” para ponerse a punto, debido al desarrollo del teatro, a su profesionalización y al progreso de la escenografía[108]. Así, en 1623 contrastan los 336.600 mrs. (52,3%) que se pagó a la compañía de comedias y los 174.420 (27,1%) del arreglo de los carros triunfales y demás gastos de las representaciones, con los 132.670 (20,6%) del resto de los elementos de la fiesta. En 1629 en el ayuntamiento se trata sobre las fiestas y va a salir el voto de D. Diego Nuño: “respecto de la ynpusibiidad conque la Ciudad se alla (...) no aya más que dos autos y que no aya más que una danca y la tarasca y la de los xigantes”[109]. Los Propios sólo rendían 2.004.341 mrs. mientras sus gastos los superaban con creces, situándose en 2.670.360 mrs[110]. La Ciudad ya no podía soportar pagar los 300.000 mrs. a que había subido su contribución al Corpus, dado el aumento de su coste y el estancamiento de lo pagado por los Gremios, y en 1629 daba la primera voz de alarma. Las dificultades desde entonces serán constantes. A menudo se planteará la posibilidad de reducir las fiestas, especialmente limitando las danzas a una[111]. Pero gracias a que se logra obtener el dinero, en diversas ocasiones porque los Gremios incrementan su ayuda[112], no va a ser necesario tomar ninguna medida drástica. Aún así, el gasto comienza en términos nominales a estacarse, incluso a contraerse, como vemos en 1642, cuando, pese al crecimiento de los precios, se sitúa por debajo de la década de los veinte. Y es en el arreglo de los carros triunfales, uno de los capítulos más costosos, donde más se moderan los gastos. También es significativo que ya no se consideren las compañías de mala calidad y sólo se contrate una, que siempre sería más barato[113]. La situación se complicará a partir de 1645 cuando la crisis de los Gremios también salga a la luz de manera irremediable y una de las causas, aunque no la única, era el pago de las “alcabalas y cientos”, cada vez más gravoso en una ciudad en la que la población y el comercio no dejaban de disminuir[114]. Los Gremios solicitarán constantemente que se baje el encabezamiento[115] y comenzarán numerosos pleitos con el Regimiento[116], entre ellos para dejar de pagar los 3 millones de mrs. de sobras de rentas reales[117]. Pese a ello, aunque con dificultades, seguirán dando cierta cantidad para el Corpus: sólo 28.152 mrs. en 1647, 500 ducados en 1648 y 600 en 1649 y 1650[118]. Ahora sí que es necesario moderar los gastos[119], pero también reducirlos de forma drástica. En 1647 ni siquiera se van a poder representar autos y desde el año siguiente se limitan a dos[120]. Los problemas seguirán hasta el cambio de la centuria cuando ya será necesario adoptar una medida traumática: suprimir los autos sacramentales, el capítulo más costoso y más brillante de la fiesta del Corpus vallisoletano[121]. De esta forma, aunque hasta la Ilustración no se tratará de cambiar la esencia de la fiesta, sus significaciones profundas, desde mucho tiempo antes había comenzado su lento declive.

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NOTAS

(*) Este estudio se encuadra dentro de la investigación sobre el Valladolid festivo de los siglos XVII y XVIII, tema de mi tesis doctoral, que estoy finalizando. [1] Alonso Cortés, N., Miscelánea vallisoletana, Valladolid 1955, t. I, p. 284.

[2] A(rchivo) R(eal) CH(anchillería) V(alladolid), Doc(umentación) Municipal (Secretaría General), Leg. 541. En 1760 se realiza la reforma de las haciendas locales que trata de acabar con su endeudamiento, incrementando su control por las instituciones centrales. [3] Bennassar, B., “Valladolid fue una fiesta”, en La Aventura de la Historia, 33 (2001) 34-40.

[4] Sobre el Corpus vallisoletano, vid.: Alonso Cortés, N., El teatro en Valladolid, Madrid 1923; Agapito y Revilla, J., “Las fiestas del Corpus en Valladolid”, en Diario Regional, 10/13/15-VI-1943; Brasas Egido, J. C., La platería vallisoletana y su difusión, Valladolid 1980, pp. 95-100; Egido López, T., “La religiosidad colectiva de los vallisoletanos”, en Valladolid en el siglo XVIII, Valladolid 1984, pp. 185-192; Fernández Martín, L., Comediantes, esclavos y moriscos en Valladolid. Siglos XVI y XVII, Valladolid 1989; Rojo Vega, A., Fiestas y comedias en Valladolid. Siglos XVI-XVII, Valladolid 1999; Burrieza Sánchez, J., “Aquel jueves del Corpus Christi”, en Diario de Valladolid, 17-VI-2003.

[5] Atenas Castellana, Salamanca 1989, pp. 19-23.

[6] Actualmente está finalizando su tesis doctoral en la Universidad de Valladolid sobre “oligarquía urbana en Valladolid en el siglo XVI”.

[7] Fiesta y arquitectura efímera en la Granada del siglo XVIII, Granada 1995, p. 18.

[8] Varias razones explican este hecho, desde su mentalidad sacralizada (en que ahora nos detendremos) y aristocrática, más inclinada al ocio que al trabajo (Bennassar, B., Los españoles, actitudes y mentalidad, Barcelona 1986, p. 138), hasta la necesidad de evasión de su miseria cotidiana (Soubeyroux, J., “Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo XVIII”, en Estudios de Historia Social, 12-13 (1980) 131). El poder aprovechará y excitará esta fiebre festiva, como veremos.

[9] Pérez Samper, M. A., “Lo popular y lo oficial en la procesión del Corpus de Barcelona”, en Ritos y Ceremonias en el Mundo Hispano en la Edad Moderna, Huelva 2002, p. 134.

[10] A(rchivo) C(atedral) V(alladolid), Villancicos, Corpus 1, nº 80 (catalogados por D. Jonás Castro). Vid., Alonso Cortés, N., Villancicos y representaciones populares de Castilla, Valladolid 1982.

[11] Diario Pinciano, Valladolid 1978 (ed. facsímil), pp. 461-464.

[12] Cardini, F., Días sagrados, Barcelona 1984, pp. 68-69.

[13] Egido López, T., “La religiosidad colectiva...”, pp. 157-260; “La religiosidad de los españoles (siglo XVIII)”, en Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid 1988, t. I, pp. 767-792; Domínguez Ortiz, A., “Iglesia institucional y religiosidad popular en la España barroca”, en La fiesta, la ceremonia y el rito, Granada 1990, pp. 11-20; Sánchez Lora, J. L., “Claves mágicas de la religiosidad barroca”, en La religiosidad popular, Barcelona 1989, t. II, pp. 125-145; “Religiosidad popular: un concepto equívoco”, en Muerte, religiosidad y cultura popular, siglos XIII-XVIII, Zaragoza 1994, pp. 65-79.

[14] Domínguez Ortiz, A., “Iglesia institucional...”, p. 15. Vid. también: Egido López, T., “La religiosidad colectiva...”, pp. 172-214; “La religiosidad...”, pp. 779-781; Martínez-Burgos García, P., “El simbolismo del recorrido procesional”, en La fiesta del Corpus Christi, Cuenca 2002, pp. 161-163.

[15] Portús Pérez, J., La antigua procesión del Corpus Christi en Madrid, Madrid 1993, pp. 80-83. Otros autores insisten en la oposición entre lo popular y lo oficial: Pérez Samper, M. A., “Lo popular...”, pp. 133-178; Martínez Gil, F. y Rodríguez González, A., “Del Barroco a la Ilustración en una fiesta del Antiguo Régimen: El Corpus Christi”, en Cuadernos de Historia Moderna Anejos, 1 (2002) 151-175; “Estabilidad y conflicto en la fiesta del Corpus Christi”, en La fiesta del Corpus..., pp. 43-65.

[16] Pinheiro da Veiga, T., Fastiginia, Valladolid 1989, pp. 121-122.

[17] Maravall, J. A., La cultura del Barroco, Barcelona 1986 (4ª ed.). Su interpretación ha sido aplicada a la fiesta sobre todo por la historia del arte, Cuesta García de Leonardo, M. J., Fiesta.... Otros, si bien rechazando o eludiendo su estudio desde una perspectiva únicamente psicológica, sí aceptan el ser un medio de representación del poder: López, R. J., Ceremonia y poder a finales del Antiguo Régimen, Santiago de Compostela 1995; Río Barredo, M. J. del, Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid 2000. Para el Corpus: Quintana Toret, F. J., “El culto eucarístico en Málaga. Ideología y mentalidad social en el siglo XVII”, en Jábega, 51 (1986) 29-30; Portús Pérez, J., La antigua...; Viforcos Marinas, M. I., La Asunción y el Corpus: de fiestas señeras a fiestas olvidadas, León 1994, pp. 149-157; Río Barredo, M. J. del, Madrid, Madrid. Urbs regia..., pp. 205-233.

[18] Bonet Correa, A., Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Madrid 1990.

[19] Por ejemplo, en Málaga. Quintana Toret, F. J., “El culto eucarístico...”, p. 30.

[20] A(rchivo) M(unicipal) V(alladolid), Actas, nº 29, 17-V-1605, f. 238r. Y parece que algo se logró: “Una parte de los caballeros ingleses anduvieron en la procesión, so color de curiosos, con gran acatamiento” (Relación de lo sucedido en (...) Valladolid desde el punto del nacimiento del príncipe don Felipe (...) hasta que se acabaron las demostraciones de alegría (...), Valladolid 1916 (reimpresión de Narciso Alonso Cortés), p. 72).

[21] Son extraños los casos de ciudades donde la fiesta estaba organizada por la institución eclesiástica, como León: Viforcos Marinas, M. I., La Asunción..., pp. 128-129.

[22] A.M.V., Actas, nº 54, 7-VI-1645, f. 200r.

[23] Sobre estos elementos lúdicos, vid.: Aranda Doncel, J., “Las danzas de las Fiestas del Corpus en Córdoba durante los siglos XVI y XVII. Aspectos folklóricos, económicos y sociales”, en Boletín de la Real Academia de Córdoba, 98 (1978) 173-194; Caro Baroja, J., El estío festivo, Madrid 1984, pp. 51-89; González Alcantuz, J. A., “Para una interpretación etnológica de la tarasca, gigantes y cabezudos”, estudio preliminar en Garrido Atienza, M., Antiguallas granadinas. Las Fiestas del Corpus, Granada 1990, pp. XXIX-XLVIII; Portús Pérez, J., La antigua..., pp. 109-214.

[24] A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) V(alladolid), Caja 1046, ff. 141r.-142v.

[25] Hay noticias de su presencia en 1609 (A.R.CH.V., Doc. Municipal, Caja 157, Exp. 4); 1619 (Ibid., Caja 89, Exp. 4); 1629 (Ibid., Caja 120, Exp. 18); 1632, 1636, 1637, 1643, 1648 (Ibid., Caja 87, Exp. 3). Sin embargo, en muchas ocasiones no figura en los gastos (Cuadro nº 1), aunque a veces puede deberse a que tanto su aderezo como su transporte se unía a otros como gigantes o carros.

[26] Ibid., Caja 157, Exp. 18, 22, 45; Caja 96, Exp. 5; Caja 120, Exp. 18; Caja 87, Exp. 3.

[27] A.H.P.V., Protocolos Notariales, Caja 1407, ff. 243r.-243v; Ibid., ff. 785r.-785v.

[28] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Caja 87, Exp. 3 (1640), Caja 87, Exp. 3 (1643-1649).

[29] A.R.CH.V., Libros del Acuerdo, nº 17, 16-VI-1718, f. 326r.

[30] A.M.V., Actas, nº 46, 5-V-1624, f. 248r.

[31] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Caja 89, Exp. 4 (1619).

[32] Al igual que toda la celebración, este elemento típicamente postridentino, trataba de impresionar, conmover, más que explicar el misterio eucarístico, a través de su representación plástica y visual, es decir, teatral. De ahí que se convirtiera en uno de los espectáculos más demandados, sin olvidarnos de las relaciones mutuas existentes entre teatro y fiesta en la Edad Moderna. Lleó Cañal, V., Arte y espectáculo: la fiesta del Corpus Christi en la Sevilla de los s. XVI y XVII, Sevilla 1975; Egido, A., La fábrica de un auto sacramental: “Los encantos de la culpa”, Salamanca 1982; Díez Borque, J. M., Los espectáculos del teatro y de la fiesta en el Siglo de Oro, Madrid 2002.

[33] Contrato de compañía en 1661. A.H.P.V., Caja 2153, 240r.-241v.

[34] Alonso Cortés, N., El teatro..., pp. 13-16; Bennassar, B., Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid 1989 (2ª ed. en español), pp. 444-448.

[35] Contrato de dos compañías: A.M.V., Actas, nº 46, 11-III-1623, f. 55r.-55v.; Ibid., nº 48, 11-V-1628, f. 529v. Se buscan autores en Madrid: Ibid., nº 50, 6-III-1634, ff. 204r.-204v.; Ibid., nº 53, 7-IV-1640, f. 42r. Se recurre a la Chancillería: Ibid., nº 46, 17-V-1624, f. 243; Ibid., nº 48, 4-IV-1629, f. 515r.-515v.

[36] A.M.V., Actas, nº 40, 19-III-1616, f. 48v.

[37] A.H.P.V, Protocolos Notariales, Caja 1407, f. 241r. (contrato de compañía de comedias en 1641).

[38] A.R.CH.V., Libros del Acuerdo, nº 9, 11-VI-1648, f. 450v.

[39] En 1611 se logra que los 5 millones de maravedís en que se iba a subir el encabezamiento de alcabalas se reduzcan a 2, y en agradecimiento se concede al duque de Lerma, entre otras preeminencias, que perpetuamente el día siguiente del Corpus se le representen a él o a sus los herederos los autos, y de no hallarse en la ciudad al convento de San Pablo (A.M.V., Actas, nº 36, 23-IV-1611, ff. 64v.-67r.).

[40] A.M.V., Actas, nº 45, 25-V-1622, ff. 370r.-370v.

[41] Soto Caba, V., “El barroco efímero”, en Cuadernos del Arte español, 15 (1991) 22.

[42] Cuesta García de Leonardo, M. J., Fiesta y arquitectura..., pp. 38-48; Martínez-Burgos García, P., “El simbolismo del recorrido procesional”, en La fiesta del Corpus..., pp. 157-177.

[43] Relación de lo sucedido..., p. 72.

[44] A.H.P.V., Protocolos Notariales, Caja 1046, 4 III (inventario realizado en 1609).

[45] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Caja 87, Exp. 3; Ibid., Caja 116, Exp. 17.

[46] Lleó Cañal, V., Arte y espectáculo..., p. 54.

[47] Portús Pérez, J. , La antigua..., p. 79. Vid. nota 17.[48] Para el orden de la procesión del Corpus vallisoletano: A.R.CH.V., Libros del Acuerdo, nº 9, 19-VI-1642, f. 123r.; A.M.V., Cajas Históricas, Caja 13, Exp. 69, nº catálogo 414.

[49] Alonso Cortés, N., El teatro..., pp. 5-8. Pero en 1509 los oficios logran Real Carta Ejecutoria que les libera de esta gravosa carga (A.R.CH.V., Registro de Ejecutorias, Caja 242, Exp. 30). Posiblemente desde entonces el Regimiento se hace cargo de los juegos (A.M.V., Actas, nº 5, 30-V-1530, f. 494v.). En otros lugares los gremios siguieron saliendo en la procesión, como en Granada (Garrido Atienza, M., Antiguallas..., pp. 108-109); Sevilla (Lleó Cañal, V., Fiesta Grande. El Corpus Christi en la historia de Sevilla, Sevilla, 1992 (2ª ed.), p. 27); Barcelona (Pérez Samper, M. A., “Lo popular...”, p. 156).

[50] A principios de siglo se sacaba la custodia monumental de Juan de Arfe que era llevada en andas (A.C.V., Libros del Secreto, nº 2, 6-VI-1602, f. 110r.). En 1632 se hace un carro (Ibid., nº 4, 4-III-1632, f. 36v.). Pero ya en 1637 el Cabildo acuerda que la lleve el obispo o quien presidiese en las manos, bajo palio, como ya algunos años se había hecho (A.C.V., Libros del Secreto, nº 4, 29-V-1637, f. 169v.).

[51] Quedaban al margen otras elites urbanas, aunque menos importantes: Universidad, Inquisición y Colegio de Santa Cruz. Por su parte, la alta nobleza cada vez era más escasa ante la marcha de la Corte.

[52] Concede gran importancia a estos conflictos en la organización y desarrollo de las fiestas López, R. J., Ceremonia..., pp. 47-76. Para el Corpus, vid.: Viforcos Marinas, M. I., La Asunción..., pp. 151-157; Río Barredo, M. J. del, Madrid., Urbs Regia..., pp. 208-214; Pérez Samper, M. A., “Lo popular...”, pp. 152-157; Martínez Gil, F. y Rodríguez González, A., “Estabilidad y conflicto...”, pp. 61-63.

[53] Amigo Vázquez, L., “Justicia y piedad en la España Moderna. Comportamientos religiosos de la Real Chancillería de Valladolid”, en Hispania Sacra, 55 (2003) 128-133. Para Granada: Gómez González, I., “La visualización de la justicia en el Antiguo Régimen. El ejemplo de la Chancillería de Granada”, en Hispania, 199 (1998) 559-574.[54] En 1618, el Cabildo se niega a acortar el recorrido de la procesión pese al mucho calor (A.M.V., nº 40, 13-VI-1618, ff. 542r. y 545r.); en 1626, a modificarlo pese a estar arruinado el Puente del Esgueva, conflicto en el que logrará el apoyo de la Audiencia (Ibid., nº 47, 27-V-1626, 303r. y siguientes); en 1639, la Ciudad solicita que la procesión se haga a la hora acostumbrada, pues últimamente era más tarde, pero el obispo no accede (A.C.V., Libros del Secreto, nº 4, 20-VI-1639, f. 243r.).

[55] El problema se inicia en 1602, debido a que el año anterior el Cabildo se había quedado sin representación (A.C.V., Libros del Secreto, nº 2, 3-VI-1602, ff. 107v.-108r y siguientes). En 1603, el Cabildo admite que por ese año se representen antes al Ayuntamiento que a él (Ibid., 29-V-1603, f. 143v.). Todavía en 1604 las dos instituciones tratan de alcanzar un consenso (Ibid., 2-VI-1604, f. 162v.).

[56] En Granada, el principal conflicto durante el siglo XVII va a ser entre la Chancillería y el arzobispo, por querer éste llevar silla en la procesión (Gan Giménez, P., “En torno al Corpus granadino del siglo XVII, en Chronica Nova, 17 (1989) 91-130). En Valladolid también se registran conflictos (Amigo Vázquez, L., “Justicia y piedad...”), pero ninguno en el Corpus de la primera mitad de siglo.

[57] A.R.CH.V., Cédulas y Pragmáticas, Caja 4, Exp. 71. Madrid, 28-III-1588.

[58] A.M.V., Cajas Históricas, Caja 4, Exp. 31-II, nº catálogo 96.

[59] Por ejemplo, sucede en 1644 (A.R.CH.V., Libros del Acuerdo, nº 9, 26-V-1644, f. 238r.).

[60] Como sucede en 1626, en el conflicto entre la Ciudad y Cabildo, vid. nota 54. También el Cabildo acude al Real Acuerdo en 1642 cuando se produce un alboroto entre los miembros del cabildo menor sobre cómo han de ir ordenados (A.R.CH.V., Libros del Acuerdo, nº 9, 19-VI-1642, f. 123 r.-123v.).

[61] Vid., Gómez González, I., La justicia, el gobierno y sus hacedores. La Real Chancillería de Granada en el Antiguo Régimen, Granada 2003.

[62] A.M.V., Nº 47, 8-VIII-1625, ff. 143r.-143v.

[63] A.M.V., nº 47, 26-VI-1628, f. 326 r. y acuerdos siguientes. La solución del Consejo en Ibid., 19-VII-1628, f. 345r. e Ibid., 6-XI-1628, f. 403v.-404r.

[64] A.R.CH.V., Cédulas y Pragmáticas, Caja 6, Exp. 54. Madrid, 19-IV-1638; Ibid., Libros del Acuerdo, nº 7, 23-VI-1631, ff. 646r.-646v. (prohibición de representar los autos delante del Santísimo).

[65] Alonso Cortés, N., La Corte de Felipe III en Valladolid, Valladolid 1908, p. 38. Hay que recordar que la Chancillería fue trasladada primero a Medina del Campo y después a Burgos.

[66] Relación de lo sucedido..., pp. 71-72.

[67] Pinheiro da Veiga, T., Fastiginia..., p. 120.

[68] Portús Pérez, J., La antigua...; Río Barredo, M. J. del, Madrid, Urbs Regia..., pp. 205-233.

[69] En 1602 se hallaba en San Lorenzo del Escorial y en 1603 por las posesiones del duque de Lerma en la Ribera del Duero. Cabrera de Córdoba, L., Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, Salamanca 1997 (ed. facsímil), pp. 105, 147, 179, 219-220 y 248.

[70] Sobre esta etapa, además de títulos mencionados: Urrea Fernández, J. (dir.), Valladolid capital de la corte (1601-1606), Valladolid 2002; Burrieza Sánchez, J., Los milagros de la corte, Valladolid 2002.

[71] Brasas Egido, J. C., La platería..., pp. 150-153.

[72] A lo largo de este capítulo se aportarán diversas cifras de gastos del Corpus, expresadas en maravedís, sin especificar si son de plata o de cobre ya que las fuentes no lo señalan. Un dato que sería importante conocer, teniendo en cuenta que a medida que avanza el XVII el vellón sufre continuas devaluaciones con respecto a la plata. Pero en términos generales, si bien para el siglo XVI es posible dudar qué tipo de moneda se trata ya para el XVII, que son en definitiva los datos que más me interesan, es casi seguro que se trata de vellón, ya que la circulación monetaria se limitaba prácticamente a éste (Hamilton, E. J., El tesoro americano y la revolución de los precios en España, Barcelona 1975; Santiago Pérez, J. de, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, Valladolid 2000). Sigo, por tanto, las premisas de Gutiérrez Alonso, A., Estudio sobre la decadencia en Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII, Valladolid 1989, p. 165, cuyos datos económicos del Regimiento he utilizado.

[73] A.M.V., Actas, nº 7, 27-IV-1552, f. 113v.; Ibid., 15-VII-1552, f. 142.

[74] Ibid., nº 8, 29-IV-1555, f. 104v. En 1563 ascendieron los gastos a 104.284 mrs. (Ibid., nº 9, 24-IV-1564, f. 407). La Ciudad, que ya había logrado licencia para gastarse 400 ducados y viendo que eran insuficientes, solicitó, en 1573, poder incrementarlos a 500, que le fue denegado (Ibid., nº 10, 18-V-1573, f. 147v.). En 1585 logró licencia para 600 ducados (Ibid., nº 12, 2-X-1585, f. 266), aunque las fiestas sobrepasaban esta cantidad; así en 1589 fueron 225.350 mrs. (Ibid., nº 14, 25-I-1589, f. 385v.).

[75] Ibid., nº 18, 12-III-1592, f. 30v.

[76] Bennassar, B., Valladolid en el...

[77] El recorrido de 1601 fue: “desde la yglesia mayor por la puentecilla a los Beleros y placa del Almirante y Placuela Bieja y Corredera de San Pablo y callejuela de San Quirce y calle de la Puente asta las casas de Fabio y calle de los Teatinos y San Julián y San Benito el Real y Rinconada y Especeria y Costanilla y Platería y Cantarranas y Cañuelo asta bolver a la yglesia mayor” (A.M.V., nº 26, 16-VI-1601, f. 101 r.). El de 1602: “por las calles de la Parra, Esgueba, Placuela Vieja, calle del Almirante y por la Corredera de Sant Pablo hasta palacio y desde allí por la calle de Sant Miguel a la de Zapico y Especería, Platería Cañuelo y Cantarranas y calle de los Barrios volvió a la iglesia” (A.C.V., Libros del Secreto, nº 2, 6-VI-1602, f. 110r.). Aunque en 1603, por no estar el monarca, el Consejo de Castilla permite que vaya por las calles acostumbradas (A.M.V., Actas, nº 27, 26-V-1603, f. 57r.).

[78] A.M.V., Actas, nº 29, 28-VI-1605, ff. 257r.-257v.

[79] A.M.V., Actas, nº 26, 16-VI-1601, f. 101. Lo mismo se ordena en 1603, donde además se nombran comisarios en las distintas calles para controlar que tiene efecto (Ibid., nº 27, 26-V-1603, f. 58 r.).

[80] Por ejemplo, en 1602, fueron cuatro los autos. A.C.V., Libros del Secreto, nº 2, 7-VI-1602, f. 110r.

[81] A.M.V., Actas, nº 26, 2-VI-1601, f. 91v.

[82] A.M.V., Actas, nº 26, 31-V-1602, f. 268r.

[83] En 1604 se toman prestados 2.000 ducados a un tal Pedro Mejía que no se podrán devolver y que obligará en 1605 a volver a pedir otro préstamo para pagarle (A.M.V., nº 29, 13-V-1605, ff. 237r.-237v.; Ibid., 6-VI-1605, ff. 249r.-249v.). En 1605 se buscan prestados 4.000 ducados para las fiestas del nacimiento de Felipe IV y el Corpus (Ibid., 10-IV-1605, f. 208v.; Ibid., 24-IV-1605, f. 218r.).

[84] A.R.CH., Doc. Municipal, Caja 90, Exp. 26.

[85] A.M.V., Actas, nº 32, 22-X-1608, f. 461r.

[86] Ibid., nº 31, 20-IV-1606, f. 71r.

[87] Ibid., 12-V-1606, f. 98r.; Ibid., nº 26, 31-V-1602, f. 267v.

[88] Ibid., nº 31, 19-V-1606, f. 101r.

[89] Pinheiro da Veiga, T., Fastiginia..., p. 120. También figura en Relación de lo sucedido..., p. 72.

[90] A.M.V., Actas, nº 29, 17-V-1605, f. 238r.; Ibid., 6-VI-1605, f. 249r.

[91] En 1607 se acuerda vender hasta 1.500 varas (A.M.V., Actas, nº 32, 19-X-1607, f. 240v.). En 1608 algunos toldos se utilizan para los carros triunfales (Ibid., 9-V-1608, f. 362r.) y se dan 100 varas para los pobres de la cárcel (Ibid., 3-XII-1608, f. 488v.).

[92] A.M.V., Actas, nº 29, 26-IV-1604, ff. 65r.-65v. Es la primera referencia que he encontrado a los gigantes y tarasca, además, también ese año preocupa hacer un inventario y guardarlos (Ibid., 7-VIII-1604, f. 96r.; Ibid., 19-XI-1604, f. 145r.). En otras ciudades aparecieron antes, así, la tarasca ya figura mencionada en Sevilla en 1530 y las primeras noticias de los gigantes y la tarasca en el Corpus madrileño son de 1582 y 1598, respectivamente (Portús Pérez, J., La antigua..., pp. 112, 119 y 156).

[93] Lleó Cañal, V., Fiesta grande..., p. 15.

[94] Gutiérrez Alonso, A., Estudio sobre..., pp. 89-93 y 363-366.

[95] Fernández de Hoyo, M. A., “Fiestas en Valladolid a la venida de Felipe IV en 1660”, en B.S.A.A., 59 (1993) 379-392; Amigo Vázquez, L. “Una patrona para Valladolid. Devoción y poder en torno a Nuestra Señora de San Lorenzo durante el Setecientos”, en Investigaciones Históricas, 22 (2003) 30 (fiestas por la colocación en su nuevo retablo en 1671).

[96] A.M.V., Actas, nº 49, 25-I-1630, f. 35r.

[97] Gutiérrez Alonso, A., Estudio sobre..., p. 166.

[98] Ibid., pp. 376-377. Los ingresos municipales se constituían por Propios y Arbitrios –impuestos indirectos sobre bienes de consumo-, éstos últimos destinados al pago de los censos suscritos.

[99] En Málaga el principal medio de financiación era un impuesto sobre la carne, a lo que se le unía la facultad para gastar 1.000 ducados de sus rentas y una pequeña contribución de los gremios (Quintana Toret, F. J., “El culto eucarístico...”, p. 27). También en Madrid era a través de diversas sisas (Shergold, N. D., y Varey, J. E., Los autos sacramentales en Madrid en la época de Calderón 1637-1681. Estudios y documentos, Madrid, 1961, pp. XVII-XXXI).

[100] Pagaba de encabezamiento 19.379.450 mrs., hasta fin de 1604, a lo que había que añadir, por la estancia de la corte, 11.208.825 mrs. anuales. Ahora se manda reducirlo progresivamente hasta situarlo en 1610 en 10.000.000 mrs. A.M.V., Cajas Históricas, Caja 3, Exp. 1, nº catálogo 56.

[101] Gutiérrez Alonso, A., Estudio sobre..., p. 397.

[102] Entre otras cosas le servía para financiar fiestas. Bennassar, B., Valladolid en..., p. 383.

[103] Este acuerdo no contó con la licencia real hasta 1621. A.M.V., Cajas Históricas, Caja 3, Exp. 22-I y II

[104] Alonso García, D., “De juegos y mojiganga: La formación del Corpus en Madrid hasta 1561”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLI (2001) 34-38.

[105] Colón de Larreátegui, J., Informe sobre las Ordenanzas de los Cinco Gremios Mayores, 1781, ff. 20r.-27r. (Biblioteca Histórica de Santa Cruz, Ms. 41); Robles, A. de, Decadencia del Comercio y Artes en Valladolid y facultades del subdelegado de Comercio, 1776, ff. 102v.-103r. (Ibid., Ms. 163).

[106] Gutiérrez Alonso, A., Estudio sobre..., p. 223; Yun Casalilla, B., Estudio introductorio a la obra de Ruiz de Celada, J., Estado de la bolsa de Valladolid, Valladolid 1990, pp. 28-30 y 37-38. Sobre los gremios, vid. también García Fernández, M., “Los gremios”, en Cuadernos vallisoletanos, nº 27, 1987.

[107] Todavía en 1618 el contrato de los autos cuesta 600 ducados (A.M.V., Actas, nº 40, 23-IV-1618, f. 503r.), pero en 1621 y 1622 ya son 900 ducados (Cuadro nº 1) y en 1627 son 800 (A.M.V., nº 48, 19-IV-1627, f. 67r.-67v.).

[108] Vid. Díez Borque, J. M., El teatro español en el siglo de oro, Madrid 1989.

[109] A.M.V., Actas, nº 48, 24-IV-1629, ff. 515v.-516r.

[110] Ibid., nº 49, 25-I-1630, f. 36r.-36v.

[111] A.M.V., Actas, nº 48, 24-IV-1629, 515v.-516r.; Ibid., nº 49, 12-IV-1630, 92v.-93r.; Ibid., nº 50, 6-IV-1633, 56r.-56v.

[112] En 1629 se piden prestados 2.000 rs. a devolver en Propios (A.M.V., Actas, nº 48, 1-VI-1629, f. 544r.); en 1633 se toman 2.000 rs. del abasto del tocino que ese año está administrando la Ciudad (Ibid., nº 50, 13-IV-1633, f. 59r.); en 1635, 1.500 rs. de la alhóndiga (Ibid., nº 52, 29-V-1638, f. 226r.). En cuanto al incremento de la ayuda de los Gremios: en 1630 dan 450 ducados más (Ibid., nº 49, 19-IV-1630, f. 97v.); en 1636 son 2.000 rs. más (Ibid., nº 51, 10-VI-1636, f. 94v.); en 1641 dan en total 14.000 rs. (Ibid., nº 53, 29-V-1641, ff. 208v.-209r.); en 1643 y 1645 permiten que lo que exceda de los 400.000 mrs. que dan se pueda librar en las sobras de sisas nuevas que la Ciudad les ha cedido para pagar el asiento de los repartimientos de faltas de millones (Ibid., nº 53, 3-VI-1643, ff. 529v.-530r.; Ibid., 25-IX-1643, f. 584v.).

[113] El costo de las compañías se estabiliza en unos 800 ducados, como sucede en 1633 (A.H.P.V., Protocolos Notariales, Caja 1734, 202r.-203v.) o en 1643 (A.M.V., Actas, nº 53, 25-IX-1645, f. 584v.).

[114] Cuando Valladolid tenía unos 36.000 habitantes, a comienzos del XVII, en concepto de “alcabalas y cientos” pagaba 12 millones de maravedís al año. En la década de los cuarenta, cuando su vecindario se había reducido a unos 20.000, eran ya alrededor de 18 millones; puesto que el primer uno por ciento se había establecido en 1639 y el segundo en 1642. Gutiérrez Alonso, A., Estudio sobre..., p. 397-399.

[115] Comienzan a solicitarlo al Consejo Real en 1645. A.M.V., Actas, nº 54, 30-X-1645, ff. 551r.-552r.

[116] Gutiérrez Alonso, A., Estudio sobre..., p. 221-222.

[117] Desde 1649 hay noticias de este pleito en el Consejo. A.R.CH.V., Doc. Municipal, Caja 161, Exp. 101.

[118] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Caja 116, Exp. 17; A.M.V., Actas, nº 55, 20-V-1650, ff. 356v.-357r.

[119] En 1645, debido a la dificultad de los Propios, se tratan de moderar algunos salarios y otras cosas. En cuanto al Corpus, se determina recortar lo que se gastaba en la muestra de los autos (realizada días antes en el ayuntamiento ante los regidores para comprobar su calidad), en el desayuno del día del Corpus; que sólo se gasten dos hachas de cera en la guarda de los carros la noche antes y que sólo se dé cera a los que asistan a la procesión (Ibid., nº 54, 26-VI-1645, f. 206r.-206v.).

[120] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Caja 116, Exp. 17.

[121] A.M.V., Actas, nº 74, 29-IV-1701, ff. 84v.-86r.

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ARTÍCULO PUBLICADO EN: “Una plenitud efímera. La fiesta del Corpus en el Valladolid de la primera mitad del siglo XVII”, en Religiosidad y Ceremonias en torno a la Eucaristía, Actas del Simposium, San Lorenzo del Escorial, 1/4-IX-2003, , tomo II, San Lorenzo de El Escorial, 2003, pp. 777-802.

FOTOGRAFÍA: Tarasca

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FRANCISCO DE LLANO SAN GINÉS Y EL COMERCIO CON LAS INDIAS: el socio desconocido de la Compañía gaditana Ustáriz y San Ginés

maytediez - 17 de febrero de 2008 - 23:49 - Historia Moderna/ Europa y América

María Dolores Herrero Gil
Universidad de Sevilla, España

Algunas notas sobre el personaje

Y en su casa se encuentra un escudo grabado en piedra con quatro cuarteles. El principal de la derecha se compone de una torre puesta sobre peñas y empinantes a cada lado de hellas un tigre contramirándose, por el apellido Llano. En el cuartel de la izquierda cuatro bandas por San Ginés. En el de la derecha abajo, esculpidas cinco flores de lis por Arce y en el bajo a la izquierda un escudo que le atraviesa una banda metida por sus extremos en las bocas de dos cabezas de serpientes por Somiano. El escudo está rodeado por una orla y en ella varios castilletes o jaqueles…[1]

Francisco de Llano San Ginés fue bautizado el 4 de octubre de 1732, en el concejo de San Pedro de Galdames, Vizcaya. Sus padres, Lucas de Llano y Arce y Catalina San Ginés Somiano, tuvieron de su matrimonio tres hijos varones y dos hembras. María Vicenta, de la que no tenemos ninguna noticia, y Micalea, que murió joven[2]. Uno de los hermanos, José Lucas, permaneció al lado de su padre, que así lo confirma, indicando que deberá sustituir en la sucesión al primogénito José, en el caso que éste no volviese a España. Francisco, por tanto, es el último llamado a sucederle y figura en el testamento de su padre como destinatario de una cantidad compensadora[3].

Sabemos que en 1760 José se encontraba en la villa de Arnedo, provincia de Chancay, Perú, donde fue capitán del Regimiento de Caballería[4].En la misma fecha su hermano Francisco, tenía el destino militar de capitán de Carabineros del Regimiento de Caballería Provincial, en Buenos Aires[5], donde había contraído matrimonio 7 de junio de 1753 con Francisca Fernández Justiniano, habiendo aportado las dos partes “dote y capital”[6]. Pasados unos años, ambos hermanos regresaron a España, y pudo heredar José la Casa Torre Infanzona de la familia, denominada “El Castillo”, con sus tierras y “adherencias”, situada en la anteiglesia de San Esteban de Galdames[7].

Posiblemente el deseo de consolidar su estatus social les llevó a acreditar ser Hijosdalgos notorios, con la correspondiente “Executoria”,expedida por el Juez mayor de Vizcaya de la Real Chancillería de Valladolid[8]. Domínguez Ortíz nos recuerda que la hidalguía apreciada era la de la sangre: "que se perdía en la noche de los tiempos", y no la que se conseguía después de litigar por un documento acreditativo[9]. A pesar de ello, ambos hermanos consiguieron sus deseos de encumbramiento: José recibió el hábito de Santiago el día primero de septiembre de 1779,[10]y Francisco ingresó en la Orden de Carlos III[11]y obtuvo, en diciembre de 1779, el título de conde de Torrealegre[12]. Un año antes ambos hermanos había obtenido el correspondiente permiso para fundar mayorazgos[13]. José vería cumplida esta aspiración,[14]pero a Francisco le sorprendería la muerte en el año 1780, (con apenas 48 años), quedando éste -como otros tantos proyectos- pendiente de haber sido ejecutado por nuestro protagonista.

Acumulación originaria de capital en Buenos Aires

Los años que pasó en Buenos Aires parecen que fueron convenientemente aprovechados por Francisco. La plaza debía ser en aquellos momentos de especial dificultad. Uno de sus dignatarios, Pedro de Ceballos, había nacido en Cádiz en el año 1715. En 1756 marchó a Buenos Aires, en calidad de gobernador y al frente de una poderosa expedición[15].Su más importante objetivo consistía en apoderarse de Sacramento, y lo culminó felizmente. Su triunfo fue en vano, puesto que el Tratado de París devolvió la plaza a Portugal, y Ceballos -desilusionado- quiso volver a España, siendo sustituido en su puesto por Francisco de Bucarelli y Ursúa, el cual fue nombrado en San Lorenzo el día 11 de noviembre de 1765. El viaje de ida lo realizó en la fragata La Industria, la misma que aguardó a Ceballos para traerlo de vuelta a España[16].

Bucarelli se mantuvo en el cargo hasta 1770. En 1769 había recibido como subalterno a Vértiz, criollo nacido en Nueva España de padres navarros, que será el encargado del gobierno desde el momento de su marcha hasta el año 1776, en que las cosas cambian bruscamente. Habían pasado diez años desde que Ceballos salió de Buenos Aires, disgustado por el rumbo político de los acontecimientos. Ahora regresa al frente de una poderosísima expedición de 116 naves que partieron de Cádiz el 23 de noviembre del 1776[17].En esta ocasión lo hacía en calidad de virrey, puesto que se había procedido a independizar del virreinato del Perú al extenso territorio que pasaba a tener una organización autónoma. Ceballos tomó de nuevo Sacramento y volvió a la ciudad de Buenos Aires, de la que había partido once años antes, encontrando que los acontecimientos no se habían desarrollado, en su ausencia, de acuerdo con su ideal de gobierno.

Culpa de ello a los hombres que le han sustituido en el tiempo en que ha estado ausente, e incluye en su nómina de responsables a Francisco de Llano y San Ginés, al que sitúa en el círculo próximo a Bucarelli, durante los años en que éste era gobernador de la plaza, y al que acusa de haberse enriquecido con medios ilícitos:

Las cosas de esta provincia están en malísimo estado desde que el bueno de Bucarelli sirvió de azote y lo puso todo en un desorden imponderable. Sus robos y maldades carecen de ejemplo... Y no se hace increíble a los que saben, haver registrado Don Francisco San Ginés, que a mi salida de Buenos Aires era un pobrete, y que fue en su compañía, y le sirvió para sus robos, quinientos mil pesos[18].

Es posible que no sea totalmente veraz en sus afirmaciones. El “pobrete” Francisco se encontraba bien situado en Buenos Aires, donde había contraído matrimonio con acaudalada dama, y se dedicaba a diversos negocios[19]. Por otra parte contaba con contactos familiares en la plaza: Manuel Alfonso de San Ginés, procedente igualmente de Galdames, donde había nacido en el año 1731,[20] se encontraba absolutamente integrado en la zona. Viajó en la primera expedición de Ceballos como maestre de la Fragata Reina Emperatriz, alias Nª Sª de Belén, de la que era propietario Francisco de San Ginés y la Torre[21]al que no debemos nunca confundir con nuestro protagonista, a pesar de que éste, al prescindir a veces de su primer apellido, puede dificultar la correcta determinación de ambas personalidades.

Manuel Alfonso aparece matriculado en el Consulado de comerciantes de Cádiz en el año de 1759[22]. Viaja como pasajero a Indias, en calidad de cargador y factor el 8 de enero de 1760, en dirección a Buenos Aires, con mercancías de valor superior a 300.000 maravedíes de plata antigua[23]. Y además protagoniza varios documentos similares, referidos a los años 1765 y 1767, datando viajes de ida y retorno[24]. Su nombre aparece como el del alcalde de la ciudad en 1766[25].

En cuanto a Francisco de San Ginés y La Torre, (en algunos documentos aparece como San Ginés la Rivas, usando los apellidos de su padre), natural igualmente de Galdames, hijo de Bernardo de Las Rivas y Martina de la Torre,[26]figura como pasajero a Indias en la Flota de Fernando Chacón, corriendo el año de 1720,[27]viajando con permiso de su mujer, Mariana de San Ginés. En 1730 se matricula en el Consulado gaditano[28]y tenemos noticias de su muerte el 4 de mayo de 1757, dejando viuda y una hija llamada María[29].

Además de este aceptable nivel de relaciones familiares, y como prueba de la capacidad económica de la que disfrutaba bastantes años antes de los encendidos ataques de Ceballos, debemos informar que Francisco de Llano había suplido voluntariamente, y sin interés alguno, la cantidad de 228.728 pesos para los gastos que se originaron con motivo de la expulsión de los Regulares de la Compañía de las Provincias del río de la Plata, al no haber caudales en la Cajas Reales[30]. Céspedes del Castillo nos indica que los Jesuitas se habían enfrentado en esa zona geográfica con los reyes de España y Portugal, lo que provocó su expulsión. En 1759 de los dominios portugueses y en 1767 de los españoles[31]. En el caso español sus afirmaciones coinciden plenamente con el desarrollo de los acontecimientos que hemos seguido en nuestra investigación a través de las fuentes consultadas.

Otro de sus méritos, -que él mismo expone al solicitar un título de nobleza-, consistía en varios servicios a S.M.: había provisto de víveres varias embarcaciones, y había facilitado un suplemento de 6.000 y 4000 pesos para la habilitación y carena de dos de ellas: “...con mucha utilidad del Real servicio y sin haber exigido por ello premio pecuniario alguno…”[32]. Además tenía encomendada la administración general de los bienes de los indios de Uruguay y de Paraná, logrando -según manifiesta- un beneficio de 44.000 pesos a favor del Real erario por efecto de su aplicación, industria y celo, haciendo participar a los propios indios del 2% y de otros varios efectos. También a la Real Hacienda, pero con calidad de suplido, había proporcionado la cantidad de 531.272 pesos sin interés alguno, cediendo a S.M. el derecho del 2% que estaba concedido en semejantes casos.

Por último, había sido patente su eficacia en efectuar la provisión general de víveres en calidad de Comisionado Real, mereciendo general aprobación:

...y que los Tenientes Generales, Don Pedro Ceballos y Don Francisco Bucarelli, Governadores y Capitanes Generales de aquella Provincia, y el Teniente del Rey de la Plaza Capital de ella, certifiquen asimismo lo expuesto, expresando le consideran digno y acreedor a las gracias y mercedes que S.M. fuere digno dispensarle por sus notorias y distinguidas circunstancias…[33]

Por lo tanto, si aceptamos como válidos estos meritorios antecedentes, debe buscarse alguna explicación sobre el ataque que recibe Francisco del virrey Ceballos. Y las razones que lo justificarían parecen estar íntimamente relacionadas con la Compañía que ha sido obligada a abandonar el lugar por sus actividades un tanto revolucionarias.

Según la documentación de la que hemos dispuesto, alguna lucha entre regalistas y ultramontanos debía andar solapada por el ambiente bonaerense. Ceballos se había destacado por su favor hacía la Compañía, y esta era acusada de incitar a la rebelión a los indios. Tanto Bucarelli como el Obispo de Buenos Aires no dudan en atacar el recuerdo del antiguo gobernador con las más duras cartas[34]y además manifiestan sus quejas sobre la incorrecta actuación de los Regulares, por él alentada[35]. Son numerosos los expedientes reivindicativos que se promueven en su ausencia, como los de Sorarte, anteriormente perseguido por Rocha, -letrado al que se supone autor de folletos en contra del Rey y a favor de los indios-,[36]o de los Brigadieres Hildson y Viana, que sufrieron el acoso personal del mismo Ceballos:

La summa pasión de Zevallos por sacar airosos a los Religiosos de la Compañía que influyeron en la Rebelión de los Pueblos de Indios del Paraguay, y la “enemiga” que les tenía por no aver adherido a sus intenciones en este asumpto…[37]

A tal grado llegó el enfrentamiento que Ceballos, en aquellos momentos residente en España, debió suplicar que se frenara cualquier actuación judicial contra él “...sea en vía de residencia, o comissión particular...” mientras que se hallen en Buenos Aires aquellos declarados enemigos: “...puesto que no tienen libertad christiana aquellos vecinos para declarar la verdad...”[38]. Por todo ello, no debe extrañarnos que, años más tarde, a su vuelta a Buenos Aires, realice una feroz crítica hacía sus antiguos enemigos, y proponga para importante cargos a los hombres que no han colaborado, en su ausencia, con Bucarelli. Entre ellos a Rocha[39]o a Medrano, perseguido según él:

...en realidad por no haber querido consentir en el robo de los caudales del Rey, que le propuso con descaro según él dice, y se hace verosímil, a la vista de los grandes excesos que para recoger dinero públicamente se asegura haber cometido Bucarelli en esta provincia…[40]

En cuanto a la expedición a las misiones que protagonizó Bucarelli en últimos días de mayo de 1768, -siendo sustituido interinamente por Diego de Salas en el gobierno de Buenos Aires-, para llevar a cabo la expulsión de los Regulares,[41]opina Ceballos:

Han sucedido cosas que horrorizan según me han contado, hasta haver mandado Bucarelli deshacer una lámpara grande de plata de la Yglesia de los Regulares, y que se hiciese de ella un Bacín de que se servía. Un platero portugués aseguran haverla hecho y que esto es público y notorio en Buenos Aires [...] En las Misiones, adonde fue sólo a robar, dicen que despojó de sus alhajas de oro y plata los templos, que las tenían muy buenas…[42]
...es tanto y tan criminal lo que constantemente aseguran haber hecho, que se espeluznan los cabellos de oírlo, y de contarlo…[43]

Vuelta a España y asentamiento en Cádiz

Bucarelli, por su parte, ya se había ocupado de ausentarse de tan conflictiva plaza, solicitando su regreso a España:

Muy Sr. mío: Concluida completamente la grande operación de sacar los padres expulsos del Orden de la Compañía de las tres dilatadisimas provincias de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay, situado en las ynmediaciones de los caudalosísimos ríos Uruguay y Paraná, de cuia expedición (que se ha conseguido felizmente) acavo de llegar, recurro otra vez a implorar...pues desde que puse el pié en este ingrato Destino (donde me condujo mi desgracia) sólo con verme fuera de él me consideraría dichoso…[44]

Y repetía en octubre del 1768:

Unicamente apetezco establecerme donde se asegure mi salvación, que qualquiera que manda la tiene muy aventurada, y más en Buenos Aires, centro de las mayores iniquidades, según varias veces he representado a V.E. de Oficio y de confianza…[45]

Unos meses después, tanto Bucarelli como Francisco de Llano partieron hacía España, quedando en el gobierno de la Provincia el brigadier J. José de Vértiz, y corriendo al parecer el 14 de agosto de 1770,[46]aunque el nuevo gobernador informase de que la salida de su antecesor se produjo el 27 del citado mes, tomando él posesión interina del puesto vacante el día cuatro de septiembre[47]. El 12 de septiembre se hizo a la vela en Montevideo la Fragata de guerra Santa Rosa, conduciendo a bordo al Teniente General Don Francisco de Bucarelli y siendo su maestre de plata Don Francisco (de Llano) San Ginés[48]. La nave registra caudales y frutos por un total en pesos de plata dobles superior a 550.000 pesos, de los cuales 25.000 eran de cuenta del propio maestre: “...a entregar a mi mismo y por mi ausencia a mi mujer Dª Mª Francisca Fernández, residente en Cádiz”[49]. Entre la relación de los pasajeros de la nave encontramos a José de Llano, hermano de Francisco, que registra variado equipaje y que se asentará, a partir de su vuelta, en la próxima Isla de León, donde llegará a tener tres industrias y a desarrollar importantes actividades comerciales y navieras, por sí sólo o en “compañía” con su hermano. Su sonada quiebra merece dedicarle un estudio monográfico, que es mi intención realizar en un cercano futuro.

Pero además podemos observar otro registro interesante: Por cuenta de Don Juan Ignacio de Madariaga transporta Francisco de Llano parte del equipaje que éste dejó en Buenos Aires: “...en mi propartida de aquella ciudad a las Malvinas”.

El referido Juan Ignacio era natural de Busturia, del señorío de Vizcaya, donde había heredado el antiguo mayorazgo familiar. Caballero de Santiago desde 1758[50] y casado con Dª Concepción de Yturrigaray (cuyo hermano sería virrey de Nueva España), gozó de la confianza de Bucarelli en su calidad de Capitán de Fragata de la Real Armada. Eso hizo que se le encomendara la expedición encaminada a desalojar a los ingleses establecidos en la isla Gran Malvinas[51].

Juan Ignacio no tenía hijos, pero sí un sobrino, Felipe, que había nacido en 1753. Era hijo de su hermano Juan Antonio, caballero cómo él de Santiago, Maestrante de Sevilla, llamado a ser -por su falta de descendencia- heredero del referido mayorazgo. Ostentaba el cargo de administrador de la Casa de Arcos en la Isla de León, donde era hacendado y enfiteuta y Director General de Correos y Postas. En el Cabildo gaditano ostentó diversos cargos representativos y llegó a ser Procurador Mayor Perpetuo[52]. Por sus continuados servicios, y por haber ejecutado a sus expensas una población de colonos con más de 400 personas en la Real Isla de León, recibió en el 1775 el título de Marqués de Casa Alta[53]. Más tarde trasladaría su residencia a Madrid, donde sería Ministro del Consejo de Hacienda[54]y donde falleció el 9 de octubre de 1797[55].

No nos caben dudas sobre que el tal Felipe sería el yerno ideal para Francisco de Llano, que en su condición de indiano podría ser menospreciado por la sociedad gaditana. Y por tanto, suponemos que aceptaría de buen grado la boda de su hija Petronila, -criolla[56]-, con un joven perteneciente a tan bien situada familia. Ambos se instalaron en su amplia residencia, compartida, como era habitual en Cádiz, por una pléyade de familiares y sirvientes[57]. Con este enlace pasaba Francisco a integrarse en la cúspide social de la ciudad, completado su situación con la matrícula, tanto de él como de su hermano José, en el poderoso Consulado de Comerciantes, corriendo el año de 1771[58].

Ustáriz, San Ginés, y Compañía

Recordaremos que en Buenos Aires había quedado el subalterno Vértiz realizando interinamente las funciones de gobernación. Era originario del valle de Vertizana, donde, en 1706, Miguel de Ustáriz y Vértiz era nombrado alcalde[59]. Los nietos de este último, familiares del personaje que sustituía a Bucarelli, eran, en la fecha en que Francisco de Llano San Ginés vuelve de Buenos Aires, vecinos de Cádiz.

Juan Agustín Ustáriz y Micheo, se encontraba matriculado como comerciante desde el año 1739[60]. Pertenecía a la casa de Echandía: “...que era la casa nativa y originaria de todos ellos, los Ustáriz”[61]. Tenía una posición afianzada en el sector comercial de Cádiz y pudo conocer a Francisco en los años en que éste residió en América[62]. El 11 de febrero de 1763 le concedió el Rey el título de marqués de Echandía[63]. Había tenido algún negocio con algunos de sus primos, pero no participaba en la sociedad que corría con el nombre de Juan Miguel de Ustáriz y Compañía de Hermanos[64], compuesta por Juan Miguel, Juan Bautista, Juan Felipe y Juan Francisco Ustáriz y Gaztelu, aunque sí formó con ella y otros socios, de forma coyuntural y efímera, la sociedad San Juan Evangelista fundada el 21 de junio de 1766[65]. De todos ellos conocemos la extensa bibliografía de Ruiz Rivera,[66]del que hemos recibido ayuda y consejo, pero discrepamos de su interpretación de los hechos, que magnifica la actuación de la familia Ustáriz[67] y condena a Llano San Ginés al olvido más absoluto e injusto, aludiendo, incluso, a “sus” actividades en el año 1783 —cuando llevaba dos años muerto— o a “su” quiebra en el 1788, confundiéndolo, en ambos casos, con su hermano José[68].

Según Ceballos, traía Francisco un claro encargo desde Buenos Aires:

...se metió en la Casa de Ustáriz, aunque hundida, para que Vértiz, que es pariente y acérrimo apasionado de la misma Casa, no le descubriese sus cacas, antes le apoyase, y favoreciese, como en virtud de las fuertes recomendaciones de sus parientes lo ha practicado.[69]

No sabemos si efectivamente existió este denunciado chantaje, o si fueron otras las razones que impulsaron a nuestro protagonista a asumir las dificultades de la renombrada Casa, en el momento que atravesaba tan delicado momento. Efectivamente, el 23 de abril de 1772, en la morada de Nicolás de Bucarelli y Ursúa, gobernador de Cádiz, se declara ante los acreedores de la Casa de Ustáriz la situación de quiebra con el siguiente Activo[70]:

Podemos comprobar que las expediciones suponen un total de un 33% de la inversión, diversificada en tan sólo cuatro navíos, y destacando la cifra de 600.000 pesos para la valoración de El Buen Consejo. Tan importantes apuestas económicas podían verse muy comprometidas en casos de guerras, naufragios o simplemente retrasos en los retornos. Si les añadimos el valor de los navíos, suponen entrambas cifras el 42,29% de los activos. Y aún deben incrementarse con los datos que correspondan, y que no aparecen reflejados, a los viajes del Aquiles y el Toscano, que habían salido pocos días antes hacía el Callao. Entendemos que el volumen de estas partidas invitan a analizarlas y a determinar la evolución de las mismas durante los distintos periodos de actuación de una y otra empresa, porque es otra, con distinta denominación y socios, la que continuará a partir de ese momento las actividades de la gravemente afectada[71].

Una vez reunidos los acreedores, de acuerdo con la convocatoria reseñada, y habiendo dado comienzo la reunión, Don Francisco de San Ginés entregó un documento en el que, en cinco capítulos, realizaba una serie de proposiciones, por sí y por Don Agustín de Uztáriz, proposiciones que ambos consideraban satisfactorias y beneficiosas para los acreedores[72]. Los primeros puntos de las mismas indican:

1º) Que dichos señores, cada uno en su particular y todos en general en nombre de su dicha compañía, les han de hacer cesión y entrega formal de todos los bienes, derechos y acciones que actualmente poseen, en Europa y América, y quantos por qualesquiera razón les corresponde o les pertenezcan, para que los administren, sin que tengan los quatro susodichos, ni sus acreedores ninguna intervención...

2º) Concedida y allanada la proposición antecedente por los señores acreedores, y aprobada que sea por Su Majestad y señores de su Real y supremo Consejo de Castilla, se obligaran de mancomún e insolidum con sus bienes, y con cuantos entren en su poder, por cuenta de dichos señores, cuatro hermanos y su compañía, a pagar el cincuenta por ciento de todas las deudas que hasta el día de la fecha de este resulten legítimamente deber. Los veinticinco por ciento en todo el año venidero de 1774, y los veinticinco por ciento restantes al fin de 1776, para cuyo efecto otorgaran escrituras o pagarés lisos y llanos.

3º) Que dichos proponentes se obligaran a seguir el giro que tienen entablado por término de ocho años, con la denominación en este Comercio de Juan Agustín de Uztáriz, San Ginés y Compañía, bajo la dirección de ambos.

“...Cádiz 23 de Abril de 1.772. Juan Agustín de Uztáriz. Francisco de San Ginés”[73].

De esta forma, queda aprobado el traspaso de una a otra empresa con la publicación, el 5 de Junio siguiente, de la escueta Resolución de Su Majestad:

“Conformándome con el Consejo, apruebo lo acordado por la Junta de Acreedores.”[74]

El tráfico naviero: De Ustáriz Hermanos a Ustáriz y San Ginés

A partir de este momento hemos de considerar que las actuaciones de la nueva compañía deben ser adjudicadas al ejercicio empresarial de los nuevos socios.

Por ello hemos presentado en los Anexos 1 y 2 las actividades de las distintas naves, separando convenientemente los correspondientes años de uno y otro periodo[75]. En cuanto al Anexo 3, en el que se recogen las distintas salidas de los buques desde el puerto gaditano,[76]incluye la cifra de préstamos o riesgos que se corrían, bien sobre las mercancía transportadas, o bien sobre las propias naves, en un intento de referenciar la importancia económica de los diferentes viajes, de una forma rápida y sin profundizar en los correspondientes registros. Por mayor comodidad no hemos sumado en las conocidas fuentes que constituyen los libros de la Sección de Consulado del Archivo General de Indias, sino que hemos preferido, una vez localizadas las naves que nos interesaban, utilizar las cifras resúmenes de los diferentes barcos facilitados por A.M. Bernal, realizando por nuestra parte pequeñas correcciones de fechas[77].

Podemos observar, que el número de salidas se ha incrementado en un 30% durante la etapa en que los nuevos socios se responsabilizan del tráfico comercial. Pero además debemos considerar que, puesto que los registros correspondientes a los últimos años reseñados se encuentran bastantes incompletos, las fuentes dejan de proporcionar la necesaria información para seguir datando las correspondientes salidas, y si estas se han producido, el resultado sería aún más favorable a la actividad de los compañeros Ustáriz y San Ginés.

A lo largo de la década se incrementa el tráfico hacia la ciudad de Buenos Aires, mercado que San Ginés conocía por su dilatada presencia en la misma, y se inicia una nueva ruta hacia Filipinas, aprovechando las posibilidades que brinda el Reglamento de Libre Comercio de 1778.

Época de Juan Miguel Ustáriz y Compañía de Hermanos

Época de la Compañía Ustáriz y San Ginés

El gráfico de riesgos sobre expediciones, expresado en pesos de 128 quartos anuales no nos ofrece ninguna visión diferenciadora entre uno y otro periodo, aunque arroja un claro máximo absoluto en el año 1776, correspondiente a la etapa de Ustáriz y San Ginés.

En cuanto al número de barcos, observamos que la política de compras de la primera etapa les llevó a la adquisición de 11 navíos, de los cuales 3 naufragaron o sufrieron pérdidas irreparables. Por el contrario, la etapa de Ustáriz y San Ginés nos presenta una política de mantenimiento de la Flota, con una compra, la de la Ventura, vendida anteriormente al conde de Mirasol y puesta a nombre de Lizardi, y la del Hércules, que originaría una inspección por parte de las más altas instancias. En este periodo se pierden dos buques, debiendo resaltar el apresamiento del Buen Consejo, por la importancia económica de la expedición. En los últimos años hemos dejado de tener noticias de las naves por falta de fuentes adecuadas.

Estimamos que hemos conseguido los datos mínimos que nos permiten esbozar las diferentes actuaciones de una y otra empresa, diferencias lógicas por el carácter absolutamente personalista de las actividades empresariales. En base a ello, creemos conocer la razón para el cambio de actitud en cuanto a la política de compra de naves. Ruiz Rivera se pregunta la causa por la que se le permitía a los Ustáriz (él no hace distinción de fechas ni de empresas) la utilización de naves de gran porte, que entiende prohibidas: “Por alguna razón, las autoridades no fueron muy estrictas en el cumplimiento de esta norma...”[78]

En efecto, la Real Orden de 19 de febrero de 1760 se manifiesta sobre que no se admita para el tráfico de la Carrera a naves mayores de 500 a 550 toneladas, pero advierte: “Sin que esta providencia se extienda a los que ya estaban admitidos”[79]. Posiblemente, a tenor de los documentos que hemos conocido, tuvieran los navieros dificultades para encontrar las naves adecuadas: “...parece quassi imposible halle tan brevemente otro del tamaño prevenido de Su Majestad...”[80]. Por ello, la solución pasaba por adquirir naves que ya hubiesen realizado algún viaje en la Carrera y quedaran, aún con exceso de tonelaje, aptos para continuar en ella.

Durante los años en que la navegación es responsabilidad de la empresa Ustáriz y San Ginés, éstos deciden no realizar nuevas compras, sino mantener los enormes buques adquiridos en la etapa anterior. Ello les permitían el abaratamiento de los costes de los viajes. Dicha política fue denunciada por los navieros de la competencia, muy críticos hacia San Ginés por este y otros motivos:

...los conservan a expensas de volverlos a rrehacer, o fabricar de nuebo en sus carenas, como se ha visto en las de los nombrados “Aquiles”, “Concepción”, y “Buen Consejo”, de forma que la carena de cada uno de estos le ha costado excedentemente el valor que puede tener un navío acavado de fabricar, sólo con el fin de hallarse en posesión de estos Buques, cuio arqueo asciende como a 900 toneladas cada uno...[81]

Esta subrepticia actuación les permite bajar los fletes, y así lo hicieron en el año 1772, en el momento en que San Ginés toma el mando del negocio. Los restantes armadores, muy preocupados por la imposibilidad de igualar sus precios, confirman su protagonismo: “Y no obstante todas las consideraciones que se le han hecho presente al Don Francisco San Ginés, socio de dicha Compañía, no han sido suficientes a persuadirle...”[82].

Además de intentar persuadirle, denuncian que la bajada ofrecida es contraria a la ley, siendo rebatidos con el argumento de la existencia de una Real Orden, que permitió la bajada en los Navíos el Jason y el Toscano en el viaje desde Veracruz en julio de 1770. Al amparo de ella se considera San Ginés con derechos suficientes[83].Y más aún cuando la propias urcas de Su Majestad fletaron en 1771 los barriles a Veracruz a 6 pesos siendo el Proyecto en azogues a 14[84].

Los navieros confirman que la forma de actuar es nueva en la empresa: “...acaban de avisar por medio de Cartas circulares, firmadas de su puño, a todos los Individuos Cargadores de este Comercio...este paso tan extraordinario, como hasta ahora no visto en este comercio, así como por la substancia, como por el modo en que se ha dado, no parece conspirar menor, que a la ruina general del Ramo de Navieros...[85].

Íntimamente ligada a estas actuaciones se encuentra la adquisición, un tanto forzada por presiones al vendedor, del navío el Hércules en una actuación que, Ruiz Rivera, adjudicándola a los Ustáriz, califica de: “mentalidad agresiva, competitiva y moderna”[86]. Estos sucesos corresponden a incidentes en la primera salida del Buen Consejo, bajo el control de los nuevos socios, y por tanto son ellos los acreedores de tales calificaciones. Los restantes navieros estiman que en poco tiempo conseguirán, con estos métodos: “...quedar quasi al arbitrio suio la navegación del Mar del Sur, proyecto anteriormente tocado por dicha Cassa, que no pudo conseguir...”[87].

La situación de presión sobre la competencia debió llegar a resultar preocupante. La información reservada indica: “El Rey quiere saber los sucesos sobre compra del Navío el Hércules...”[88]. No repetiremos aquí los detalles del conocido incidente, pero sí señalaremos que tanto la carta de denuncia de Francisco Martínez de Vallejo, que se considera perjudicado, como la anotación al margen del marqués del Real Tesoro, informando al Rey, se refieren exclusivamente a Don Francisco de San Ginés, protagonista del suceso. Quede por tanto constancia de ello y anotada la actuación, buena o mala, en su haber empresarial.

El último acontecimiento gaditano adjudicado graciable y genéricamente a “los Ustáriz”, no es otro que el proyecto de navegación directa a Filipinas. Ruiz Rivera lo califica de “caso muy notable de aventura comercial” indicando que la acometen en “un momento delicado de su empresa”[89]. En otra publicación indica que: “Parece haber estado reservada a los Ustáriz la innovación en este y otros terrenos de la actividad mercantil e industrial…” preguntándose si la aventura fue fruto del riesgo o producto de la necesidad[90].

Pensamos que ni lo uno ni lo otro. Más bien parece que se debe a una toma de posición ante las perspectivas que surgen del Real Decreto de 12 de octubre de 1778 sobre la libertad de comercio. La petición que cursan los compañeros Juan Agustín de Ustáriz y Francisco de San Ginés tiene fecha de 15 de enero de 1779[91]. La situación de la empresa se encontraba saneada. Unos meses antes Juan Bautista de Ustáriz afirmaba que ambos socios, que habían entrado en la dirección de la misma:

...lo han ejecutado con el acierto que es público y notorio, pues no sólo han mejorado y mantenido en floreciente estado las Reales Fábricas de Talavera, sino que han pagado a los acreedores de Ustáriz Hermanos sumas grandes, además del cincuenta por ciento a que se obligaron...”[92]

En el mismo año solicitan además la permuta del derecho de registro a Buenos Aires, que en la nueva situación había dejado de ser interesante, por otro para la provincia de Caracas, sin limitación de buque y por términos de diez años[93].Y en cuanto al riesgo asumido, es prudentemente medido por los socios: “...nos vemos precisados a tomar algún tiempo para adquirir noticias, formar cálculos, y saber lo que conviene pedir a V.M.”[94]

Otras actividades, otras expectativas, otros socios

Por su parte, Francisco inicia en febrero del mismo 79, y al abrigo de la repetida disposición, la apertura de una Casa de Giro en Málaga, contando con varias concesiones reales[95]. Los socios de la misma, que llevará el nombre de Llano, San Ginés y Compañía serán Francisco y José, el hermano que le acompañó en su periplo americano y retornó con él en el Santa Rosa. Como Director, y tercer socio, ejercerá funciones Juan Felipe de Madariaga, su yerno, esposo de su única hija Petronila, del que anteriormente dimos cumplidas referencias[96].

Matriculan a su nombre la Divina Pastora y el San Pedro, contando entre los fletes a realizar el transporte en monopolio de los baúles de Naipes, posiblemente de las fábricas de Macharavialla, de donde era originario el Ministro Gálvez y donde Francisco proyecta establecer una fábrica de medias a la genovesa y otra de sombreros[97].

Todas estas actividades malagueñas han sido igual y de nuevo injustamente adjudicadas a los agraciados Ustáriz por Aurora Gamez Amián[98]que en el caso de los proyectos de instalaciones fabriles últimamente citados confunde entre sí a los hermanos Llano y decide que es José, y no Francisco, el autor de tales iniciativas[99]. Por su parte, Antonio Miguel Bernal asegura que el socio de los Ustáriz es el sombrerero de la Real Isla -José- y que éste se asoció al comerciante Llano, del que no aporta ninguna noticia sobre su personalidad, por lo que estimamos que desconoce el íntimo parentesco existente entre ambos. Sus referencias sobre los miembros de las distintas sociedades de los Ustáriz, y sobre ellas mismas, son inexactas, aunque superficiales. Pero, sobre todo, eliminan a Francisco de San Ginés de la actividad de las fábricas de Talavera, en una nueva injusticia sobre la evaluación de su capacidad empresarial[100].

De esta forma ha permanecido Francisco históricamente ignorado, a la sombra de uno u otro de sus socios. Por el contrario, no pasó desapercibido para sus contemporáneos. Desde Cádiz, Francisco Manjón escribe a Gálvez:

...me participó V.E. a fin de que no se molestase a la Casa de Ustáriz, San Ginés y Compañía... ; y con motivo de haver fallecido don Francisco de San Ginés, Conde de Torre Alegre, socio y principal Director de la compañía, me ha parecido interesante a la Real Hacienda, informarme de sus débitos...[101]

Así pues, la muerte de Francisco, acaecida en los últimos días de 1780[102] (y casi inmediatamente la de su socio Juan Agustín de Ustáriz),[103]alerta a la Real Hacienda de que ya no seguiría su Compañía en tan competentes manos. Sus negocios languidecen durante varios años en manos de miembros de sus respectivas testamentarías, produciéndose un sin fin de enmarañadas reclamaciones contradictorias que resultan de gran interés para el investigador, por la riqueza de datos económicos y sociales que aportan. Pero además, los documentos nos hablan de nuevas actividades a nombre personal de José de Llano, o de Juan Felipe o de Juan Bautista de Ustáriz. No podemos confundir ninguna de ellas con las llevadas a cabo durante veinte años por las dos empresas, una subrogada en las obligaciones y derechos de la otra, que movieron la mayor parte del importante sector naviero de la ciudad de Cádiz.

Su principal Director durante un largo periodo fue Francisco de Llano San Ginés, al que esperamos hoy haber rescatado del olvido.

NOTAS

[1]A.H.N. (Archivo Histórico Nacional). Ordenes militares. Expediente Santiago 4.730. José de Llano. 1779.

[2]R.CH.V. (Real Chancillería de Valladolid). Registro de Reales Provisiones. Caja 9-59.

[3]A.H.N. Ordenes Militares 4.730. Testamento de Lucas de Llano.

[4]Ibídem.

[5]A.G.I. (Archivo General de Indias) Títulos de Castilla 6,R,17.

[6]A.H.P.C. (Archivo Histórico Provincial de Cádiz). Protocolo 63 Fernando, folios 449- 452. Poder para testar Fco. de Llano.

[7]A.H.P.C. Protocolo 4.529 de Cádiz, folios 2.806-2.819. Testamento José de Llano.

[8]R.CH.V. Registro de Reales Provisiones. Caja 9-59.

[9]DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: El Antiguo Régimen, los Reyes Católicos y los Austrias, Alianza Editorial, Madrid 1988, pág. 160.

[10]A.H.P.C. Protocolo de Cádiz 4.517, folios 1.326-1.329. Toma de hábito de José de Llano.

[11]A.H.P.C. Protocolo 63 Fernando, folios 449- 452. Poder para testar Fco. de Llano. Las noticias que tenemos son a través de este documento ya que el correspondiente expediente no ha podido ser localizado, a pesar de exhaustiva búsqueda.

[12]A.G.I. Títulos de Castilla. 11, R, 6 y 9.

[13]A.H.N. Consejos (Cámara de Castilla, Consultas de Gracias), legajo 4.583, expedientes 11 y 12.

[14]A.H.P.C. Protocolo 4.529 de Cádiz, folios 2806-2819. Testamento de José de Llano.

[15]A.G.I. Contratación 1.383-A.

[16]A.G.I. Buenos Aires, 43. Carta de Francisco de Bucarelli a Julián de Arriaga desde la Isla de León, 9 de marzo de 1.766.

[17]A.G.I. Contratación, 1.383-A. 20 embarcaciones son del Rey y 96 de particulares fletadas por la Real Hacienda. Entre ellas dos de Ustáriz y San Ginés: el Hércules y el Toscano. Volverán de Montevideo en el 1778 con cueros.

[18]A.G.I. Buenos Aires, 57. Carta nº 39 de 9 de mayo de 1777. De Ceballos a José de Gálvez.

[19]A.G.I. Buenos Aires, 43. Como ejemplo de su actividad podemos citar la adquisición de las partidas tasadas de lo apresado en el 1763 a los portugueses en la expedición a Río Grande. El remate, ganado en puja por Francisco, le lleva a recibir variada mercancía: ”Rollos de tabaco, clavazón, palas de fierro, martillos planchelas, quadernales, estrelleras, barricas de aceite, barras de plomo, cajones de hilo de vela, aguardiente, alquitran...” Todo ello por valor de 8.218 pesos y 4 reales

[20]R.CH.V. Registro de Reales Provisiones, legajo 16, nº 15.

[21]A.G.I. Contratación, 1.383-A.

[22]RUIZ RIVERA, J.: El Consulado de Cádiz. Matricula de Comerciantes (1730-1823). Dip. Provincial, Cádiz, 1988, pág. 202.

[23]A.G.I. Contratación, 5.504, N. 2.

[24]A.G.I. Contratación, 5.508, N. 2, R. 68. ; A.H.N. Consejos, 20.204, expediente 1. ; A.G.I. Contratación, 2.737.

[25]B.N.B. (Biblioteca Nacional de Brasil) Sección de manuscritos. Buenos Aires I-16-1-16.

[26]A.H.P.C. Protocolo de Cádiz, 3.615. Poder de Francisco de San Ginés.

[27]A.G.I. Contratación, 5.470 N. 2,R. 132, 25 de julio de 1720.

[28]RUIZ RIVERA, J.: ob. cit., pág. 125.

[29]A.H.P.C. Protocolo de Cádiz 3.655, folios 493-502.

[30]A.G.I. Títulos de Castilla, 6,R.17.

[31]CESPEDES DEL CASTILLO, G.: América Hispánica (1492-1898). Labor, Barcelona, 1983, pág. 323.

[32]A.G.I. Títulos de Castilla, 6,R.17.

[33]Ibídem.

[34]A.G.I. Buenos Aires, 43. Expediente sobre recurso de D. Pedro Cevallos. Reservado. 1768.

[35]A.G.I. Buenos Aires, 300. Audiencia de Buenos Aires. Expedientes nº 18 y nº 24.

[36]A.G.I. Buenos Aires, 12-B. Informe del Consejo de Indias de 19 de diciembre de 1768. Expediente de Doña Sabina Sorarte.

[37]A.G.I. Buenos Aires, 12-A. Consultas Reales, resoluciones y nombramientos.

[38]A.G.I. Buenos Aires, 43. Carta de Pedro Cevallos a Julián de Arriaga. Hortaleza, 7 de septiembre de 1768.

[39]A.G.I. Buenos Aires, 57. Montevideo 8 de octubre de 1777. Carta de Ceballos a Gálvez.

[40]A.G.I. Buenos Aires, 13 Consultas Reales, resoluciones y nombramientos. Carta de Pedro Ceballos a José de Gálvez, 11 de junio de 1777.

[41]A.G.I. Buenos Aires, 43. Carta de Diego de Sala a Arriaga el 17 de abril de 1768.

[42]A.G.I. Buenos Aires, 57. Carta nº 39 de Cevallos a Gálvez el 9 de mayo de 1777.

[43]Ibídem.

[44]A.G.I. Buenos Aires, 43. Carta de Bucarelli a Arriaga de 4 de agosto de 1768.

[45]Ibídem. Carta de Bucarelli a Arriaga de 4 de octubre de 1768.

[46]Ibídem. Carta de Diego de Salas a Julián de Arriaga.

[47]A.G.I. Buenos Aires, 52. Carta de Juan José de Bértiz a Arriaga de 8 de noviembre de 1770.

[48]A.G.I. Contratación, 2.752. Registro de venida de la fragata Santa Rosa.

[49]Esta frase nos lleva a pensar que antes de la venida definitiva, Francisco ya ha instalado a su familia en Cádiz.

[50]A.H.N. Ordenes Militares. Santiago, 4.744 y 4.745 de Juan Ignacio y Juan Antonio Madariaga, con datos familiares.

[51]El ataque se explica con detalle en el plano del establecimiento inglés y de las fuerzas españolas, delineado por Alexo Berlinguero, pilotín de número de la Real Armada con destino en la Fragata Santa Catalina. (Archivo General de Indias de Sevilla). Publicado en el Tomo V de la Historia de España del MARQUES DE LOZOYA. Barcelona, 1977, pág. 316.

[52]A.M.C. (Archivo Municipal de Cádiz) Las actas capitulares de los años en que residió en Cádiz facilitan gran cantidad de información al respecto.

[53]A.G.S. (Archivo General de Simancas) Gracia y Justicia. Legajo 872. ; A.G.S. Dirección General del Tesoro. Inventario 3, legajo 34. ; A.H.N. Consejos. Títulos del Reino. Libro 628. ; A.H.N. Consejos, legajo 4.573, exp. 106, que ha desaparecido.

[54]A.H.P.C. Protocolo de San Fernando 210, folios 251-265. Particiones de Isabel de Arzueta, su mujer.

[55]A.H.P.M. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid) Protocolo 22.240 de Madrid, folios 459-490. Reparto de bienes de Juan Antonio de Madariaga.

[56]DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: "El Antiguo Régimen..." pág. 345.: "Vistos desde España, había cierta prevención contra todos, lo mismo los criollos que los "indianos", los españoles que regresaban tras una larga estancia."

[57]A.M.C. Patrón 1773, Tomo 1º, pág. 266. Casa nº 100 de la Comisaría de Lasqueti. Viven en ella Don Francisco de (Llano) San Ginés, de 40 años, comerciante matriculado. Don Juan Felipe de Madariaga, Capitán de las milicias urbanas de Cádiz. Gesualdo Caselli, Director de los Navíos de la Casa. Don Juan Nicolás de Acha, tenedor de libros y comerciante matriculado. Don Francisco Saballa, cajero. Don Luis Gutiérrez y Don Francisco Metralla, escritores. Don Francisco Peláez y Don Santiago Peruano, sirvientes. Y el Negro esclavo Francisco de la Concepción. Y como “agregados” a la familia, Don José de San Ginés, soltero de 50 años y comerciante matriculado, Don Manuel Alexandre, cajero, y Don Francisco Laredo, tenedor de libros. Las residentes femeninas no aparecen censadas.

[58]RUIZ RIVERA, J.: ob. cit., pág. 202.

[59]A.H.N. Ordenes Militares. 8.381 Santiago. Juan Bautista de Ustáriz, conde de Reparaz, aspirante. Incluye varios testamentos de antecesores que proporcionan variada información familiar. Madrid, 11 de agosto de 1756.

[60]RUIZ RIVERA, J.: ob. cit., pág. 130.

[61]A.H.N. Ordenes Militares. Santiago, 8.381.

[62]ARAZOLA CORVERA, Mª J.: Hombres, barcos y comercio de la ruta Cádiz - Buenos Aires (1737-1757). Dip. Sevilla, Sevilla, 1998, pág. 354. Nos indica que Juan Agustín de Ustáriz es uno de los comerciantes navarros asentados en Cádiz que ejercieron comercio en la ruta a Buenos Aires.

[63]A.H.N. Consejos, 11.756, nº 1. Medias annatas de títulos.

[64]A.G.S. Secretaría de Hacienda, legajo 786. Así se afirma en notas marginales en informe de diciembre de 1766.

[65]A.H.P.M. Protocolo Madrid 19.595, folios 228-240. Constitución de la Sociedad.

[66]RUIZ RIVERA, J.: “La casa de Ustáriz, San Ginés y Compañía”, en La burguesía mercantil gaditana, 1650-1868 (1975), 183-199. ; “La Compañía de Uztáriz, las Reales Fábricas de Talavera y el comercio con las Indias”, en Anuario de Estudios Americanos, XXXVI (1979), 209-250. ; “Rasgos de modernidad en la estrategia comercial de los Ustáriz, 1766-1773”, en Temas Americanistas, 3 (1983), 12-17. ; “Intento gaditano de romper el monopolio comercial novohispano- filipino”, en IV Jornadas de Andalucía y América, vol. I (1985), 147-179. ; “Presencia navarra en el Cádiz del monopolio”, en Príncipe de Viana. Año LIV. (1995), 49-75.

[67]RUIZ RIVERA, J.: El Consulado..., págs. 130 y 210. Las relaciones de matriculados en el Consulado de comerciantes gaditanos puede servirnos para datar cronológicamente la actividad de estos personajes. Ya hemos indicado que Juan Agustín Ustáriz Micheo figura en la ampliación de 1739. En cuanto a los hermanos Ustáriz Gaztelu, figuran Juan Bautista y Juan Felipe en la relación de 1755, cuando este último tendría escasamente 21 años. La matriculación de Juan Francisco es posterior, datándose en 1760. Juan Miguel no llega a aparecer como matriculado, por lo que podemos suponer, avalados por los demás datos que hemos manejado sobre el personaje, que residió constantemente alejado de Cádiz, muy posiblemente en Madrid.

[68]RUIZ RIVERA, J.: “La casa de Ustáriz, San Ginés ... pág. 193.

[69]A.G.I. Buenos Aires, 57, carta nº 39 de 9 de mayo de 1777 de Ceballos a Gálvez. TORRE REVELLO, J.: La Sociedad Colonial. Buenos Aires, 1970, pág. 74, cita esta carta, lo que nos ha ayudado a su localización.

[70] A.H.N. Consejos 907. Estado o resumen en general. Folios 663 vto.- 664. Es habitual que la bibliografía existente aluda de forma indirecta a la “quiebra” de la Casa Ustáriz, pero no conocemos NINGUNA REFERENCIA DIRECTA a esta documentación, que hemos hallado tras paciente búsqueda, y que nos proporciona Balance y relación de Acreedores.

[71]Actualmente realizamos otros análisis más completos de otras partidas del Balance, principalmente sobre el crédito DEL DUCADO DE LA MIRÁNDOLA, bajo la dirección de los profesores García Baquero y Núñez Roldán.

[72] A.H.N. Consejos 907. Folio 667 vto.

[73] A.H.N. Consejos 907. Papel de Proposiciones. Folios 669 vto.- 671 vto.

[74] A.H.N. Consejos 907. Folio 657 vto.

[75]Para construir los referidos cuadros se han utilizado gran cantidad de documentos, en una incansable labor de años. Pensamos que pueden ser ampliados y corregidos.

[76]Fechas, destinos y maestres se han obtenido de los correspondientes registros de salidas de la Sección de Contratación del Archivo General de Indias.

[77]BERNAL, A.M.: La financiación de la Carrera de Indias. Dinero y crédito en el comercio colonial español con América. Fundación el Monte, Sevilla, 1992. Apéndice VI. págs. 712-733.

[78]RUIZ RIVERA, J.: “Rasgos de modernidad...”pág. 14.

[79]A.G.I. Indiferente General 2.486. Carta de Abaría a Arriaga en 17 de septiembre de 1762.

[80]Ibídem.

[81]A.G.I. Indiferente General 2.485. Protesta de doce navieros. Cádiz 21 de diciembre de 1773.

[82]Ibídem. Carta sin fecha de Guerra, Trianes y Ribero e Hijo.

[83]Ibídem. Informe de Ustáriz y San Ginés de 20 de octubre de 1772.

[84]Ibídem.

[85]Ibídem. Petición sin fecha de Trianes, Vega y Ribero e hijos.

[86]RUIZ RIVERA, J.: “Los Ustáriz en el comercio de Cádiz de Indias: un ejemplo...” pág. 70.

[87]A.G.I. Indiferente General 2.485. Protesta de doce navieros el 21 de diciembre de 1773.

[88]Ibídem. Expediente sobre el Hércules de diciembre de 1773.

[89]RUIZ RIVERA, J.: “Los Ustáriz en el comercio de Cádiz de Indias: un ejemplo...” pág. 73.

[90]RUIZ RIVERA, J.: “ Intento gaditano de romper el monopolio...” pág. 147.

[91]A.G.I. Indiferente General 2.485. Petición al Rey para el comercio directo con Filipinas.

[92]Ibídem. Súplica al Rey de Juan Bautista de Ustáriz a 16 de junio de 1778.

[93]Ibídem. Petición al Rey de Ustáriz y San Ginés a 20 de diciembre de 1779.

[94]Ibídem. Petición al Rey de Ustáriz y san Ginés a 15 de enero de 1779.

[95]Ibídem. Resumen de expediente. El Pardo a 22 de febrero de 1779.

[96]Ibídem. Carta de Juan Felipe de Madariaga desde Málaga fechada el 18 de mayo de 1779.

[97]Ibídem. Carta de Francisco (de Llano) San Ginés a Gálvez fechada el 28 de mayo de 1779.

[98]GAMEZ AMIAN, A.: MÁLAGA Y EL COMERCIO COLONIAL CON AMÉRICA (1765-1820). Málaga, 1994, pág. 39. Esta autora les adjudica el San Pablo -en vez del San Pedro-, e indica que las concesiones reales se hacen a Ustáriz y San Ginés. Hemos buscado sus fuentes infructuosamente, puesto que ni en los legajos 2.317 ni 2.140 de Indiferente General del A.G.I., que ella cita, hemos localizado la información a que alude, no pudiendo por tanto comprobarla. Por el contrario, el legajo 2.485, de la Sección Indiferente, del Archivo General de Indias aparecen los documentos donde se conceden todas las condiciones que ella reseña -incluido el monopolio de papel y barajas- a la Casa de Giro de los hermanos Llano.

[99]Ibídem, pág. 40.

[100]BERNAL, A.M.: Ob. cit., pág. 445.

[101]A.G.I. Indiferente General 2.485. Informe de 16 de enero de 1781.

[102]A.H.P.C. Protocolo de San Fernando 635, folios 449-452.

[103]A.G.I. Indiferente General 2.486. Carta de Miguel José de Ustáriz -hijo de Juan Agustín- a Gálvez el 22 de marzo de 1781. Solicita que su tío, Juan Bautista de Ustáriz se entienda de los permisos concedidos a su padre, que acaba de fallecer.

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ANEXO 1

1762-1772: JUAN MIGUEL USTARIZ Y COMPAÑIA DE HERMANOS

ANEXO 2

DE 23 DE ABRIL DE 1772 A 1781: COMPAÑIA USTÁRIZ Y SAN GINÉS

(Juan Agustín Ustáriz Micheo y Francisco de Llano San Ginés)

ANEXO 3

Salidas de barcos: destinos, maestres e importes de los Riesgos

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Referencia de publicación: “Francisco de Llano San Ginés y el comercio con las Indias” en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 2001, Córdoba, Publicaciones obra social y cultural Cajasur, 2003, 369-390.

Fotografía de Portada: Expedición Malaspina. Museo Naval de Madrid

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LA AUTORA

María Dolores Herrero Gil es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, además de Arquitecto Técnico y Licenciada en Ciencias Económicas. En la actualidad, y en la misma universidad, ultima su tesis doctoral en historia sobre la burguesía gaditana de fin del siglo XVIII e inicio del XIX, bajo el título De los negocios a la política. Cádiz, del Antiguo al Nuevo Régimen.

Participa en el proyecto “Andalucía y América Latina: el impacto de la Carrera de Indias sobre las redes sociales y las actividades económicas”, dirigido por el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla

Publicaciones

Libros

--- Cuentas Saldadas: Acercamiento a una burguesa gaditana del siglo XVIII a través de la liquidación de sus bienes. Sevilla, Padilla Editores. Serie Historia, 1999

--- La Villa de Rota en la corriente de la Ilustración. Las manufacturas de Simón de Plá y Mensa. Rota, Fundación alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, Colección investigación, 2006

Artículos

---"Las Propiedades urbanas de Santa María la Mayor de Sevilla en el siglo XVI: gestión y singularidades del cobro de sus rentas" en Archivo Hispalense, nº 253, Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 2000, 9-32.

---“Problemas de aguas residuales en una ciudad de la Ilustración: Cádiz, 1771” en Aparejadores, nº 59, Sevilla, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 2000, pp.74-77.

---“Francisco de Llano San Ginés y el comercio con las Indias” en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 2001, Córdoba, Publicaciones obra social y cultural Cajasur, 2003, 369-390.

--- “El General Álvarez Campana y la sedición del Brigadier Plasencia”, en XII Jornadas Nacionales de Historia Militar: Las guerras en el primer tercio del siglo XIX en España y América. Sevilla, 8-12 de noviembre de 2004. 2 Tomos. Madrid, Deimos, 2005, pp. 441-462, tomo I.

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EL TRÁFICO MARÍTIMO Y EL COMERCIO DE INDIAS EN EL SIGLO XVIII

maytediez - 04 de octubre de 2007 - 02:51 - Historia Moderna/ Europa y América

Marina Alfonso Mola

Universidad Nacional de Educación a Distancia.UNED/España

La política reformista del Despotismo Ilustrado vinculó la recuperación de la economía española a la reactivación del comercio ultramarino, tal y como preconizaban los teóricos del mercantilismo tardío que le sirvieron de inspiración. De ahí que apenas acabada la Guerra de Sucesión, los ministros de Felipe V adoptaran una serie de medidas para reorganizar un sector profundamente deprimido y desarticulado.

Ahora bien, por esta misma razón, antes de abordar la política reformista llevada a cabo en el ámbito del tráfico colonial, es conveniente trazar un somero panorama de la situación de partida. Una vez realizado el descubrimiento de América y comenzado el asentamiento de españoles en los primeros enclaves caribeños y centroamericanos como consecuencia de los viajes de exploración y la constatación de la existencia de oro y plata en las tierras recién halladas, los Reyes Católicos se vieron en la necesidad de organizar una línea comercial que uniera los reinos hispanos con el Nuevo Mundo: la Carrera de Indias[1]. Después de un período de vacilaciones, se adoptaron una serie de decisiones inspiradas por el naciente mercantilismo, que incluían la reserva del monopolio del comercio con las Indias a los súbditos españoles de los monarcas (fundamentado en las bulas alejandrinas de 1493 y el tratado de Tordesillas de 1494, que declaraban los derechos de la Monarquía Hispánica a la explotación del Nuevo Mundo)[2], la constitución de un organismo de control de todo lo relacionado con dicho tráfico (la Casa de la Contratación) y la designación del puerto de Sevilla (“puerto y puerta de las Indias”) como única cabecera de la ruta que debía unir la Península con las tierras americanas.

En el plano de la navegación, tras un período presidido por los “registros sueltos” que navegaron en solitario o en pequeños convoyes espontáneos hasta las Antillas primero y hasta el continente más tarde, sin fecha predeterminada para zarpar mas que por la oportunidad de los vientos y corrientes (corredor de los alisios en verano y corriente de Canarias en invierno), sin restricciones en las cargas (hasta 1543, en que se crea el Consulado y se estipula el valor mínimo de cada partida en 1.000 pesos), con el concurso de numerosos barcos (carabelas, naos, urcas, tipos de escaso tonelaje, entre 40 y 100 toneladas) propiedad de armadores procedentes de todo el litoral español y fabricados en su totalidad en astilleros nacionales, se fue dando paso, en un principio por razones de defensa para preservar la seguridad de las rutas atlánticas de los ataques de los corsarios isabelinos, a un sistema comercial regulado de un modo más estricto, que culminó con la promulgación del famoso Proyecto de Flotas y Galeones (1564, con algunas disposiciones complementarias posteriores), que establecía la salida anual de dos grandes flotas convoyadas al amparo de navíos de guerra fuertemente artillados[3]. Las flotas se componían de barcos de muy diversos tipos (galeones, naos, urcas, filibotes, pingues, fragatas, zabras, pataches), aunque desde el último tercio del siglo acabaron predominando los galeones, grandes bastimentos que fueron aumentando las doscientas toneladas de arqueo de media de la segunda mitad del Quinientos hasta las quinientas o más de la segunda mitad del Seiscientos[4].

A medida que se iba acentuando el gigantismo de las embarcaciones, se va degradando la operatividad del sistema de flotas y galeones al entrar en juego un poderoso oligopolio de intereses privados no coincidentes con el “bien de la nación”. Nos referimos a que emerge dentro de este sistema un implícito negocio de especulación comercial en los mercados americanos; de ahí que los flotistas intenten retrasar de forma deliberada la partida de los convoyes comerciales para que la carestía de productos incida en el aumento de los precios de los mismos. Los buques son cada vez menos y más grandes (costosas estadías en la metrópoli y en América para llenar y vaciar las enormes bodegas), con el consiguiente encarecimiento del costo de construcción y la imposibilidad de poder obtener un bastimento por un precio módico, por lo que los propios flotistas se erigen en los dueños de los buques, ya que son los únicos que disponen de capitales lo suficientemente fuertes para invertir en barcos y afrontar no sólo la improductividad de los tiempos muertos durante el fondeo, sino también los gastos consiguientes a la estadía (impuestos de puerto, sustento de tripulaciones de mantenimiento y vigía, deterioro de los cascos, etc.), con lo que el sector del transporte deja de diferenciarse del sector comercial y se inicia una larga etapa de supeditación del sector naviero a los intereses del comercio. A esto hay que añadir que los flotistas estaban fuertemente respaldados por las autoridades de la Casa de la Contratación que, pese a una detallada normativa sobre la prelación y orden para la formación del buque de cada convoy, eran las que tenían la última palabra para designar los barcos que habían de integrar cada expedición.

Si bien es cierto que no existió una normativa que impidiera directamente la participación en la Carrera de los armadores de cualquier punto del litoral español, la práctica indujo a la autoexclusión de los mismos, cuando al amparo del ologopolio del Consulado sevillano se produjo el cambio en las estructuras de la propiedad de los mercantes al servicio de la Carrera, que hacía prácticamente inviable el negocio de los fletes en el puerto hispalense y cortaba la posibilidad de la participación en las rutas americanas, las que daban mayores beneficios y podían ofrecer la oportunidad de la acumulación de capital previa para la inversión en nuevas unidades. Consecuencia de este cambio paulatino en la estructura de la flota fue la disminución del potencial numérico de la flota mercante, la primacía de los intereses del comercio especulativo sobre el sostenimiento de líneas comerciales dinámicas, la muerte por inanición del sueño de maestres y pilotos de la Carrera de convertirse en dueños de los barcos que patroneaban o pilotaban (como fruto de la inversión de los beneficios obtenidos en la realización de su tarea profesional), la autoexclusión de las rutas ultramarinas de los pequeños armadores y el surgimiento del puerto de Cádiz como alternativa a la plaza sevillana, dadas las crecientes dificultades que entrañaba el gran calado de los buques para superar la barra de Sanlúcar de Barrameda[5].

Por otra parte, los intercambios no pudieron tener una base más sencilla a lo largo de todo el siglo. Consistieron en la exportación de productos agrícolas (vino y aceite, los llamados "frutos" por antonomasia) y productos manufacturados (sobre todo, las llamadas "ropas" por antonomasia: paños, bayetas, lienzos, sedas, terciopelos, brocados, encajes), además de hierro y clavazón y de los cargamentos de mercurio destinados al procedimiento de beneficio de la plata llamado amalgama (embarcados en una flota separada de galeones conocidos con el nombre de "los azogues") y en la importación de metales preciosos (al principio oro, pero después fundamentalmente plata), que se complementaban con algunos otros productos, entre los cuales destacaban los colorantes (grana, añil y palos tintóreos). Artículos de menor consideración eran en el caso de las remesas metropolitanas algunos derivados de los principales productos agrarios (vinagre, aguardiente, aceitunas, alcaparras, harina) y algunos otros frutos secos (almendras, avellanas, pasas), así como otras manufacturas (peletería, jabón, papel, calzados, sombreros, medias, cintas, quincallería, cordelería, herramientas, cerámica), medicinas y algunos objetos de devoción (rosarios) y también culturales, como libros, obras de arte (especialmente pinturas) e instrumentos de música. En el caso de las importaciones, junto a los metales preciosos y los colorantes, hay que mencionar algunas otras materias primas (singularmente los cueros), algunos productos medicinales (jenjigre, zarzaparrilla, guayaco, cañafístula, jalapa), algún objeto suntuario (perlas, carey) y algunos otros géneros, entre los que merecen lugar aparte los productos de plantación como el tabaco (cuya elaboración y distribución se convertiría en un monopolio de la Real Hacienda a partir del siglo XVII), el azúcar o el cacao, que también hacen en el siglo XVII sus primeras y tímidas apariciones y, en menor medida, el algodón (ya en el XVIII). El cuadro no quedaría completo sin tener en cuenta que si los "frutos" eran fundamentalmente andaluces, el hierro era vizcaíno y el mercurio provenía de las minas de Almadén, el conjunto de las "ropas" estaba constituido masivamente por reexportaciones de tejidos procedentes de la Europa del Norte. Y que fue precisamente el valor muy superior de estas manufacturas textiles el que desató las críticas de los tratadistas coetáneos (que hablaron del avasallamiento de la plaza sevillana por la producción extranjera y que llegaron a imaginar a España como "las Indias de Europa"), así como el que permite caracterizar en gran medida el comercio sevillano como un comercio de intermediación, en el que muchos agentes españoles actuaban tan sólo como comisionistas, mientras los beneficios de las exportaciones industriales iban a parar a los proveedores extranjeros.

Como la plata indiana servía naturalmente para pagar las remesas metropolitanas, una parte importante pasaba a manos de los mercaderes (españoles y también extranjeros) que hacían de intermediarios con los proveedores del norte de Europa, que se convertía así en el destino final de un porcentaje difícil de calcular del metal precioso, lo que hizo pensar en la economía española como mero "puente de plata" entre América y Europa. Sin embargo, tampoco debe desdeñarse la plata retenida en las arcas hispanas, tanto a través de la propia actividad comercial (avituallamiento de los buques, venta de licencias de embarque, producto de los fletes, beneficios del comercio a comisión, retribución de las exportaciones nacionales y participación en los seguros y en los riesgos de mar, el sistema crediticio fundamental para el funcionmiento de la Carrera), como a través de los ingresos propios de la Corona (esencialmente los derechos de aduana y el quinto real sobre los metales preciosos). En cualquier caso, la investigación no ha resuelto aún la contradicción entre el proceso inflacionario vivido por España y la huida del metal precioso allende las fronteras peninsulares[6].

Un lugar aparte hay que conceder al tráfico de esclavos. La existencia de mano de obra indígena no propició la entrada de esclavos africanos en América en los primeros tiempos del asentamiento hispano, al tiempo que la falta de bases en las costas occidentales de Africa (como consecuencia del tratado de Tordesillas) impedía la actuación directa de los mercaderes españoles en este ramo. De ahí que se recurriese a la suscripción de contratos para la introducción de esclavos, es decir a un sistema de asientos que no tenía paralelo en el modo general de funcionamiento de la Carrera de Indias[7].

Finalmente, una variable queda siempre fuera del cuadro, el fraude y el comercio de contrabando, imposible de evaluar, aunque debió ser mayor en términos relativos durante los momentos de mayor decadencia del tráfico y de mayor descontrol de la Casa de la Contratación, en las décadas finales del siglo XVII. Aunque hubo otras razones (la centralización del tráfico en el puerto sevillano, la exclusión de los extranjeros, la obligación de superar un determinado monto en la inversión), fue sin duda la presión fiscal (avería, almojarifazgo de Indias y derechos de toneladas, que venían a representar aproximadamente el 35% del valor de las mercancías intercambiadas) uno de los mayores incentivos del fraude, que se vio potenciado además, en el caso de los metales preciosos, por la práctica viciosa de la incautación de los caudales en caso de necesidad de la Corona y por la demora en la entrega de los caudales a los particulares por parte de la Casa de la Contratación. Sumar este 35% a los beneficios obtenidos en las operaciones de exportación e importación resultó un incentivo muy apetecible para muchos comerciantes, que buscaron las formas de burlar a los agentes del fisco, la mayoría de las veces con la colaboración de las propias autoridades o de los propios capitanes de los barcos de las flotas, que participaban directamente del fraude[8]. Y, finalmente, hay que sumar a este fraude generalizado el contrabando abierto, practicado por los extranjeros y sus agentes españoles y que alcanzaba su máxima expresión en la escala de las Canarias o en el comercio directo realizado por agentes no autorizados completamente al margen de las normas de la Carrera de Indias. Un rosario de puertos onubenses y gaditanos supieron rentabilizar su situación y, al tiempo que ayudaban a completar los cargamentos y a proveer de bastimentos a las naves, se dedicaron a atender las arribadas forzosas y a ejercer un activo contrabando, especialmente intenso en las localidades de la bahía gaditana.

Según los cálculos de las expediciones y los tonelajes, las décadas finales del siglo XVII marcan una progresión en la caída, que no se detiene ni siquiera con el cambio de centuria, sino que llega hasta 1715, con la abrupta sima de 1709, la más profunda desde la inauguración del comercio ultramarino. Las razones de este largo periodo de contracción no parecen depender de causas vinculadas con la evolución de las colonias, es decir de una presunta "era de depresión" de la América hispana[9], sino que se derivan más bien de la crisis general de la metrópoli (crisis demográfica, económica, social y política, que tiene su trasunto en las continuas dificultades de la Real Hacienda y en el retroceso militar y territorial en Europa y fuera de Europa), con sus repercusiones en la Carrera de Indias.

La situación a fines del siglo XVII señalaba el fin de una época: la Casa de la Contratación había declinado en sus funciones de control, el monopolio sevillano se había desplazado a otros puertos andaluces (y singularmente al puerto gaditano), las remesas de metal precioso se habían reducido a su mínima expresión, los efectivos navales era insuficientes, las flotas no salían anualmente, las rutas americanas durante la Guerra de Sucesión habían sido atendidas por buques franceses y había aumentado la presión fiscal y por ende el contrabando, de modo que los barcos extranjeros visitaban abiertamente los puertos americanos y se producía el auge del comercio directo entre los países europeos y las colonias americanas. Ante semejante estado de cosas, se imponía una reforma profunda de la Carrera de Indias, que sería abordada por los ministros de la nueva dinastía borbónica apenas concluida la Guerra de Sucesión.

En efecto, la Carrera de Indias presentaba un panorama desolador al final de la guerra de Sucesión a la Corona de España. Por un lado, el comercio oficial había descendido durante la primera década de la centuria a cotas aún más bajas que las registradas en la segunda mitad del siglo XVII, al tiempo que aparecía más que nunca enteramente en manos de los fabricantes y mercaderes extranjeros. Por otro lado, la alianza con Francia, necesaria para sostener la causa de Felipe V, había supuesto la concesión de toda una serie de privilegios a los comerciantes de aquella nación, que habían consolidado sus posiciones en la bahía de Cádiz, habían obtenido a través de la Compagnie de Guinée el asiento para la introducción de esclavos en América y habían aprovechado su posición para irrumpir en el área del Pacífico, en el virreinato del Perú, convertido poco menos que en un coto reservado de los armadores galos a través sobre todo de los cap-horniens radicados en Saint-Malo. Finalmente, el propio tratado de Utrecht había dado carta de naturaleza legal a la penetración comercial inglesa en la América hispana, mediante la concesión del privilegio exclusivo de la introducción de mano de obra esclava a la South Sea Company (en detrimento de la compañía francesa) y del llamado "navío de permiso", que permitía la negociación de 500 toneladas anuales de mercancías en las ferias de Veracruz y Portobelo[10].

Ante esta comprometida situación, y partiendo de la consideración del comercio con América como el principal motor para facilitar la rápida recuperación de la economía española, los sucesivos gobiernos de Felipe V llevaron a cabo una política de constante intervención en la organización de la Carrera de Indias, encauzando su actuación por una doble vía. Así, por un lado, adoptaron una actitud revisionista respecto de los privilegios obtenidos por franceses e ingleses como consecuencia de la guerra de Sucesión y la paz de Utrecht, es decir mantuvieron con tenacidad una política que miraba a la anulación por todos los medios posibles de las ventajas que habían pasado a disfrutar los extranjeros en el ámbito americano. Y, por otro, desplegaron un sistemático programa de reformas con el propósito de recuperar el control del comercio colonial, incrementar los niveles del tráfico de exportación e importación y promover una suerte de nacionalización de la Carrera de Indias[11].

Siguiendo un orden estrictamente cronológico, las primeras medidas (las decididas durante los años 1717-1725) consistieron en la aplicación al ámbito del tráfico ultramarino de los principios de racionalización y de uniformización que estaban presidiendo las etapas iniciales del reinado de Felipe V en todos los órdenes de la vida española. Así, la primera iniciativa fue la de ordenar el traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz (1717), en realidad un acto legislativo que daba mera carta de naturaleza a un hecho consumado, el progresivo desplazamiento del negocio colonial desde Sevilla a la bahía gaditana, que ya había generado una acalorada polémica desde finales del siglo anterior y cuya solución consagraba la decadencia definitiva de la ciudad hispalense, en favor de la plaza gaditana, cuyo triunfo se vio sancionado por la construcción de toda una serie de fortalezas para la defensa del puerto y de las flotas. El decreto de 8 de mayo de 1717 introducía además algunas modificaciones en la estructura interna de la institución, cuya presidencia quedaba unida a la titularidad de la Intendencia General de la Marina, creada al mismo tiempo, aunque ambos cargos volverían a quedar separados a mediados de siglo por un decreto de 22 de octubre de 1754. Sin embargo, esta renovación institucional, al igual que el traslado simultáneo del Consulado, no tendrían verdadera trascendencia para la organización inmediata del tráfico[12].

La segunda disposición reformista consistió en la introducción de una serie de mejoras de carácter administrativo dentro de un sistema que seguía asentado en los principios mercantilistas. Así, el nuevo instrumento concebido para la revitalización de la Carrera fue la publicación del llamado Proyecto de Flotas y Galeones de 1720. Al mismo tiempo piedra fundacional del nuevo orden y confirmación del sistema imperante desde 1564, el proyecto establecía una mejor reglamentación de las expediciones (flotas, navíos, cargamentos, fechas, habilitaciones, formalidades administrativas), lo que tuvo su reflejo en un considerable progreso en la rapidez de la tramitación de los registros, en la simplificación contable y en la prevención del fraude. A este último fin se orientó uno de los capítulos básicos de la ordenanza, estableciendo un nuevo sistema arancelario que rebajaba los impuestos sobre los frutos y gravaba las manufacturas por el procedimiento del palmeo, es decir según los palmos cúbicos de los envases, privilegiando así los productos de más valor en relación a su volumen. En cualquier caso, la buscada claridad impositiva se vería comprometida por la permanencia del almojarifazgo de Indias y la aparición, pocos años más tarde, de nuevos derechos, como el de avisos, el de guardacostas o el de almirantazgo, poniendo de relieve las limitaciones del proyecto de renovación así como la excepción de la hacienda en el reformismo borbónico. Es decir, los redactores de la ordenanza se proponían promover el trafico introduciendo mejoras técnicas, pero no querían en absoluto renunciar a los fáciles ingresos que la Hacienda pública obtenía de una presión fiscal poco indulgente para con los cargadores a Indias[13].

En la segunda línea de actuación, atendida simultáneamente, las autoridades borbónicas se propusieron la liquidación del avasallamiento legal del tráfico ultramarino por los comerciantes extranjeros que habían operado en América al socaire de la guerra de Sucesión y ahora lo hacían al amparo del tratado de Utrecht. La expulsión de los franceses del Mar del Sur se llevó a cabo durante el virreinato del marqués de Castelfuerte, que a partir de 1724 fue cercenando todos los privilegios obtenidos por los navíos de aquella nación bajo la capa protectora de la actitud condescendiente mantenida por el virrey marqués de Castelldosrius, hasta el punto de que la ruta de los cap-horniens pudo considerarse cerrada en torno a 1730[14].

Mayores dificultades presentó la denuncia de las cláusulas del tratado de Utrecht favorables al comercio británico. El privilegio del "navío de permiso" era un puñal hundido en el costado de la Carrera de Indias. Por ello, si ya en 1725 las autoridades de Veracruz procedieron a confiscar el buque británico de aquel año, en 1729 el ministro José Patiño, aprovechando la prolongación de las negociaciones del tratado de Sevilla, negó la autorización para enviar el registro a América. Tal actitud por parte española no podía conducir sino a la ruptura de hostilidades, a una guerra que enfrentaría a ambos países durante diez años (1739-1748). La paz de Aquisgrán (1748) permitiría finalmente al gobierno español, ya bajo el reinado de Fernando VI, liquidar mediante la firma del tratado comercial de Madrid (1750) la espinosa cuestión de la South Sea Company y sus derechos al asiento de negros y al "navío de permiso", que eran abolidos mediante una compensación en metálico de cien mil libras esterlinas[15].

En cualquier caso, esta mera reestructuración de un sistema plenamente mercantilista, en su fundamento y en su práctica, no satisfacía plenamente a los legisladores ilustrados, que pronto se manifestaron a favor de introducir nuevas piezas que corrigieran la excesiva rigidez de la Carrera de Indias. Al control del tráfico por los funcionarios de la Corona debía unirse la participación de los agentes españoles en el comercio de exportación. Agentes que no eran sólo los cargadores, sino también los cosecheros y los fabricantes, y que no eran sólo los andaluces, sino también los del resto de las provincias hispanas[16].

Ahora bien, ni el enunciado del principio ni la incitación formal por parte de los intendentes podían bastar para conseguir los resultados apetecidos, sino que era necesario articular los mecanismos que permitiesen promover la producción de las diversas regiones y canalizarla hacia América. La primera vía que se creyó hallar para tal fin fue la aplicación de una fórmula que no dejaba de ser también estrictamente mercantilista, la creación de compañías a las que se otorgaba el privilegio del tráfico exclusivo con las áreas que se les designasen para el ejercicio de sus actividades comerciales. Tal iniciativa tenía la doble ventaja de la incorporación de los agentes españoles que quisiesen insertarse en unas sociedades que tenían una marcada implantación territorial (San Sebastián, Granada, Sevilla, Barcelona, etc.) y la potenciación de aquellas áreas deprimidas que en América habían quedado al margen de los grandes circuitos servidos por las flotas[17].

La primera de estas sociedades fue la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728), cuyos objetivos fueron los de garantizar las relaciones entre San Sebastián y Venezuela, el intercambio del hierro vascongado contra el cacao venezolano y la persecución del contrabando en el área (fundamentalmente el mantenido por los holandeses desde Aruba y Curaçao y por los ingleses desde Jamaica, bases fundadas en ámbitos territoriales desdeñados por los españoles por su escaso interés comercial). Aunque hubo de enfrentarse a diversas dificultades (el elevado precio del hierro o el conflicto entre los mercaderes y los cultivadores del cacao), alcanzaría una cierta longevidad, tras superar los perjuicios sufridos por las sucesivas medidas liberalizadoras de 1765 y 1778, para finalmente fundirse con la Compañía de Filipinas (1785)[18].

Le seguiría la Compañía de La Habana (1740), cuya actividad principal debía ser la compra y envío de tabaco y azúcar cubanos a España, pero que pronto diversificó sus negocios de manera irregular, dedicándose a la introducción fraudulenta de esclavos y a la exportación de tabaco a las colonias británicas, al tiempo que sus administradores se entregaban a la manipulación de los balances y a la práctica de la doble contabilidad. Tras deshacerse de la pesada obligación de fabricar una serie de navíos para la Corona en el arsenal de La Habana, la ocupación de la ciudad por los ingleses (1762-1763) cerró la primera etapa de la trayectoria de la sociedad, que sobrevivió sin embargo a la crisis, gracias a la autorización a introducir esclavos legalmente y a la adquisición de ingenios azucareros, que le permitieron comerciar con productos de su propiedad[19].

La fundación de la Real Compañía de Barcelona (1756) fue resultado de la progresiva incorporación de Cataluña a la Carrera de Indias, un fenómeno que venía produciéndose de forma significativa desde más de una década atrás. La nueva sociedad, cuyo establecimiento se justificaba por su misión de revitalizar las deprimidas economías de las islas de Santo Domingo, Puerto Rico y Margarita, pronto se enfrentó a las dificultades derivadas de sus insuficiencias financieras y de los bajos rendimientos de las inversiones de sus participantes. No obstante, el funcionamiento regular de su factoría de Santo Domingo y la ampliación de sus negocios, singularmente a la remisión eventual del añil de Honduras pero, sobre todo, a la continuada exportación del cacao de Cumaná, su renglón más rentable, le permitieron mantenerse en activo hasta que los decretos de 1765 y 1778 la condenaron a una lenta pero insoslayable decadencia[20].

Las rutas ultramarinas estuvieron abiertas también a otras sociedades, como algunas de las compañías de Comercio y Fábricas (las de Granada y San Fernando de Sevilla)[21], del mismo modo que todavía en la tardía fecha de 1785 se recurriría a este instrumento para fomentar el tráfico directo entre la metrópoli y las islas Filipinas, hasta ahora sólo garantizado mediante el galeón de Manila. No obstante, mucho antes de que se fundara la Real Compañía de Filipinas[22], las compañías privilegiadas habían pasado a convertirse en una fórmula obsoleta, criticada desde muchas instancias oficiales, donde se abría paso la idea de la libertad comercial como única vía para un verdadero progreso del tráfico colonial, como ya había predicado el equipo dirigido por Campillo en el seno de la secretaría de Marina e Indias desde antes de mediados del siglo.

En efecto, había que abolir el sistema de Flotas y Galeones. La incidencia negativa del sistema, culpable del anquilosamiento de la marina mercante y de la perpetuación del verdadero monopolio, el consular, que entorpecía la extracción de géneros y frutos y daba preferencia al comercio ilícito sobre el comercio legal, comenzó a ser enfatizada durante la época del monopolio gaditano en las opiniones y comentarios de los proyectistas (conde de Torrehermosa, Legarra, Campillo, Ward y Campomanes), que expusieron claramente los efectos nocivos del sistema: las flotas no salían con regularidad ni en uno ni en otro continente y así las desabastecidas áreas americanas eran campo abonado para el surtimiento a través del contrabando. Los buques españoles que podían haberse dedicado a llevar los frutos y manufactiras desde la metrópoli no se construyeron jamás y el relevo lo tomaron los extranjeros, que hicieron su negocio a costa de un sistema de comercio y transporte que los favorecía, es decir que contribuía al desarrollo de las flotas nacionales de sus competidores. Como muestra, la opinión de Bernardo Ward, que en su Proyecto económico (1762) dice taxativamente: “En una palabra, es tal el desorden en todo y en cada parte de nuestros intereses en América, que si los enemigos de España [...] se juntasen para discurrir el modo de inutilizarnosla, creo que no pudieran idear un medio más eficaz que la coordinación de un sistema [el de galeones y flotas], que ha producido los efectos que acabamos de reconocer”.[23]

La objeción al sistema imperante es clara y no hay que olvidar que este escrito es posterior al ensayo de la navegación en “registros sueltos”, propiciada por un hecho fortuito (la guerra del asiento, más que las compañías privilegiadas, salvo quizás para el caso de Guipúzcoa), no calculado por los ministros borbónicos, el que terminaría potenciando la participación provincial, especialmente en el caso de Cataluña, sin duda la región más preparada para aceptar el reto. En efecto, la ya mencionada guerra contra Inglaterra (1739-1748) obligó a las autoridades españolas a imaginar una excepción a la regla que evitase el riesgo del bloqueo británico contra las flotas de la Carrera de Indias y al mismo tiempo garantizase tanto el abastecimiento de las colonias americanas como las remesas de plata y otros productos ultramarinos a la metrópoli. Se autorizaron así los registros sueltos, que ofrecían la ventaja de su flexibilidad, tanto para sortear con mayor facilidad el acecho de los buques ingleses como para zarpar con rapidez sin la servidumbre de la espera para constituir el convoy habitual. Sus resultados superaron las expectativas, incrementando el tráfico (no sólo con las plazas que servían de desembocadura a las flotas sino con las regiones marginales tradicionalmente mal abastecidas) y ofreciendo nuevas oportunidades a las empresas mercantiles de otras regiones metropolitanas apartadas del comercio directo en virtud de las exigencias del sistema de flotas y galeones. El caso de Cataluña, cuya marina mercante pudo volver a las aguas atlánticas casi dos siglos después de una renuncia impuesta por una práctica desfavorable para sus intereses, ilustra a la perfección esta influencia decisiva de un cambio en el sistema de navegación sobre la transformación del sistema comercial. Los registros sueltos de 1739 (que además se autorizaban utilizando la vía reservada de Indias al margen de la Casa de la Contratación) significaron el reverso y el fin del sistema implantado por el Proyecto de Flotas y Galeones de 1564 y abrieron así una nueva época en la Carrera de Indias[24].

El final de la guerra con Inglaterra planteó la alternativa de mantener el sistema de registros sueltos o volver a la situación anterior. La exigencia de los Consulados de Cádiz, México y Lima, principales interesados en retornar al régimen primitivo, permitieron al conservador Julián de Arriaga (que había sustituido al marqués de la Ensenada en la secretaría de Marina e Indias) proceder al restablecimiento de las flotas detinadas a Veracruz en 1754 (por real orden de 11 de octubre), pero por el contrario los restantes destinos fueron atendidos ya por los registros sueltos que tan buenos resultados habían proporcionado, de tal modo que, pese a la concesión a los flotistas mexicanos y a sus aliados gaditanos, el tráfico al margen de las flotas vino a representar, entre 1754 y 1778, el 87% del comercio total entre la metrópoli y sus colonias americanas. De este modo, la exigencia de una particular coyuntura cobraba carta de naturaleza en la Carrera de Indias y preparaba el camino para asumir otras innovaciones más radicales sugeridas por los ministros ilustrados de ideas más avanzadas[25].

La primera medida descentralizadora fue de alcance limitado. Se trató de la designación de un segundo puerto como sede de un monopolio secundario, la creación de un servicio de Correos Marítimos en la ciudad de La Coruña, que en realidad vino a constituir un apoyo a la exportación ultramarina de todas las regiones litorales del Cantábrico. Durante sus años de funcionamiento normalizado, los destinos más frecuentados por sus barcos fueron los de Buenos Aires (que concentró el 61% de las expediciones) y el complejo de las Islas de Barlovento, Tierra Firme y Nueva España, que absorbieron el 39% restante[26]. Instaurado en 1764, su vigencia fue también corta, puesto que el decreto de 1778 le asestó el golpe de gracia, perdiendo La Coruña (lo mismo que Cádiz, que de todas formas centralizó un poco más del 75% del tráfico ultramarino[27]) su condición de puerto privilegiado frente a las restantes plazas peninsulares.

Ahora bien, por muy limitadas que fueran las cuñas introducidas en el sistema monopolístico gaditano por las compañías privilegiadas y por los correos marítimos, su importancia radica en la experimentación práctica del principio de liberalización comercial con la participación de otros puertos en el registro de los cargamentos destinados a América. Al año siguiente se entraba ya en una etapa diferente, que sin contrariar frontalmente la hegemonía de Cádiz significaba el abandono del sistema de puerto único y su sustitución por un sistema de contactos multitalerales entre diversos puertos metropolitanos y diversos puertos americanos, que de hecho dejaba expedito el camino para la instauración del Libre Comercio. El primer paso en esta vía, que tuvo todavía un alcance reducido, fue la promulgación del llamado Decreto de Comercio Libre de Barlovento (1765). Consistió en la autorización del tráfico directo a nueve puertos peninsulares (Barcelona, Alicante, Cartagena, Málaga, Cádiz, Sevilla, Gijón, Santander y La Coruña) con diversas islas antillanas (Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad), a las que se sumaron, en ampliaciones sucesivas, otras diversas áreas, como fueron Luisiana (1768), Campeche y Yucatán (1770), Canarias (1772) y Santa Marta y Riohacha (1776). Aunque se trataba en general de áreas secundarias e incluso deprimidas, fueron muy numerosos los barcos que utilizaron los registros de Barlovento. Además, hay que decir que los efectos se vieron ampliados por la disposición que permitía la visita de diversos puertos caribeños en el transcurso de la misma expedición, lo cual facilitaba el comercio intercolonial, que también se estaba liberalizando paralelamente por las mismas fechas. En cualquier caso, la consecuencia más importante fue crear la conciencia entre las autoridades y los implicados del progresivo estado de disolución del monopolio gaditano, del abigarramiento producido por la coexistencia de los regímenes diferentes de flotas, registros sueltos, compañías privilegiadas y correos marítimos y, en resumidas cuentas, de la necesidad de una profunda transformación y simplificación del tráfico colonial, de una reforma completa de la Carrera de Indias[28].

El Decreto de Libre Comercio de 2 de febrero de 1778, que incorporaba al ámbito liberalizado las regiones de Perú, Chile y Río de la Plata, apenas si tuvo trascendencia en razón de su breve periodo de funcionamiento, pues a los pocos meses dejaba paso al más completo Decreto de Libre Comercio de 12 de octubre de 1778, que establecía el tráfico directo entre trece puertos españoles (los nueve ya citados, más los de Palma de Mallorca, Los Alfaques de Tortosa, Almería y Santa Cruz de Tenerife, a los que se sumarían algunos otros a lo largo del periodo de vigencia del sistema) con numerosos puertos de toda América (los nueve puertos mayores de La Habana, Cartagena de Indias, Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso, Concepción, Arica, El Callao y Guayaquil, más los trece puertos menores de Puerto Rico, Santo Domingo, Monte Christi en La Española, Santiago de Cuba, Trinidad, Margarita, Campeche, Santo Tomás de Castilla, Omoa, Riohacha, Portobelo, Chagres y Santa Marta), con la excepción de las áreas de Nueva España y Venezuela, que no se incorporarían a la nueva situación hasta 1789[29]. Entre las novedades más importantes introducidas destacaba un sistema arancelario menos gravoso y más flexible con una discriminación proteccionista en favor de los productos nacionales, una serie de medidas en favor de la nacionalización del transporte (barcos exclusivamente de propiedad nacional y tarifas proteccionistas para los de fabricación española o hispanoamericana)[30], lastradas bien es verdad por toda una serie de excepciones debidas a la insuficiencia del armamento nacional, y la creación de una serie de "consulados nuevos" para defender los intereses de todos los agentes implicados en el comercio colonial. El año de 1778 se convirtió en un año de transición, en un momento especial durante el cual convivieron registros realizados por todos los sistemas imaginables (1720, 1764, 1765, febrero de 1778, octubre de 1778)[31], y finalmente en un gozne que abría la puerta a la expansión del sistema ya radicalmente nuevo del Libre Comercio por antonomasia[32].

¿Qué balance cabe hacer de la política reformista ilustrada en relación con la Carrera de Indias? Desgraciadamente no es posible dar una respuesta definitiva a todas las preguntas, especialmente porque carecemos de suficientes evidencias cuantificables homogéneas sobre el valor del comercio antes y después de 1717 y a lo largo de los períodos de 1717-1778 y 1779-1828 (más bien 1818, año en torno al cual se debe establecer, aunque sea con reservas, el principio de la concienciación de la situación crítica a que debía enfrentarse España en las colonias y año en que se abrió la posibilidad de realizar expediciones desde los puertos metropolitanos a los buques extranjeros, gravados con un recargo del 4% en la habilitación de registros en concepto de bandera extranjera). Además, se debe tener presente, a la hora de la valoración de la etapa del Libre Comercio, que los preliminares de la crisis colonial se han de fijar en 1808 (cuando los representantes americanos en las Cortes de Bayona formularon una serie de peticiones tendentes a poner fin al pacto colonial), que las Juntas Americanas entre 1810 y 1814 iniciaron con carácter soberano relaciones con Gran Bretaña y Estados Unidos y que, si bien el triunfo de los movimientos revolucionarios pioneros fue efímero y al finalizar la guerra de la Independencia en el territorio peninsular la metrópoli logró restaurar el régimen colonial (salvo en gran parte del Río de la Plata y Venezuela), las bases para el restablecimiento de la soberanía eran tan frágiles que entre 1818 y 1821 se produjeron una serie de declaraciones independentistas en cadena, quedando la resistencia de los grupos realistas reducida a algunos enclaves aislados, que tan sólo se pudieron mantener hasta 1824 ó 1826, fecha en que el derrumbe del dominio colonial fue claro y manifiesto[33]. En cualquier caso, si seguimos los datos disponibles sobre los caudales procedentes de las colonias, el número de expediciones a América, la naturaleza de los géneros exportados y la participación regional, se puede obtener una idea aproximada de los efectos de las medidas del reformismo borbónico.

En efecto, una magnitud significativa es el valor de los caudales recibidos de América, especialmente los que vienen por cuenta de particulares y que pueden por tanto suponerse en líneas generales equivalentes al producto de la venta de las mercancías exportadas. La posibilidad de contrastar las cifras correspondientes a tres momentos diferentes (1717-1738, 1747-1778 y 1782-1796), permite comprobar la evolución interna seguida durante los períodos aquí analizados. Mientras la primera etapa arroja un total de casi 131 millones de pesos, la segunda alcanza los 401 millones, lo que significa (por encima de la desigual duración de ambas etapas) un aumento más que considerable de las remesas metálicas entre las fechas consideradas, que se incrementan durante la primera etapa del Libre Comercio hasta alcanzar 448 millones (sólo para Cádiz y Barcelona en una época jalonada de conflictos bélicos)[34].

De este modo, sin pretender deducir más conclusiones de las permitidas, no cabe duda de la espectacular progresión de los indicadores disponibles, aunque no respondan exactamente a las preguntas formuladas. El comercio creció sin duda a lo largo del periodo del monopolio gaditano, si bien este crecimiento no debe imputarse exclusivamente a la bondad de la política reformista en el terreno específico del tráfico ultramarino, sino al desarrollo general de la economía española a todo lo largo del Setecientos. En cualquier caso, el sistema de Libre Comercio representó un nuevo paso adelante en el crecimiento del comercio colonial, ya que, si volvemos a emplear los mismos indicadores (partiendo de la base de las 930 expediciones efectuadas en los últimos cincuenta años del monopolio sevillano), obtenemos los siguientes resultados: 1.188 expediciones (o viajes de ida), en los sesenta y dos años de vigencia del monopolio gaditano, frente a 3.949 expediciones durante los cuarenta años del libre comercio, acerca de los cuales existen cifras procedentes del cómputo de las fuentes oficiales (aunque se debe tener en cuenta que los buques empleados en la Carrera durante esta última etapa eran de menor tonelaje)[35]. El proyecto de dinamización del ritmo del tráfico se cumplió incluso más allá del desideratum expresado por Campomanes de tener cuarenta buques navegando anualmente en viaje redondo, ya que de 19 unidades anuales de media durante el monopolio gaditano se pasa a 87 expediciones de media durante el período de libertad comercial.

Ahora bien, incluso si consideramos que el número de expediciones en la ruta atlántica puede tener un correlato adecuado en las cifras de las exportaciones a América, faltarían otras variables para juzgar del éxito o el fracaso de la política borbónica. En efecto, tan interesante como el crecimiento general del tráfico resulta el grado de nacionalización obtenido a partir de la incorporación de las distintas regiones al comercio de exportación. En este sentido, los escasos datos disponibles para el período del monopolio gaditano no predisponen al optimismo, ya que durante dicho espacio la producción española podría haber representado tan sólo un 16% del valor total de las exportaciones, calculado a partir de la manipulación de los registros de la flota de 1757 y su extrapolación al conjunto de los años 1717-1778. Aunque carecemos de cifras para comprobar un posible progreso a lo largo de dicha etapa, en cualquier caso también aquí el Libre Comercio se reveló como el verdadero sistema rupturista, ya que la cifra del 52% para la exportación española en relación al total durante el periodo 1782-1796 permite constatar cómo, quizás por primera vez en la historia de la Carrera de Indias, las reexportaciones extranjeras se ven superadas por los géneros de la producción nacional[36]. Tendencia que se mantiene e incluso se acentúa si llegamos hasta 1818 (62%), y hasta 1828, según los primeros datos de una investigación aún en curso[37].

Si la producción nacional se va haciendo poco a poco su hueco en las bodegas de los buques de la Carrera, éstos también se incorporan a un proceso de nacionalización en su fábrica (114.600 toneladas de construcción española frente a las 38.000 toneladas del monopolio gaditano)[38]. Ahora bien, no todo el litoral contribuyó en igual medida al progreso de la construcción naval. La construcción nacional se distribuyó de forma desigual por la geografía tanto española como americana, siendo Cataluña y Vascongadas las que más toneladas aportaron y Andalucía la que incluyó mayor número de bastimentos en la composición de la flota del Libre Comercio, lo cual no fue óbice para que los astilleros de Valencia y Baleares mostraran su vitalidad constructiva como beneficiarias de los cambios producidos en el tonelaje de los barcos a partir del cambio en el sistema de navegación y de las repetidas crisis bélicas que incidieron en el tráfico ultramarino (barcos de escaso porte por conveniencias de seguridad y división de riesgos)[39]. Por otra parte, la misma disparidad en la participación regional mostrada por las distintas áreas metropolitanas es exportable a los diferentes ámbitos hispanoamericanos involucrados en la construcción naval con representación en la Carrera, pudiéndose detectar un ritmo de crecimiento, siempre en progresión, a medida que se va consolidando el Libre Comercio y las distintas áreas americanas van progresando al beneficiarse de los efectos positivos de la libre circulación entre los puertos habilitados[40].

Continuando con el sector naval, los otros dos indicadores que sirven para mostrar el posible éxito de las medidas reformistas son el fomento del número de bastimentos mercantes para el mantenimiento de unas líneas regulares con las colonias ultramarinas y la modernización de los tipos de buques para adecuarse a las necesidades de mayor velocidad de rotación y de crucero. En ambos aspectos se puede convenir que se logró una mejora notable. En primer lugar, la flota mercante se incrementó con respecto al monopolio gaditano, de modo que de 598 barcos se pasó a 1.720 unidades, teniendo en cuenta que a esta cifra se han de añadir las embarcaciones del Libre Comercio que zarparon de los otros puertos habilitados al margen del tráfico gaditano. En segundo lugar, al tiempo que la velocidad de rotación se incrementó (son numerosos los barcos que habilitan en Cádiz dos veces en el mismo año)[41], la velocidad de crucero se vio potenciada por la reducción del porte de los buques (el 62,75% de las expediciones se hicieron en buques de porte inferior a las 200 toneladas, mientras que en el monopolio gaditano sólo se realizaron el 32%, predominando las efectuadas en barcos de mayor tonelaje) y la modernización de sus perfiles y arboladuras. Los navíos, paquebotes, saetías y urcas del monopolio fueron desplazados por fragatas, bergantines, polacras y goletas, mientras se incorporan toda una serie de tipos de tradición mediterránea de velas latinas (jabeques, jabeques-místicos, jabeques-polacra), que progresivamente se van adecuando a las necesidades atlánticas a través de la adopción de aparejos mixtos, idóneos para barloventear ciñendo el viento de bolina[42]. Y los cascos no sólo se estilizan por el procedimiento de de alargar la quilla con relación a la manga, sino que también comienzan a recubrirse con forros de cobre, contribuyendo a aumentar la velocidad, la maniobrabilidad y a disminuir los costos de estadía para las reparaciones inherentes a los forros de madera agredidos por la broma en las cálidas aguas de la costa americana[43].

Resumiendo, la progresiva incorporación regional se vio favorecida desde el primer momento por la política reformista, tanto por la promoción de las compañías privilegiadas, como por la implantación de los registros sueltos o por la progresiva quiebra del sistema de puerto único permitiendo al menos la "multiplicación del monopolio". La reserva de espacios exclusivos en América para sociedades de base provincial, la posibilidad de navegar en barcos de modesto porte al margen del control de las flotas por parte de la oligarquía de los cargadores gaditanos y la utilización de los puertos más cercanos para el embarque de los géneros dejando para realizar en Cádiz tan sólo el trámite del registro de los cargamentos, fueron otras tantas bazas en el activo de las burguesías locales de las diversas regiones, incluso antes de la promulgación del Decreto de Libre Comercio de 1778. También en este terreno puede decirse que el reformismo cosechó indudables éxitos, aunque con una indudable diferenciación regional[44].

Así, la respuesta regional fue inexistente en los casos de los puertos de los Alfaques de Tortosa, Cartagena, Almeria y Sevilla y extremadamente tímida en Alicante, Palma de Mallorca, Gijón y Santa Cruz de Tenerife. En mayor medida comparecieron las plazas de Santander, La Coruña y Málaga, mientras Cádiz retenía la mayor parte del tráfico por su ventaja inercial y Barcelona se revelaba como la gran beneficiaria del sistema gracias al proceso de crecimiento económico protagonizado por Cataluña a lo largo del Setecientos[45].

En suma, el reformismo borbónico no supuso una alteración de las bases mercantilistas que fundamentaron el funcionamiento de la Carrera de Indias desde sus primeros momentos. En este sentido, la política llevada a cabo por los Borbones se mantuvo dentro de la lógica del absolutismo ilustrado, que buscaba en todos los campos soluciones para el apuntalamiento del Antiguo Régimen, nunca para su subversión. Ahora bien, dicho esto, la Carrera de Indias se benefició de la aplicación de principios de racionalización para conseguir un mejor rendimiento que se reflejase en el crecimiento del tráfico y en la nacionalización de las exportaciones. En este contexto, los métodos aplicados fueron cada vez más avanzados, en una secuencia que va desde la mera reordenación de comienzos de siglo hasta la adopción de medidas tendentes a erosionar la doctrina del puerto único y la amplia liberalización posterior a 1778. Naturalmente, nada en esta política lesionaba el dogma del control estatal y la reserva del espacio americano a los súbditos de la Monarquía Hispánica, incluso cuando impelidos por la cruda realidad se autorizó, por real decreto de 9 de febrero de 1824, el comercio directo con los extranjeros en los dominios de América, gravado con un recargo del 6% de habilitación por derecho de extranjería, para dificultar que los foráneos pudiesen participar de los beneficios reservados a los naturales. La modernización del sistema debía ser justamente la garantía de la perpetuación del propio sistema, por lo que la administración se mostró renuente a publicar el decreto de 21 de febrero de 1828, acta de defunción del Libre Comercio y, en definitiva, de la Carrera de Indias[46]. Sin embargo, del mismo modo que la mayor racionalidad y eficacia del Despotismo Ilustrado permitió a la larga la aparición de una ideología independentista y la efectiva emancipación de América, el mejor funcionamiento de la Carrera de Indias contribuyó a la denuncia de los principios del pacto colonial favorable a la metrópoli en que tenía su fundamento. La independencia de América acabó con el sistema de intercambios establecido a raíz del descubrimiento justamente cuando el reformismo borbónico estaba empezando a producir sus mejores frutos en el sector del comercio ultramarino.

NOTAS

[1] Una panorámica bien argumentada en A. García-Baquero González, La Carrera de Indias: suma de la contratación y océano de negocios, Sevilla, 1992; y para otros aspectos vinculados a las partidas invisibles, A. M. Bernal, La financiaciación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial español con América, Sevilla, 1993.

[2] Esta opción descartaba la implantación de un monopolio de tipo estatal: la Corona sólo retuvo un tanto por ciento del producto de las minas (el llamado quinto real, o sea el 20% de los metales extraídos) y los derechos de aduana cobrados tanto en la metrópoli como en los puertos coloniales.

[3] Ambos convoyes zarpaban de Sevilla y se dirigían respectivamente, el denominado la “flota” al puerto mexicano de Veracruz (después de tocar por lo regular en Santo Domingo y La Habana) y el llamado los “galeones” a Tierra Firme (puertos de Nombre de Dios, primero, y Portobelo más tarde, con un ramal a Cartagena de Indias y otros puertos cercanos del mismo litoral), donde descargaban sus productos, que eran internados hasta la ciudad de México, en el primer caso, y, en el segundo, hasta la ciudad de Panamá, ya en el Pacífico, donde eran embarcados con destino al puerto del Callao para su distribución por el inmenso territorio del virreinato del Perú. Naturalmente, el viaje de regreso seguía el camino inverso, con una escala obligada en La Habana, donde se unían ambas flotas en torno al mes de marzo antes de partir para la metrópoli. Al margen de las flotas, hay que decir que también prestaron un servicio regular los llamados navíos de aviso, destinados a anunciar las fechas de salida y llegada de los convoyes y a transportar las órdenes y los restantes documentos oficiales emanados de las autoridades reales, así como la correspondencia mercantil de los particulares. Además, en la segunda mitad de siglo (1571) se puso en funcionamiento una línea de prolongación que se consolidaría igualmente por varios siglos (hasta 1815): el llamado galeón de Manila, que partía de Acapulco para alcanzar las islas Filipinas, donde intercambiaba sus cargamentos de plata (y otros artículos mexicanos) contra las sederías y las porcelanas de China (y otros géneros, filipinos, japoneses y de más lejana procedencia). Para mayor información puede consultarse un clásico: C. H. Haring, Comercio y navegación entre España y las Indias en la época de los Habsburgos, México, 1939 (1ª edición, Cambridge, Mass., 1918); así como E. Lorenzo Sanz, Comercio de España con América en la época de Felipe II, 2 vols., Valladolid, 1980. Para la prolongación ultramarina asiática: W. L. Schurz, El Galeón de Manila, Madrid, 1992 (1ª ed. inglesa, 1939); C. Yuste López, El comercio de Nueva España con Filipinas, 1590-1785, México, 1984; y M. Alfonso Mola y C. Martínez Shaw (eds.), El galeón de Manila, Madrid, 2000.

[4] Aunque la normativa exigió desde el principio que los barcos de la Carrera de Indias se construyesen exclusivamente en astilleros españoles, la fábrica varió sin duda con el transcurso de los años, de modo que a finales del siglo XVI la participación extranjera comenzó a aparecer tímidamente para en la segunda mitad de la centuria siguiente arraigarse con más entidad (30%, como consecuencia de la inflación, que había triplicado el valor de la tonelada contruida en los astilleros nacionales y el recurso a la compra de barcos extranjeros en el mercado de segunda mano, que eran más baratos), aunque aún en proporción inferior a las naves españolas (construidas en Vizcaya, Guipúzcoa, Andalucía, Canarias, Galicia y Asturias) y las americanas (fabricadas en Cuba, Campeche, Santo Domingo y Maracaibo, fundamentalmente). Las extranjeras procedían singularmente de los astilleros portugueses, flamencos, holandeses y napolitanos, más franceses, ingleses, hanseáticos y genoveses. Los datos proceden de H. y P. Chaunu, Séville et l’Atlantique (1504-1650), París, 1955-60, t. VI (1), pp. 116-157; y L.. García Fuentes, El comercio entre España y América, 1650-1700, Sevilla, 1980, pp. 203-205.

[5] Cf. M. Alfonso Mola, “La flota colonial española en la Edad Moderna. Una visión panorámica”, XIII Encuentros de Historia y Arqueología. Economía Marítima, San Fernando, 1998, pp. 13-49 (la referencia en pp. 14-15). También resultan interesantes para documentar los buques de esta época: F. Serrano Mangas, Los galeones de la Carrera de Indias, 1650-1700, Sevilla, 1985, y del mismo autor, Armadas y flotas de la plata (1620-1648), Madrid, 1989.

[6] La llegada de la plata americana produjo la llamada revolución de los precios. Se trata del proceso de potenciación del crecimiento europeo gracias, entre otras causas, a la disposición de abundantes medios metálicos de pago, los cuales evitan el estrangulamiento de los intercambios y propician la inversión en todos los sectores a partir de una inflación moderada y por tanto estimulante. En el caso español, sin embargo, la riada de plata produjo una inflación excesiva en una economía caracterizada por la escasa flexibilidad de la demanda y por el bajo nivel tecnológico que impedía aumentar la producción al ritmo de la inversión. Estos factores provocaron el aumento de los precios españoles en relación con los europeos al tiempo que la circulación de dinero barato, lo que llevó a los empresarios a desinteresarse por la inversión en una economía cada vez menos competitiva y empujó a los consumidores a adquirir los productos importados a mejor precio. De este modo, como señalaban los contemporáneos, la riqueza de España fue la causa de su pobreza. Cf. E. J. Hamilton, El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Barcelona, 1975.

[7] Dichos asientos fueron firmados en buena parte con mercaderes portugueses, que mantienen un verdadero monopolio hasta la segunda mitad del siglo XVII, cuando se suscriben contratos con los genoveses Grillo y Lomelin (1663-1674), que marcan la transición a la aparición de las dos compañías (francesa e inglesa respectivamente) que se alzarán con el monopolio desde los primeros años del siglo XVIII.

[8] Las fórmulas para evitar el pago de los derechos fueron muy numerosas, destacando en primer lugar la manipulación de los registros: la falsedad de las anotaciones (unas mercancías por otras, unos valores por otros), los registros extraordinarios (partidas adicionadas, registros rezagados), los registros aplazados (partidas sin registrar y partidas por registrar). A continuación venían las ocultaciones de las mercancías, que también adoptaban modalidades diversas, como las arribadas maliciosas (es decir el desembarco en puertos alejados de las miradas de los jueces de la Casa), el alijo nocturno de caudales desde los galeones de la Carrera a otros barcos menores excluidos de toda inspección, la acción de los llamados "metedores" o especialistas en introducir mercancías sin registrar dentro de las murallas.

[9] El hundimiento se referiría al tráfico controlado desde la Casa de la Contratación, siendo posible, de acuerdo con las afirmaciones de Michel Morineau basadas en el análisis de los datos ofrecidos por las gacetas holandesas (muy distintos de los registrados por los funcionarios sevillanos), que las remesas hayan proseguido a buen ritmo aunque en beneficio de ese comercio directo con las diversas potencias europeas sin la intermediación sevillana. Cf. M. Morineau, Incroyables gazettes et fabuleaux métaux, París, 1985.

[10] Para las cifras del comercio oficial en estos años, cf. A. García-Baquero, Andalucía y la Carrera de Indias (1492-1824), Sevilla, 1986, pp. 87-124. Sobre el comercio francés en el Pacífico, sigue siendo necesaria la consulta de las obras clásicas de E. W. Dahlgren, Les relations commerciales et maritimes entre France et les côtes de l’Océan Pacifique (commencement du XVIIIe siècle), París, 1909; L. Vignols, “Le commerce interlope français à la Mer du Sud, au début du XVIIIe siècle”, Revue d’Histoire Economique et Sociale, nº 13 (1925), pp. 240-299; y G. Scelle, La Traite negrière aux Indes de Castille, París, 1906; además de los libros más recientes de F. Campos Harriet, Veleros franceses en el Mar del Sur 1700-1800), Santiago de Chile, 1964; S. Villalobos, Comercio y contrabando en el Río de la Plata y Chile, 1700-1811, Buenos Aires, 1965; y C. D. Malamud Rikles, Cádiz y Saint Malo en el comercio colonial peruano (1698-1725), Cádiz, 1976. Para las confrontaciones hispano-británicas y sus implicaciones económicas en América, cf. las obras clásicas de J. O. McLachlan, Trade and Peace with Old Spain, 1667-1750, Cambridge, 1940; y G. H. Nelson, Contraband and Peace with Old Spain, 1667-1750, Cambridge, 1940.

[11] Para las reformas impulsadas en el ámbito del tráfico ultramarino por los ministros de los primeros Borbones, cf. la obra de G. J. Walker, Política española y comercio colonial, 1700-1789, Barcelona, 1979; y, más recientemente, el trabajo de A. J. Kuethe, “El fin del monopolio: los Borbones y el Consulado andaluz”, en E. Vila y A. Kuethe (eds.), Relaciones de poder y comercio colonial, Sevilla, 1999, pp. 35-66.

[12] Sobre el conflicto entre Sevilla y Cádiz, sigue siendo imprescindible el trabajo clásico de A. Girard, La rivalité commerciale et maritime entre Séville et Cadix, París-Burdeos, 1932. La cuestión del traslado de las instituciones sevillanas del comercio colonial a la plaza gaditana ha sido revisada por A. Crespo Solana, La Casa de Contratación y la Intendencia General de la Marina en Cádiz (1717-1730), Cádiz, 1996; y por A. J. Kuethe, “Traslado del Consulado de Sevilla a Cádiz: nuevas perspectivas”, en E. Vila y A. Kuethe (eds.), Relaciones ..., pp. 67-82.

[13] Para la valoración del Proyecto de 1720, cf. A. García-Baquero, Cádiz y el Atlántico, 1717-1778, Sevilla, 1976, especialmente, t. I, pp. 197-210; así como G. J. Walker, Política ..., pp. 140-146.

[14] Sobre esta cuestión, cf. el trabajo clásico de L. Vignols y H. Sée, “La fin du commerce français dans l’Amérique espagnole”, Revue d’Histoire Economique et Sociale, nº 13 (1925), pp. 300-313; así como el de C. D. Malamud Rikles, “Els negocis d’un virrei català al Perú: el marqués de Castelldosrius (1707-1710)”, II Jornades d’Estudis Catalano-Americans, Barcelona, 1987, pp. 83-97.

[15] Cf. G. J. Walker, Política ..., especialmente pp. 258-259.

[16] Esta fórmula para la nacionalización del tráfico ultramarino fue ya expuesta con claridad en la circular remitida en 1720 a los nuevos intendentes repartidos por todo el territorio español: “[...] Y considerando Su Majestad que este u otro cualquier comercio, para poder enriquecer mucho a sus vasallos y aumentar la Real Hacienda, es conveniente que se haga, a lo menos la mayor parte, con géneros y frutos de estos reinos [...] me manda Su Majestad decir a V.S. que teniendo presentes estos motivos y reconviniendo con ellos a los fabricantes y negociantes de ese reino, procure V.S. alentarlos y disponerlos a que envíen a Cádiz la mayor cantidad que pudieren de frutos, tejidos y demás géneros de España a fin de embarcarlos para Indias, ya sea con factores propios, o encargándolos a los de la Carrera de Indias, o vendiéndolos a los negociantes que residen en Andalucía [...]” (la cita es recogida por J. de Uztáriz, Theórica y Práctica de Comercio, 3ª ed. 1757, pp. 110-111). Para el pensamiento del prestigioso economista, cf. R. Fernández Durán, Gerónimo de Uztáriz (1670-1732). Una política económica para Felipe V, Madrid, 1999.

[17] Sobre estas sociedades en general, cf. M. J. Matilla Quiza, “Las compañías privilegiadas en la España del Antiguo Régimen”, La economía española al final del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, t. IV, pp. 269-401.

[18] Cf. R. D. Hussey, The Caracas Company, 1728-1748, Cambridge, Mass., 1934; y M. Gárate Ojanguren, La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 1728-1785, San Sebastián, 1990.

[19] Cf. M. Gárate Ojanguren, Comercio ultramarino e Ilustración. La Real Compañía de La Habana, San Sebastián, 1993.

[20] Cf. J. M. Oliva Melgar, Cataluña y el comercio privilegiado con América. La Real Compañía de Comercio de Barcelona a Indias, Barcelona, 1987.

[21] C. A. González Sánchez, La Real Compañía de Comercio y Fábricas de San Fernando de Sevilla (1747-1787), Sevilla, 1994; y M. Molina Martínez, “La Real Compañía de Granada para el comercio con América”, Andalucía y América en el siglo XVIII, Sevilla 1985, t. I, pp. 235-249.

[22] Sobre el galeón de Manila, sigue siendo esencial la lectura del libro ya clásico de W. L. Schurz, El galeón ..., pero hay que consultar obligadamente los trabajos de J. Cosano Moyano, Las relaciones comerciales entre Filipinas y Nueva España: el permiso en el monopolio del Galeón de Manila, Córdoba, 1980; y de C. Yuste López, El comercio .... Sobre la Compañía de Filipinas, el estudio básico sigue siendo el de M. L. Díaz-Trechuelo, La Real Compañía de Filipinas, Sevilla, 1965.

[23] B. Ward, Proyecto económico en que se proponen varias providenciasdirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su planificación. Escrito en el año 1762 por B. W., ed. de J. L. Castellano, Madrid, 1982.

[24] La influencia del sistema de navegación sobre el sistema mercantil se argumenta en M. Alfonso Mola, “La flota ...”. Para el caso catalán, cf. C. Martínez Shaw, Cataluña en la Carrera de Indias, 1680-1756, Barcelona, 1981; y M. Alfonso Mola y C. Martínez Shaw, “La expansión catalana en la Andalucía Occidental”, Els catalans a Espanya, Barcelona, 1996, pp. 213-221.

[25] Aunque es nutrida la bibliografía sobre la dialéctica entre los consulados y la vida económica en el transcurso de la centuria, cf. la excelente panorámica de M. A. Lahmeyer Lobo, Aspectos da actuaçâo dos Consulados de Sevilha, Cádiz e da América Hispánica na evoluçâo económica do século XVIII, Río de Janeiro, 1965. Además, para los consulados de México y Lima en el Setecientos, cf. las obras básicas de D. A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, 1975; C. Borchart de Moreno, Los mercaderes y el capitalismo en México (1759-1778), México, 1984; y C. Parrón Salas, De las Reformas borbónicas a la República. El Consulado y el comercio marítimo de Lima, 1778-1821, Murcia, 1995.

[26] Cf. F. Garay Unibaso, Correos Marítimos Españoles a la América Española, 2 vols., Bilbao, 1987; y M. Lelo Belloto, Correio Marítimo Hispano-Americano. A Carreira de Buenos Aires (1767-1779), Sâo Paulo, 1975.

[27] Cf. J. R. Fisher, El comercio entre España e Hispanoamérica (1797-1820), Madrid, 1993, pp. 20 y 77.

[28] No disponemos de un estudio completo del sistema de comercio libre de Barlovento, aunque sí de los sustanciales trabajos de J. M. Oliva Melgar, “La burguesía barcelonesa ante el Decreto e Instrucción de Libre Comercio de Barlovento”, I Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, t. II, pp. 601-609; y “Reflexiones en torno al comercio libre de Barlovento. El caso catalán”, El comercio libre entre España y América Latina, 1765-1824, Madrid, 1984, pp. 71-94. Cf. asimismo, G. Douglas Inglis y A. J. Kuethe, “El Consulado de Cádiz y el Reglamento de Comercio Libre de 1765”, Andalucía y América en el siglo XVIII, Sevilla, 1985, pp. 79-95.

[29] El Libre Comercio se mantuvo vigente hasta el 21 de febrero de 1828, en que fue derogado, casi cuatro años después de haberse independizado la mayor parte de las colonias americanas y haber quedado el imperio ultramarino reducido a los enclaves de Cuba, Puerto Rico y Filipinas (M. Alfonso Mola, “1828: el fin del Libre Comercio”, XII Congreso Internacional A.H.I.L.A., Oporto, 1999, en prensa).

[30] La nacionalización de los bastimentos se explicita en el artículo 2º del Reglamento para el Comercio Libre mediante dos líneas de actuación: prohibición del uso de buques de construcción extranjera y ventajas fiscales para los constructores de nuevos buques.

[31] Un estudio detallado se encuentra en M. Alfonso Mola, La flota gaditana del Libre Comercio, 1778-1828, Sevilla, 1996 (tesis doctoral inédita).

[32] Cf. J. Muñoz Pérez, “La publicación del Reglamento de Comercio Libre a Indias de 1778”, Anuario de Estudios Americanos, t. IV (1947), pp. 615-664. No siendo pertinente dar cuenta aquí de la nutrida bibliografía existente sobre el libre comercio, cf., para una amplia discusión de su significado, C. Martínez Shaw, “Comercio colonial ilustrado y periferia metropolitana”, Rábida nº 11 (1992), pp. 58-72; y A. M. Bernal y J. Fontana (eds.), El comercio Libre entre España y América, 1765-1824, Madrid, 1987.

[33] Cf. A. García-Baquero González, Comercio colonial y guerras revolucionarias, Sevilla, 1972.

[34] Las cifras están tomadas de A. García-Baquero, Cádiz ..., t. I, pp. 323-330, para los dos períodos del monopolio gaditano, y de J. R. Fisher, Commercial relations between Spain and Spanish America in the era of Free Trade, 1778-1796, Manchester, 1985, p. 67, para las remesas del Libre Comercio.

[35] Las cifras del monopolio sevillano proceden de L. García Fuentes, El comercio ..., pp. 180 y 225; las del monopolio gaditano de A. García-Baquero, Cádiz ..., t. I, p. 255; y las del Libre Comercio M. Alfonso Mola, “La flota ...”, p. 20.

[36] Para los datos del monopolio gaditano, cf. A. García-Baquero, Cádiz ..., especialmente t. I, pp. 329-330. Para el Libre Comercio, cf. J.R. Fisher, El comercio entre España e Hispanoamérica (1797-1820), Madrid, 1993, especialmente pp. 18-19.

[37] La apreciación se desprende del análisis que estoy realizando de la última década de vigencia del Libre Comercio, empleando como fuente alternativa el Diario Marítimo de la Vigía de Cádiz, dado que las fuentes oficiales se extinguen en 1818.

[38] Las 114.600 toneladas suponen el 44% de la totalidad de las toneladas puestas al servicio del transporte durante la libertad comercial y las 38.000 toneladas de construcción nacional del monopolio gaditano corresponden al 21,75%. El espectacular aumento con respecto al final del monopolio sevillano (recuérdese que era del 70%) se debe a la política de fomento de la marina mercante emprendida por Patiño y Ensenada, pero al ser el ritmo de crecimiento del comercio exportador superior a la capacidad constructiva de los astilleros nacionales casi desmantelados (a lo que habría que añadir la competencia de materias primas y de mano de obra especializada empleada en el desarrollo de la Armada, línea prioritaria dentro de la política naval), la demanda de bodega se suplió con la compra de embarcaciones extranjeras en un mercado de segunda mano bien abastecido tanto en la Bahía como en los puertos coloniales.

[39] Hay que tener en cuenta que la cifra del monopolio gaditano corresponde a la totalidad de la flota colonial mientras que el número de toneladas de construcción nacional señaladas para el Libre Comercio se refiere únicamente al puerto de Cádiz. Por tanto habría que sumar las toneladas nacionales registradas en los restantes puertos habilitados procedentes de los buques que viajaron directamente sin hacer escala en la Bahía. Para una información más por extenso, cf. M. Alfonso Mola, “La flota ...”, pp. 23-31.

[40] Aunque parezca paradójico, el papel de los buques de construcción criolla se refuerza en el primer cuarto del siglo XIX, en vísperas y durante el proceso de emancipación de las provincias americanas. Su presencia ya no está vinculada al encargo de las unidades por los comerciantes metropolitanos, sino a la participación directa en la matrícula gaditana de los navieros ‘españoles-americanos’, cuyos buques han de pasar por el trámite del doble asiento para poder insertarse en las líneas comerciales Cádiz-América. Los centros productores se hallan en el área venezolana (Maracaibo, Puerto Cabello, Cumaná y Pertigalete), en la peruana (Guayaquil), en la mexicana (Campeche, Tlacotalpan, Huatulco y Puerto Alvarado), en la paragüaya (Angostura y Neembuesí), así como en La Habana, Nueva Orleáns (previo a su venta a Estados Unidos en 1803), Riachuelo (Buenos Aires), Nueva Guayana y Filipinas (Cavite y Sual). Un estudio más exhaustivo en M. Alfonso Mola, La flota ....

[41] El esfuerzo por lograr la modernización del tráfico mercantil quedó reflejado en el artículo 7º del Reglamento a través de medidas conducentes a realizar un comercio más dinámico y a disminuir las estadías en puerto. En relación a los elementos matriales y humanos del transporte marítimo (navieros, tripulaciones, matrículas, buques, patentes, etc.) se busca la simplicación de los trámites burocráticos previos a la apertura de registro, la abolición de las visitas y las demandas de licencias o permiso para navegar (ahora sólo se manifiesta el propósito de viajar a los jueces de arribadas y la comunicación del puerto de destino al administrador de Aduanas).

[42] M. Alfonso Mola, “La flota ...”, pp. 31-37.

[43] M. Alfonso Mola, “Técnica y economía. El forro del casco en las embarcaciones del Libre Comercio”, Ciencia, Vida y Espacio en Iberoamérica, Madrid, 1989, vol. II, pp. 73-102.

[44] Para una visión de conjunto sobre esta cuestión, cf. C. Martínez Shaw, “Los comportamientos regionales ante el Libre Comercio”, Manuscrits, nº 6 (1987), pp. 75-89.

[45] Otros estudios regionales son: J. M. Delgado Ribas, Cataluña y el sistema de Libre Comercio (1778-1818), Barcelona, 1981 (tesis doctoral inédita, cuyos resultados han aparecido en diversos artículos); V. Ribes Iborra, Los valencianos y América: el comercio valenciano con Indias en el siglo XVIII, Valencia, 1985; L. Alonso Álvarez, Comercio colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia (1778-1818), La Coruña, 1986; C. Manera Erbina, Comerç i capital mercantil a Mallorca, 1720-1800, Palma de Mallorca, 1988; C. Parrón Salas, “Cartagena y el Comercio Libre, 1765-1796”, Anales de Historia Contemporánea, nº 8 (1990-1991), pp. 215-224; J. Varela Marcos, El inicio del comercio castellano con América a través del puerto de Santander (1765-1785), Valladolid, 1991; I. Miguel López, El comercio hispanoamericano a través de Pasajes, 1778-1795, San Sebastián, 1990, de la misma autora, El comercio hispanoamericano a través de Gijón, Santander y Pasajes, 1778-1795, Valladolid, 1992, “Relaciones comerciales guipuzcoano-americanas. 1796-1818”, Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 26 (1992), pp. 563-590, “Gijón y América: la continuidad del intercambio comercial, 1796-1818”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, nº 140 (1992), pp. 581-605 y “Flujo comercial Santander-América. 1796-1828), Anales de Estudios Económicos y Empresariales, nº 8 (1993), pp. 187-217; D. Peribáñez Caveda, Comunicaciones y comercio marítimo en la Asturias pre-industrial (1750-1850), Gijón, 1992; y A. Gámez Amián, Málaga y el comercio colonial con América (1765-1820), Málaga, 1994. El impacto del Libre Comercio en el ámbito ultramarino en J. Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821, Sevilla, 1978; P. E. Pérez-Mallaína, Comercio y autonomía en la Intendencia de Yucatán (1797-1814), Sevilla, 1978; C. Parrón Salas, De las Reformas ...; y J. R. Fisher, “El impacto del comercio libre en el Perú, 1778-1796”, Revista de Indias, vol. XLVIII, nº 182-183 (1988), pp. 401-420.

[46] Si bien España seguiría manteniendo hasta 1898 un comercio privilegiado con Cuba, Puerto Rico y Filipinas, puesto que el “imperio insular” continuaba estando bajo la soberanía hispana, por lo cual los comerciantes de uno y otro lado gozaban de las correspondientes ventajas arancelarias frente a terceros y el tráfico metropolitano un trato preferente frente a las colonias, el monopolio se había quebrado irremisiblemente, tanto en el terreno del comercio como en el del transporte, donde los buques metropolitanos tendrían que coexistir con los barcos coloniales, especialmente con los de la marina cubana, especializados en el comercio de cabotaje al tiempo que garantizaban el aprovisionamiento de los coloniales de la América continental (incluídas las ex-colonias españolas, Brasil y Estados Unidos). Una clara síntesis en J. M. Fradera, “El comerç americà durant el segle XIX”, El comerç entre Catalunya i Amèrica segles XVIII i XIX, Barcelona, 1986, pp. 111-121.

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Publicado en: Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval. XXVI Jornadas de Historia Marítima:”Arsenales y construcción naval en el siglo de la Ilustración”, vol. 41, Madrid, 2002, pp. 105-129

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FIESTAS DE TOROS EN VALLADOLID EN TIEMPOS DE CARLOS III Y CARLOS IV. Una pasión reconducida por las Luces

maytediez - 27 de septiembre de 2007 - 00:53 - Historia Moderna/ Europa y América

Lourdes Amigo Vázquez

Universidad de Valladolid/ España

Toros, Ilustración y Valladolid. Tres elementos que tienen claras vinculaciones con Teófanes Egido. El siglo XVIII ha ocupado gran parte de su vida como investigador, a veces centrándose en el movimiento ilustrado y más a menudo en las resistencias al cambio, en la mentalidad y la religiosidad colectivas, sobre todo de los vallisoletanos, de las que siempre ha destacado su carácter festivo, por lo que lo taurino tampoco le es ajeno[1]. Además, de todos es conocida su afición por los toros y por su patrono, San Pedro Regalado[2].

Retrocedamos al Valladolid de hace más de dos siglos. En un ambiente perturbado por las continuas prohibiciones del Despotismo Ilustrado, el “frenesí taurómaco”[3] de sus moradores va a poderse saciar en dos escenarios bien diferentes.

En 1777, el barón de Bourgoing tiene la oportunidad de contemplar una de aquellas veces en que la Plaza Mayor se convertía en coso taurino. Llena a rebosar de espectadores, “se asegura pueden acomodarse ochenta mil personas” en ella.

Me asombró la prodigiosa concurrencia de curiosos que acudían atraídos por este festejo desde varias leguas a la redonda. Fue de Madrid el famoso torero Pepe Hillo (...) Brindó al embajador, en cuya compañía me encontraba, varios de los toros que mató, y cada uno de estos tributos sangrientos (...) daba ocasión a que del palco del corregidor en que nosotros estábamos se arrojasen algunas monedas de oro al escenario de las hazañas de Pepe Hillo.[4].

Diez años después, en 1787, el ilustrado y periodista local José Mariano Beristain anota en su Diario Pinciano la corridas celebradas aquel septiembre en el Campo Grande, a las afueras de la ciudad, en una plaza de madera.

En los días 16, 17, 23 y 24 del corriente se han celebrado dos Corridas de Novillos de las concedidas por Real Cédula de S.M. a la Real Sociedad Económica de esta Provincia con aplicación de su producto a los fines de su Instituto (...) Y en una y otra han capeado, puesto parches y vanderillas ligeras, y executado otros juguetes gustosos al Público la Quadrilla de Toreros al cargo de Francisco Garcés, segundo Estoque del famoso Joaquín Costillares su tío; y de Francisco Seco, bien conocido en esta misma Plaza; habiendo también concurrido a Caballo para otras suertes Andrés Martín, Vecino de la Ciudad de Salamanca.[5].

La Plaza Mayor perdía a finales del XVIII su primacía taurina. Las funciones controladas por la Ciudad en el símbolo urbano por excelencia, para festejar a la monarquía y a la iglesia, para divertir al pueblo y exhibirse los poderes locales del Antiguo Régimen, se combinaban con otras, en el Campo Grande, donde las preocupaciones anteriores cedían terreno a favor de las meramente lucrativas. Dos concepciones de las corridas y, lo que es más importante, dos visiones del mundo y de la sociedad coexistían en el Valladolid de entonces.

Etapa de permanencias y de mutaciones fue la Ilustración. La fiesta, uno de los elementos definidores de la Época Moderna, se convertirá en preocupación básica para los ilustrados y los toros ocuparán un lugar preferente en sus deseos de reformar el país. Empero, las plazas de toros, también el toreo moderno, surgen ahora. Una transformación no totalmente ajena u opuesta al influjo de las Luces[6].

En las páginas siguientes trataré de profundizar en cómo esta lucha entre lo nuevo y lo viejo se libró en el ruedo vallisoletano, muy especialmente en torno a su emplazamiento. El tiempo cronológico va a ser el comprendido por los reinados de Carlos III y Carlos IV, el orto y el ocaso de la aventura de las Luces que, pese a su carácter minoritario y su fracaso, abrió el horizonte de la España Contemporánea[7]. Pero comenzaré con un breve bosquejo de las fiestas de toros del Valladolid moderno, pues, sin duda, marcarán en gran medida la etapa ilustrada.

1.- Pasión y Poder: ingredientes de las fiestas de toros en el Valladolid moderno

En 1715 los regidores plantean al Presidente de la Chancillería “como la Ciudad se halla en obligazión de complazer al pueblo conzediéndole (...) el alivio de una corrida de toros”. El deber de divertir al pueblo que tenían los poderosos, especialmente el Regimiento, adquiría en esta ocasión tintes casi dramáticos. Se temía a una población próxima a amotinarse al ver peligrar la perspectiva de una fiesta

...respecto de haverse esparzido la voz de que ha de haver festexo de toros, por cuyo motivo ha concurrido actualmente mucha gente a la plaza y portal de estas casas de ayuntamiento que le piden y en ygual conformidad se ha dibulgado en los pueblos de la comarca[8].

Esta situación la había provocado el Colegio de Santa Cruz. Había pretendido organizar una corrida en la Plaza Mayor ante el nombramiento de un colegial como consejero de la Cámara, pero se había opuesto a que la Ciudad fijase la fecha, por lo que ésta, considerando que las fiestas de toros era una “regalía” suya, no le había permitido celebrarla[9].

Como señala Araceli Guillaume-Alonso, los festejos taurinos son el espectáculo predilecto del español de los siglos XVI y XVII[10]. Y la pasión, lejos de apaciguarse, se intensificará, incluso, en el Setecientos[11]. Constituían el ingrediente indispensable de toda celebración gozosa, tanto de carácter político como religioso[12]. Además, en dos ocasiones a lo largo del año, los vallisoletanos iban a poder disfrutar de esta diversión, sin necesidad de ninguna excusa. Eran las funciones ordinarias por San Juan y Santiago.

La Plaza Mayor era la protagonista espacial de las funciones, supervisadas y gobernadas por la Ciudad, aunque no siempre será su organizadora[13]. Empero, en los siglos XVI y XVII, cualquier calle o plaza se podía convertir en improvisado coso taurino para correr novillos, toros, bueyes o vacas, sueltos o ensogados, en las fiestas de las cofradías o, en el XVI, por la concesión de los grados de doctor de la Universidad.

¿Cómo explicar la fiebre taurina de los españoles de entonces? En palabras de Teófanes Egido “el talante festivo es uno de los caracteres urbanos más destacados, y las fiestas son una necesidad en el Antiguo Régimen”[14]. Una sociedad que precisa olvidar momentáneamente su miseria cotidiana[15], a su vez sacralizada, que tiende a exteriorizar su extremada religiosidad[16], e imbuida de los ideales aristocráticos, más inclinados al ocio que al trabajo[17], convierte a la fiesta en un producto de primera necesidad. Los toros, son, sin duda, la principal diversión de esta “sociedad lúdica” debido a su espectacularidad, emoción, sus altas dosis de peligro y de sangre y los cauces que ofrecen para la participación popular[18], sin olvidarnos de la importancia de este animal en la cultura española desde tiempos pretéritos.

Mas las funciones de toros, sobre todo las de la Plaza Mayor, no agotan su significado en lo festivo. Pues ¿Cómo explicar la disputa de 1715 entre el Colegio y la Ciudad?

En 1582 el Regimiento se queja al Consejo por la actitud de la Audiencia en las fiestas de toros[19]: “agora nuevamente les tomaron la llave del toril y ellos mandavan soltar y desjarretar los toros” y, si bien hasta entonces la Villa se sentaba en el consistorio y la Chancillería en balcones de casas particulares, “agora les toman las dichas ventanas y les dejan tan poco lugar que no caven en él los regidores por ser muchos”. El Consejo resolverá a favor de la Villa respecto a la llave del toril, el símbolo de gobierno de la plaza, pero no sobre los asientos. Estos conflictos en cuanto al papel de cada institución en la organización y desarrollo de las fiestas serán constantes debido al inmenso poder de la Chancillería[20].

La fiesta de toros, la fiesta en general, era un escenario idóneo para la representación del poder, de la Monarquía e Iglesia, cuyos felices acontecimientos daban a menudo el motivo para las funciones, pero sobre todo de las elites urbanas. Su apelación a las emociones la hacían un lugar idóneo para la atracción de los afectos del pueblo hacia sus autoridades que organizaban tal diversión y se exhibían en ella[21]. A su vez, en unos tiempos caracterizados por la desigualdad, la fiesta se va a convertir en la mejor catarsis colectiva[22].

La Plaza Mayor será lugar de ostentación de los poderosos, especialmente tras su reconstrucción a finales del XVI[23]. La nobleza, organizadora en ocasiones y gran protagonista de las fiestas de toros y cañas en los siglos XVI y XVII, una vez marchada la corte a Madrid en 1606, cederá rápidamente su puesto a las instituciones urbanas. La Chancillería y la Ciudad serán las principales protagonistas, sentadas en el consistorio, con el Presidente en el balcón central y la Chancillería a su derecha[24]. Mientras, la Inquisición, el Cabildo de la catedral y el Colegio de Santa Cruz contemplarán el espectáculo desde los balcones primeros de casas propias de la Plaza y la Universidad desde balcones alquilados[25].

Empero las fiestas organizadas por el Regimiento eran caras, más aún a medida que se enriquece el espectáculo. Crece el número de toros en cada corrida, de 4-6 en el siglo XVI a no menos de 16 a mediados del XVIII. Por otra parte, mientras en los dos primeros siglos los caballeros rejoneadores se reservaban para las grandes ocasiones y en la mayoría de las corridas salía gente espontánea a torear a pie, ya a finales del Seiscientos los toreros profesionales se imponen[26]. Su participación en 1705 ascendió a 1.518 reales de vellón[27]. A su vez, el breve reinado de los varilargueros, a principios de siglo XVIII, cuestan por ejemplo 4.214 rs en 1735[28]. Por tanto, el precio de una corrida ordinaria pasa de 11.000 rs a mediados del XVII a más de 32.000 un siglo después[29].

Para costear estos festejos en los siglos XVI y XVII se utilizaban los cada vez más insuficientes efectos de toros, es decir, la contribución anual de reses por los obligados de los abastos: nueve las carnicerías, cinco la pescadería y cuatro la velería, ajustado cada animal a 15.000 mrs.[30], a lo que se añadía lo obtenido por la venta de toros muertos. Si bien, las corridas insertas en grandes fiestas extraordinarias se costeaban con las fuentes utilizadas para su financiación. Pero a medida que avanza el Seiscientos, los festejos de toros disminuyen en frecuencia. La grave crisis de la hacienda municipal estaba dejando su huella[31]. En consecuencia, en 1638 y 1670 los dueños de las casas de la plaza, interesados en las corridas porque alquilaban sus balcones y portadas –para tablados-, logran sendas cartas ejecutorias para obligar a la Ciudad a organizar las dos fiestas ordinarias[32]. Así, en 1670, a los efectos de toros se añaden las sobras de los arbitrios para la paga de las quiebras de millones[33].

En el siglo XVIII, las fuentes de financiación vuelven a ser escasas y no sólo por el aumento del coste de las funciones, pues el endeudamiento municipal obliga a que los efectos de toros se utilicen a menudo para otros fines[34]. A veces será necesario utilizar la cesión de portadas y balcones por parte de los dueños de las casas de la Plaza Mayor[35].

De esta forma, cuando Carlos III ocupa el trono español, en 1759, las fiestas de toros en Valladolid han crecido en espectacularidad pero disminuido en número, hasta el punto que desde 1739 solo se habían celebrado en 10 ocasiones (5 corridas dobles).

La metamorfosis taurina de la Ilustración

Razones de humanidad y de economía llevaban a abominar los toros a personalidades como Cadalso, Iriarte, Clavijo y Fajardo, Meléndez Valdés, Jovellanos o Vargas Ponce. La crueldad de un espectáculo que provocaba “dureza de corazón” a los espectadores y que además ocasionaba la cría de un animal inútil para la agricultura y gastos y pérdida de días de trabajo para los aficionados, era opuesto a la mentalidad de los ilustrados, obsesionados con el atraso cultural y económico de España. Comenzaba una nueva etapa en las controversias taurinas, que ya no se basaban en criterios teológicos y morales, ni será llevada a la práctica por el Papa sino por el soberano[36].

En el fondo subyacía la incomprensión de las Luces por las manifestaciones populares, especialmente por su carácter festivo. No sólo los toros, la vertiente festiva de la religiosidad colectiva (danzas y gigantes del Corpus, procesiones de Semana Santa...), el carnaval..., serán duramente atacados, con argumentos de “buenas maneras”, “productividad” y de “pureza de la devoción” en las fiestas religiosas. El reformismo oficial también tenía otras razones. El motín de Esquilache, acaecido el domingo de Ramos, provocará que toda aglomeración festiva sea sinónimo de tumulto potencial que podía poner en peligro el régimen absolutista[37]. A su vez, el carácter propagandístico de las fiestas monárquicas favorecerá su supervivencia, aunque adaptadas a los nuevos moldes, es decir, sin toros, ni fuegos de artificio, ni alborotos, ni grandes derroches económicos[38].

Pero la fiesta no moría, sólo se atacaban sus excesos desde aquella óptica demasiado elitista. Se potencian ahora las “diversiones públicas”, que suponen un entretenimiento moderado y sano, son rentables económicamente y cumplen una labor pedagógica. El teatro era su abanderado[39], pero también formaban parte los paseos públicos, los bailes y... los toros.

Valladolid también comenzó a transformarse gracias a la minoría ilustrada[40]. Es la época de esplendor del teatro que desde 1767 ya no es gestionado por la cofradía de Niños Expósitos sino por el Ayuntamiento[41]. Surgen los paseos de las Moreras, Campo Grande y se remodela el Prado de la Magdalena. También se organizan bailes públicos, como veremos al hablar de las fiestas de toros, que, por supuesto, siguen celebrándose.

En 1796, los alcaldes del crimen temen la posibilidad de algún motín y fuga en la cárcel real y ordenan a su alcaide que extreme las medidas de vigilancia ¿Cual era el motivo?

En atención a que en el día exhisten en la real cárcel de esta corte un crecido número de presos de la mayor grabedad, los quales con motivo de las próximas funciones de toros en que todos los vecinos abandonan para disfrutarlas las casas de su avitación pueden intentar algún insulto o escalo de dicha real cárcel[42].

Los ministros de la Chancillería eran conscientes de la pasión de los vallisoletanos por los toros, también de las posibilidades de la fiesta para tornarse en escenario de tumulto, un miedo propio de la Ilustración que presentaba un matiz diferente al ordinario en esta ocasión.

Pese a las prohibiciones de 1754, 1778, 1785 y 1791, hasta la más rigurosa pero momentánea de 1805[43], el entusiasmo que despertaban estos espectáculos parecía irrefrenable[44]. Jovellanos, que visita la ciudad en 1791, coincidiendo con las fiestas de novillos de la Sociedad Económica, dice lamentándose que “hay mucha afición a estas bullas aquí como en todas partes; el pueblo gasta, se disipa, y sería mejor divertirlo de otro modo”[45].

Cuando se trata de organizar una corrida, junto con argumentaciones más acordes con el espíritu de las Luces, en el Ayuntamiento se seguirá indicando “la extraordinaria afición de este pueblo a las fiestas de toros”[46]. Es más, se incluye como una de las razones para la petición de licencias. Hasta tal punto que en 1789 la Ciudad intenta echar por tierra la consideración de que sean perjudiciales para el pueblo, más en una ciudad que el año anterior había sufrido una terrible inundación y en éste un motín por la crisis de subsistencia. Esta distracción, dice, “dándole el nombre de desahogo puede importar mucho para el alivio de un vulgo agitado por miserias y que en tantos años no ha disfrutado desta diversión”[47].

Todos, independientemente de su condición social, seguían atrapados por el embrujo de los toros. En 1768, una institución tan “seria” como la Inquisición se enfrenta a la Ciudad por fijar la fiesta la víspera de San Pedro Arbúes, cuando asistía al convento de San Pablo. Pero la Ciudad no accederá a cambiar la fecha, avalada por el conde de Aranda[48]. Ya a finales de siglo, en 1796, el Cabildo no sólo sigue adelantando los oficios litúrgicos para asistir, sino que vuelve a amenizar la tarde de toros con dulces –suprimidos en 1766– y lo más sorprendente, convida al obispo, que nunca había asistido a función taurina[49].

Al menos, si no se podía acabar con los toros se podía tratar de reconducir la pasión taurina, adaptarla a los principios enciclopedistas de “razón” y “utilidad”. Además, tampoco parecía conveniente eliminar esta fiesta, dados sus efectos apaciguadores tan útiles para un régimen absolutista[50].

El 1 de agosto de 1784 la recién creada Sociedad Económica de Amigo del País envía un memorial al Consejo sobre la fuente de financiación que ha discurrido para sus actividades “por ser sin grabamen forzoso del público ni de particular alguno” . Se trata “de celebrar quatro corridas de novillos en el resto de este verano y tardes de días de fiesta de segunda clase en un sitio que llaman Campo Grande, fuera de esta ciudad pero inmediato a ella”. El Consejo concede dicha licencia, con “las reglas y precauciones que deben obserbarse para ebitar escesos y desgracias”, entre las que se reitera una:

Que el corregidor o su alcalde mayor ha de presidir la plaza, a cuio cargo ha de estar el reconocimiento y examen de la seguridad de los tendidos, despejo de plaza y conserbación del sosiego y tranquilidad pública, poniendo algunos piquetes de tropa de las banderas o milicias que hay en la ciudad de trecho en trecho”[51].

Nacía la primera plaza de toros vallisoletana, si bien se trataba de una plaza provisional de madera que se montaba y desmantelaba cada año. El lugar elegido era uno de los más emblemáticos de Valladolid: el Campo Grande. Un gran descampado, a la entrada de la ciudad, donde momentáneamente se habían celebrado toros tras el incendio de 1561 y ya en la primera mitad del XVIII se habían tratado de tener en alguna ocasión pero no habían contado con el beneplácito de la Ciudad que los prefería en la Plaza Mayor[52].

Todas las prohibiciones taurinas – con excepción de la de 1805- permitían que continuasen aquellas funciones con fines benéficos. La Ilustración favorece que las corridas de toros se trasladen desde el espacio urbano a un edificio hecho a medida para un espectáculo cuya “intencionalidad era ayudar a una obra pía, pero en la que subyace la puramente mercantil por la intervención de arrendadores, asentistas o empresarios”[53]. Por otra parte, la obsesión por evitar accidentes, pero sobre todo por la urbanidad y el orden público, incide en la aparición de estos recintos cerrados y aislados de la población[54]. Además, el interés por el desarrollo económico obliga a dejar libre la Plaza Mayor para el comercio[55]. Vemos, por tanto, como el nacimiento de la plaza de toros no es debido únicamente al creciente éxito social de la fiesta.

La Plaza Mayor perdía una de sus funciones básicas en la Época Moderna: la de espacio festivo por excelencia. Sucedió en las dos ciudades que tenían el predominio taurino, Madrid y Cádiz, incluso antes de las prohibiciones ilustradas[56]. Las primeras plazas eran de madera pero ya en la Corte en 1749 se hace de materiales resistentes. Otro ejemplo es Málaga, donde las fiestas se celebraron en la Plaza Mayor hasta 1791 cuando se construye una plaza independiente propiedad del Ayuntamiento[57].

La Sociedad Económica celebró fiestas de novillos en el Campo Grande entre 1784 y 1792. En 1799, el hospital de San Juan de Dios consiguió licencia para varias funciones de toros y novillos cuyo producto se destinaría para la reparación del convento y fomentar su hospitalidad. Sin embargo, la Plaza Mayor seguirá siendo escenario taurino[58], pero sus fiestas también deberán responder a fines de “utilidad pública”[59]. Sólo en 1807, el Regimiento no cumplirá las órdenes reales. Escudándose en la facultad del intendente para conceder permiso festejará con una función de novillos el nombramiento como regidor de Manuel Godoy[60].

Desde la prohibición de 1754 la Ciudad debe pedir licencia para las fiestas de toros y, ya sea por obligación, mimetismo o convencimiento ante la cercanía de la Corte y la Chancillería, las ideas ilustradas se imponen antes. Desde 1772 se dan argumentos “sólidos” para su celebración y no sólo en las solicitudes de licencia sino en las propias discusiones del Ayuntamiento (Cuadro nº 1)[61]. Se remarcan los beneficios económicos para los vecinos, pues “atrahída las jentes de sus inmediaciones proporcionaban con su numerosa concurrencia un fomento el más cierto a comerciantes, artesanos y menestrales”[62]. También para los Arbitrios de la ciudad, por el aumento del consumo, y sobre todo para los Propios, a los que pertenecían las bocacalles y algunas casas de la Plaza Mayor que se arrendaban para ver las corridas. La fiesta pasaba de ser una carga a fuente de ingresos para el erario municipal.

Más sorprendente es que la propia Corona considerase beneficiosos estos festejos. Las dificultades que tenía la Ciudad para pagar los 200.000 rs. que le había prestado la Casa de Expósitos en 1790 para el acopio de trigo le llevó a recurrir al Consejo, quien no aceptó los medios propuestos, sino que dio facultad para dos funciones de toros en 1793[63]. Estas corridas sí obedecieron a motivaciones estrictamente económicas, como las dos anuales durante seis años que se pidieron y concedieron en 1799 para acabar de pagar la deuda[64]. Pues, la hacienda municipal y la población vallisoletana se hallaban en tal precariedad por la inundación de 1788, malas cosechas, epidemias... que no había otros medios menos gravosos[65].

Las Luces impulsan la aparición de la corrida como espectáculo comercial, ordenado –opuesto al caos que reinaba hasta entonces en el coso- y controlado por la autoridad, especialmente por el poder central, que precisa de un espacio propio, la plaza de toros. Pero en el siglo XVIII nace también el toreo moderno[66].

La aristocracia no sólo se aleja de los ruedos por mimetismo con la sensibilidad antitaurina de los Borbones, también pudo influir la nueva opinión sobre las corridas. Pero sobre todo, en el surgimiento del majismo, que exalta los toros, tuvo mucho que ver la oposición a los cambios de costumbres auspiciados por los ilustrados[67].

La Ilustración también tuvo una influencia positiva en la corrida moderna. El fenómeno del prestigio profesional del torero debe encuadrarse en el clima de revalorización social a través del trabajo que propugnaba el nuevo movimiento cultural[68]. Asimismo, en la codificación y racionalización del toreo, muy vinculado a la necesidad de orden público en la plaza demandado por la autoridad y por los propios toreros que ahora se convierten en únicos protagonistas de la lidia, puede verse el influjo de las Luces[69]. Pero el público comienza a aceptar su nuevo papel de mero espectador –y de juez-, en aquel espectáculo ordenado. ¿No comenzaba el cambio de sensibilidad que tanto abogaba la Ilustración?[70]

En 1760 la Chancillería se queja a la Ciudad de que las fiestas celebradas “fueron sumamente desluzidas por falta de toreros de a pie que lidiasen con los toros sin serlos capaces de poderlos matar”[71], poniendo de manifiesto la importancia que habían adquirido los diestros en el espectáculo taurino. Así, en la Plaza Mayor actuarán Pedro Romero, Costillares, Pepe-Hillo, José Cándido o Mariano Ceballos, el indio (Cuadro nº 1). Y sus honorarios serán altísimos, como los 14.000 rs. que cobra en 1777 la cuadrilla de Costillares por cuatro días de trabajo, muy lejos de los 2-4 rs. diarios de un artesano. Su contratación se convertirá en motivo de grandes preocupaciones, debido al monopolio de Madrid y Cádiz. En 1774, desde Madrid se señala que “los mejores están empeñados en varias ciudades pero que podrá venir alguna quadrilla de los que no han tomado partido”[72]. Será la de Sebastián Jorge, acompañada por el famoso picador Sebastián Varo (Documentos nº 1 y 2). Mientras, el Campo Grande, con fiestas más modestas, contará con toreros famosos pero no estrellas, como Francisco Garcés y Francisco Seco[73].

Un nuevo héroe, salido de las capas sociales más bajas, irrumpía, paralelamente a otro: la actriz. La sociedad tradicional se resquebrajaba[74]. Además, las nuevas fiestas ya no eran lugar de exhibición de las elites tradicionales. No estaban controladas por el Regimiento, ni se celebraban para divertir al pueblo y para festejar hechos de la monarquía y de la Iglesia, ni tenían lugar en la Plaza Mayor.

A las funciones en el Campo Grande ya no asisten las instituciones en forma de corporación. Sólo hay una parte del recinto llamado consistorio donde están los palcos del corregidor y Presidente, reservado para sus convidados y las personas que pudieran pagarlo. Eran los integrantes de “la buena sociedad”, lo que Beristain llama “la nobleza y personas más distinguidas de esta ciudad”, al relatar sus fiestas privadas que abundan ahora[75].

También en la fiesta pública y tradicional comienza a percibirse el cambio social[76]. En 1796, después de diecinueve años sin toros en la Plaza Mayor, hay una gran preocupación por mantener el protocolo por la Ciudad y la Chancillería[77]; si bien en 1774 ya se había alterado uno de los componentes de este ceremonial: el salir los alcaldes del crimen a caballo a realizar el despeje de la plaza junto con el corregidor y su teniente[78], al ser las dos justicias ordinarias y garantes del orden público que actuaban en Valladolid. Igualmente, provocará grandes reticencias en el Ayuntamiento la intervención de dos miembros de la Junta de Policía en la Junta de Gobierno de las fiestas, que se crea por orden del rey, y su asiento en el consistorio[79]. Pero ya en 1807, a la fiesta de novillos no asisten las corporaciones y se permitirá subir al consistorio “a todos los señores ministros, canónigos, militares, cavalleros e individuos del ayuntamiento guardándose sólo el valcón del señor correxidor y el de la señora generala”[80].

En definitiva, si las fiestas de toros habían sido reflejo de la sociedad antiguorregimental, ahora lo eran de la nueva sociedad que se estaba gestando a finales del XVIII y principios del XIX.

Veamos ahora, con un poco más de detenimiento, las fiestas desarrolladas en cada uno de los escenarios: La Plaza Mayor y el Campo Grande.

El canto de cisne de las grandes fiestas de toros en la Plaza Mayor

En 1759, 60, 61, 66, 68, 74, 77 y 96, se celebraron las últimas grandes fiestas de la Plaza Mayor (Cuadro nº 1). Llama la atención su escaso número, sobre todo desde 1768, en lo que podemos ver la influencia de la Ilustración desde múltiples frentes.

Valladolid no logró vencer la postura de la Corona contraria a las fiestas de toros en 1783, 1789 y 1791[81], lo que, asimismo, desanimaría al Regimiento a solicitar nuevas licencias. Los inconvenientes de estas fiestas debían de ser superiores a sus beneficios y de hecho las primeras que se solicitaron con argumentos económicos, las de 1774, fueron deficitarias[82]. A su vez, en las dos últimas ocasiones pudo influir el perjuicio que ocasionarían a las corridas de novillos concedidas a la Sociedad Económica, en las que disminuiría el público, pese a que en 1789 se llegó a un acuerdo con ésta para darle de los beneficios de las fiestas lo que solía obtener de sus funciones que aquel año no celebraría[83]. Por otra parte, desde el propio Regimiento se elevaron voces al monarca contra los toros. En 1777, cuando en el Ayuntamiento se acordó celebrarlos, el intendente, don Bernardo Pablo de Estrada, ya manifestó “los prejuicios que juzgaba se seguían a el público de las funziones de toros no sólo por la mucha pobreza del pueblo, sino por los gastos que se orijinan, la olgazanería del público y el poco benefizio que recibieron los propios en las húltimas”. Sus protestas llegaron hasta el Consejo, pese a lo cual se concedió la licencia[84]. Pocos años después, en 1783, el procurador del común que estuvo en Madrid tratando de lograr la autorización regia se queja de la dificultad de lograrla cuando “por quatro yndividuos de este ayuntamiento se había secretamente representado no convenía semejante festejo”[85].

Pero no podemos hablar de una postura netamente antitaurina en el Ayuntamiento vallisoletano. Sólo de vez en cuando hay alguna voz como la del intendente en 1777 o la de don Francisco de Villegas en 1783 en términos similares[86]. Lo que sí se percibe es una cierta desidia en organizar estas funciones. No en vano, la iniciativa siempre parte de los procuradores (sin voto en el Ayuntamiento) y de los diputados del común (creado el puesto por Carlos III en 1766 y con voto). Elementos advenedizos pero los más activos y en parte renovadores de un Ayuntamiento en crisis institucional. Incluso en 1774 los procuradores han de elevar la solicitud al monarca[87] y en 1777 dos diputados se han de comprometer a organizar las funciones y obtener de beneficio al menos 10.000 rs.[88]. Las fiestas requerían mucho trabajo para una Ciudad en plena decadencia en el Setecientos[89], acentuada por la propia Ilustración, con el Reglamento de Propios y Arbitrios de 1768[90]. Desde entonces, el Regimiento pierde autonomía al estar rígidamente controlados los ingresos y gastos; el número de regidores queda reducido al que realmente había desde tiempo atrás, nueve, por lo que el salario a repartir disminuye; desaparecen las propinas y sobresueldos[91]; y lo más importante para los toros, dejan de disfrutar del reparto de bocacalles y de los balcones y portadas de las casas antiguas de ayuntamiento –siete- que pasan a ser ingresos de Propios[92].

Por último, las reticencias aumentan a finales de siglo. La difícil situación que vive la ciudad hace, desde una perspectiva ilustrada, desaconsejable las funciones taurinas. Veamos los ejemplos más característicos. En 1793 la Corona da permiso para dos fiestas, pero los diputados del común y un procurador piden a la Chancillería que se suspendan, a lo que ésta acepta y también el Consejo, por lo que no se celebrarán hasta 1796. Los motivos son “respecto de ser mui importunas en las actuales circunstanzias ya por hallarse empeñada la nación en la guerra con los franzes (sic) y ya por los escesibos precios a que en el actual tiempo de cosecha se benderá el pan en esa ciudad”. De nuevo, en 1800, la Ciudad pide no tener de momento las funciones que se habían concedido, por la situación de guerra y las malas cosechas que impedirían que la plaza produjera los beneficios esperados[93]. Razones que posiblemente inhibirían a la Ciudad a la celebración de estas corridas y a la solicitud de nuevas licencias a principios del siglo XIX.

Disminuyen las fiestas, pero no decrece su magnificencia y brillantez, más bien ocurre lo contrario, lo que provoca el aumento de su coste, como en 1777, cuando dos corridas ascendieron a 68.661 5/7 rs. (Cuadros nº 1 y 2). En cada función se disponen los mejores toreros y dieciocho toros procedentes fundamentalmente del campo de Salamanca y algunos de Portillo. Sigue celebrándose el encierro, desde la Puerta del Campo, y el toro de la “bigarrada” para los aficionados. Las fiestas por excelencia, con la actuación de los toreros a pie ante todas las instituciones urbanas, se desarrolla por la tarde. Mientras, por la mañana se corren cinco toros con la intervención también de los picadores, como al día siguiente con las reses sobrantes. Es más, elementos como fuegos de artificio o luminarias que sólo aparecían hasta entonces en fiestas extraordinarias, figuran ahora en todas.

Pero la Ilustración va a dejar su huella. “En los días 12 y 14 de Setiembre de 1774 hubo dos corridas de toros en esta ciudad y en las dos noches vísperas de los toros hubo en las gorgueras del consistorio orquesta de música en lugar de fuegos y se iluminó la plaza”, señala el ensamblador Ventura Pérez[94]. Los fuegos, causa de numerosos accidentes y prohibidos en 1771, han sido sustituidos por el baile popular, pero también elitista en 1777, cuando se celebrará uno en el interior de las casas consistoriales.

Con diferencia, los de 1796 fueron los regocijos taurinos del siglo[95]. Sólo hay que ver la preocupación que despiertan en el Regimiento –es el tema por antonomasia de sus reuniones–, el programa de toreros, con Pedro Romero, y la estimación que se hace de los gastos: ¡122.612 rs.![96] Como si se intuyese que iban a ser las últimas grandes fiestas de toros del Antiguo Régimen. Pues en 1799 se concedió nueva licencia, y no sólo no se celebraron sino que en la Real Cédula ya se señala que debían ser “con el posible ahorro y como un arbitrio para hacer fondo con que pagar los atrasos y ocurrir a las urgencias, sin refrescos, luminarias, músicas ni otros gastos de mero lujo”[97].

¿Cómo se pagaban estas fiestas? La escasez de los efectos de toros había obligado antes de 1759 a que se consolidase la cesión de terceros balcones y portadas. Un medio de financiación que contó con grandes problemas ya que particulares e instituciones como el Cabildo, Inquisición y Colegio de Santa Cruz se negaban a contribuir, por lo que desde 1756 la Ciudad litigará en la Chancillería por la posesión de las portadas que logrará en 1781[98]. Desde el Reglamento de 1768 desaparece la posibilidad de utilizar los efectos de toros, ahora consignados como ingresos de Propios y Arbitrios. En consecuencia, se seguirán financiando con portadas y balcones (sólo los 3º en 1774 y 1777 y ampliados a 2º, 3º y buhardillas en 1796) y bocacalles. Hay que señalar también que sólo en 1760 aparece en Valladolid una figura esencial en otros lugares como es la del asentista[99].

La Plaza Mayor no perdería totalmente su dedicación taurina tras 1796. En 1807, fue escenario de una corrida de novillos para festejar la toma de posesión de Godoy como regidor. Fiestas de este tipo, sobre todo con reses ensogadas, tuvieron lugar hasta bien entrado el XIX[100]. Se trataba de funciones que no requerían de un espacio especializado como las plazas de toros y que permitían al Regimiento seguir manteniendo, aunque ya de forma muy mermada, el escaparate de ostentación que eran las fiestas de toros en la Plaza Mayor.

Los precedentes de la primera plaza de toros vallisoletana

Retomemos la descripción de Beristain de las corridas de 1787 en el Campo Grande: “En los quatro días ha sido el tiempo a propósito, la concurrencia grande y lucida, el gusto vario y general, el orden mucho y constante, las ganancias considerables, y las desgracias ningunas”. Resume magistralmente los ideales ilustrados sobre los toros. Se podrían citar otras ventajas sobre las funciones de la Plaza Mayor, como que tenían lugar en días festivos, domingos y lunes[101], y se corrían novillos, con menor riesgo para los toreros y no eran de muerte. En consecuencia, como la Corona no se iba a mostrar favorable a estas fiestas, cuya iniciativa partió de la Sociedad Económica, una institución nacida en 1784 al amparo de las Luces[102]. No en vano, las novilladas alcanzarían entonces un gran desarrollo en otros lugares como Madrid[103].

La Ciudad, en cambio, sólo veía inconvenientes en estas funciones. El principal, aunque no lo dice, es fácil de intuir: suplantaban a las fiestas de la Plaza Mayor, uno de sus principales escenarios de reputación. Sólo en 1791 acuerda pedir licencia para dos corridas en la Plaza Mayor o seis en el Campo Grande[104], aunque en la correspondencia con el agente en Madrid sólo se habla de las primeras, que son las preferidas o las únicas que se solicitan.

También tiende a oponerse a su celebración por otras instituciones. Constantemente se queja de los desperfectos en los útiles que presta a la Sociedad Económica –toril, puertas para los encierros...–, de lo mal que queda el Campo Grande tras desmantelar la plaza y de que se corren novillos destinados para las carnicerías contra los acuerdos de la Ciudad[105]. Pero el Ayuntamiento va más allá. En 1786, la Sociedad Económica protesta que los diputados han elevado representación al Consejo para que no se les concediese licencia[106]. Dos años después, cuando la Ciudad solicita al monarca celebrar toros critica estas funciones de novillos.

Cuando la Ciudad de Valladolid no consiguiese vuestra real licencia la Real Sociedad egercitaría su privilegio y en estas mezquinas funciones no hallaría el público por ningún respeto aquel alivio que se promete de las otras, sin embargo que entonces serían los desembolsos del propio vecindario...[107].

Ya en 1781, el procurador del común, parece que con anuencia del resto de la Ciudad, se opuso a la concesión de licencia del corregidor a la cofradía de la Pasión para celebrar dos fiestas de novillos en el Campo Grande[108]. Señala “los perjuicios que yndispensablemente se an de seguir a su común”, que no figuraban cuando se solicitaban por el Ayuntamiento.

De estas funciones, la Sociedad Económica obtiene entre 16.000 y 20.000 rs. anuales[109]. Logra su primera licencia en 1784 para cuatro corridas, que repite los dos años siguientes[110]. En 1787 se le concede celebrar durante seis años las funciones que considerase oportunas[111]. Hay noticias de que las tuvo en 1787 –3 corridas-, 1788, 1791 y 1792 –4 corridas cada año-[112]. La cuarta función de 1787 la cedió a la Junta de Policía para destinar sus fondos a obras públicas, que utilizó para la construcción de cien faroles para alumbrar las principales calles de la ciudad[113]. Al año siguiente le vuelve a ceder las corridas de ese año para los reparos de la inundación[114], pero la Junta prefiere que las organice la Sociedad Económica que cuenta con más experiencia, además de “evitar el reparo que acaso se haría en esta cesión”, “destinando el producto de estas fiestas (...) a la obra pública, o de particulares, que estime conveniente”[115]. Por último, el hospital de San Juan de Dios celebra fiestas de toros y de novillos en 1799 aunque no sabemos su número[116].

Estas fiestas tenían lugar en una plaza portátil de madera de forma circular. Se levantaba en un ángulo del Campo, el llamado Campo de la Feria, entre el hospital de San Juan de Dios y el Colegio de Niñas Huérfanas, donde se habían colocado las hogueras de la Inquisición y posteriormente se levantará la Academia de Caballería[117]. La armadura de la plaza correspondía a la Sociedad y las distintas portadas se arrendaban a particulares[118] que las construían y vendían sus localidades. No existía, por tanto, la figura del asentista.

La descripción de esta plaza la conocemos por el Diario Pinciano.

... se compone de 60 Portadas de a diez pies [=2,8 m], que con el arco que ocupan los balcones para los Señores Presidente e Intendente Corregidor, y el del espacio de los Toriles, forman un círculo de 230 pies de diámetro [=64,4 m].

Pero en la documentación de la fiesta de la Junta de Policía figuran 66 portadas, más las 3 del consistorio y las 2 que dominan los toriles. En el sector llamado consistorio era donde estaban los balcones presidenciales, que ocupaban 30 pies de longitud y 18 de latitud.

En esta plaza cabían al menos 4.500 espectadores[119]. Muy lejos de los 15.000 a 80.000 que los contemporáneos estimaban se acomodaban en la Plaza Mayor[120], o de los 12.000 de la primera plaza estable de Madrid[121], pero considerable para una población de 20.000 almas. En cuanto a los precios de los asientos, sólo tenemos los del consistorio, de primera categoría, y oscilaban entre los 3 rs. del tendido y 4 de la grada por tarde y 2 por mañana.

Las fiestas se celebraban por septiembre y octubre y cada función duraba al menos dos días (Cuadro nº 3). Disponían de un encierro, desde la Puerta del Carmen[122] y también actuaban picadores y toreros. Eran espectáculos más modestos que los de la Plaza Mayor, como se observa en su coste, unos 17.000 rs., en los toreros, de segunda fila, y las reses, novillos con los que no se podía practicar “la suerte suprema”, aunque muchos “se desgracian” en el ruedo[123]. Primaba lo lúdico, los “juguetes”, como estradillos[124] o dominguillos que iban desapareciendo en las funciones de la Plaza Mayor, más cercanas a la ordenación que exigía la corrida moderna. Eran, por tanto, funciones menos evolucionadas desde el punto de vista del toreo, pero en las que ya no tenían cabida otros elementos ajenos a lo taurino, como luminarias, bailes..., pues ya no se trataba de una fiesta urbana sino de un espectáculo con espacio propio.

Estas corridas de novillos permitieron a los vallisoletanos disfrutar de fiestas de toros con una regularidad sólo comparable a los mejores tiempos de los siglos XVI y XVII. Pues, como ya he señalado, la Ilustración no se limitó a prohibir, sino que trató de reconducir aquel fervor desbordado de los españoles por los espectáculos taurinos. Funciones de este tipo en el Campo Grande se desarrollarán hasta 1833 en que se construirá la Plaza de Fabio Nelli. Para su emplazamiento se elegirá otro lugar, dentro de la población y no será de forma circular sino octogonal[125], pero sus precedentes estaban en aquellas primeras plazas de madera levantadas en tiempos de las Luces. Unas plazas de toros que bien pueden simbolizar el inicio de la crisis del Antiguo Régimen, de su mentalidad, pero sobre todo de sus poderes locales tradicionales, que eran los principales beneficiados por las fiestas taurinas de antaño.

No obstante, no nos engañemos, la corrida moderna seguirá siendo manipulada por el poder, especialmente por el Estado, quien la amparará, controlará y monopolizará, para, reprocesando sus elementos populares, convertirla en “la fiesta nacional”, en referencia simbólica de homogeneización del país tan necesaria en aquel nuevo Estado centralizado que surge en el XIX[126]. Un proceso que tiene sus inicios a finales de la centuria anterior, cuando se dieron los primeros pasos en la metamorfosis taurina, en la comercialización y regularización de la corrida, en la salida de su espacio original, la Plaza Mayor, e incluso en su institucionalización, al aumentar el control por la Corona[127]. Y nada de esto tuvo lugar de espaldas, como hemos visto, a la Ilustración.

DOCUMENTO Nº 1

Escritura de obligación de la cuadrilla de toreros de Sebastián Jorge para venir a Valladolid a torear en las dos funciones de 1774 en la Plaza Mayor.

1774, 18, agosto, Madrid.

A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 541.

En la Villa de Madrid, a diez de agosto de mil setecientos setenta y quatro, ante mí el escribano del número de ella y testigos, el señor don Joachín del Barco Godínez de Paz, marqués de Campollano, señor de Tamames y Mayordomo de Semana de S.M., de la una parte, y de la otra Sebatián Jorge (alias “el Chano”), Antonio Campo, Vizente Sánchez, Bartholomé Bustos, Gerónimo de Luna y Thomás del Rey, residentes en esta corte, lidiadores y toreros de a pie, los quales, juntos y de mancomuna voz de uno y cada uno de por sí y por el todo insolidum. Dixeron que, en virtud de las facultades con que el ylustre señor marqués de Campollano se halla de los caballeros capitulares que componen el ylustre Ayuntamiento de la ciudad de Valladolid (...) tienen tratado, ajustado y concertado de que han de pasar y hallarse en la referida ciudad los días doze, treze, catorze y quinze del próximo mes venidero de septiembre de este año de la fecha, para lidiar y matar treinta y ocho toros que la nominada ciudad tiene determinado correr en los expresados días, vajo de los pactos y condiciones siguientes:

1ª Primeramente, que por matar dichos treinta y ocho toros se les ha de dar y pagar a los expresados lidiadores onze mil y quatrocientos reales, que es a razón de trescientos reales de vellón cada uno, los que se han de correr en dichos quatro días, siendo en dos de ellos por mañana y tarde y los otros dos sólo por la mañana, distribuyéndolos en el modo y forma que mejor les pareciese a los señores capitulares e ylustre Ayuntamiento.

2ª Que, además de dicha paga, ha de satisfacer la nominada ciudad a los prenotados lidiadores el alquiler de nuebe mulas de paso que para dicho viaje necesitan; las seis para los mismos que van expresados arriba, dos para los dos chulos o volantes que también se obligan a llebar consigo para correr y alcanzar las vanderillas y la otra para conducir los estoques, ropa y otras cosas; satisfaciendo igualmente dicha ciudad, como ha de satisfacer además, la manutención y gasto del camino en la hida, estada y buelta a esta corte, así de las ocho personas como de las cavallerías, para lo que dará su cuenta formal el expresado Sebastián Jorge.

3ª Que desde luego se obligan a estar en la referida ciudad el día onze del citado mes de septiembre; y que para los quatro días siguientes se les han de dar encerrados los treinta y ocho toros y si así no se hiciese por algún acontecimiento no ha de dejar de pagárseles lo que va estipulado, a razón de dichos trescientos reales; y que el todo de su cantidad, que son onze mil y quatrocientos reales, se les ha de entregar en todo el día quinze, sin demora ni tardanza alguna, en moneda usual y corriente, y el importe de los gastos y manutención de hida y buelta, para que puedan hallarse en esta corte el diez y nuebe del mismo mes de septiembre y los daños y perjuicios que se les originase han de ser de cuenta y riesgo de la Ciudad.

4ª Que, asimismo, se obligan dichos lidiadores otorgantes a llebar consigo los dos chulos o volantes para alcanzar vanderillas, según queda dicho en la condición segunda.

Vajo las quales dichas condiciones se obligaron a cumplir cada uno por lo que así toca lo que va estipulado; el ylustre señor marqués de Campollano, en virtud de las facultades que tiene de la relacionada ciudad, a que les será cierta y segura la nominada paga (...)

Yo Miguel Sauguillo de Frías escribano de el rey nuestro señor del número de esta villa de Madrid y su jurisdicción presente fui a lo que dicho es y en fe de ello lo signo y firmo día de su otorgamiento.

En testimonio de verdad

(firma) Miguel Sauguillo de Frías.

DOCUMENTO Nº 2

Escritura de obligación de Sebastián Varo y sus compañeros picadores para actuar en Valladolid en las funciones de toros de 1774 en la Plaza Mayor.

1774, 10, agosto, Madrid.

A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 541.

Digo yo Sebastián Varo, Juan Martín de Triana y Francisco de Torres que por ésta nos obligamos a ir a la ciudad de Valladolid a torear y picar de vara larga de detener en las quatro mañanas de los días doze, treze, catorze y quinze del próximo mes de septiembre de este año de la fecha, a cinco o seis toros cada una, con los pactos y condiciones siguientes:

1º Que la expresada ciudad de Valladolid me ha de pagar a mí, Sebastián Varo, por cada una de las referidas quatro mañanas que pique mil y quinientos reales de vellón y si saliese por la tarde de los días de dichas fiestas se me ha de pagar por parte de la referida Ciudad otros mil y quinientos reales de vellón por cada tarde.

2ª Que a mí, Juan Martín de Triana, que he de salir en compañía de dicho Sebastián Varo a picar igualmente de vara de detener, las quatro referidas mañanas se me ha de pagar por parte de la nominada ciudad de Valladolid mil reales de vellón por cada una y en caso que salga alguna de las tardes de los días de las fiestas se me ha de pagar la misma cantidad por cada tarde.

3ª Que a mí, Francisco de Torres, que asimismo me obligo a yr a la expresada ciudad a estar de sobresaliente para picar de vara de detener en caso que alguno de los dos arriba expresados saliese herido o caiese enfermo, si saliese a picar seiscientos reales de vellón cada mañana y si no saliese trescientos reales de vellón e ygualmente si saliese alguna de las referidas tardes me se ha de pagar ygualmente seiscientos reales y sino saliese y estubiese de sobresaliente los trescientos reales.

4ª Asimismo, ha de ser de cuenta de dicha ciudad de Valladolid darnos a todos tres cavallos y demás peltrechos para torear en las referidas quatro fiestas a nuestra satisfacción y seguridad.

5ª Últimamente, ha de ser de cuenta de la nominada ciudad la paga de los alquileres de las tres mulas de ida estancia y buelta y asimismo su manutención y la nuestra en las referidas tres estancias; y que concluida la fiesta última del día quince se nos han de abonar y pagar a cada uno la cantidad en que quedamos ajustados y convenidos para que de esta suerte no hagamos falta en esta corte para la corrida del día 19 del referido mes de septiembre.

Y cada uno por nuestra parte nos obligamos a cumplir lo que por nuestra parte toca y asimismo el estar en la nominada ciudad de Valladolid para el día onze del dicho mes de septiembre (...) en esta villa de Madrid, a 10 de agosto de 1774.

(firmas) Sebastián Baro. Juan de Triana. Testigo a ruego por Francisco de Torres, Joseph de Toledo.

NOTAS

[1] Ilustración: “La religiosidad de los ilustrados”, en Historia de España de Menéndez Pidal, Tomo XXXI, Madrid, 1987, pp. 396-435; “Los antiilustrados españoles”, en Investigaciones Históricas, 8 (1988) pp. 121-141; “La Ilustración en Castilla. Acogida, resistencias y fracaso”, en Agustín GARCÍA SIMÓN (ed.), Historia de una cultura, tomo III, Valladolid, 1995, pp. 273-321. Comportamientos colectivos: “Mentalidades y perspectivas colectivas”, en Mentalidades e ideología en el Antiguo Régimen, Murcia, 1993, pp. 57-71; “Comportamientos de los castellanos en los tiempos modernos”, en Agustín GARCÍA SIMÓN (ed.), Historia de..., pp. 613-657. Religiosidad colectiva: “La religiosidad de los españoles (siglo XVIII)”, en Actas del Coloquio internacional Carlos III y su siglo, tomo I, Madrid, 1990, pp. 767-792; “La religiosidad colectiva de los vallisoletanos”, en Historia de Valladolid, tomo V, Valladolid en el siglo XVIII, Valladolid, 1984, pp. 157-260; “Formas de religiosidad en la época moderna”, en Valladolid. Historia de una ciudad, tomo II, Valladolid, 1999, pp. 511-523.

[2] “San Pedro Regalado”, en Vallisoletanos, nº 7, 1983.

[3] José DELEITO Y PIÑUELA, ...También se divierte el pueblo, Madrid, 1988 (2ª ed.), p. 132.

[4] J. GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal, tomo V, Valladolid, 1999, pp. 451-452.

[5] José Mariano Beristain, Diario Pinciano, Valladolid, 1978 (ed. facsímil), I, p. 350 (abreviatura D.P.)

[6] Como ya señalaba José ORTEGA Y GASSET, La caza y los toros, Madrid, 1962, p. 138: “La historia de las corridas de toros revela algunos de los secretos más recónditos de la vida nacional española durante casi tres siglos. Y no se trata de vagas apreciaciones, sino que de otro modo no se puede definir con precisión la peculiar estructura social de nuestro pueblo”. En términos similares, aunque con mayor prudencia, hablan historiadores como Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “De la fiesta de toros caballeresca al moderno espectáculo taurino: la metamorfosis de la corrida en el siglo XVIII”, en Margarita TORRIONE (ed.), España festejante. El siglo XVIII, Málaga, 2000, p. 75 y Bartolomé BENNASSAR, Historia de la tauromaquia, Valencia, 2000, p. 16. Según éste último autor: “la corrida es un producto social cuya evolución no puede comprenderse sin relacionarla, aunque sea de manera superficial, con los avatares generales de la sociedad”.

[7] Como Teófanes EGIDO, Antonio ELORZA, La ideología liberal de la Ilustración española, Madrid, 1970 y José Antonio MARAVALL, Estudios de historia del pensamiento español. Siglo XVIII, Madrid, 1991, parto de una visión optimista de la Ilustración. Frente a otros autores que han destacado sus componentes tradicionales: Richard HERR, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1964; EQUIPO DE MADRID, Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid, 1988; Francisco SÁNCHEZ BLANCO PARODY, Europa y el pensamiento español del siglo XVIII, Madrid, 1991; El Absolutismo y las Luces en el reinado de Carlos III, Madrid, 2002.

[8] A(rchivo) M(unicipal) V(alladolid), Actas, nº 76, 7-VIII-1715, ff. 169r.-169v.

[9] Ibid., 1-VIII-1715, ff. 164r.-165v. y sesiones siguientes. Para todo el artículo pero sobre todo este capítulo, vid.: Ventura PEREZ, Diario de Valladolid (1885), Valladolid, 1983 (ed. facsímil); Juan AGAPITO REVILLA, Cosas Taurinas de Valladolid, Valladolid, 1990 (ed. de sus artículos de 1941-42); María Jesús IZQUIERDO GARCÍA y Marco Antonio MILÁN SARMENTERO, Los toros en Valladolid en el siglo XVI, Valladolid, 1996; Emilio CASARES HERRERO, Valladolid en la historia taurina (1152-1890), Valladolid, 1999; Margarita TORREMOCHA HERNÁNDEZ, “Diversiones y fiestas en Valladolid durante el Antiguo Régimen”, en Valladolid. Historia..., pp. 491-510.

[10] La tauromaquia y su génesis, Bilbao, 1994, p. 33.

[11] Jean-Pierre ALMARIC y Lucienne DOMERGUE, La España de la Ilustración, Barcelona, 2001, pp. 86-90?

[12] El nacimiento de Felipe (IV), en 1605, se celebró con toros y cañas, con la participación de los Grandes (Tomé PIÑEIRO DA VEIGA, Fastiginia, Valladolid, 1989, pp. 127-128). Ya en el XVIII, dos funciones taurinas amenizaron las fiestas por la canonización de San Pedro Regalado (Ventura PÉREZ, Diario de..., pp. 255-256).

[13] Como sucedió en 1662 ó 1681 cuando, respectivamente, se celebraron corridas de toros por la colocación de Nuestra Señora de la Piedad y el Cristo de la Cruz en sus nuevos templos a cargo de sus cofradías penitenciales. A.M.V., nº 59, 17-VII-1662, f. 1147r.-1147v.; Ibid., nº 66, 20-VI-1681, ff. 751r.-752v.

[14] Teófanes EGIDO, “La religiosidad colectiva...”, p. 174.

[15] Jacques SOUBEYROUX, “Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo XVIII”, en Estudios de Historia Social, 12-13 (1980) p. 131.

[16] Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, “Iglesia institucional y religiosidad popular en la España barroca”, en Pierre CÓRDOBA Y Jean-Pierre ETIENVRE (eds.), La fiesta, la ceremonia y el rito, Granada, 1990, pp. 15-16.

[17] Bartolomé BENNASSAR, Los españoles, actitudes y mentalidad, Barcelona, 1976, p. 138.

[18] En Valladolid, todo el pueblo participaba echando garrochas, dardos y perros desde la barrera y corriendo en los encierros. Incluso había la posibilidad de intervenir en el mismo espectáculo taurino, aunque se fue limitando, a medida que se profesionalizaba el toreo a pie, a salir al ruedo tras el toque a desjarrete y en los toros de la mañana y, posteriormente, sólo en el toro de “la bigarrada” que se corría después del encierro.

[19] A(rchivo) R(eal) CH(ancillería) V(alladolid), Doc(umentación) Municipal (en depósito), (Secretaría General), Caja 52, Exp. 28.

[20] Para estos conflictos en el ámbito festivo, vid. Lourdes AMIGO VÁZQUEZ, “La apoteosis de la Monarquía Católica Hispánica. Fiestas por la canonización de San Fernando en Valladolid (1671)”, comunicación defendida en la VIIª Reunión Científica de la F.E.H.M., 2002; “Justicia y piedad en la España moderna. Comportamientos religiosos de la Real Chancillería de Valladolid”, en Hispania Sacra, 55 (2003), pp. 85-107.

[21] José Antonio MARAVALL, La cultura del Barroco, Barcelona, 1986 (4ª ed.). Su interpretación de dicha cultura, como medio de difusión ideológica y de adhesión extrarracional, ha sido aplicada a la fiesta sobre todo desde la historia del arte, Mª José CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, Fiesta y arquitectura efímera en la Granada del siglo XVIII, Granda, 1995. Otros autores, si bien rechazando o eludiendo el estudio de la fiesta desde una perspectiva únicamente psicológica, sí aceptan el ser un medio de representación del poder: Roberto J. LÓPEZ, Ceremonia y poder a finales del Antiguo Régimen, Santiago de Compostela, 1995; Mª José del RIO BARREDO, Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid, 2000.

[22] Antonio BONET CORREA, Fiesta, poder y arquitectura, Madrid, 1990.

[23] Alejandro REBOLLO MATÍAS, “La Plaza y Mercado Mayor” de Valladolid, 1561-95, Valladolid, 1988. Sobre la Plaza Mayor como escenario de la fiesta barroca, Antonio BONET CORREA, Fiesta, poder..., p. 20.

[24] A(rchivo) R(eal) CH (ancillería) V(alladolid), (Secretaría del Acuerdo), Libros del Acuerdo, nº 17, 22-VIII-1715, ff. 193r.-193v. (en la descripción de la fiesta de toros celebrada ese día).

[25] Las siete primeras casas de la Plaza Mayor desde la esquina del Bodegón de Viana hasta el Caballo de Troya eran del Cabildo; desde ahí hasta la calle de la Pasión la cuarta y la quinta eran del Colegio de Santa Cruz y la sexta y la séptima de la Inquisición (A.M.V., Cajas Históricas, Caja 54, Expediente 3, nº catálogo 1795. Cuentas de las fiestas de 1759). En cuanto a la Universidad, en 1796 tiene alquilados cinco balcones a la marquesa de Almodóvar (A(rchivo) U(niversitario) V(alladolid), Libros de Claustros, nº 20, 20-IX-1796, f. 400r.).

[26] En otros lugares ya dominaban la lidia a lo largo del XVII. Luis del CAMPO, Pamplona y toros. Siglo XVII, Pamplona, 1975; Mª Isabel VIFORCOS MARINAS, El León barroco: los regocijos taurinos, León, 1992.

[27] A.M.V., Cajas Históricas, Caja 49, Exp. 8, nº catálogo 138 (cuentas de la función taurina).

[28] Ibid., Caja 52, Exp. 1, nº catálogo 1188.

[29] En 1739 se estima el coste de una corrida en 11.000 rs. (A.M.V., Actas, nº 52, 23-IX-1639, f. 425v.), mientras la celebrada en 1735 costó 32.117 1/7 rs. (Ibid., Cajas Históricas, Caja 51, Exp. 6, nº catálogo 1081).

[30] A.M.V., Actas, nº 48, 5-XI-1629, ff. 650v.-651r.

[31] Adriano GUTIÉRREZ ALONSO, Estudios sobre la decadencia en Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII, Valladolid, 1989.

[32] A.M.V., Cajas Históricas, Caja 53, Exp. 7, nº catálogo 1.695 (Carta ejecutoria de 1670).

[33] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Caja 75, ff. 471-493.

[34] Por ejemplo, en 1729 la contaduría informa que desde 1718 los efectos del común están debiendo al de toros 3.237.306 mrs. (A.M.V., Actas, nº 80, 8-V-1729, ff. 439v.-440r.). Para la crisis de la hacienda vallisoletana en el XVIII, vid. Carmen GARCÍA GARCÍA, La crisis de las haciendas locales, Valladolid, 1996.

[35] Vid. las dos funciones por la victoria de Orán. A.M.V., Actas, nº 81, 6-VIII-1732, ff. 419v.-420v.

[36] Serán la gran controversia de la época, desplazando al teatro, y también tendrán defensores, como Nicolás Fernández de Moratín y Capmany. José María de COSSÍO, Los toros. Tratado técnico e histórico, tomo II, Madrid, 1995 (13ª edición), pp. 124-150; Francisco J. FLORES ARROYUELO, Correr los toros..., pp. 189-226.

[37] Teófanes EGIDO, “La religiosidad...”, p. 780, resume magistralmente las razones de la ofensiva ilustrada contra la fiesta: “En el siglo XVIII se registra el encuentro de dos mentalidades: la ilustrada, que ha encontrado sentido al trabajo, y la heredada, que vive a su forma la feria, el ocio (...) La preocupación por la productividad, por la pérdida de jornales, explica los intentos reductores de días festivos (...) Todo un complejo de elementos (desde la seriedad y la aversión a lo ridículo, desde el rigorismo, el combate contra la superstición hasta el miedo a la perturbación del orden público) actúa en la enemiga ilustrada a tradicionales festejos y diversiones populares”. Para la opinión de los ilustrados sobre la fiesta: Francisco AGUILAR PIÑAL, “La primera carta cruzada entre Campomanes y Feijoo”, en Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII, 1 (1973), pp. 14-20; una postura más moderada es la de Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Espectáculos y diversiones públicas, Madrid, 1997 (ed. de Guillermo Carnero). Sobre su concepción de la religiosidad: Jean SARRAILH, La España de la Ilustración de la segunda mitad del siglo XVIII, México, 1985 (3ª ed. en español) y Teófanes EGIDO, “La religiosidad de los ilustrados...”. Sobre la política festiva: Joan RUAIX I BOMBARDO, “El control de les diversions populars a la Barcelona de Carles III”, Pedralbes, 8-II (1988), pp. 633-640; Mª José del RIO, “Represión y control de fiestas y diversiones en el Madrid de Carlos III”, en EQUIPO DE MADRID, Carlos III..., pp. 299-329. En cuanto a la política religiosa que incide en la fiesta: Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, 1989 (3ª ed.), pp. 141-160; Jesús PEREIRA PEREIRA, “La religiosidad y la sociabilidad popular como aspecto del conflicto social en el Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII”, en EQUIPO DE MADRID, Carlos III..., pp. 223-254; Inmaculada ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS y Miguel Luis LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, La represión de la religiosidad popular, Granada, 2002.

[38] Mª Pilar MONTEAGUDO ROBLEDO, El espectáculo del poder. Fiestas reales en la Valencia moderna, Valencia, 1995. Aunque razones propagandísticas permitirán festejar a Carlos IV con toros en muchas ciudades.

[39] René ANDIOC, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, Valencia, 1976, pp. 513-539.

[40] Aunque no se ha estudiado de forma sistemática la posible Ilustración vallisoletana, sí existen numerosos indicios sobre ella. A nivel cultural, vid. Celso ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Teatro y cultura en el Valladolid de la Ilustración. Los medios de difusión en la segunda mitad del siglo XVIII, Valladolid, 1974; Teófanes EGIDO, “El siglo XVIII”, en Julio VALDEÓN (dir.), Historia de Valladolid, Valladolid, 1997, pp. 182-187; “La Ilustración...”. Otras obras sobre la incidencia de la política ilustrada en nuestra ciudad: Luis M. ENCISO RECIO, “La Valladolid Ilustrada”, en Historia de..., pp. 13-156; Mª Dolores MERINO BEATO, Urbanismo y arquitectura de Valladolid en los siglos XVII y XVIII, tomo II, siglo XVIII, Valladolid, 1990; Elena MAZA ZORRILLA, Valladolid: sus pobres y la respuesta institucional (1750-1990), Valladolid, 1985.

[41] A.M.V., Actas, nº 89, 29-V-1767, ff. 33r.-33v.

[42] A.R.CH.V., Gobierno del Crimen, Envoltorio 1, Inventario 120.

[43] Novíssima Recopilación, Lib. VII, Tít. XXXIII; Francisco J. FLORES ARROYUELO, Correr los toros en España, Madrid, 1999, pp. 189-226.

[44] Gloria A. FRANCO RUBIO, La vida cotidiana en tiempos de Carlos III, Madrid, 2001, pp. 221-228.

[45] Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Diarios, Oviedo, 1953, tomo I, p. 198.

[46] Representación de los procuradores del común en 1774 (A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 541). En 1772, en la petición de un diputado y un procurador se señala “conspirando tamvién a la consequción de nuestro fin la boz del pueblo que sin más que haberse estendido un rumor lijero de si celebravan tales festejos está tan declarado por él que ya no dudan de su certeza y aun molestan a los individuos del gobierno llevado de su afecto a esta clase de funciones de que carece años hace” (A.M.V., Cajas Históricas, Caja 56, Exp. 5, nº catálogo 2314).

[47] A.M.V., Cajas Históricas, Caja 63.1, Exp. 3689 (borrador de la petición de licencia).

[48] Ibid., Caja 56, Exp. 1, nº catálogo 2151, 2155 y 2168.

[49] A(rchivo) C(atedralicio) V(alladolid), Libros del Secreto, nº 10, 19-IX-1796, ff. 241v.-242r. y siguientes.

[50] Como señala el preliberal León de Arroyal en su “Discurso apologético en defensa del estado floreciente de España”: “Gobierno ilustrado, pan y toros pide el pueblo. Pan y toros es la comidilla de España. Pan y toros debes proporcionarla para hacer en lo demás cuanto se te antoje in secula seculorum. Amén.” Antonio ELORZA, Pan y toros y otros papeles sediciosos de fines del siglo XVIII, Madrid, 1971, p. 31.

[51] Carta del intendente al Ayuntamiento que transcribe la recibida del secretario del Consejo informándole de la concesión de licencia a la Sociedad. A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 624, Exp. 124.

[52] Mª Antonia FERNÁNDEZ DEL HOYO, Desarrollo urbano y proceso histórico del Campo Grande de Valladolid, Valladolid, 1981, pp. 47-49.

[53] Cfr. Francisco LÓPEZ IZQUIERDO, Plazas de toros de Madrid, Madrid, 1985, p. 120.

[54] En 1770 el Consejo de Castilla promulgó unas ordenanzas por las que la presidencia de la plaza correspondía a los corregidores, colocando bajo su mando la fuerza armada que se debía encargar tanto del despeje de la plaza, antes de la función, como de impedir que los espectadores bajasen de nuevo o echasen objetos al ruedo. Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ y otros, Sevilla y la fiesta de toros, Sevilla, 1994 (2ª ed.), p. 100.

[55] Andrés SARRIÁ MUÑOZ, Religiosidad y política. Celebraciones públicas en la Málaga del siglo XVIII, Málaga, 1996, p. 150. Lo mismo señala ya para el siglo XIX Antonio BONET CORREA, “La antigua Plaza de Toros de Valladolid, hoy cuartel de la Guardia Civil”, en Morfología y ciudad. Urbanismo y arquitectura durante el Antiguo Régimen en España, Barcelona, 1978, p. 145.

[56] Francisco LÓPEZ IZQUIERDO, Plazas de toros..., pp. 97-130; Fernando PÉREZ MULET, “La corrida de toros en Cádiz (1675-1790): Anotación de un arbitrio”, en Trocadero, 6-7 (1994-1995), pp. 347-351; Guillermo BOTO ARNAU, Cádiz, origen del toreo a pie (1661-1858), Cádiz, 2002 (2ª ed.).

[57] Andrés SARRIÁ MUÑOZ, Religiosidad y política..., pp. 137-153. También Cartagena, donde en 1794 se conceden tres corridas para festejar la llegada del infante don Luis y el empedrado de la ciudad y se celebran en una plaza de madera: Carmelo CALÍN APARICIO y Manuel MARTÍNEZ MARTÍNEZ, “las fiestas de toros en Cartagena a fines del siglo XVIII: entre el arraigo popular y el control oficial”, en Alberto ROMERO FERRER (coord.), Juego, fiesta..., pp. 205-217. En otros lugares como Baeza no hubo fiestas en los años de prohibición: José Policarpo CRUZ CABRERA, “Las fiestas de toros en la Baeza del siglo XVIII: entre las pervivencias barrocas y el tránsito al toreo moderno”, en Alberto ROMERO FERRER (coord.), Juego, fiesta..., pp. 219-227.

[58] Sucede en Madrid con las fiestas reales, Francisco LÓPEZ IZQUIERDO, Plazas de toros..., pp. 49-54; pero sobre todo en Pamplona, Luis del CAMPO, Pamplona y toros. Siglo XVIII, Pamplona, 1972, pp. 390-415.

[59] También se observa la preocupación por evitar desgracias, con el reconocimiento de las casas de la Plaza (A.M.V., Actas, nº 99, 7-VIII-1796, ff. 211v.-212r.) y por el abastecimiento de la ciudad durante las fiestas (Ibid., 20-IX-1796, f. 271v.). Asimismo la participación de la tropa en el control del orden público, saliendo en el despejo de la plaza en 1777 (Ventura PÉREZ, Diario de..., p. 492).

[60] Las Actas están incompletas y no sabemos si se celebró otra corrida. Hubo también luminarias, juego de parejas por militares y bailes populares y en el consistorio. Ibid., nº 104, 30-I-1807, ff. 658r.-658v. y siguientes.

[61] En 1772, por un diputado y un procurador del común. A.M.V., Actas, nº 89, 27-VIII-1772, ff. 505r.-505v.

[62] En 1777. A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 622, Exp. 66.

[63] Real Provisión concediendo la licencia. A.M.V., Cajas Históricas, Caja 64. Exp. 3, nº catálogo 4070.

[64] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 631, Exp. 118.

[65] Carmen GARCÍA GARCÍA, La crisis..., pp. 239-275. Elena MAZA ZORRILLA, Valladolid: sus pobres..., pp. 43-49 y 150-169. Mª Dolores MERINO BEATO, Urbanismo y arquitectura..., pp. 61-77 (inundación).

[66] En cuanto a los cambios por evolución interna del toreo: Antonio GARCÍA-BAQUERO, “El macelo sevillano y los orígenes de la tauromaquia moderna”, en Taurología, 2 (1990), pp. 38-44; Antonio GARCÍA-BAQUERO y otros, Sevilla y..., pp. 51-114; Francisco J. FLORES ARROYUELO, Correr los toros..., pp. 227-289.

[67] Alberto GONZÁLEZ-TROYANO, El torero héroe literario, Madrid, 1988, pp. 83-102.

[68] Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “De la fiesta...”, p. 83.

[69] Alberto GONZÁLEZ TROYANO, Prólogo de José DELGADO “PEPE-HILLO”, La tauromaquia o arte de torear, Madrid, 1988. Antonio GARCÍA-BAQUERO, “Fiesta ordenada, fiesta controlada. Las Tauromaquias como intento de conciliación entre razón ilustrada y razón taurina”, en Revista de Estudios Taurinos, 5 (1997).

[70] Ya apunta esta idea Fernando PÉREZ MULET, “La corrida...”, p. 347.

[71] A.R.CH.V., nº 20, 15-IX-1760, f. 246r., en el auto del Acuerdo sobre la mala calidad de las funciones.

[72] A.M.V., Actas, nº 90, 6-VIII-1774, 169r. En 1766 hay problemas para encontrar toreros y picadores y estos últimos serán obligados a venir a Valladolid por el Conde de Aranda (Ibid., nº 88, 30-VIII-1766, ff. 466v.-470r. y siguientes). En 1777, antes de señalar fecha para las fiestas se tiene en cuenta la carta del diputado de la Junta de Hospitales de Madrid, que controlaba su plaza de toros, en la que “absolutamente asegura que quieran o no bendrán los toreros” (A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 622, Exp. 66).

[73] Figuran en la 1ª y 2ª corrida de 1787 (D.P. I, p. 350) y en la 4ª (A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 626, Exp. 6).

[74] “El torero no alcanzó su rango social por los valores que llevaba consigo, sino por el debilitamiento de la estructura de la sociedad”, señala Rafael PÉREZ DELGADO, “Sobre las corridas de toros (notas sociológicas)”, en Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, 1978, p. 865.

[75] En estos términos se refiere con motivo del baile celebrado el día de San Antonio, D.P. I, p. 234.

[76] Ramón MAURI VILLANUEVA, “Fiesta y cambio social: las reales proclamaciones en el Santander del Setecientos”, en Margarita TORRIONE (ed.), España festejante..., pp. 95-103.

[77] El Regimiento manda a los escribanos que informen del protocolo habido hasta entonces y que anoten en libro separado el desarrollo de estas fiestas y siguientes (A.M.V., Actas, nº 99, 29-VIII-1796, f. 247). La Audiencia remite un papel a la Ciudad con el ceremonial que se sigue con ella (Ibid., 27-IX-1799, ff. 280v.-281v.).

[78] En esa corrida los alcaldes del crimen salieron en coches, lo que provocó el disgusto de la Ciudad que acudió al Consejo, que le dio la razón (Ventura PÉREZ, Diario de..., pp. 470-471). Pero en 1777 ya no salieron de ninguna forma (Ibid., p. 491), para lo que tenían el visto bueno del Consejo (A.R.CH.V., Libro de Órdenes del Real Archivo de las Salas del Crimen, envoltorio 7, nº 125, año 1777 –este envoltorio está desaparecido–).

[79] Cuando se estaba pidiendo licencia en 1791, el Consejo ya plateó que participaría la Junta de Policía, lo que no gustó a la Ciudad (A.M.V., Cajas Históricas, Caja 64, Exp. 1, nº catálogo 3808). En las fiestas de 1796, siguiendo la Provisión Real de 1793, intervienen dos comisarios de cada institución. Por orden del Real Acuerdo la Ciudad debe aceptar que se sienten en el consistorio (Ibid., Actas, nº 99, 23-IX-1796, ff. 274v.-275v.).

[80] A.M.V., Actas, nº 104, 8-II-1807, f. 678v. La generala era la mujer del Capitán General de Castilla la Vieja que desde 1800 presidía la Audiencia por Real Decreto de Carlos IV.

[81] En 1783 se recibe carta del gobernador del Consejo informando que no se ha concedido licencia (A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 624, Exp. 41). De 1789 no tenemos ningún documento. La no concesión en 1791 lo sabemos por las cartas del agente en Madrid (A.M.V., Cajas Históricas, Caja 64, Exp. 1, nº catálogo 3808).

[82] Deuda de 58 2/3 rs., aunque algo se logró con el arrendamiento de las casas de Propios (A.M.V., Actas, nº 90, 14-X-1774, ff. 182v.-183r.) En 1777 se sacaron 16.156 1/8 rs. (A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 622, Exp. 66) y 34.746 rs. en 1796 (A.M.V., Cajas Históricas, Caja 66, Exp.1, nº catálogo 4350).

[83] A.M.V., Cajas Históricas, Caja 63, Exp. 1, nº catálogo 3613 (expediente para solicitud de licencia).

[84] Figura en la Real Cédula de licencia. A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 622, Exp. 66.

[85] No se señalan los nombres. A.M.V., Actas, nº 92, 17-IX-1783, f. 285r.

[86] Ibid., 18-VII-1783, f. 257r.

[87] Los regidores no están conformes y alegan que no se pueden utilizar para su financiación las bocacalles y portadas y balcones de las casas de la Ciudad en la Plaza pues desde el Reglamento de Propios y Arbitrios de 1768 son ingresos de Propios. A.R.CH.V., Doc. Municipal, Legajo 541.

[88] Se señala en la Real Cédula de licencia. A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 622, Exp. 66.

[89] Adriano GUTIÉRREZ ALONSO, “Sociedad y poder. La oligarquía vallisoletana y sus relaciones con otras instancias de poder”, en Valladolid..., p. 395, señala que el precio de un oficio de regidor cae en picado desde 1701 debido al control de los propios por la Junta de la Posada presidida por el Presidente de la Chancillería, creada en 1699, que hace disminuir el interés. Otras causas serían la aparición de la figura del intendente que resta más atribuciones al Ayuntamiento y la grave crisis de la hacienda municipal.

[90] La reforma de las haciendas locales se realiza en 1760 y trata de acabar con su endeudamiento. Se incrementa el control por las instituciones centrales lo que a nivel local provoca la creación de Juntas de Propios (corregidor, dos regidores, personero y diputados del común) y la imposición de Reglamentos de Propios y Arbitrios (Carmen GARCÍA GARCÍA, La crisis..., pp. 187-221). El Reglamento en A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 541. Incluso en 1800 se ordena que, debido a las malversaciones en fondos, se forme una nueva junta en Valladolid sin intervención de los regidores (A.M.V, nº 101, 5-XI-1800, ff. 195v.-198v.)

[91] En los toros, al contrario que en el Corpus, no desaparecen propinas y sobresueldos de regidores y oficiales, sólo las propinas de toros (50 rs cada regidor), pues estos festejos no se incluían en gastos del Reglamento.

[92] El Ayuntamiento tratará sin éxito que no sea así (A.M.V., Cajas Históricas, Caja 56, Exp. 3, nº catálogo 2268).

En la solicitud de licencia de1774, los procuradores ilustran esta falta de interés de los regidores por los toros. Estos señalan dificultades que no hubo hasta 1768 “como que hasta entonces se utilizaban del rendimiento de vocascalles y valcones de la Ciudad destinado aora todo a Propios”. Además, la Junta de Propios era favorable a las fiestas y que en su organización participase un diputado, lo que evitaría los excesos provocados hasta entonces por los comisarios “para que quedase remunerada la comisión”;endrían miedo que comparando las cuentas de 1774 con las anteriores saliesen a la luz tales desfalcos (A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 541)

[93] 1793 (A.M.V., Actas, nº 97, 2-VIII-1793, ff. 444r.-444v. y Sesiones siguientes); 1800 (A.R.CH.V., Doc. Municipal, Legajo 631, Expediente 118); todavía en 1805 no se había pagado la deuda a los niños expósitos para lo que se concedieron estas corridas (A.M.V., Actas, nº 104, 28-VI-1805, ff. 161v.-162v.). Veamos otras ocasiones. En mayo de 1789, si bien se trata sobre celebrar fiestas de toros, se acuerda dejar este tema hasta ver si la cosecha es buena o mala y la población puede o no permitirse los gastos de asistir a las corridas. En agosto se vuelve al tema y se acuerda solicitar licencia aunque bastantes se opondrán y también la Junta de Policía a la que se había pedido ayuda para lograrla (A.M.V., Cajas Históricas, Caja 63, Exp. 1, nº catálogo 3613). En 1798, la Ciudad se muestra contraria a las fiestas de toros para las que el hospital de San Juan está pidiendo licencia y eleva representación al monarca en este sentido. Aunque en este caso se observa también las reticencias a que obtuviese autorización una institución diferente al Regimiento (Ibid., Actas, nº 100, 26-V-1798, ff. 112v.-113r.).

[94] Ventura PÉREZ, Diario de..., p. 470.

[95] Tal importancia concedieron los contemporáneos a estas fiestas que fueron llevadas a la imprenta: Breve noticia de las funciones de toros que la (...) ciudad de Valladolid tiene dispuestas para los días 28, 29 y 30 (...) de septiembre y 1 de octubre (...) de 1796, con las demás inventivas que habrá para divertir al público (s.l. ¿Valladolid?, s.i., s.a.: 1796), citado en Ensayo de bibliografía taurina, B.N.E., Madrid, 1973, 794. No lo he logrado localizar pero su contenido lo recoge Emilio CASARES HERRERO, Valladolid en..., p. 175.

[96] A.M.V., Actas, nº 99, 27-V-1796, f. 139v.

[97] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 631, Exp. 118.

[98] Ibid., Caja 42, Exp. 6 (Real mandamiento ejecutorio en dicho pleito).

[99] Ibid., Actas, nº 87, 16-VIII-1760, ff. 610r.-611v. En 1774 se trata con dos empresarios pero no se llega a ningún acuerdo (A.R.CH.V., Doc. Municipal, leg. 541).

[100] Emilio CASARES HERRERO, Valladolid en..., pp. 177-199.

[101] A veces se prolongaban al martes. Hay que tener en cuenta que existía la costumbre de “guardar el lunes”.

[102] Jorge DEMERSON, La Sociedad Económica de Valladolid (1784-1808), Valladolid, 1969; Luis Miguel ENCISO RECIO, “La Sociedad Económica de Valladolid a finales del siglo XVIII”, en Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol, Vol. II, Valencia, 1975, pp. 155-178. No se conserva su documentación, por lo que tenemos que valernos de las escasas referencias a sus funciones de novillos en el Archivo Municipal y en el Diario Pinciano -hay que tener en cuenta que Beristain era miembro de la Sociedad Económica-, donde, como ya he señalado, se describen la primera y segunda función de 1787, además de algunos aspectos de su organización (D.P. I, pp. 305 y 315). También se imprimieron unas de estas corridas, que no he logrado localizar: Noticia verdadera de las corridas de toros que (...) concedidas a la Real Sociedad Económica de esta ciudad y provincia se han de celebrar el 27 y 28 (...) setiembre y 5 y 6 (...) octubre, disposición de hacerlas y demás particularidades que verá el curioso lector, Valladolid, Imp. de Santarem (s.a.), citado en Ensayo de..., 1079.

[103] José María de COSSÍO, Los toros..., tomo I, pp. 668-660.

[104] A.M.V., Actas, nº 96, 5-V-1791, ff. 386v.-370r.

[105] Ibid., nº 93, 14-X-1786, f. 492; Ibid., 17-IX-1787, ff. 766r.-766v.

[106] Ibid., 7-VIII-1786, f. 430v.

[107] Ibid., Cajas Históricas, Caja 63, Exp. 1, nº catálogo 3689.

[108] Ibid., Actas, nº 91, 26-VIII-1781, ff. 384v.-385v. La cofradía pretendía festejar como antiguamente hacía la fiesta de San Juan degollado y utilizar sus beneficios para los reparos de la iglesia y sus fines piadosos.

[109] Jorge DEMERSON, La Real Sociedad..., p. 29.

[110] A.M.V., Actas, nº 92, 20-IX-1784, f. 505v.; Ibid., nº 93, 29-iV-1785, f. 132r.; Ibid., 22-VII-1786, 426r.

[111] Ibid., Actas, nº 93, 23-VIII-1787, ff. 747r.-747v.

[112] 1787 (D.P. I, pp. 350-351); 1788 (A.M.V., Actas, nº 94, 1-VIII-1788, f. 435v.; Ibid., 19-IX-1788, f. 464r.); 1791 (A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 628, Exp. 13); 1792 (Ibid., Leg. 628, Exp. 69).

[113] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 626, Exp. 2 (pleito con el arrendador de las portadas del consistorio por negarse a pagar); Ibid., Leg. 626, Exp. 6 (cuentas). Es la función de la que más información existe en el Archivo Municipal y en la que me voy a basar. Por el Diario Pinciano sabemos la finalidad de los 100 faroles que figuran en las cuentas de dicha corrida (D.P. II, p. 12-13). La Junta de Policía fue creada por orden real en 1786 a iniciativa de la Sociedad Económica y su labor fue fundamental para el embellecimiento y limpieza de Valladolid. Sus miembros eran el Presidente de la Chancillería, el corregidor o teniente, un regidor, un diputado del común. y un individuo de la Sociedad. Mª Dolores MERINO BEATO, Urbanismo y arquitectura..., p. 120.

[114] A.R.CH.V., Doc. Municipal, Leg. 626, Exp. 2.

[115] La carta en respuesta de la Junta de Policía a la Sociedad Económica figura en D.P. II, pp. 118-120.

[116] Ibid., Leg. 631, Exp. 122 (solicitud de útiles al Ayuntamiento para las funciones).

[117] Mª Antonia FERNÁNDEZ DEL HOYO, Desarrollo urbano..., Valladolid, 1981, p.

[118] El precio que pagaban los armadores era 315-400 rs. por las portadas a la sombra y 155-200 de las de sol.

[119] En el consistorio se sentaban 62 personas y era donde menos debido a los balcones presidenciales y las puertas de entrada y de salida de la plaza. Contando 71 portadas cabían como mínimo 4.402 espectadores.

[120] 15.000 espectadores lo señalan los procuradores del común en 1774 (A.M.V., Doc. Municipal, Leg. 541). El barón de Bourgoing ya vimos como indica 80.000 personas.

[121] Francisco LÓPEZ IZQUIERDO, Plazas de toros..., p. 118.

[122] A.M.V., Doc. Municipal, Leg. 628, Exp. 69.

[123] Las reses seguían procediendo de vacadas importantes. En 1787, en la primera corrida eran del Raso de Portillo, pertenecientes a D. Mateo Prado y D. Manuel Muñoz; en la segunda de D. Agustín Díaz de Castro, vecino de Benavente; y en la cuarta de D. Vicente Bello, de Palaciosrubios (Salamanca).

[124] Tablados dispuestos en una parte del ruedo y en los que se hacían representaciones escénicas y donde, en un momento determinado irrumpía el toro. En la tercera corrida de 1787 consistió en una mesa llena de manjares y en dos mujeres, pero también figuraban dos caballos de pasta y don Quijote.

[125] Emilio CASARES HERRERO, Valladolid en..., pp. 118-123.

[126] Manuel DELGADO RUIZ, De la muerte de un dios, Barcelona, 1986, pp. 18-33.

[127] Idem, se apunta esta idea. Se ajusta muy bien a la interpretación de la política festiva del Despotismo Ilustrado como eliminación de elementos y apropiación y transformación de aquellos útiles para el mantenimiento del régimen absolutista que hace M. José del RIO BARREDO, “Control y represión...”, y por ello también se refiere a este autor en cuanto a los toros.

ARTÍCULO PUBLICADO EN: GARCÍA FERNÁNDEZ,Máximo y SOBALER SECO, Mªde los Ángeles (cood.)Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido,II, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2004.

FOTOGRAFÍA Pepe Hillo ( La tauromaquia ó Arte de torear....1796). En GARCÍA BAQUERO,Antonio y otros, Sevilla y la fiesta de toros, Sevilla, 1994 (2ªed.)

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